¡NINGUNA CONFIANZA EN EL NUEVO GOBIERNO! ¡ECHEMOS A MERINO-CONFIEP Y AL CONGRESO CORRUPTO CON NUESTRA MOVILIZACIÓN INDEPENDIENTE!

Con la salida de Vizcarra cayó el enemigo que la clase trabajadora ha tenido en frente los últimos dos años, responsable por la “Política nacional de productividad y competitividad” (D.S. 345) y del “Plan nacional de productividad y competitividad” (D.S. 237), cuya finalidad es liberalizar los despidos.

Cayó el responsable de la estrategia de la “inmunidad de rebaño” que nos ha costado, a los trabajadores y el pueblo pobre, cerca de 90 mil muertes; y el desamparo de millones de trabajadores que perdieron el empleo, a los que Vizcarra sumó los miles de trabajadores sometidos a ceses colectivos y suspensión perfecta de labores.

Un gobierno que empobreció al pueblo y llenó de concesiones y ventajas a bancos, farmacéuticas, clínicas privadas y grandes empresas. Que nos condenó al hambre durante los meses de confinamiento.

Y cayó, finalmente, un corrupto más, responsable por el cobro de 2 millones 300 mil soles a cambio de entregar la concesión del Hospital regional de Moquegua.

Por eso Vizcarra se ganó el odio de la clase obrera. Si algo podemos “lamentarnos”, es de que el Congreso –la otra pata de la democracia corrupta que impera en el país- nos haya robado el derecho de echar a Vizcarra con nuestra movilización. Hoy que ha dejado la presidencia, Vizcarra debe pagar por los crímenes y engrosar la lista de expresidentes que deben ir a la cárcel por corruptos, antipopulares y antiobreros.

Sin embargo, la clase trabajadora debe tener claridad: El Congreso es tan responsable como Vizcarra por esas mismas medidas y males que nos aquejan. En todo lo fundamental, “jugó en pared” con Vizcarra. Ha sido el otro pilar de la continuidad del plan económico neoliberal, y sus miembros son protagonistas del mismo sistema de corrupción que sus antecesores. Por eso quieren para sí el control del sistema judicial, el Tribunal Constitucional y otras entidades claves del Estado.

Por eso los trabajadores y trabajadoras del país no podemos albergar ninguna expectativa en que el Congreso, que hoy aparece como “vencedor”, pueda dar solución a los problemas de fondo que nos afectan.

MERINO: UN GOBIERNO DE CRISIS

El gobierno de Merino nace en un ambiente de confrontación y con un importante rechazo que lo hace más frágil que Vizcarra. Y esa es justamente la gran preocupación de la patronal. Que Merino resulte peor que su predecesor para manejar la situación del país. De ahí que la CONFIEP saliera rápidamente a pedir calma, tras la aprobación de la vacancia, poniendo como único requisito la continuidad del cronograma electoral.

La represión del día de su juramentación es muestra de esa misma debilidad. Por eso anunció un gabinete “de ancha base” con la mayor participación de los partidos patronales a sostenerlo durante los meses que vienen; pero en lo hechos, la designación de Ántero Flores como premier y sus primeras declaraciones, lo que anuncia es repartija de intereses y mayor confrontación.

Para la clase obrera, esta situación plantea la necesidad de impulsar la lucha levantando sus propias banderas para derrotar al nuevo gobierno por medio de la movilización. Ello requiere contar con una dirección consecuente. Lamentablemente, las direcciones nacionales, como la de la CGTP, lo que hacen es pedir diálogo con el nuevo gobierno, lo que muestra que su curso no es el de la lucha frontal y consecuente en pro de las demandas obreras y populares.

¿EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA?

La vacancia ejecutada desde el parlamento nada tiene que ver con los intereses de la clase obrera. No trae soluciones a las muertes por COVID 19, a los despidos, ni a la corrupción. No es «nuestra» vacancia. Sin embargo, esto no nos lleva sumarnos a quienes llaman a “defender la democracia” de un supuesto golpe de Estado.

¿Qué democracia? ¿La de Odebrecht y el “Club de la construcción”? ¿La democracia de las mineras? ¿La democracia de la CONFIEP? ¿Una democracia con Vizcarra de regreso? Finalmente, fue el propio Vizcarra quien le entregó las llaves de Palacio a Merino. La «democracia» que hoy nos llaman a defender los partidos “de izquierda”, como Nuevo Perú, al servicio de sus objetivos electorales 2021, no es la democracia de los trabajadores y trabajadoras. 

Necesitamos DEFENDER NUESTRA INDEPENDENCIA DE CLASE para luchar por nuestras propias banderas, que incluyen echar abajo el régimen corrupto que hoy defienden esos grupos “de izquierda”. En esto la dirección de la CGTP tiene la enorme responsabilidad de desbaratar cualquier ilusión de diálogo con Merino y ponerse al frente de la convocatoria a una medida nacional contra el gobierno.

Sin embargo no podemos solo esperar a la dirigencia de la CGTP. Tenemos que realizar, desde las bases obreras, asambleas para definir un curso propio de lucha, que dé continuidad a la jornada de lucha del 5 de noviembre, que más allá de su dirección, puso en evidencia que la clase trabajadora necesita encontrarse en las calles, unida en la lucha. Un plan con miras a concretar un PARO NACIONAL COMBATIVO para derrotar a Merino y compañía.

¡POR UN GOBIERNO DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO POBRE!

La clase obrera y el pueblo pobre necesitan imponer salidas de fondo a sus necesidades más urgentes. Desde el PST afirmamos que no habrá salida a estos problemas (corrupción, despidos,  contagios, represión…) mientras la patronal siga gobernando en el país por medio de cualquiera de los partidos del régimen.

Por eso la clase obrera debe construir una alternativa propia de poder, que nazca de su movilización, para poner fin a estos flagelos y abrir camino a una vida digna en el Perú.

En este sentido, consideramos que la demanda de una asamblea constituyente es válida. Pero sólo puede ser garantizada por un gobierno obrero y popular, que construya esa asamblea con representantes directos de las organizaciones de los trabajadores y el pueblo (sindicatos, asociaciones barriales, frentes de defensa…)

Este es el llamado que hacemos desde el PST: levantemos, junto al QUE SE VAYAN TODOS los partidos corruptos del régimen, las banderas limpias del GOBIERNO DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO POBRE DEL CAMPO Y LA CIUDAD, como salida para nuestro país.

Y para esto, llamamos a la construcción de un gran paro nacional combativo, que enfrente y derrote a Merino, para dar solución a nuestros problemas urgentes.

¡ASAMBLEAS DE BASE PARA DEFINIR UN PLAN DE LUCHA UNITARIO DE LA CLASE TRABAJADORA!

¡PARO NACIONAL PARA DEFENDER NUESTRA SALUD, EL TRABAJO Y ECHAR ABAJO LA CORRUPCIÓN!

¡QUE SE VAYAN TODOS!

¡POR UN GOBIERNO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL CAMPO Y LA CIUDAD QUE SE HAGA CARGO DE LOS DESTINOS DEL PAÍS!

Urge un plan desde la universidad para ayudar en la lucha contra la pandemia y los problemas sociales agudizados

Foto: NinaÑawi – Luis Javier Maguiña

Siguen pasando los días y las autoridades continúan al margen de la crisis social y la problemática estudiantil. Sin importar estos temas, aquellos se convierten en cómplices de la política general del gobierno de turno, la cual es la de volcar la crisis a las masas populares. 

Se profundizan las brechas sociales

Son cada vez más los casos de estudiantes marginados de la educación superior y técnica en el marco de una pandemia que golpea a los más vulnerables. Casos como la imposición de un examen de admisión virtual, con alrededor de 15 mil estudiantes que quedaron fuera, o la deserción de 63 mil universitarios aproximadamente, más que el 2019, muestran claramente la gran desigualdad y discriminación que existe en el ámbito universitario. Siendo una política idéntica a la del gobierno: sálvese quien pueda. En este caso, postule o estudie quien pueda.

Además, San Marcos está formando parte de las decenas de investigaciones sobre casos de corrupción en el país, a raíz del caso de la compra de decenas de lavamanos portátiles sobrevalorados. Pues según el Ministerio Público, solo a 100 días que inició el confinamiento por el covid-19, los presuntos casos de corrupción aumentaron a 700 %.  Lo cual empalma con la falta de transparencia en la gestión del gobierno universitario y por tanto con la ausencia de acciones democráticas en nuestra casa de estudio. Todo bajo el respaldo de la actual ley universitaria 30220.

Un plan estratégico para los problemas sociales

En el marco del estado de emergencia, muchos problemas sociales como la violencia hacia la mujer, los problemas psicológicos en la población, la falta de personal médico en los hospitales, los despidos masivos en las fábricas, la falta de un sistema de transporte adecuado, el inacceso a la educación básica regular por muchos niños, etc. se han desnudado y agudizado sin que haya un verdadero plan de por medio. No obstante, las universidades, una de las principales instituciones del estado, tendrían que jugar su gran rol social de cara a proponer soluciones a estos graves problemas del país.

Mientras la politica de «concientizacion» del gobierno genocida sigue siendo la de colocar multas exorbitantes a infractores, aterrorizar con mensajes que buscan culpabilizar especialmente a la población de la propagación del virus, meter bala en las protestas como en Iquitos, en síntesis una política de terror. La universidad puede por ejemplo organizar un programa de intervencion social para cumplir con la tarea de concientizar a nuestra población, un trabajo de promocion de una cultura de salud, como parte de un gran plan estratégico a fin de enfrentar la problemática nacional. Al mismo tiempo que puede demandar al gobierno central  los recursos para llevar a cabo ese plan y para garantizar las necesidades básicas de la poblacion. Ya que, fuera de los esfuerzos plausibles de algunos docentes y estudiantes, las universidades como intituciones han aportado muy poco.

Aprovechar al máximo los espacios de debate estudiantil

Ante la gran debilidad organizativa en los distintos gremios estudiantiles, las direcciones gremiales tendrían que aprovechar al máximo cualquier asamblea llevado a cabo. No se puede dejar pasar ninguna oportunidad como muchas veces suele suceder, con discusiones secundarias que no ayudan a organizar ni a movilizar. Menos aun cuando hay condiciones adversas como esta pandemia.

Asimismo, la reducción de la lucha y el debate universitario a las demandas sobre la problemática de la universidad sin tener como eje central la problemática social nacional, hace que se genere un obstáculo para la unidad en las luchas con otras organizaciones sociales, en especial con la de los trabajadores. Pues tener una lucha unitaria tanto contra las autoridades universitarias como contra el gobierno de turno, el principal causante de todo este desastre en cuanto al combate de la pandemia y la agudización de la crisis social se refiere, debe ser nuestro horizonte y una de nuestras prioridades.

Organización para la lucha

Es en ese sentido que existe la necesidad de impulsar más asambleas y coordinaciones con delegados estudiantiles de base comprometidos con la lucha contra las desigualdades que están a flote en el país y de discutir seguidamente las distintas demandas estudiantiles y sociales que hay. Hace falta crear asimismo más mecanismos virtuales de participación estudiantil  para buscar puntos de unidad y hacer cada vez más grande esta lucha emprendida por varios estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Esos espacios de debates y discusión son fundamentales para tener claridad sobre las distintas demandas y poner como eje los diversos problemas sociales que líneas atrás se han señalado. Eje que es más que una necesidad hoy en día. Debido a la gran crisis histórica que estamos viviendo. Nuestro rol como estudiantes tiene que ser, en unidad con los trabajadores, la de proponer y actuar sobre dicha crisis para ser parte de la solución.

¡Ayuda integral para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes contra los ataques del gobierno!

¡Por un eje estudiantil que se centre en las problemáticas sociales!

¡Urge un plan institucional para apoyar en la lucha contra la pandemia y para encarar los problemas sociales agudizados por la misma!

Plan genocida disfrazado con mentiras, al estilo de los audios de Vizcarra

Ahora más del 70% de la población se encuentra contagiada (inmunidad de rebaño).

La política sanitaria que ya causó 80 mil muertes y nos acerca al millón de contagios, y que es responsabilidad única del gobierno y del modelo económico que defiende, es disfrazada con una campaña centrada en seguir culpando a la población.

Con una campaña orientada a culpar a la gente de la propagación del virus, y que utiliza hechos aislados que los medios magnifican como el caso de la discoteca de Los Olivos donde fallecieron 13 jóvenes, el gobierno sigue disfrazando su política sanitaria de masacre de la población pobre y trabajadora y de resguardo de los negocios capitalistas. En el caso de la discoteca de Los Olivos, es usada además para denigrar a los jóvenes que en realidad fueron víctimas de la brutalidad policial.

La expansión del virus y la inmensa estela de enfermos y fallecidos que está dejando, no ha cedido un solo minuto desde que hizo su aparición a inicios del mes de marzo, y en todo momento la única verdad que ha saltado a la vista es la responsabilidad del gobierno en su propagación y agravamiento.

En la primera etapa, con cuarentena, el virus se expande porque el gobierno no controla los puntos de aglomeración (mercados, transporte público y bancos), y porque fuerza a la mayoría de pobres y de despedidos a salir a la calle al negarles un ingreso mínimo para que se queden en casa. En el segundo momento la ola se desata por la apertura económica, la que se inicia en mayo y se extiende en junio y julio, lanzada de manera torpe y con protocolos ablandados y sin fiscalización, alentando el contagio masivo en los lugares de trabajo y reprimiendo con saña a los obreros que protestan en defensa de sus vidas, como en Marsa. Así, escalan los contagios y las muertes hasta mediados de agosto, mientras en el otro lado los negocios vuelven a florecer.

«La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención».

La publicidad oficial que culpa a la gente tiene otro sesgo falso: azuza el miedo. El miedo como herramienta de presión no funciona dicen muchos especialistas, y más en la pandemia alimenta el pánico; del pánico a la muerte no hay más que unos pasos como sucede con la gente que por desesperación se automedica agravando su situación, o de algunos que hasta llegaron al suicidio.

La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención. Es decir, más que el virus mata la desidia de las autoridades que no proveen de oxígeno, camas UCI, pruebas moleculares para un diagnóstico correcto y una atención oportuna. Mata la falta de un sistema de atención primaria, la pobre protección del personal de salud y hasta la pobreza en la que se ha hundido a millones. Y todo esto es por responsabilidad del gobierno que se corre ante los gritos de la gente que pide auxilio, que desoye a los especialistas, que asigna recursos con gotero mientras vuelca enorme “ayuda” a los grandes empresarios, que miente y oculta información.

El resultado de esta política está a la vista del mundo entero: el Perú es el quinto país con más contagiados, es –repetimos– el primer país del mundo con la mayor cantidad de fallecidos por habitante, con el agravante de que también es el primero en derrumbe de empleos y salarios. Una verdadera catástrofe que es única y exclusiva responsabilidad del gobierno.

Por ello, desde el terreno de la clase obrera denunciamos que el gobierno y sus mentores de la CONFIEP junto con todos los que le prestan apoyo, ponen en marcha una política genocida por doble partida: al mismo tiempo que nos empujan al contagio masivo y arruinan nuestras economías, no resuelven las necesidades mínimas de la emergencia sanitaria permitiendo que el covid se está cobrando demasiadas víctimas.

En todo esto hay incompetencia total del gobierno de Vizcarra, también la corrupción hace su parte medrando del Estado en la misma emergencia. Pero sobre todo lo que hay es la continuidad de un modelo económico que privilegia los negocios capitalistas sobre el bienestar de la mayoría. Este modelo que en 30 años solo fabricó riqueza en un polo y pobreza en el otro ahora simplemente nos arroja a la miseria y nos condena a morir por el virus con el único fin de asegurar las ganancias del gran capital que ha sido elevado a fin supremo.

Reducir toda la problemática a algunos jóvenes inquietos o de otros que visitan a sus abuelos, no solo es una mentira siniestra armada al estilo de los audios de Vizcarra, sino, como el conjunto de los actos del gobierno, están colocados al servicio de implementar esta política genocida.

Gobierno y Congreso cómplices de la CONFIEP

En el reciente intento de vacancia de Vizcarra que motivó otro episodio más de crisis política en el país, las ridículas actuaciones las pusieron el gobierno y el Congreso; el drama lo vive el pueblo, padeciendo los muertos por deficiente atención médica y por hambre, así como el creciente desempleo y los despidos. La amenaza real sigue siendo la política proempresarial que aplica el gobierno con el aval de los partidos del Congreso.

<p class="has-text-align-justify" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.

A todo ello se suma un amplio descontento popular con múltiples manifestaciones, a veces con grandes luchas y estallidos, a veces apoyando opciones que se presentan como de cambio y que se desnudan como más de lo mismo, agudizando el descontento y la crisis.

Solo en el presente periodo de gobierno 2016-2021 hemos visto tres intentos de vacancia presidencial, una caída de gobierno (PPK se vio empujado a renunciar en el segundo intento de vacancia); una caída de la cúpula del sistema judicial por el caso de los cuellos blancos, incluyendo un fiscal de la nación, y un cierre del Congreso, solo por mencionar los casos más destacados.

En esta crisis todos los actores políticos protagonizan pequeñas y grandes confrontaciones, pero solo en torno a sus mezquinos intereses particulares, la mayoría de las veces para disputar el control de entidades claves ya sea para eludir la justicia o para seguir robando al país. No son confrontaciones por alternativas de solución a los grandes problemas nacionales ni muchos menos, todos terminan asumiendo, en automático, la defensa del mismo plan económico que es la causa de la crisis y el azote de los trabajadores y el pueblo.

El reciente conato de vacancia desnudó más a sus protagonistas y su actuación a espaldas del pueblo. La difusión de unos audios que desnudan a Vizcarra y un oportunismo mal calculado desató ambiciones en la mayoría de las bancadas, que de un día para otro ya se repartían la leche sin tener la vaca, con un espurio acuerdo entre cuatro paredes y una ridícula llamada del presidente del Congreso a un oficial de las fuerzas armadas.

Los congresistas tienen motivos más poderosos para derribar al gobierno si así lo quisieran; en sus discursos para la tribuna resaltan el manejo criminal, proempresarial y corrupto que hace el gobierno de la crisis sanitaria, lo cual es mucho más grave que los audios, pero no usan eso para sustentar por qué Vizcarra no debe seguir gobernando este país, simplemente porque no tienen una propuesta alternativa.

El Congreso y los partidos que lo integran confirmaron su propia incapacidad frente a los grandes problemas nacionales, y su verdadero papel detrás del discurso que es finalmente de soporte del gobierno: unos poniendo por delante sus mezquinos planes electoreros hacia el 2021; otros mostrando su desesperación por capturar entidades claves del Estado para fines particulares; y otros haciendo de escuderos del gobierno para beneficiarse del favoritismo de Palacio, queriendo hacer creer que es contra el golpismo y la defensa de la democracia.

Por su lado, Vizcarra con lo que revelan los audios queda más debilitado que antes y agrava más su crisis a pesar de los beneficios que le trajo la supuesta lucha contra el golpismo y el regreso de los sectores políticos al redil del proceso electoral, pero sigue en el gobierno y sigue aplicando la misma política que atenta contra derechos más básicos del pueblo como el derecho a la vida, a la salud y al trabajo.

En efecto, en estas últimas semanas se ha prolongado la grave situación de la población trabajadora. Las personas vulnerables tienen prohibido ya seis meses de salir a trabajar, pero sin recibir ninguna compensación de sobrevivencia, solo bonos que muy pocos conocen.

Por otro lado, los trabajadores de actividades que se han reabierto, en especial los trabajadores mineros y de varias industrias, siguen expuestos al contagio en un servicio de transporte que no tiene las adecuadas condiciones sanitarias; y los protocolos rebajados en los centros de trabajo han convertido a estos en centros de contagio; y todavía hay muchas personas que se agravan y mueren de covid a causa de una falta de atención médica oportuna.

Aun con cifras oficiales manipuladas la pandemia es una grave amenaza

El gobierno publica cifras oficiales que mostrarían un retroceso de la pandemia, pero esas cifras tienen un comprobado precedente de manipulación al no registrar todos los casos de contagios y muertes. Incluso con cifras oficiales el promedio diario de contagios sigue alto, alrededor de 6,000 por día, y el de muertos por covid más de 100 por día.

Para poner en contexto estas cifras, incluso con cifras oficiales que están muy por debajo de la realidad, el Perú muestra la más alta tasa de muertos por millón de habitantes: 964, y a pesar de que su población es de solo el 0.5% de la población mundial, concentra el 3.2% de todas las muertes por covid en el mundo. Y esta realidad no golpea a todos los peruanos por igual, golpea con mucha más fuerza a la clase trabajadora y a los sectores más pobres de la población.

Por otro lado, oficialmente se comunica un número creciente de camas de hospitalización y de cuidados intensivos desocupadas, pero también crecen las denuncias sobre hospitales que no reciben nuevos enfermos y hay hospitales importantes como el de Villa María del Triunfo en Lima que siguen colapsados.

La manipulación de las cifras (algo que no extraña de un gobierno que no tiene escrúpulos a la hora de manipular los hechos tratando de ocultar pruebas) busca justificar medidas de relajamiento de los protocolos y las restricciones priorizando la voracidad de los grandes empresarios. Desde octubre empieza una fase 4 del reinicio de actividades económicas, exponiendo a la población a nuevas olas de contagio y muerte como las que viven actualmente España y otros países europeos.

Los grandes empresarios y sectores de la derecha van aún más lejos en utilizar el supuesto repliegue de la pandemia para minimizarla y condenar que se haya decretado la cuarentena, y culpan al gobierno de haberfrenado la economía, ganando a esa idea a muchos trabajadores que buscan cualquier solución por sus propios medios ante el abandono total del Estado.

Si bien en los hechos se está imponiendo el desmantelamiento de las medidas de contención del virus, y se está buscando una “inmunidad de rebaño” con consecuencias imprevisibles, no debemos dejar de lado la urgente necesidad de organizarnos paraluchar contra la política genocida de Vizcarra CONFIEP y el Congreso cómplice.

Necesidad de una salida independiente de los trabajadores y el pueblo

El PST, frente al conato de vacancia se pronunció por la necesidad de los trabajadores de defender su independencia, deslindando de Vizcarra, como responsable del genocidio contra el pueblo pobre en el manejo de la pandemia y responsable de la ola de despidos y de la suspensión perfecta de labores que privó de sus ingresos a miles de trabajadores; y también de los promotores de la vacancia como una salida en falso destinada al fracaso, y completamente desligada de los intereses y de la actuación de las masas trabajadoras, como lo demostró el hecho que se desarmara tan fugazmente.

Todavía sigue vigente el llamado a las organizaciones obreras y populares a organizar y desarrollar su movilización independiente, contra Vizcarra y contra el Congreso, enarbolando las banderas de lucha urgentes como es la prohibición de los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta; reposición de todos los despedidos; salario mínimo universal mientras dure la emergencia; pruebas moleculares masivas, casa por casa; medicinas y oxígeno gratuitos para la población que lo requiere; por un impuesto a la riqueza para financiar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. Cuarentena con salario, comida y medicinas para detener el avance del virus.

¡NI CON VIZCARRA NI CON EL CONGRESO! ¡LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO POBRE NECESITAN ORGANIZAR SU MOVILIZACIÓN INDEPENDIENTE PARA IMPONER SU PROPIA AGENDA DE LUCHA!

Foto: Expreso

Lima, 14 de septiembre de 2020

Los trabajadores y trabajadoras del país asistimos a un nuevo show protagonizado por el gobierno y el congreso: la moción de vacancia presentada contra Vizcarra, a partir de la publicación de tres audios relacionados al caso “Richard Swing”.
El show, armado por un sector de los partidos presentes en el Congreso, pone en evidencia la puja de los diversos partidos del régimen – todos embarrados por casos de corrupción – por posicionarse de cara al inicio del proceso electoral que culminará en las elecciones generales de 2021. Justo cuando los contagios en las fábricas y minas del país, así como las muertes (más de 65 mil muertes atribuibles al COVID) no cesan, y los despidos en diversas empresas son pan de cada día.

Por eso es urgente preguntarnos ¿Cuál es la postura que debemos adoptar para defender los intereses genuinos de la clase trabajadora?

LOS PARTIDOS DEL CONGRESO ESTÁN DE CACERÍA

Las verdaderas intenciones de los partidos congreso distan mucho de querer moralizar al país. Cada uno de ellos tiene sus propios casos de corrupción, y resultan ser tan o más impresentables que el propio gobierno.
¿Entonces qué pretenden? Mientras la posibilidad de que la vacancia prospere pierde fuerza, la aventura iniciada por Alarcón parece un sin sentido. Sin embargo, desde el punto de vista electoral, el intento de vacancia puede ser muy bien capitalizado, al desmarcarse completamente del gobierno y su política genocida frente a la pandemia.
Es una táctica que esos mismos sectores del congreso ya han utilizado al votar leyes como las de las AFP’s y la ONP, ganándoles algunas simpatías.
Sin embargo, en lo fundamental, el Congreso ha sido cómplice de la política de Vizcarra frente a la pandemia y frente a la ola de despidos que recorre el país.

VIZCARRA QUIERE RECUPERAR FUERZA

Por su parte, Vizcarra quiere utilizar esta coyuntura para recuperar la popularidad perdida por el evidente fracaso de su política frente a la pandemia. Y el Congreso – su piñata favorita – se ha vuelto a poner en la mira.
Vizcarra quiere que olvidemos que él es el principal responsable de las muertes y crecientes contagios que padecemos quienes no tenemos otra forma de garantizar nuestra subsistencia que saliendo a trabajar.
Con el reinicio de las actividades productivas, en único interés de la explotación capitalista, Vizcarra abrió las puertas de par en par a los contagios y muertes, llevándonos a un verdadero genocidio.
Por otra parte, fue él quien permitió la suspensión perfecta de labores y la entrega de varios miles de millones de soles a la banca privada, mientras otorgaba mal, tarde – y muchas veces nunca – bonos miserables que no han servido para palear los gastos de millones de familias.
Por eso el pueblo trabajador no tiene nada que hacer corriendo en apoyo de Vizcarra.

LA IZQUIERDA APOYA – UNA VEZ MÁS – AL GOBIERNO

Para variar, las organizaciones que se dicen de izquierda, como el Frente Amplio (FA) que está en el Congreso, o Nuevo Perú (NP) que pretende encabezar una lista “de izquierda” en 2021, han terminado en la tribuna del gobierno.
Levantando una supuesta amenaza contra la “democracia”, estas organizaciones se han posicionado con el gobierno, no solo pasando por agua tibia las acusaciones que se le imputan, sino que colocando su presencia en las organizaciones populares al servicio de defender al gobierno.
Con esto, una vez más, pintan al enemigo como amigo, e hipotecan su independencia a Vizcarra. Tal como hicieron el año pasado ante el cierre del congreso. Solo para terminar siendo vapuleados por el propio Vizcarra y por la población en las urnas.
Sin embargo la consecuencia más peligrosa de esa política es que confunden a la clase trabajadora, y la desarman antes sus enemigos.

NECESITAMOS MOVILIZARNOS PARA PONER POR DELANTE LA AGENDA DE LA CLASE OBRERA Y EL PUEBLO POBRE

En esta coyuntura, es crucial para los trabajadores y trabajadoras defender su independencia. Lo decimos fuerte y claro: NO DEFENDEMOS A VIZCARRA, RESPONSABLE DEL GENOCIDIO QUE PADECE HOY EL PUEBLO POBRE, Y RESPONSABLE DE LOS DESPIDOS QUE RECORREN EL PAÍS. TAMPOCO APOYAMOS A VACANCIA INTERESADA QUE IMPULSAN LOS PARTIDOS DEL CONGRESO.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores, llamamos a las organizaciones obreras y populares a organizar y desarrollar su movilización independiente, contra Vizcarra y contra el Congreso, para que se atiendan las necesidades urgentes: Prohibición de despidos y ceses colectivos. Reposición de todas las personas despedidas. Fin a la suspensión perfecta de labores. Salario mínimo universal mientras dura la emergencia. Pruebas moleculares masivas, casa por casa. Medicinas y oxígeno gratuitos para la población que lo requiere. Impuesto a la riqueza para financiar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. Cuarentena con salario, comida y medicinas para detener el avance del virus.
Demandas que solo podremos imponer con nuestra lucha, derrotando la política genocida de Vizcarra-CONFIEP y el congreso cómplice.

En ese marco, exigimos que las direcciones de las centrales sindicales, como la CGTP, rompan su política de conciliación con el gobierno, salgan del acuerdo nacional y del consejo nacional del trabajo, y se pongan a la cabeza de convocar un paro nacional que aglutine todas las luchas de los trabajadores y el pueblo. Está en sus manos facilitar una respuesta unitaria, independiente y nacional de la clase obrera y el pueblo pobre en defensa de su vida y su trabajo.

¡PARO NACIONAL PARA DEFENDER LA VIDA Y EL TRABAJO!
¡QUE SE VAYAN TODOS!

¿En verdad es “clave” reactivar la minería?

Escribe Víctor Montes

En el marco de la política de “reactivación económica” impuesta por Vizcarra, política que ha provocado el incremento de los contagios en todo el país, una idea ha sido colocada en la agenda: “es necesario poner a funcionar las minas del país y destrabar la inversión minera para que la economía peruana salga a flote”. ¿Realmente es así?

Cateriano, durante los pocos días que ejerció el premierato, retomó un mantra conocido para intentar justificar la postura del gobierno frente al reinicio de las actividades y concesiones mineras: el Perú es un país minero.

Sin embargo, dicho discurso no se ajusta a la verdad. Por el contrario, lo que pretenden con esa idea es reforzar la ubicación del país como exportador de materias primas en la división mundial del trabajo, el único beneficio del gran capital transnacional.

Esta ubicación fue impuesta por el imperialismo y aceptada por los patrones “nacionales”, quienes pasaron a ser “socios menores” de las transnacionales mineras, a principios de los noventa.

Ha sido esta ubicación la que les llenó los bolsillos entre 2003 y 2012, cuando los precios de los minerales subieron exponencialmente, dando pie al mito del “milagro peruano”.

No hubo milagro sino saqueo

Sin embargo la llegada de la pandemia de Covid19 mostró el verdadero rostro de ese “milagro”: el país sigue siendo un mendigo, en el que el 21% de la población era pobre y un 30% más estaba “en peligro” de “volver” a la pobreza (INEI 2019). El 75% de los trabajadores y trabajadoras es informal. El sistema de salud está desfinanciado y colapsado. El 50% de los hogares no tiene refrigerador. Aproximadamente 30% de la población no tenía acceso al agua potable.

¿A dónde fue la riqueza?

Esto porque mientras las grandes mineras se llevaron las riquezas del país a manos llenas, el pueblo trabajador apenas conoció migajas y “fuegos artificiales”.

El Perú tiene una enorme riqueza minera. El país tiene la primera reserva mundial de plata. La segunda de cobre y molibdeno. La cuarta de plomo. La quinta de zinc. La sétima de oro y la novena de estaño.

Sucede que el modelo económico neoliberal impuesto en el país permite que las grandes mineras se lleven nuestras riquezas a manos llenas, mientras nos dejan algunas migajas.

Durante estos años, la producción minera ha representado en promedio el 10% del PBI anual y el 60% de los ingresos provenientes de las exportaciones.

Sin embargo su aporte al fisco en forma de impuestos –único dinero que puede percibir el Estado por la explotación minera, debido a que este sector se encuentra 100% en manos privadas–, resulta mínimo. En el 2007, cuando la producción minera se encontraba al tope en el marco del “boom” de los precios de las materias primas, la tributación minera alcanzó el 3,1% del PBI. Hoy bordea el 1% del PBI.

Entre otras cosas, porque las mineras acceden al beneficio de la devolución anual del IGV por ser empresas exportadores. Beneficio que ha provocado que en 2016 se devolviera a las mineras más dinero del que tributaron. Mientras en 2017 se devolvió 88 soles por cada 100 tributado al Estado.

Por todas estas razones, la reactivación de la minería, o el ingreso de nuevas inversiones, tiene por único objetivo que las transnacionales retomen sus ganancias.

Una trampa mortal

Pero en el contexto de la pandemia, esta conclusión pone en evidencia un hecho aún más terrible: el gobierno está dispuesto a que se extiendan los contagios de los trabajadores y trabajadores mineras, de sus familias, con el único propósito de permitir que las mineras vuelvan a hacer dinero con nuestros recursos.

700 trabajadores mineros infectados en Marsa (La Libertad), sin que la empresa tome medidas para hacer frente a los contagios, prueban que para las mineras la salud y vida de los trabajadores no valen nada.

La clase obrera debe rodear de solidaridad la lucha de los mineros de Marsa, que han parado sus labores denunciando la inacción de la empresa ante la expansión de la enfermedad, y levantar las banderas de una cuarentena general, con salario, comida y medicinas garantizadas por el Estado, como única salida frente a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

Exceso de muertes confirman plan genocida

Foto: Ernesto Benavides/Agence France-Presse

Escribe Mauricio Meca

Basándose en las cifras oficiales, el Perú se ha convertido en el primer país con la mayor tasa de mortalidad por covid en el mundo (28 mil decesos) superando así al Brasil de Bolsonaro y a los EE.UU. de Trump; ambos acusados por distintos sectores políticos de genocidas.

Brasil tiene 208 millones de habitantes y el Perú 32 millones, sin embargo a pesar de los más de 100 mil fallecidos, su tasa de mortalidad es menor que la nuestra, es decir por cada millón de habitantes en Brasil murieron 560 y en el Perú 870. Cabe resaltar que esta información toma en cuenta las cifras oficiales más no el registro de Sinadef, donde existe un exceso de 60 mil fallecidos durante los meses de la pandemia en comparación con los muertos en los mismos meses de años anteriores. De esta información el Minsa reconoce solo 28 mil por muerte de covid y los restantes se pueden considerar como sospechosos hasta que actualice los datos.

Foto: RTVE.ES

Por esta terrible cifra a Bolsonaro lo acusan de genocida, es así que 60 organizaciones, entre ellas profesionales de la salud, presentaron demandas a la Corte Penal Internacional para juzgarlo, al mismo tiempo que el hambre, el desempleo y las muertes han empezado a volcar masivamente a las calles a los brasileños con la consigna ¡Fuera Bolsonaro!

Los gestos populistas de Vizcarra y sus formas más diplomáticas y sofisticadas distan de la actitud de Bolsonaro, pero causan más muertes. Por supuesto nadie se escandaliza (la prensa, el Congreso), ni culpa a Vizcarra de genocida, ni mucho menos vemos a la dirección de la CGTP y a los grupos de la izquierda reformista pidiendo que se largue.

Vizcarra, al igual que Bolsonaro y Trump, representa los intereses de los ricos, solo con estilo diferente. Aquí el gobierno es cuestionado pero no por convertir el país en un panteón, sino por no acelerar y dar más beneficios a la patronal que exige imponer proyectos de inversión y más facilidades para explotar y despedir a los trabajadores. Por supuesto, a la Confiep poco le importa que los contagios y las muertes aumenten, al igual que la burguesía brasileña y norteamericana no desean una cuarentena que impida mover las fábricas y las minas; su prioridad son los negocios.

Crímenes de lesa humanidad

Han existido medidas que nos han llevado a esta situación: la imposición de una cuarentena con hambre y represión, la entrega de bonos miserables, la decisión de no volcar recursos para financiar la emergencia sino para las grandes empresas. Tampoco se garantizó mascarillas, alcohol, pruebas, medicinas, oxigeno, atención médica gratuita. Se permitió el abuso de las clínicas privadas en lugar de nacionalizarlas. Se ha dejado sin protección de bioseguridad al personal de salud.

Asimismo, la interrupción de los servicios de salud de rutina que han constituido una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipertensión, etc., engrosando los excesos de muertes por el abandono del gobierno.

Esta desidia ha empujado a la población a buscar salidas basadas en la desesperación y el desconocimiento y los deja a merced de automedicarse. Y está causando etnocidio de los pueblos originarios.

Por estas razones Vizcarra hoy es el mayor sepulturero de América Latina, y quizás del mundo.

COLAPSADO: En el hospital Honorio Delgado de Arequipa faltan 300 personas, entre médicos, enfermeras y técnicos, para atender pacientes Covid-19.

Aviso para navegantes

En casi 200 años de la República del Perú no hubo tantos muertos en tan corto tiempo. Ni durante la guerra con Chile, que duró 5 años y fallecieron cerca de 18 mil. Ni durante conflicto armado interno que duro 20 años y se estima como máximo 77 mil, entre muertos y desaparecidos. Vivimos un verdadero genocidio, donde la principal causa no es el covid sino la política de privilegiar los intereses de la clase empresarial contra los de las grandes mayorías.

El gobierno y la Confiep nos han demostrado que la fosa común a la que nos empujan puede ser más profunda. Además que reprimen cuando salimos a protestar, como lo hicieron con los hermanos indígenas de Loreto el 9 de agosto. Estamos alertados: ellos o nosotros.

Gobierno y el empresariado impulsan un plan de genocidio

Urge un Plan de lucha para detenerlo

Con el reinicio de actividades desde julio decretado por el gobierno y el abandono de la lucha contra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras región en una ola creciente de contagios, una secuela de miles de enfermos y muchos de estos que clamaron sin éxito por una atención médica primaria o por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muertos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando los muertos ya sobrepasaban los 47,000. 

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, fue para esconder el previsible impacto de un reinicio de actividades económicas antes de tiempo, es decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, y así justificar esta medida que solo sirve a los apetitos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El gobierno impuso como prioridad la reanudación de los negocios por encima de la vida de las personas, especialmente los grandes proyectos mineros que fueron los defendidos por el ex premier Cateriano en su fallida presentación ante el Congreso, quedando al descubierto su plan de llevarnos a un contagio general y por esa vía a un verdadero genocidio.

Con nuevo gabinete la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la pandemia elevó el número de contagios y muertes a niveles de alarma nacional colocando al Perú como el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo.

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que fue aprobado por el Congreso, la política del gobierno sigue siendo esencialmente la misma medida.

Desastres nacionales son producto de la política del gobierno

En la actualidad la población nacional es víctima de dos grandes calamidades: la pandemia y el empobrecimiento popular, y en ambos casos el causante es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno decretó una cuarentena completamente desligada de una estrategia de contención que tendría que haber incluido detección masiva de contagios y aislamiento con atención médica oportuna y condiciones sanitarias de mercados, transporte y centros de trabajo; ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitalarias ni los equipos de protección a médicos y enfermeras que se enferman y mueren en la primera línea de esta batalla.

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin brindar los medios de subsistencia para millones de trabajadores que fueron privados de sus fuentes de ingresos por más de cuatro meses sin compensación o apoyo económico, situación inútilmente compensada con unos bonos que muy pocos conocen y víveres otorgados al comienzo solo para la fotografía.

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor desastre fue por el aislamiento voluntario de muchas familias, aunque en condiciones poco o nada sostenibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal como el coronavirus hace imprescindible una cuarentena, pero no en los términos planteados por el gobierno de una cuarentena de hambre y complemente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de actividades la política de Vizcarra nos está enrumbando directamente hacia un verdadero genocidio y a una profundización de la pobreza donde no será posible diferenciar entre muertes por covid y muertes por hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el aislamiento social los días domingo, una medida totalmente ineficaz para detener la ola de contagios que se produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino durante el trabajo y en el sistema de “camas calientes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere ver más muertos antes que cortar la acumulación de ganancias de los empresarios.

Plan de Vizcarra se centra en el rescate empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de créditos con aval del Estado, y defender una reactivación de la economía de los explotadores, no soluciona la economía popular y solo agrava la pandemia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos para el país, en esta época de pandemia y recesión mundial y con una flexibilización de las obligaciones de las empresas, tendrán un impacto económico insignificante; en cambio el daño en trabajadores contagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va exactamente en sentido contrario. En sentido contrario incluso de sus anuncios en las primeras semanas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a la riqueza.

Incluso el Estado de Emergencia decretado para combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instrumento de represión de las luchas populares. Ya no se persigue la aglomeración de gente en previsión de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que crece y se difunde a nivel nacional como una reacción de supervivencia.

Por un verdadero plan  para detener el genocidio

Las medidas aisladas de la población pueden justificarse por la desesperación ante el abandono del Estado, pero la verdadera solución, aquella que es indispensable y en la que debemos centrar todas nuestras fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indispensables para defender la vida de la población:

•     Detener la expansión de los contagios con medidas de aislamiento y cuarentena;

•     Ubicar a los contagiados mediante la aplicación masiva de pruebas moleculares y no pruebas rápidas que dan falsos negativos.

•     Brindar atención médica primaria oportuna, con medicinas para todos los enfermos a nivel nacional sin excepciones;

•     Brindar atención hospitalaria a todos los enfermos avanzados y cuidados intensivos para todos los agravados, y no dejar que ningún ser humano muera por falta de oxígeno;

•     Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los aislados con un salario universal;

•     Asegurar las condiciones sanitarias de los servicios públicos como centros médicos, mercados y el transporte masivo, junto con los equipos de protección personal adecuados, y

•     No dejar de lado una solución de vivienda para toda la población que vive en condiciones de hacinamiento y expuesta a contagios en masa.

El conjunto de acciones arriba mencionadas no estaría completo sin impuestos a la riqueza en las proporciones que se requiera para enfrentar la crisis, y expropiación o control públicos de la provisión de bienes y servicios indispensables dentro del plan como medicinas, servicios de salud, equipos de protección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la economía, sobre todo en las condiciones de precariedad sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfacer a las empresas, solo ha provocado un terrible rebrote de las cifras de contagios, enfermos y muertos covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas en este terreno, además de la cuarentena para todas las actividades económicas no esenciales, tienen que incluir la reposición de despedidos con remuneración y todos sus derechos incluyendo el seguro médico y beneficios sociales, la eliminación de la suspensión perfecta de labores, y un salario universal a todos los trabajadores del sector informal, esta última incluso es una medida sugerida por organismos internacionales como la Cepal.

Una salida de los trabajadores  y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar matanza y evitar que millones de personas se hundan en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni de los partidos de oposición. Estos protagonizarán incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas organizando una lucha nacional para imponer la solución al actual desastre nacional, en el plazo más urgente y no para las elecciones.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de disputar la dirección de los destinos de la nación como una manera indispensable para asegurar un futuro sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

El apoyo político de Vizcarra

Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del impacto popular que tuvieron sus primeras iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte también por la desesperación y búsqueda de salidas individuales o aisladas de la población. Los bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y AFP fueron asumidos como una “solución” cuando se creía que la cuarentena podía durar dos o cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo contrario.

Pero lo que más beneficia al gobierno es la actitud cómplice de direcciones políticas burguesas, proempresariales y hasta reformistas de izquierda.

Todos ellos exhiben una total bancarrota política y programática frente al actual drama nacional que teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia con la mortandad más grande de toda su historia, pues no plantean un rumbo diferente al genocidio que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una frivolidad sin límites, centran sus acciones y cálculos en la perspectiva de las próximas elecciones.

Bancarrota de los partidos electoreros o sepultureros

Para los capitalistas y políticos burgueses, e inclusive para políticos de izquierda “realistas” todo esto es imposible, pero no porque no se pueda realizar sino únicamente porque para financiar un plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la bonanza económica, aquella que es la causante de otros grandes males como el achicamiento del Estado y la calamidad del sistema de salud, de la educación, del transporte público, del sistema de jubilación, etc.

Lo consideran imposible porque no quieren ir en contra del actual estado de cosas impuesto con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre con la desesperación del pueblo, donde capitalistas como aves de rapiña pueden enriquecerse legalmente provocando carestías y encareciendo medicinas, oxígeno, atención médica privada, servicios básicos como el de telefonía y electricidad, y los más grandes buitres del sistema financiero.

Nuestras vidas antes que sus ganancias

EDITORIAL

Las prioridades del gobierno es combatir la pandemia, reiteró el nuevo Primer ministro Walter Martos en su presentación ante el Congreso, y recibió el aplauso y el voto casi unánime de las diferentes bancadas. Pero al mismo tiempo, el gobierno se enfoca en acelerar las actividades económicas, que es la que está empujando la masificación de los contagios y las muertes en estos días.

Es evidente que nunca como ahora la palabra se desvalorizó tanto y el cinismo fue elevado a lengua oficial. Mientras todos desde arriba nos dicen lo mismo, y hasta se conmueven, en la práctica promueven políticas que invariablemente provocan la actual catástrofe que vive el país. Vizcarra viaja a Arequipa llevando algunas camas y se luce ante la prensa como quien lidia contra la pandemia, pero la región, al igual que el resto del país, sigue igual con enfermos amontonados en carpas y gente gritando por oxígeno.

La Sociedad Nacional de Industrias impulsa el programa Respira Perú y lleva oxígeno a algunas regiones rodeado de prensa y TV; pero al mismo tiempo sus honorables socios dejan sin salarios a 270 mil trabajadores (con la figura de suspensión perfecta), arrojan a la calle a muchos más y “reactivan” sus negocios al caballazo, vulnerando la situación de millones de trabajadores. En los lugares de trabajo se habla todo el tiempo de evitar los contagios, pero la realidad es que ellos se masifican y causan muertes, incluso en las modernas y poderosas mineras como Marsa.

El grupo Inkafarma dona una planta de oxígeno al Hospital Cayetano Heredia, mientras usa su condición de oligopolio para acaparar y multiplicar los precios de medicamentos para tratar el Covid 19, lucrando como rapiña sobre las urgencias de gente desesperada.

Todos estos señores, que dicen trabajar contra la pandemia, en realidad se enfocan en reactivar los negocios, nos arrean al contagio desde la comodidad de sus casas. El señor Vega Alvear, empresario y presidente del Comité Multisectorial de Reactivación, que enojado reclama a cada rato por la lentitud de la reapertura y por las tibias restricciones que establece el Estado, habla desde su residencia sin siquiera sacarse las pantuflas. Los Benavides de la Quintana, Rodríguez Pastor, Belmont…, también desde sus residencias y por vía remota dan directivas para acelerar las actividades de sus minas y fábricas, sin por ello dejar de hablar de su lucha contra la pandemia y hasta se dan tiempo para colocar un donativo por aquí y otro por allá. Sus operadores: ministros, congresistas, funcionarios públicos, capataces de planta y secretarias ejecutivas, lucen condiciones privilegiadas para protegerse, y en caso de contagio disponen de clínicas privadas y hasta de un seguro de vida.

Pero, en cambio, los millones de trabajadores solo tenemos asegurado el pasaporte al contagio, a la muerte y con ellos el desamparo de nuestras familias.

Salvar la vida y la salud de los millones de trabajadores significa que así como el señor Belmont está seguro en su casa, los obreros de la Corporación Trébol-Celima también deberían estar seguros en sus casas. Y que al 75% de peruanos “independientes” se les asegure un salario básico para que también puedan hacerlo. Las Naciones Unidas (ONU), que es la máxima institución de todos los gobiernos del mundo y que nadie puede señalar ni por asomo como de “izquierda”, recomienda la entrega de ese salario básico para cada habitante. Pero no lo hacen, mostrando que hasta en eso hay mezquindad, la misma que muestran los empresarios cuando negocian centavos en los pliegos de reclamos.

Todos estos señores arguyen: son indispensables atender tanto la salud y la economía, diciendo que la economía brinda los recursos para combatir la pandemia. Repiten lo mismo los más versados periodistas críticos de Vizcarra. Pero la ONU, en el mismo informe, dice que no hay disyuntiva entre economía o salud porque la salud es primero, y recuerda las experiencias de China y Europa que primero controlaron la pandemia y después abrieron de manera gradual sus economías. Y aquí se hace exactamente lo contrario.

Algunos expertos vienen destapando la verdad. Waldo Mendoza, economista de la PUCP, dice que fue un grave error levantar la cuarentena porque hemos retrocedido al nivel que teníamos hace cuatro meses, con contagios y muertes multiplicándose a un promedio explosivo, y que las principales víctimas son los trabajadores que retornaron. Y advierte: “tal como lo estamos haciendo ahora, no hay futuro”.

¿Por qué para todos los de arriba la “economía” es más importante? Porque son propietarios de las fábricas, minas y comercios. Todo esto es “su” capital. La razón de ser del capital es producir ganancia, su parálisis significa pérdidas. El nuestro, se quiera ver o no, es un sistema organizado sobre bases capitalistas. Por eso, para los empresarios, y sus periodistas que viven de la mano que les da de comer, primero es la producción y después la vida de los trabajadores. Por eso mismo el gobierno, que también es suyo, lo asiste con toneladas de dinero mientras entrega migajas para enfrentar la pandemia. Tan prioritaria es la producción de ganancia que, incluso, rebajan al mínimo las restricciones sanitarias e imponen infernales jornadas de trabajo con la finalidad de producir al máximo, con los resultados que estamos viendo.

Si las grandes empresas no esenciales dejarán de producir por algunas semanas mientras se contiene la pandemia, asegurando salarios y derechos, muchas vidas se salvarían, y podrían volver a operar después, a cuenta de los gigantescos recursos que poseen. Pero el capital no se guía por deberes morales sino por la simple ley de la ganancia que no duerme ni descansa un minuto.

Pocas veces en el pasado hemos estado confrontados a la enorme contradicción que nos fuerza a entregar nuestra vida y salud para garantizar la ganancia del patrón, como ocurría en la época de la esclavitud. Pero ésta es la condición obrera bajo el capitalismo y ahora podemos vivirla en toda su brutalidad motivado por la grave crisis del Covid 19.

Por ello, diga lo que diga el gobierno, los partidos de la burguesía, la llamada izquierda del régimen y hasta los curas desde sus púlpitos, todos, mientras sigan hablando de “reactivación” estarán priorizando los negocios capitalistas sobre la vida, por más que hagan algo contra la pandemia, donaciones y congojas incluidas.

Por eso el PST y la LIT-CI nos posicionamos de manera clara y transparente ante el terrible drama que vive nuestro pueblo y los pueblos del mundo: estamos por defender la vida primero, y estamos en contra de priorizar sobre ella la ganancia capitalista, aplicando todas las medidas que sean necesarias, entre ellas dejar de mover las actividades que no son esenciales, y usar todos los recursos que están disponibles en las enormes riquezas que concentran un puñado de capitalistas.

¡No queremos sus dádivas mientras nos meten a una moledora de carne humana! ¡Rechazamos sus discursos hipócritas, sus ofrecimientos miserables y sus golpes de pecho, mientras se enfocan en salvar los negocios capitalistas y nos arrean al contagio y a la muerte!

Para ellos, se trata de la vida de obreros y de gente pobre que consideran descartables. Para nosotros, contra los parásitos capitalistas, se trata no solo de la vida de seres humanos, sino de la verdadera fuerza productora y progresista de la nación y de su futuro.

Necesitamos desde la universidad los máximos recursos para enfrentar esta pandemia

Corriente Estudiantil Obrera (CEO)

Desde que comenzó el anuncio de la emergencia sanitaria, las autoridades de San marcos, así como en muchas otras universidades públicas, no han hecho mas que priorizar, sin ningún escrúpulo, asuntos ajenos a la problemática que aquejan no solo a muchos estudiantes y trabajadores de la universidad, sino también a toda la población en general quienes hoy más que nunca necesitan recibir el aporte que puede dar San Marcos como las demás universidades en torno a la lucha contra la pandemia y sus nefastas consecuencias.

La verdadera prioridad de las autoridades

Desde el gobierno universitario y el decanato de las distintas facultades, no se ha mostrado una verdadera preocupación ni por el combate a la desigualdad en la educación superior ni por el aporte social a través de los recursos logísticos, económicos y humanos que tanta falta hace para encarar esta pandemia, y así mostrar y cumplir el gran rol social que tiene nuestra casa de estudio. Toda esa deficiencia se puede ver en la incesante lucha de los residentes externos por una ayuda en el tema de la alimentación, salud y vivienda, en la lucha de los trabajadores de San Marcos y de otras universidades por sus demandas aplazadas y, en la poca participación de las universidades en los problemas sociales agudizados por la pandemia. Y ni que hablar de la tardía e insuficiente ayuda a los estudiantes con la entrega de los modems y chips para el acceso a internet y por ende a las clases virtuales que ya comenzaron hace un mes aproximadamente, en donde muchos ya tuvieron que reservar o anular su matrícula.

No obstante, donde si ha habido un real interés por parte de las autoridades ha sido en la afectación de los Recursos Directamente Recaudados (Recursos de la privatización, causante de las disputas y corrupción dentro de las universidades) que, sin duda alguna, se ha visto afectada tal como lo expresó hace semanas una autoridad de la misma universidad. Asimismo, otra de las preocupaciones, ha sido el mantenimiento de los mandatos y la ejecución de un Reglamento disciplinario que indudablemente necesitan para consumar la criminalización de la protesta, puesto que la ley universitaria 30220 ya la sanciona. Solo basta ver su artículo 10 en la cual se condena “los actos de violencia física o moral” y “la inviolabilidad” de los locales de la universidad.

Las limitaciones de muchas direcciones gremiales

Lo que está pasando dentro de la universidad no debe ser razón para obviar lo que está sucediendo fuera de esta. Sin embargo, este es un error que cometen muchos dirigentes honestos y  luchadores. Tan es así que se puede evidenciar en sus exigencias y pronunciamientos de cara a la comunidad universitaria. Estamos viviendo tiempo de crisis en todos los ámbitos sociales. Nuestras demandas no pueden reducirse solo a la solución de los problemas internos de la universidad. Tienen que volcarse y vincularse también a las demandas externas. O sea exigir, por ejemplo, desde la universidad y desde sus posibilidades, un verdadero plan integral de cara a volcar la máxima ayuda frente a los problemas que está atravesando el país, así como poner al servicio los recursos humanos para atender a los pacientes que tienen el covid-19 y también las demás enfermedades que, en muchas ocasiones, están siendo desatendidas; habilitar y ampliar las instalaciones de la universidad para que sea un centro de atención más; volcar más recursos a la investigación; etc.

Pues, como ya se ha evidenciado, el gobierno de Vizcarra tiene la orientación de volcar la crisis hacia las masas populares, es decir,  hacia las familias de miles de estudiantes. Quienes seguramente en el transcurso de toda esta pandemia acumularán una serie de problemas que podría afectarse aún más de lo que ya han sido afectadas hoy en día. Hace falta promover esa discusión y levantar una plataforma más acorde al terrible contexto que estamos viviendo. No será nada fácil resistir los golpes de esta pandemia conforme vayan pasando los días, ni lo será después de esta. De ahí, la necesidad, por parte de las autoridades, de imponer un Reglamento de Procesos Disciplinario en la universidad y, a nivel nacional, de imponer un patrullaje policial constante para reprimir aún más las luchas que surgirán más adelante. Ellos saben muy bien que más adelante no habrá una mejor situación. Vendrán luchas como la de Espinar. Y nosotros tendremos que enfrentarlo con nuestras organizaciones.

Organización desde la virtualidad

Por eso afirmamos que el camino continúa siendo el de la organización para solucionar las demandas más concretas de los estudiantes y también los problemas sociales del país que se han agudizado más. Es en ese sentido que tenemos que promover espacios de articulación (hoy virtuales) desde las bases para hacer sentir que cada estudiante forma parte de cada medida que se impulsa. Un ejemplo de una buena muestra de esto ha sido la acción de compañeros de la base 20 de la Facultad de ciencias sociales, quienes han recopilado información de estudiantes de su base y, a su vez, han organizado un video mostrando la nula ayuda a ese sector del estudiantado. Una gran iniciativa a imitar para todos los dirigentes de base.

Así como estos compañeros, tenemos que utilizar al máximo todas las herramientas tecnológicas para difundir la situación de la educación superior y del país, a fin de concientizar sobre la necesidad de prepararnos para enfrentar los problemas no solo de la universidad sino también del país. Pues, no podemos obviar lo que está pasando fuera de la universidad. Estamos siendo testigo de una de las mayores crisis de la historia de la humanidad y tenemos que actuar como tal. No podemos permitir más abandono a los sectores más vulnerables. Tenemos que promover la organización y la unidad de los trabajadores y estudiantes por un mayor presupuesto para los servicios básicos y por ende mejores condiciones para el estudio, el trabajo y el aislamiento social y así evitar la expansión del covid-19.

¡Por un plan integral al servicio de la sociedad!

¡Por alimentación, salud y vivienda para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por una organización desde las bases!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes!