ES HORA DE RECHAZAR AL GOBIERNO EN LAS CALLES

Lima, 4 de agosto de 2020

El Congreso ha negado la confianza al gabinete Cateriano. ¿Quiere decir que el Congreso ha comprendido el sufrimiento provocado por los más de 40 mil muertos por COVID-19, responsabilidad de la política económica y sanitaria del gobierno?

No hay duda que los partidos del Congreso son conscientes del fracaso de las medidas implementadas por Vizcarra frente a la pandemia. No se pueden tapar 40 mil muertes con un dedo. Tampoco la incapacidad frente a tema tan sensibles como el abastecimiento de oxígeno, la capitulación frente a la clínicas y farmacias, etc.

Pero sobre todo esos partidos son conscientes que nos encontramos a 8 meses de las elecciones. Y no están dispuestos a hacerse responsables por un gabinete que nacía con un importante rechazo de parte de la población.

HAY UN GENOCIDIO EN CURSO

Ahora Vizcarra debe conformar un nuevo gabinete. Sin embargo los trabajadores y el pueblo no tenemos ningún motivo para albergar alguna expectativa: Aunque cambien los nombres al frente de las distintas carteras, Vizcarra no va a cambiar de política.

Después de prácticamente 5 meses, queda claro que el gobierno tomó la decisión consciente de que nos íbamos a enfermar, al implementar una cuarentena sin garantizar salarios, atención médica y comida para la población, que solo podía aplazar el desastre, en un sistema de salud desabastecido y desfinanciado desde antes del inicio de la pandemia.

No solo eso: abrió las puertas a la “suspensión perfecta” para salvar los bolsillos empresariales, mientras “vendía humo” ofreciendo bonos insuficientes que no llegaron a la población necesitada, u obligando a que nos “comamos” la CTS y el dinero que nuestros fondos de pensiones.

Y finalmente, es el principal responsable del repunte exponencial de contagios y muertes, al imponer una “reactivación” de las actividades económicas (esto es, de la explotación d la clase trabajadora), con protocolos flexibilizados, ad hoc a los requerimientos de la CONFIEP. Una reactivación que genera muertos en las fábricas y centros de trabajo. Y que ha convertido al transporte público en un foco de infección.

Por eso Vizcarra mantiene el Estado de emergencia: para reprimir cualquier levantamiento que se produzca ante las condiciones de hambre y muerte a las que nos ha condenado.

Es ante esta realidad que desde el Partido Socialista de los Trabajadores volvemos a denunciar fuerte y claro: Vizcarra es el principal responsable del genocidio que se cierne contra los trabajadores y el pueblo.

Fuente: HBANOTICIAS – Médicos protestan contra Vizcarra en Arequipa

Solo para tener una referencia, la Comisión de la Verdad llegó a la conclusión que durante el periodo de violencia política (1980-2000), en el país se produjeron alrededor de 69 mil asesinatos. Este genocidio, a manos de los agentes del Estado, Sendero Luminoso y el MRTA, demoró 20 años. ¿Qué nombre puede tener el que en 4 meses el gobierno haya dejado morir a más 40 mil personas, sino genocidio?

NUESTRO DERECHO AL TRABAJO BAJO ATAQUE

Y junto al genocidio, el gobierno permite que las empresas descarguen sobre los hombros de la clase trabajadora la crisis económica que se venía incubando antes de la pandemia.

El cierre de la planta de Unique y el cese colectivo en Faber Castell, el nuevo intento del alcalde Muñoz por tercerizar la limpieza pública, entre otros muchos casos, están dejando en la calle a  miles de personas. 2 millones 400 mil trabajos, más de la mitad de ellos formales, se perdieron solo en Lima durante estos meses.

Junta a la pandemia de covid, crece por tanto, la epidemia de pobreza y desempleo.

LA “IZQUIERDA” HA RENUNCIADO A LUCHAR

En ese contexto, la “izquierda” (la dirigencia de la CGTP copada por el Partido Comunista y Patria Roja, el Frente Amplio -FA-, Nuevo Perú) ha definido no enfrentar al gobierno.

Las dos  “Jornadas Nacionales” mal organizadas por los dirigentes de la CGTP, ponen en evidencia que esa “izquierda” no impulsa la lucha directa de los trabajadores y trabajadoras en defensa de nuestra salud y nuestro trabajo.

Por el contrario, se dedica a buscar espacio de negociación (“diálogo social, le dicen”) con el mismo gobierno que avala despidos y nos expone a la muerte.

Esta es la misma actitud del Frente Amplio. Aunque haya votado contra Cateriano, el FA ha dejado pasar concientemente la oportunidad de señalar claramente a Vizcarra como responsable del genocidio al que nos enfrentamos desde la tribuna del parlamento. No solo eso: ha renunciado a utilizar el privilegio de tener a disposición los medios masivos de comunicación para llamar a la clase trabajadora a organizarse y salir inmediatamente a las calles a luchar. Por supuesto, resuena con más fuerzas para esos “izquierdistas” el llamado a elecciones para el 2021, que la lucha urgente e inmediata que debemos librar

Desde el PST volvemos gritar: ¡Con Vizcarra y compañía no hay nada que negociar! ¡Nada sacaremos los trabajadores y trabajadoras de las elecciones del próximo año si estamos muriendo hoy! ¡El único camino que tenemos los trabajadores y el pueblo, es luchar!

¡HAY QUE DERROTAR A VIZCARRA PARA DEFENDER NUESTRAS VIDAS Y TRABAJOS!

Desde el PST levantamos la necesidad urgente de salir a luchar contra el gobierno, su estado de emergencia y sus medidas que nos exponen al covid, la muerte y a los despidos.

Desde las bases de los sindicatos, los barrios,  las universidades y escuelas de todo el país. Los trabajadores y trabajadoras, las y los estudiantes, los campesinos pobres, solo podemos confiar en nuestra lucha, cómo viene haciendo el pueblo de Espinar y las obreras de SITOBUR, para echar abajo a este gobierno asesino y abrir el camino a una alternativa obrera y popular frente a la profunda crisis que vivimos.

Una alternativa que no tiemble ante la necesidad de poner impuestos a la riqueza y ganancias empresariales. Que no dude ante la tarea de expropiar las clínicas y farmacias para ponerlas al servicio del pueblo. Que prohíba los despidos y ordene una cuarentena completa garantizando un salario digno a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Y un largo etc.

Esto solo vendrá de la mano de la victoria de la clase obrera y el pueblo pobre sobre Vizcarra y la CONFIEP. De la mano de un gobierno de las organizaciones obreras y populares. Un gobierno que nazca de la lucha directa y que imponga un nuevo horizonte para el país.

Gobierno es obstáculo en política contra el coronavirus y por la reconstrucción de la economía popular

El gobierno de Vizcarra es el responsable de los fatales resultados que está dejando la pandemia en el país, a la fecha los más desastrosos del mundo si nos atenemos a las cifras reales, y la causa no es otra que su política que sirve a la rapiña de los mercaderes de la salud y a los corruptos (clínicas, laboratorios, empresas de oxígeno), mientras muchas personas siguen muriendo sin atención médica o sin oxígeno ante el colapso de los hospitales. Y hoy, cuando la pandemia está todavía en avance, el gobierno levanta la cuarentena sin otra motivación que el dictado de las grandes empresas que ponen por delante, no la economía del pueblo sino la reactivación de la ganancia capitalista, y ahora buscan profundizar la explotación aprovechando vilmente la desesperación popular a causa del abandono y el hambre.

Las voces especializadas dicen que un reinicio de actividades con la pandemia en ascenso expone a la población a una gran ola de contagios y a un escalamiento de las muertes ante las condiciones caóticas del transporte masivo y el alto índice de informalidad, pero el gobierno una vez más demuestra hasta dónde llega su servilismo a los intereses empresariales.

Si la política del gobierno frente al coronavirus no frenó su letalidad, su política económica (el otro lado de la tenaza con la que se quiere exprimir a las masas trabajadoras), no está destinada a frenar la ola de despidos y el cierre masivo de pequeñas empresas y desfinanciamiento de pequeños agricultores, le basta con que las grandes empresas y transnacionales conserven sus negocios y sigan enriqueciéndose, esa es su mediocre y cobarde misión en este momento dramático de la historia nacional.

Medidas de salud evadidas

La política del gobierno frente al coronavirus evadió las medidas indispensables frente a la pandemia cuya eficacia ha sido comprobada en otros países:

a) Búsqueda de enfermos casa por casa con personal médico, pruebas covid, medicinas y apoyo en alimentos para un aislamiento efectivo que evite los contagios, lo que además hubiera permitido disminuir significativamente el número de enfermos con necesidad de hospitalización.

b) Una cuarentena eficaz con medidas de apoyo social y no una falsa cuarentena que empuja a la gente a buscarse la subsistencia; hemos tenido una de las cuarentenas más extensas a nivel mundial, pero estalló desde un comienzo por la falta de apoyo económico a la población; el gobierno incluso agravó esta situación permitiendo la suspensión perfecta de labores y los despidos que privaron de salarios a un sector importante de la clase trabajadora; y si no ha sido peor es porque los trabajadores con acceso han tenido que consumir su CTS y fondos de jubilación.

c) Ampliación de la capacidad de hospitalización para evitar el colapso del sistema de salud y disminuir el pase a cuidados intensivos; muchos anuncios en ese sentido no se comprueban en la realidad aun cuando han transcurrido cuatro meses de la crisis; y

d) Medidas de protección del personal médico, de los trabajadores en actividades indispensables y de la población en general, así como medidas sanitarias indispensables en el transporte público y mercados, que hasta ahora brillan por su ausencia.

Cuatro meses de conferencias de Vizcarra y sus anuncios resultaron vacíos tal como comprobamos hoy en día. No carecen de razón quienes dicen que el gobierno hizo todo lo necesario para crear grandes negociados en beneficio de empresarios y corruptos: el colapso de la salud pública hizo que mucha gente muriera sin atención, pero otros fueron empujados a las clínicas privadas y hoy enfrentan facturaciones astronómicas por hospitalización, medicinas, pruebas covid; y a muchos otros los empujó a buscar oxígeno al “libre mercado” creando desabastecimiento y una monstruosa especulación y encarecimiento.

La política económica del gobierno nos lleva a otro desastre

Los trabajadores debemos tener bien en claro que la política “reactivadora” del gobierno no busca restaurar la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales, ni apoyo a las pequeñas y microempresas o a la gran masa de pequeños agricultores que tienen el importante papel de abastecer de alimentos a la población nacional. El gobierno se está limitando a servir las medidas que la Confiep dicta para que sea el “libre mercado” quien resuelva, a su manera, que no es otra que proteger al capital en contra del salario.

La política del gobierno también ha traído como consecuencia la destrucción de la economía popular tanto de asalariados como de miles pequeñas empresas y pequeños agricultores, lo que ha fortalecido la ventaja de las medianas y grandes empresas que son las que imponen sus abusivas condiciones, y además son las que acaparan las condiciones privilegiadas de financiamiento con aval de Estado; no es difícil asumir que los 30,000 millones de soles en créditos de Reactiva Perú no serán pagados por muchas empresas beneficiarias y será un saqueo de las arcas del Estado. Encima de eso, las empresas han obtenido medidas laborales más draconianas contra los trabajadores (suspensión perfecta, ceses colectivos, despidos); y la habilitación de proyectos mineros con oposición de la población (Tía María y otros).

Si esta situación ya es dramática después de tres meses de suspensión de muchas actividades económicas no indispensables para la crisis sanitaria, las medidas patronales ante el impacto de la ola recesiva mundial apuntan a más ataques contra la clase trabajadora. Y la política económica del gobierno de Vizcarra, tenemos que remarcarlo, está alineada a ese objetivo.

Urge una alternativa de los trabajadores y el pueblo

Está claro que no podemos esperar un cambio del actual gobierno en lo más elemental que es la defensa de la vida frente al coronavirus o frente a la hambruna de la recesión. La clase trabajadora necesita forjar su unidad y su organización como única esperanza que tienen los sectores populares para impulsar una política alternativa.
Las medidas están sobre la mesa, son aquellas que el gobierno evade por servilismo a los empresarios, para:

a) hacer uso público de todos los recursos nacionales disponibles y necesarios contra la pandemia, sean de infraestructura, personal médicos, medicinas, insumos indispensables como el oxígeno, etc.;

b) priorizar la producción, distribución y abastecimiento universal de los bienes indispensables de subsistencia de la población nacional mientras dure la crisis sanitaria, y

c) organizar, sin arriesgar las metas de la lucha contra la pandemia, la reconstrucción de la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales.

Por nuestras vidas y derechos, antes que sus ganancias

Vizcarra aplica “plan de emergencia” para los empresarios y lo que necesitamos es un plan de emergencia obrero y popular

El jueves 3 de julio, mientras esperaba ser atendido un hombre murió en la puerta de una clínica de San Borja. En la puerta del hospital de Vitarte y casi a la misma hora, fallecía también un taxista. Ambos hechos sucedieron apenas horas después que el gobierno decidiera levantar la “cuarentena” y abrir toda la economía, mostrando que la medida nos lleva a una catástrofe mayor.

Los países que aplicaron cuarentenas solo la levantaron luego de controlar la propagación del virus. Esa también era la finalidad y el costo del confinamiento establecido por Vizcarra desde el 15 de marzo. Pero pasados 106 días y luego de fracasar completamente en ese plan, y más, cuando la pandemia se encuentra en la cima, decidió levantarla. Fue suficiente que el 8 de junio el Banco Mundial emitiera un informe advirtiendo que la economía nacional caería -12%, nota de la que los empresarios se hicieran eco de inmediato, para que decidiera acelerar la apertura, pero de la misma manera torpe y ciega como aplicó el confinamiento, confirmando que para el gobierno primero es la protección de los negocios capitalistas antes que la salud del pueblo.

A la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con la apertura, el ministro Zamora tuvo que reconocer: “En el peor de los escenarios habrá un rebote de alta magnitud, y otro escenario esperable, como ha existido en otras partes del mundo, es que haya un rebote focalizado”. “¿Y cómo se han preparado?”, volvió a preguntarle el periodista: “Continuamos con el proceso de multiplicar los servicios sanitarios… no obstante, probablemente sea insuficiente”.

No solo sabe que será insuficiente. Sabe que será una catástrofe. La OMS y muchos expertos silenciados por la gran prensa han advertido sobre lo que se viene. Farik Matuk, asesor del gobierno en temas de salud, fue renunciado precisamente por expresar públicamente la misma advertencia.

Vizcarra, dice: “Desde hace dos semanas hemos visto indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro”, y repite lo mismo en cada presentación. Pero las noticias nos revelan y machacan que cada día estamos peor. Lima sigue en la cima de los contagios que ahora se expande en los conos.
De la crisis que sacudió a la Amazonía y sin que aún ceda en el Norte, ahora se desarrolla en Arequipa, donde vemos cientos de enfermos amontonados en la calle sin poder ser atendidos. La lógica elemental indica que si la mayoría de los que se mantuvieron en actividades llamadas “esenciales” se contagiaron y muchos murieron, con protocolos y demás exigencias incluidos, ¿qué esperamos ahora que millones se han puesto en movimiento con protocolos flexibilizados al extremo y, más, empujados como ganados por los empresarios que priorizan la producción sobre la salud y la vida?

En una semana el Perú ha saltado del séptimo lugar al quinto en el mundo como el país con más contagios. Los informes sobre contagios en las minas, fábricas y lugares de trabajo son de masificación.

Pero también en muertes las cifras aumentan a niveles espeluznantes. Al 30 de junio la cifra oficial de fallecidos era de 9,677. Pero la cifra real es que en abril hubo 115 muertos diarios, en mayo 466 diarios y en junio 540 diarios, totalizando más de 30 mil fallecidos por coronavirus, es decir tres veces más de lo que se dice. Con esta cifra el Perú también lidera las muertes por Covid 19 en el mundo. Y hora, estamos peor.

“Un empleado de la contratista San Martín –informa un medio–, que labora para la minera Shougang, en Ica, falleció de Covid 19 sin haber sido atendido… Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace varios días que presentó síntomas pero no fue atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado en bus envuelto en una frazada. Una hora después falleció.”

Las muertes aumentan porque el gobierno no ha sido capaz de resolver las más mínimas necesidades de la emergencia. Ya no hablemos de las miles de camas, UCIs, respiradores y personal médico que se necesita. ¡No ha resuelto el abastecimiento de oxígeno ni de medicinas básicas para la atención primaria de decenas de miles! Y eso que son recursos baratos y de fácil disponibilidad. ¡No ha sido capaz hasta hoy de accionar los llamados Equipos Médicos de Respuesta Rápida, que han dado buenos resultados en otros países, para asistir a los enfermos en sus casas! ¡No es capaz de implementar un sencillo sistema de pruebas y seguimiento al virus para focalizarlo y controlarlo! ¡No es capaz de proteger a su propio personal de primera línea donde el Perú también exhibe liderazgo mundial de médicos fallecidos (72)!

El gobierno no solo muestra su carácter de clase patronal en la gestión de la crisis, sino además una incompetencia absoluta que nos está llevando a enfermar y morir como si nuestras vidas no valieran nada.
Tanto, que lo único que exhibe como “logro” para obtener aplausos es la suscripción de un vergonzante contrato de servicio con unas cuantas clínicas privadas que en nada ayudarán a paliar la inmensidad de la emergencia que vivimos.

¿Qué nos queda?

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el fin del confinamiento no fue denunciado ni resistido casi por nadie y, al contrario, ha sido celebrado por amplios sectores convencidos de que ya no servía y que solo traía perjuicios a la economía. Esta aparente unanimidad encubre la verdadera realidad de que el puñado de ricos empresarios desesperaba por mover sus máquinas y dinero para producir más riqueza. En cambio, el 72% de informales y trabajadores independientes desesperaban por volver a la calle donde generan sus ingresos, y los más de 200 mil colocados en suspensión perfecta deseaban volver al trabajo por la sombra de los despidos, y porque todos juntos estamos siendo empujados al hambre más atroz de nuestra historia.

Lo esencial entonces sigue siendo defender vidas, el trabajo y los derechos de la clase trabajadora. El gobierno ha soltado esta responsabilidad empujándonos al “que Dios nos ayude”, al mismo tiempo que nos ha dejado en el hambre cuando no a merced del abuso y la explotación de los miserables empresarios. Para colmo, algunos de estas sanguijuelas (Backus, Alicorp, entre otros), tienen la frescura de aprovechar la situación para entregar “donaciones” y lavar su imagen.

Tenemos derechos. Tenemos dignidad. Y sabemos que para defenderlos tenemos que luchar como siempre lo hemos hecho, autoorganizados desde cada base y construyendo una dirección que realmente nos represente, para enfrentar y derrotar al gobierno Vizcarra que aplica el plan de “emergencia” de los capitalistas y defendiendo un plan de emergencia obrero y popular. Este plan consiste en:

Defender nuestras vidas con confinamiento, salarios y derechos garantizados para todos. Diseño de un nuevo plan sanitario con control de las organizaciones de los trabajadores, que garantice pruebas masivas y un sistema de seguimiento al virus, oxígeno, medicinas y nacionalización de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

Volcar recursos para estas necesidades, y no como hace el gobierno que vuelca recursos a los bancos y grandes empresarios, premiándolos por lucrar con la emergencia y producir cientos de miles de despidos.

Financiar la crisis con las inmensas fortunas que detentan los grandes empresarios y aplanando los sueldos de todos los funcionarios públicos al promedio de lo que gana un profesor.

El “Estado de emergencia” solo sirve a la represión

Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.

¿Existe justificación para que Vizcarra mantenga el Estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, al mismo tiempo que se ha levantado la cuarentena y se reiniciaron las actividades económicas?

Desde el punto de vista de la pandemia y las medidas necesarias para hacerle frente, la respuesta es no, no hay ninguna. ¿Entonces por qué se prolonga?

El Estado de emergencia fue decretado para darle un marco legal al “toque de queda” y otras medidas de distanciamiento social ordenadas por el gobierno.

Sin embargo, tras el discurso de “guerra contra la pandemia”, el gobierno cubrió las espaldas, sacando a los militares a las calles para la verdadera guerra que temen Vizcarra y los empresarios: las protestas o estallidos sociales que se puedan producir por la situación de miseria a la que nos arrojaron desde el inicio de la emergencia.

Fue por eso que, el 26 de marzo, el gobierno llamó a 10 mil licenciados de las últimas tres promociones del Ejército a sumarse al servicio activo, incrementando su capacidad de acción represiva.

Contrabando autoritario

Pero el gobierno ya se acostumbró a “controlar la calle”, bajo las botas del Ejército. Y la tentación de extender indefinidamente ese poder es grande. No hace mucho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, declaró que su propuesta era mantener el “toque de queda” hasta diciembre, bajo el pretexto de que los “robos” se producen sobre todo de noche.

Más allá de lo absurdo del argumento, lo cierto es que, para que el “toque de queda” se extienda, debe extenderse también el Estado de emergencia, y con él, la suspensión de las llamadas “garantías”, “derechos” o “libertades” individuales.

Estado de emergencia contra el pueblo y los que luchan

Sin embargo, los luchadores y luchadoras de la clase obrera ya comienzan a ver el verdadero rostro del Estado de emergencia: las detenciones son pan de cada día en las marchas del Sitobur contra el cese colectivo que pretende imponer el alcalde Muñoz. Dirigentes del Sindicato Celima terminaron detenidos por participar en la jornada del 23 de junio convocada (a media caña) por la dirigencia de la CGTP. Y en esa misma jornada, los propios dirigentes de la Central, que lo que menos querían era “hacerle olas” al gobierno, denunciaron más de 60 detenidos a nivel nacional.

No podemos permitir que se dé carta de ciudadanía a la represión y el recorte de nuestros derechos más elementales. No podemos normalizar que nos puedan detener, que nos impidan marchar o realizar cualquier acción de protesta.

Vizcarra y la Confiep no quieren “cuidarnos” de los criminales. Quieren cuidar sus intereses y mantener a raya cualquier posibilidad de un estallido, plenamente justificado por el tamaño de la crisis sanitaria y económica.

A los trabajadores y trabajadoras conscientes nos interesa, por el contrario, defender todos los derechos y libertades que esta democracia tramposa y patronal nos otorga, con la finalidad de defender nuestra organización y acción contra el gobierno y los patrones. Para eso debemos echar abajo el mentiroso Estado de emergencia del gobierno
y los empresarios. Y solo lo lograremos con nuestra lucha.


Miembros del TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) RECONOCE DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA

El pasado 6 de julio el Tribunal Constitucional – TC reconoció, en la redacción de una sentencia, el derecho a la protesta como un derecho fundamental.

La sentencia resulta histórica. Desde la dictadura fujimorista, los gobiernos sucesivos han incorporado en el Código Penal artículos tendientes a tipificar la protesta, y sus diversas manifestaciones, como la toma de locales o el bloqueo de carreteras, como delito. Es justamente, revisando el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de “extorsión”, que el TC ha reconocido expresamente, como sustento de su sentencia, que “…resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado…”.

Es imperativo que las organizaciones obreras y populares defendamos y ejerzamos este derecho, ahora reconocido expresamente, y lo convirtamos en una herramienta al servicio de la solución de nuestras legítimas demandas. Sabiendo, además, que nadie debe perseguirnos por luchar, pues la protesta social es un derecho, no un delito.

Costo de privatización de la salud lo pagan nuestras vidas


La “nueva normalidad” de Vizcarra se expresa en una “disputa” de nuevas regiones como epicentros del covid-19.

Por Mauricio Meca

Entramos a la temporada de invierno y la ciudad arequipeña registra una temperatura mínima de casi 6°C, y sus noches no solo han empezado a ser más frías sino también más tristes, pues Arequipa y el sur se han convertido en los nuevos epicentros del coronavirus.

Las escenas de dolor y angustia donde las personas arman sus propias carpas en los patios de los hospitales para luego fallecer por la deficiente atención o por falta de oxígeno, son las mismas que ya hemos visto en Loreto, en el norte del país, en Lima y en el Callao.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) registró 276 muertos por covid en el mes de junio. Por otra parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) informó que la cifra total de fallecidos en ese mismo mes fue de 1152, casi el doble a la del año pasado (577). El exceso de muertos está vinculado al covid.

Covid + heladas

El drama recién empieza con la temporada de heladas. Las heladas duran aproximadamente cinco meses, donde junio y julio suelen ser los más fríos (en algunas zonas la temperatura desciende a -13° C).

Las heladas traen un aumento de gripes y neumonías debido a los bajos sistemas inmunológicos (vinculados a anemia y desnutrición) y el mal estado de los hogares (pisos de tierra, paredes de adobe, techos de paja o calamina por donde se filtra el frío en las amanecidas). El uso de leña dentro de las casas para cocinar y como calefacción, también causa grave daño a los pulmones. En el 2018, cuando no había covid, casi medio millón de personas fueron afectadas por las heladas y 700 muertos por neumonía (hasta mediados de julio).

En otras palabras, producto del hambre y la miseria en la que se vive en estas regiones, cientos de personas, en especial ancianos y niños, mueren todos los años como consecuencia de las heladas.

Plan neoliberal…la verdadera amenaza

Pero ni el covid ni las heladas, en sí mismos, son factores determinantes para que se agraven las cifras de decesos, sino la política neoliberal aplicada por todos los gobiernos hasta el actual, los que colocaron al país de rodillas al capital, sobre todo extranjero, convirtiéndola en una economía extractiva y exportadora de materias
primas, como el gas de Camisea.

Por cierto, el gas de Camisea se ha orientado principalmente a la exportación durante más de 16 años, enriqueciendo a trasnacionales y corruptos, mientras se priva al sur de este recurso como fuente de energía para no morir del frío y de neumonía.

Bajo este mismo plan, en más de una ocasión, han intentado imponer a sangre y fuego el proyecto Tía María de Southern, empresa que ahora se quiere lavar la cara instalando plantas de oxígeno en el sur, mostrando que sí es posible abastecerlo. Lo que falta es expropiar las plantas de oxígeno industrial de Southern.

Con ese plan también han privatizado la salud, impidiendo que haya más presupuesto para el sector y permitiendo la formación de monopolios y oligopolios como Seguros Pacífico, Inkafarma, Linde, que se expresan en sus cobros excesivos.

El plan instaurado hace 30 años es el que no permite tocarles ni un pelo por estos abusos mientras pagamos con nuestras vidas sus efectos.

La pandemia y la crisis económica están borrando el maquillaje de prosperidad e incrementando de golpe los índices de pobreza y extrema pobreza en el país.

Nacionalizar los monopolios de la salud

La falsa pose de “estatizar” las clínicas privadas de Vizcarra, que devino en un acuerdo favorable a ellas, no representa ninguna salida a la crisis pero reavivó el debate sobre su nacionalización y la necesidad de hacerlo sin indemnización, para colocar sus recursos al servicio de la emergencia, una bandera por la que debemos empezar la lucha para salvar nuestras vidas.

Por la misma razón, necesitamos sacar lecciones de las importantes luchas que se dieron en torno al gas de Camisea, y cómo la posición de la burocracia de la CGTP impidió esta conquista fundamental.
Necesitamos convencernos de que sí hay una salida, y planteamos desarrollar el debate y las coordinaciones en torno a estas propuestas.

Necesitamos poner en pie coordinaciones combativas y expresar en nuestras plataformas de lucha, junto a nuestras reivindicaciones, las demandas de la crisis sanitaria. Existe un temor legítimo que limita la participación masiva en las calles, pero tenemos motivos más que suficientes para expresar nuestra indignación por el abuso de los que usufructúan con la salud.

¡Un sistema de salud única, gratuita y de calidad!
¡Nacionalización de los monopolios de la salud!
¡Todos los recursos disponibles de la nación para la emergencia sanitaria!

La nueva “normalidad” y sus desafíos

Pretendiendo “priorizar la economía”, el gobierno ha soltado su responsabilidad en el combate al covid, trayendo como consecuencia la multiplicación de los contagios y las muertes. Pero, “reactivar” la economía, no es como abrir un caño luego que fue cerrado, pues en 106 días de cuarentena ya quebraron decenas de miles de micro y pequeñas empresas y otras están en ese camino, al mismo tiempo que las grandes, al perder rentabilidad, ya despidieron a muchos miles de trabajadores y/o recortaron salarios, con todo lo cual se empujó a la pobreza y extrema pobreza a un gran sector de la población.

Junto a este hecho se presenta otro, igual de grave, que es la recesión de las principales economías del mundo, lo que repercute sobre la nuestra, con una fuerte caída en el volumen y los precios de los principales productos de exportación.

La combinación de ambos factores ha producido el derrumbe de la economía nacional, que solo este año, según el FMI, caería en -14%. Además, ésta demoraría al menos dos años para recuperar el nivel que tenía antes de iniciarse la actual crisis.

Esto nos obliga a ver que las medidas como los despidos, suspensiones perfectas y ceses colectivos facilitadas con las normas emitidas por Vizcarra, en el periodo de emergencia, no terminarán con éste. Las empresas están ajustando sus planes de producción a la nueva situación y se preparan no solo para reducir más personal sino, sobre todo, para incrementar los niveles de explotación que les permita obtener una mejor ganancia. Más explotación significa menos derechos y salarios e intensificación de la jornada de trabajo.

Por la crisis, el gobierno les ha colocado plata en los bolsillos a los empresarios. Pero estamos viendo cómo ellos usan ese dinero no para proteger puestos de trabajos y beneficios laborales, sino para pagar indemnizaciones y liquidar personal, porque esa es la libertad que les ha dado el mismo gobierno.

Así, debemos leer los actuales ataques como el inicio de una escalada que apunta hacia un plan de ajuste más profundo. Con el débil gobierno de Vizcarra, la patronal avanza lo que puede en el área de cada empresa, pero su mirada apunta a golpes mayores, como barrer con los activistas y las organizaciones sindicales existentes (que son la principal resistencia que enfrentan), y con derechos como la estabilidad laboral.

El mismo Estado, que ha gastado sus fondos de reserva y se ve afectado por la caída de la recaudación, genera alto déficit y nuevo endeudamiento como hace 20 años, más tarde o temprano pretenderá que también lo paguemos con recortes en los presupuestos sociales y hasta con despidos masivos en el sector Público.

Comprender esta situación en su conjunto es ver el tamaño del desafío que enfrentamos. La resistencia obrera, que ya da sus primeros pasos no puede circunscribirse a la emergencia sino debe mirarse como una tarea de largo aliento como largo será el plan de ataque que aplicarán el empresariado y sus agentes políticos.

Pero también es importante, para comprender que la situación que enfrentamos, va más allá de la normalidad de la defensa de un derecho o de un pliego de reclamos, para cuyas tareas muchas veces es suficiente la lucha sindical. Asistimos a la crisis histórica del capitalismo, y siempre en estas crisis, su política ha sido que la paguemos los trabajadores, como sucedió en los años 90. Defender nuestros empleos y salarios en esta situación es hacer que la crisis la paguen los capitalistas, y esta es una lucha política por cambios de fondo en la economía, la sociedad y el Estado, para lo que necesitamos construir una nueva dirección política obrera y revolucionaria.

Paremos los ataques a la clase trabajadora

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

A más de 106 días de la declaratoria de la Emergencia por el covid-19, queda claro que el gobierno no solo ha mostrado una gestión desastrosa para atender los problemas más elementales de la salud y vida de los trabajadores y los sectores populares, también ha generado una descomunal crisis económica que tiene la forma de despidos masivos y múltiples ataques, al mismo tiempo que nos utiliza como carne de cañón para reactivar los negocios.

Flexibilizan los protocolos

La última modificación de los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores”, de aplicación obligatoria en las empresas, señalados en la R.M. 448-2020 y modificado por Vizcarra, entre gallos y medianoche, deja claro que los centros laborales son ahora los principales centros de contagio. Se eliminó la obligatoriedad de la realización de pruebas covid-19 al personal que ingresa a laborar, y todo lo que pueda implicar gasto adicional, para tranquilidad de las empresas.

De esta forma, la “reactivación” viene con la política del “sálvense quien pueda” ante el covid-19, ya que si los trabajadores reclaman medidas de protección o se niegan a trabajar protegiendo su salud, aplicarían el despido, como el realizado a 22 trabajadores en tiendas Saga Falabella y a 2 dirigentes del SINATREL de Corporación Lindley.

Más suspensiones perfectas

Más de 30 mil empresas se acogieron a esta medida. Y a pesar que muchas salieron improcedentes, en los hechos ninguna empresa ha retrocedido en la política de echar a trabajadores señalando que acudirán hasta las últimas instancias del poder judicial, aun cuando esto solo signifique dilatar los reclamos.

Los negocios se han normalizado. Han sido beneficiados con millones del programa Reactiva Perú. Pero ahora presentan la ampliación de la suspensión perfecta hasta octubre.

Encima, imponen jornadas de 12 horas y aplican políticas discriminatorias para seleccionar trabajadores a su antojo. En las fábricas de Celima, Trebol, Vainsa, San Lorenzo, Topy Top, aplican esta modalidad como ensayo para establecer un nuevo régimen laboral más explotador y para generar nuevos despidos, principalmente de los que se organizan en sindicatos.

Ceses colectivos

También enfrentamos una avalancha de nuevos ceses colectivos, medida que avanza con los meses. En plena Emergencia Nacional la fábrica número uno en vidrios, Miyasato, anunció acogerse al cese colectivo que involucra a los afiliados al sindicato. Ahora Papelera Nacional – PANASA, principal fabricante de cuadernos, anunció también el cese colectivo de 86 trabajadores, de los cuales 63 pertenecen al sindicato, incluido los miembros de la junta directiva. La misma situación viven muchas empresas, incluido en el sector minero.

Vizcarra entregó a la Confiep la Suspensión Perfecta de Labores – SPL para que recuperen sus ganancias, ahora le permite la aplicación de nuevos ceses colectivos que apuntan a debilitar nuestras organizaciones sindicales que son nuestra herramienta de defensa.

El gobierno es nuestro principal enemigo

Aunque en el discurso parece que todos entendemos esto, la alta aprobación que goza Vizcarra muestra lo contrario. Es que, a cada balconazo, la llamada izquierda, que incluye a los principales dirigentes de las centrales, acaban saludándolo, y hasta cargándolo en hombros como sucedió cuando decidió disolver el Congreso. Y cuando convocan las llamadas “jornadas de lucha”, ni siquiera la garantizan, causando desmoralización en sus bases.

Para los trabajadores debe quedar claro que este gobierno es el autor de las diferentes normas antiobreras. La única solución posible para impedir que nosotros paguemos la crisis debe ser derrotar al gobierno y su plan. Mientras Vizcarra siga gobernando solo garantizará las ganancias empresariales a costa de nuestro pellejo, como lo demostró con la reciente “negociación” que benefició a las clínicas privadas.

Nos condenan a morir, por el virus o por hambre

Ellos tratan de salvar los negocios capitalistas, aún a costa de nuestras vidas

Desde los años 90, diversos gobiernos promovieron la mercantilización de la salud pública, con recortes presupuestales y la privatización. Y peor todavía: la inversión en salud ni siquiera llegó a representar la mitad de la que realizaron los países vecinos, que aplican el mismo modelo. Por esa causa, la pandemia encontró a los establecimientos de salud sin insumos ni para el lavado de manos y con mínima infraestructura (mil camas, 250 UCI, un déficit de 17 mil especialistas). La otra cara de esta realidad, o al servicio de este fin si se quiere, fue el surgimiento de un gigantesco sistema de salud privado, con enormes clínicas, monopolios farmacéuticos y cadenas de farmacias.

Vizcarra, que echa la culpa a los anteriores gobiernos, continuó esa misma política: no cumplió ni con su promesa, de construir uno sólo de los 80 hospitales que ofreció para el 2019. Así, la salud del pueblo, que ya entonces era una calamidad (50% de los niños sufren de anemia, alto porcentaje de TBC, hipertensión, diabetes, etc.), se tornó pasto
fácil para la mortífera extensión del coronavirus, que vivimos estos días.

La pandemia es atendida con miserias…

Siendo inminente la catástrofe por el covid-19, se planteaba –y se plantea aún– la urgencia de una masiva inversión en salud pública, para salvar la vida de la población más pobre, la más vulnerable. Pero, el gobierno no lo hizo –y no lo hace– y, como un avaro, le destinó un monto ridículo: 1.5% del PBI. Peor aún, de esa miseria, al 11 de junio, sólo ha usado la quinta parte, es decir nada. Por eso, nunca hay camas suficientes, UCIs, oxígeno, medicinas, personal médico, equipos de protección y muchos mueren en sus casas por falta de una asistencia mínima.
Pese a esta situación desesperante, aún hoy, el gobierno se niega a destinar recursos al sector, como lo muestra cuando se opone a promulgar el proyecto del Congreso para nombrar, de manera automática, a todo el personal médico y asistencial que atiende en la emergencia, arriesgando sus propias vidas.

… Con absoluta ineficiencia

La emergencia también exigía el confinamiento de la población, con alimentos y salarios. Pero, Vizcarra, establece una cuarentena desconociendo que la mayoría de pobres (72%) vive al día y no les garantiza ayuda, y no lo hace porque, tampoco, sabe quiénes son ni dónde están, y los fuerza a salir a la calle. También ignora: a) que 1.2 millones en Lima viven hacinados, y que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua ni servicios básicos; b) que en la mayoría de las familias las mujeres realizan las compras, lo hacen en mercados populares y casi a diario, porque no tienen frigider; c) que la mayoría se moviliza en transporte público, que opera abarrotado; d) que un gran sector de trabajadores provincianos fuga de la capital, incluso a pie, hacia sus lugares de origen, porque quedaron sin trabajo y no tienen “bono”. Al desconocer todo esto y más, Vizcarra no solo no logra su objetivo de contener los contagios, sino
que contribuye a propagarlo.
Asimismo, la emergencia exigía el diseño de un plan de pruebas masivas y de focalización y seguimiento al virus pero, pasados tres meses, aún no hace nada de esto. Apenas realiza pruebas aleatorias y mezcla los dos tipos de pruebas, con lo que ni si quiera llega a saber la cantidad real de infectados, ni menos conoce la curva de contagios, lo que muestra que, incluso, perdió hasta el control.

Población no aguanta más, y sale a ganarse el día en las calles

…Y con corrupción e indolencia

Como si todo esto no fuera suficiente, el Estado corrupto, del que forma parte el gobierno, hace su agosto con los enormes sufrimientos que padecen los pobres.
Contraloría informa que investiga a mil funcionarios, por corrupción, durante la pandemia, los cuales van desde altos jefes de la Policía Nacional (que causó la caída del ministro Morán), hasta funcionarios de todo nivel del sector salud, como el director del Hospital Sergio Bernales (de Collique), que entregaba mascarillas sostenidas por grapas y equipos de bioseguridad reciclados. Se detectan, también, que 4.212 funcionarios del Estado recibieron la canasta de víveres.
Además, montado en sus altos niveles de aprobación y con el apoyo velado de los aparatos de la “izquierda” incluidos, la que está en el Congreso, Vizcarra muestra un comportamiento soberbio, ciego y sordo. Al inicio de la pandemia la Sociedad de Neumología planteó inyectar dinero a las regiones más vulnerables, para la compra de insumos médicos, equipos de protección, balones de oxígeno y para contratar más personal. El gobierno no le hizo caso. En realidad no escuchó a nadie. Desde fines de abril Loreto gritaba por falta de oxígeno y, ahora, lo hace Ucayali, Piura y hasta los conos de Lima y deben pasar casi dos meses cuando, cada minuto significa vidas que se van, para que Vizcarra resuelva algunas medidas, para atender el abastecimiento de oxígeno a los hospitales.
Si algo grafica mejor esta indolente vena gubernamental es el caso de Richard Swing, contratado para “animar” al personal del Ministerio de Cultura, en medio de la terrible pandemia, simplemente por ser compadre de Vizcarra.

Fuente: France 24

Su prioridad es proteger los grandes negocios

En el contexto de la emergencia saltó a luz, también, el gran negocio de las clínicas privadas, que cobran altos montos por realizar pruebas y que alzan sus tarifas, para atender pacientes con covid-19, el gran negocio de las cadenas de farmacias (Interbank) y de la venta de oxígeno (en mano de dos empresas). Pero, ante ellos, el gobierno no hizo ni hace absolutamente nada para intervenirlos y/o disponer de sus recursos, y permite que sigan lucrando a costa de la vida y el sufrimiento del pueblo pobre.

Fuente: La República

Vizcarra, en realidad, se enfoca en proteger los grandes negocios más que la vida de la gente. Se ufana de tener una amplia “espalda” financiera, pero la usa no para salvar vidas sino para salvar empresarios, y ni siquiera a los micros y pequeños a quienes condena a la ruina, sino a sus amigos de la Confiep y de la Sociedad de Minería y Petróleo: a) Subsidia las planillas empresariales, b) entrega 60 mil millones de soles de crédito con prioridad a grandes empresas, c) permite despidos masivos y decreta la “suspensión perfecta”, d) obliga a trabajar a los vulnerables, e) no fiscaliza a las empresas y permite que el contagio se propague entre los trabajadores llevando a muchos de ellos a morir, f) desde el Mintra deja que los patrones se ceben contra los obreros cometiendo todo tipo de abusos y aplicando sanciones y despidos contra los que reclaman.
Por último, en esta misma línea patronal, ataca toda propuesta de establecer un impuesto a la riqueza como si fuera el fin del mundo, cuando es la única forma de tener recursos suficientes para financiar la emergencia. En un país donde solo 17 familias detentan casi toda la riqueza nacional y 9 millones son pobres, no hay otra manera de equilibrar en algo la balanza.

Ahora nos condena a la infección

El resultado del “plan” Vizcarra no solo ha sido un absoluto fracaso sino ahora nos lleva a morir por el covid-19. No tiene lógica pero es la realidad: la pandemia está en el pico y Vizcarra ordena la reapertura de las actividades, que ya comprende al 80%. Ahora él con todos sus acólitos se da la mano con los sectores más reaccionarios que cuestionaban la cuarentena, para gritar al unísono “reactivación”; pues ya no importa salvar vidas sino de sacrificarlas en nombre de la “economía”, que para ellos significa sus negocios. Para mayor claridad hasta se cambia de discurso oficial: del “quédate en casa” ahora se pasa al “Yo me cuido”, útil para señalarnos siempre a nosotros como los únicos responsables de la propagación del virus. El gobierno, por supuesto, nunca admitirá su responsabilidad, menos ahora que las consecuencias de sus decisiones nos conducen a una catástrofe humanitaria.

Ni recuperación, solo represión

Ni aun así empujándonos al contagio masivo no hay ni habrá “recuperación” como se pretende, al menos este año. El Banco Mundial estima que la economía de Perú se contraerá en 12%, lo que equivale a 3 millones de nuevos pobres. Solo en Lima ya un millón y medio perdió su empleo. La reactivación no obra por decreto sino de acuerdo a la demanda de los negocios. Y para darle “impulso” los voceros de la CONFIEP, ni cortos ni perezosos, ya claman para que se suelte toda la reforma laboral y para que se haga viable los proyectos mineros rechazados de Tía María y Conga, pedidos a los que Vizcarra estará presto a atender.
En este cuadro, el suplicio del pueblo pobre no tiene ni siquiera paliativo porque el gobierno no es capaz de garantizarle un plato de comida a los millones que pasan hambre. Empujados por la necesidad millones se lanzan a las calles como ambulantes y lo único que hace Vizcarra y el alcalde Muñoz es mandarles la policía a perseguirlos y confiscar sus mercancías.


El “Estado de Emergencia” y la suspensión de derechos civiles no se ha usado con tanta efectividad para evitar la propagación del virus como para reprimir las protestas. Los médicos y enfermeras que protestaban por falta de implementos fueron sus primeras víctimas. Ahora el ministro de Defensa, Walter Martos, asegura que evalúan mantener a las FFAA en las calles luego del “Estado de Emergencia”, y el premier Zeballos anunció en el Congreso que “están preparadas para enfrentar cualquier desborde social”.
Así, Vizcarra, no solo condena a miles de pobres a morir por el covid-19 o por hambre, sino también pretende ahogar nuestra lucha y protesta con más represión, para llevar hasta el fin lo que ha sido su consigna desde el primer día: salvar los negocios capitalistas antes que la vida de la clase trabajadora.

De la suspensión perfecta al nuevo (y peor) régimen laboral

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

En primera instancia, el Estado de Emergencia Sanitaria fue decretado desde el 11 de marzo hasta el 8 de junio 2020, entiéndase como el marco de las demás normas restrictivas y excepcionales adoptadas por el gobierno ante el brote del covid -19. Una de ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que impedía el funcionamiento de la industria y comercio y demás actividades económicas que no estuvieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.

Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labores (SPL) como salida patronal ante las medidas restrictivas hasta entonces de aplicación obligatoria para las empresas.

Como era de esperar, desde su publicación (15 de abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, se acogieron a este procedimiento que aproximadamente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario.

Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implementar de forma gradual la reactivación económica de las actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.

Claramente hemos denunciado el rol genocida de este gobierno que ha demostrado defender las ganancias empresariales antes que la vida de los trabajadores y el pueblo.
Por lo que demandamos una cuarentena con salarios, alimentos y medicina para todos, nada que ver con el desastre que implementó Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre expuestos al contagio masivo y a la muerte.

Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las normas dictadas por este gobierno, como la SPL presentada como necesaria “para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19” por las restricciones del Estado de Emergencia.

Por un lado, las restricciones que impedían el funcionamiento de las empresas ya no existen, pues con la fase 2 casi todos los sectores productivos del país vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, y la autorización se aprueba automáticamente.

Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar esta medida presentada para otra situación? Peor aún ¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente hasta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de esta medida se encuentra más allá de la emergencia.

Un nuevo régimen más explotador

Esto se combina con otra realidad. El reinicio de actividades productivas se viene haciendo de forma gradual y la convocatoria de trabajadores se viene haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal.

Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las consecuencias de la crisis económica con el puesto de trabajo de millones de trabajadores que se encuentran lidiando entre morir de hambre o morir por las consecuencias del covid-19.

Más plusvalía

Además de todo esto, la reincorporación de trabajadores a la producción trae los cambios que faculta las normas, cambio de horario y pago de horas dejadas de laborar por la cuarentena, es decir un régimen de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo régimen que permita realizar la misma producción pero con menos trabajadores, recortando gastos logísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábricas textiles.

Si a esto agregamos que la mayoría de industrias de alimentos (como Alicorp, Molitalia y Cogorno), ya utilizan jornadas de 12 horas para reducir la rotación y movilidad de los trabajadores durante la emergencia, solo puede significar que los trabajadores excedentes, producto de esta nueva realidad, serán sometidos a nuevos procesos de suspensión perfecta y ceses colectivos.

En la Corporación Miyasato, líder en el mercado del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para “no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus trabajadores.

Más despidos y ataques antisindicales

Al mismo tiempo, durante la cuarentena las empresas han desatado una feroz ofensiva antisindical. En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretexto de no laborar en estado de emergencia. En SAGA FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exigir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron sanciones abusivas contra trabajadores que exigían pruebas de descarte del covid-19. En TOPY TOP se denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se les obliga a realizar horas extras. Las obreras de limpieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la amenaza de despidos masivos. De este modo lo que se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que son nuestros instrumentos de defensa.

Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de las empresas producto de la emergencia, Vizcarra alcanzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, que es convertido en arma para recuperar ganancias estableciendo un nuevo régimen laboral más explotador.

Fuente: Telesur – Protestas

La clase trabajadora responderá si o si

Entendemos la necesidad de responder a estos nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruendos en las calles. Los trabajadores estibadores del puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando a los empleadores a respetar las normas de seguridad y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos los días en las calles exigiendo protección a su salud y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias por redes sociales revelan la necesidad de lucha que sienten muchas organizaciones sindicales.

Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La vanguardia obrera debe garantizar la presencia de las bases combativa con vistas a poner en marcha un verdadero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras demandas fundamentales.

Nueva dirección
Hay que poner en pie una nueva dirección política con un programa obrero y popular orientado a salvar vidas y defender el empleo a costa de las ganancias empresariales.
En ese camino, compañero, compañera, te invito a construir nuestro partido el PST, junto a luchadores reconocidos de la clase obrera, con el único objetivo de luchar para defender nuestros intereses como trabajadores.

Vizcarra Oxigena a monopolios de la salud y asfixia a los trabajadores y el pueblo

Por Mauricio Meca

Un balón de oxígeno de 10 m3 que costaba S/. 600, ha llegado a costar diez veces más. La azitromicina elevó su precio en 12 veces. Atenderse por covid en las clínicas cuesta entre 30 y 60 mil soles. Lo que era un problema sin la pandemia, ahora es un calvario para miles de familias, que ven como las empresas privadas monopolizan y lucran con los servicios de salud.

La economía de libre mercado muestra su verdadero rostro echando al traste todo lo que se dice de “responsabilidad social empresarial”. En un sistema económico donde solo importa el lucro y la explotación, no hay posibilidad de salvarse para los pobres. El cuadro más espeluznante lo vemos en los hospitales nacionales, que no tienen recursos ni para comprar o alquilar un balón de oxígeno, y donde un paciente debe esperar la muerte de otro con la esperanza de acceder a uno.

Fuente El Comercio – Pacientes al interperie en Hospital 2 de mayo

Mientras vivimos a diario esta realidad, el gobierno no está dispuesto a mover un dedo para cambiarla. Más bien elabora leyes para que las empresas sigan lucrando en plena emergencia. Para salvar la vida por el covid y no morir de hambre es una necesidad cambiar este modelo económico.

“Aire es lo que quiero, aire para vivir…”

Un viejo vals peruano titulado “fin de bohemio”, cuenta la historia de un paciente con tuberculosis que ha sido desahuciado por su médico. En su angustia por aferrarse a la vida, le ruega con voz vacilante al galeno lo siguiente: “Aire es lo que quiero, aire para vivir, […] no me lo niegues doctor, lo que hoy te pido, oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios”. Con esas sencillas palabras podríamos retratar lo que pasa en la actualidad: una población infectada por el covid abandonada por un gobierno indolente que lo desahucia.

Hay soluciones. Podría fijar el precio y expropiar a las empresas que incumplan las disposiciones. Podría decretar la compra de todo el oxígeno producido por estas empresas y entregar gratuitamente los balones al pueblo que lo necesita. Podría decretar la reconversión de plantas, como en el caso de las mineras, para producción de oxígeno.

Fuente: France 24

En esa sentida súplica, también, escuchamos la voz de miles de peruanos que se han endeudado por comprar un balón de oxígeno para un ser querido. Se oye la voz quebrada de los que acuden desesperadamente a centros de recarga, entre 3 a 4 veces por semana, y hasta con 4 balones. El ruego de los que tienen que gastar entre S/. 15 a 200 soles por m3 de oxígeno y esperan horas y horas, incluso se amanecen haciendo largas colas por un escaso y costoso recurso. Se oye el llanto de quienes tienen que hacer colectas en el barrio o en la familia, porque el salario mínimo sigue siendo una miseria o, peor aún, ya no tienen trabajo…es un clamor por aire para vivir.

¿Quienes tienen el monopolio del oxigeno y a donde está orientada su producción?

La demanda de oxígeno aumentó en un 40% por covid (21,740 balones). Según el Premier esto excede la capacidad de producción de oxígeno en el país. Así también, la presidenta del Comando covid, dijo que el consumo actual es 216 toneladas de oxigeno por día y se proyecta que aumentara a 394. En ese escenario crítico, se ha hecho viral el dato de que hay dos empresas que tienen el monopolio del oxígeno en el país y que han elevado el precio, estas son: Linde Praxair con 82% de la producción de oxígeno a nivel nacional y Air Products con 18%.

Fuente: El Comercio

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que el oxígeno industrial que tiene el mismo origen que el medicinal, es producido por estas dos empresas, sin embargo, este último es más requerido por las actividades mineras y tiene más demanda que el medicinal, y advierte que en el nuevo escenario de reactivación, podrían dar prioridad a la industria y no a la salud.

¿Pero no se puede hacer nada contra estos criminales?

En el artículo 61 de la Constitución de Fujimori señala que los monopolios no están prohibidos explícitamente, a lo sumo lo que puede sancionarse o regularse es el abuso monopólico y nada más. El carácter neoliberal de esta constitución ha facilitado la formación de monopolios y oligopolios en distintos sectores que tras 25 años se han consolidado y muchos dominan más del 70% de sus respectivos mercados: Backus, Alicorp, Gloria, etc. En salud tenemos al Grupo Intercorp dueña del 83% de las farmacias, y al oligopolio formado por 8 grupos que son dueños de todos los eslabones de la cadena de servicios de salud, donde destacan los grupos ligados al BCP y al BBV Continental.

El 2008 Indecopi abrió un proceso administrativo a las empresas que monopolizan la producción de oxígeno bajo el cargo de haber realizado prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de reparto de mercado. Indecopi las halló culpables por repartirse el mercado de Essalud y las sanciono con 21 millones, y ellas apelaron al Poder Judicial donde hasta ahora hubo un fallo definitivo producto del escándalo de su abuso en tiempo de pandemia.

El drama por oxigeno en Iquitos

La legislación nacional no le brinda poder para evaluar fusiones y adquisiciones a ningún ente del Estado. Lo que se sanciona a las empresas el abuso de la posición de dominio que por lo general se traduce en la especulación, es decir, en el acto de poner en venta bienes por encima del precio regular, el cual es un delito sancionado administrativamente con multa, y según el Código Penal es un delito que se castiga con cárcel no mayor a tres años. Sin embargo, no se aplica, porque necesita primero de un organismo que elabore una lista de productos de primera necesidad y que fije los precios de los productos de la lista, lo que no existe. Por ello, no se puede meter preso a nadie, la economía es de libre mercado y el precio no se puede fijar porque lo regula la oferta y la demanda. Y, además, contra todo esto están la Confiep y los títeres políticos que defienden sus intereses. Por esta razón también, organismos como la Defensoría del Pueblo recurren a las sanciones administrativas que no se cumplen porque las empresas apelan a las cortes.

Desde el Congreso se han encarpetado varias propuestas para impedir la formación de monopolios vía fusiones, y también desde el Ejecutivo y el MEF, bajo el sonsonete de que aleja las inversiones.

En materia de regulación, lo que hay es el D.U. 013-2019, emitido por Vizcarra el año pasado, que es un engaña muchachos. Ahí se menciona que cualquier empresa que se quiera fusionar con otra pasara por el filtro de Indecopi. Hasta ahí suena interesante, y muchos sectores de la izquierda reformista hasta lo apoya. Pero a continuación se dice que la supuesta regulación no va afectar a los monopolios ya consolidados, es decir todo seguiría igual. Lo peor fue que en plena pandemia postergó su ley hasta el 2021.

Lo nuevo es la recién aprobada ley del Congreso que aún falta pasar por la promulgación u observación del Ejecutivo. En ella se sanciona la especulación de precios, la adulteración de productos y servicios con pena privativa de la libertad que van desde 1 hasta 8 años según el delito. Sin embargo, el abogado penalista Luis Castillo Berrocal menciona que la reincorporación del delito de abuso de poder al Código Penal plantea una reforma sobre las competencias de Indecopi, ente que sanciona administrativamente, de lo contrario atenta contra el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, por lo que sería inaplicable.

Foto: Redacción PST

Así, cada vez más los capitales que monopolizan los mercados, y rompen con sus principios de libre competencia, se valen del Estado para elaborar leyes que los beneficien y que no comprometan ni sus bienes ni su libertad si es que se ven amenazados como ahora.

No hay posibilidad de dotar de oxígeno, medicinas y atención médica a nuestras familias que agonizan sin quitarles la propiedad y los recursos que concentran y los coloquemos a disposición de un plan nacional para enfrentar la pandemia.

¿Entonces, no hay salidas?

Es un crimen que las empresas limiten el acceso de la población a los servicios de salud condicionado a tener dinero. Y es mucho peor que sea el Estado que lo defienda.

Para lavarse la cara el gobierno ha decretado de forma temporal el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, y ha soltado casi 90 millones para financiar las contrataciones que se realicen para la compra y el suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. También emitió el D.U. 066-2020 que declara que la producción de oxigeno medicinal es prioridad por encima del oxígeno industrial, pero como señala la misma Defensoría del Pueblo, no garantiza que se cumpla. Así, cuando el premier menciona que no hay suficiente oxígeno y que van a comprar al exterior, es porque en realidad no quieren tocar los intereses empresariales cuando ahora la prioridad es la salud de la población.

Es posible cambiar el panorama en tanto dejemos este modelo criminal y nos deshagamos de un gobierno inepto que a pesar de haber sido advertido de la carencia del oxígeno no hizo nada.

Existen salidas, de forma inmediata, como:

  • Adecuar las plantas de oxígeno industrial para la producción de oxígeno medicinal, como la que tiene la minera Southern en Ilo, que puede entregar 20 toneladas semanales de oxígeno. O la que existe en La Oroya.
  • Se debe entregar gratuitamente los balones de oxígeno a la población que lo necesita.
  • Se debe ampliar el servicio de atención médica utilizando los establecimientos de las clínicas privadas.
  • Se debe reconvertir fábricas para la producción de materiales de bioseguridad para todo el personal de salud y la población pobre.
  • Se debe incorporar a los trabajadores que se quedaron sin empleos a estas plantas.

A redoblar esfuerzos por imponer estas medidas que deben sumarse a las demás que vienen planteando los trabajadores contra el hambre y por su derecho a vivir.