Costo de privatización de la salud lo pagan nuestras vidas


La “nueva normalidad” de Vizcarra se expresa en una “disputa” de nuevas regiones como epicentros del covid-19.

Por Mauricio Meca

Entramos a la temporada de invierno y la ciudad arequipeña registra una temperatura mínima de casi 6°C, y sus noches no solo han empezado a ser más frías sino también más tristes, pues Arequipa y el sur se han convertido en los nuevos epicentros del coronavirus.

Las escenas de dolor y angustia donde las personas arman sus propias carpas en los patios de los hospitales para luego fallecer por la deficiente atención o por falta de oxígeno, son las mismas que ya hemos visto en Loreto, en el norte del país, en Lima y en el Callao.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) registró 276 muertos por covid en el mes de junio. Por otra parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) informó que la cifra total de fallecidos en ese mismo mes fue de 1152, casi el doble a la del año pasado (577). El exceso de muertos está vinculado al covid.

Covid + heladas

El drama recién empieza con la temporada de heladas. Las heladas duran aproximadamente cinco meses, donde junio y julio suelen ser los más fríos (en algunas zonas la temperatura desciende a -13° C).

Las heladas traen un aumento de gripes y neumonías debido a los bajos sistemas inmunológicos (vinculados a anemia y desnutrición) y el mal estado de los hogares (pisos de tierra, paredes de adobe, techos de paja o calamina por donde se filtra el frío en las amanecidas). El uso de leña dentro de las casas para cocinar y como calefacción, también causa grave daño a los pulmones. En el 2018, cuando no había covid, casi medio millón de personas fueron afectadas por las heladas y 700 muertos por neumonía (hasta mediados de julio).

En otras palabras, producto del hambre y la miseria en la que se vive en estas regiones, cientos de personas, en especial ancianos y niños, mueren todos los años como consecuencia de las heladas.

Plan neoliberal…la verdadera amenaza

Pero ni el covid ni las heladas, en sí mismos, son factores determinantes para que se agraven las cifras de decesos, sino la política neoliberal aplicada por todos los gobiernos hasta el actual, los que colocaron al país de rodillas al capital, sobre todo extranjero, convirtiéndola en una economía extractiva y exportadora de materias
primas, como el gas de Camisea.

Por cierto, el gas de Camisea se ha orientado principalmente a la exportación durante más de 16 años, enriqueciendo a trasnacionales y corruptos, mientras se priva al sur de este recurso como fuente de energía para no morir del frío y de neumonía.

Bajo este mismo plan, en más de una ocasión, han intentado imponer a sangre y fuego el proyecto Tía María de Southern, empresa que ahora se quiere lavar la cara instalando plantas de oxígeno en el sur, mostrando que sí es posible abastecerlo. Lo que falta es expropiar las plantas de oxígeno industrial de Southern.

Con ese plan también han privatizado la salud, impidiendo que haya más presupuesto para el sector y permitiendo la formación de monopolios y oligopolios como Seguros Pacífico, Inkafarma, Linde, que se expresan en sus cobros excesivos.

El plan instaurado hace 30 años es el que no permite tocarles ni un pelo por estos abusos mientras pagamos con nuestras vidas sus efectos.

La pandemia y la crisis económica están borrando el maquillaje de prosperidad e incrementando de golpe los índices de pobreza y extrema pobreza en el país.

Nacionalizar los monopolios de la salud

La falsa pose de “estatizar” las clínicas privadas de Vizcarra, que devino en un acuerdo favorable a ellas, no representa ninguna salida a la crisis pero reavivó el debate sobre su nacionalización y la necesidad de hacerlo sin indemnización, para colocar sus recursos al servicio de la emergencia, una bandera por la que debemos empezar la lucha para salvar nuestras vidas.

Por la misma razón, necesitamos sacar lecciones de las importantes luchas que se dieron en torno al gas de Camisea, y cómo la posición de la burocracia de la CGTP impidió esta conquista fundamental.
Necesitamos convencernos de que sí hay una salida, y planteamos desarrollar el debate y las coordinaciones en torno a estas propuestas.

Necesitamos poner en pie coordinaciones combativas y expresar en nuestras plataformas de lucha, junto a nuestras reivindicaciones, las demandas de la crisis sanitaria. Existe un temor legítimo que limita la participación masiva en las calles, pero tenemos motivos más que suficientes para expresar nuestra indignación por el abuso de los que usufructúan con la salud.

¡Un sistema de salud única, gratuita y de calidad!
¡Nacionalización de los monopolios de la salud!
¡Todos los recursos disponibles de la nación para la emergencia sanitaria!

Vizcarra Oxigena a monopolios de la salud y asfixia a los trabajadores y el pueblo

Por Mauricio Meca

Un balón de oxígeno de 10 m3 que costaba S/. 600, ha llegado a costar diez veces más. La azitromicina elevó su precio en 12 veces. Atenderse por covid en las clínicas cuesta entre 30 y 60 mil soles. Lo que era un problema sin la pandemia, ahora es un calvario para miles de familias, que ven como las empresas privadas monopolizan y lucran con los servicios de salud.

La economía de libre mercado muestra su verdadero rostro echando al traste todo lo que se dice de “responsabilidad social empresarial”. En un sistema económico donde solo importa el lucro y la explotación, no hay posibilidad de salvarse para los pobres. El cuadro más espeluznante lo vemos en los hospitales nacionales, que no tienen recursos ni para comprar o alquilar un balón de oxígeno, y donde un paciente debe esperar la muerte de otro con la esperanza de acceder a uno.

Fuente El Comercio – Pacientes al interperie en Hospital 2 de mayo

Mientras vivimos a diario esta realidad, el gobierno no está dispuesto a mover un dedo para cambiarla. Más bien elabora leyes para que las empresas sigan lucrando en plena emergencia. Para salvar la vida por el covid y no morir de hambre es una necesidad cambiar este modelo económico.

“Aire es lo que quiero, aire para vivir…”

Un viejo vals peruano titulado “fin de bohemio”, cuenta la historia de un paciente con tuberculosis que ha sido desahuciado por su médico. En su angustia por aferrarse a la vida, le ruega con voz vacilante al galeno lo siguiente: “Aire es lo que quiero, aire para vivir, […] no me lo niegues doctor, lo que hoy te pido, oxígeno a mi vida, oxígeno por Dios”. Con esas sencillas palabras podríamos retratar lo que pasa en la actualidad: una población infectada por el covid abandonada por un gobierno indolente que lo desahucia.

Hay soluciones. Podría fijar el precio y expropiar a las empresas que incumplan las disposiciones. Podría decretar la compra de todo el oxígeno producido por estas empresas y entregar gratuitamente los balones al pueblo que lo necesita. Podría decretar la reconversión de plantas, como en el caso de las mineras, para producción de oxígeno.

Fuente: France 24

En esa sentida súplica, también, escuchamos la voz de miles de peruanos que se han endeudado por comprar un balón de oxígeno para un ser querido. Se oye la voz quebrada de los que acuden desesperadamente a centros de recarga, entre 3 a 4 veces por semana, y hasta con 4 balones. El ruego de los que tienen que gastar entre S/. 15 a 200 soles por m3 de oxígeno y esperan horas y horas, incluso se amanecen haciendo largas colas por un escaso y costoso recurso. Se oye el llanto de quienes tienen que hacer colectas en el barrio o en la familia, porque el salario mínimo sigue siendo una miseria o, peor aún, ya no tienen trabajo…es un clamor por aire para vivir.

¿Quienes tienen el monopolio del oxigeno y a donde está orientada su producción?

La demanda de oxígeno aumentó en un 40% por covid (21,740 balones). Según el Premier esto excede la capacidad de producción de oxígeno en el país. Así también, la presidenta del Comando covid, dijo que el consumo actual es 216 toneladas de oxigeno por día y se proyecta que aumentara a 394. En ese escenario crítico, se ha hecho viral el dato de que hay dos empresas que tienen el monopolio del oxígeno en el país y que han elevado el precio, estas son: Linde Praxair con 82% de la producción de oxígeno a nivel nacional y Air Products con 18%.

Fuente: El Comercio

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo dice que el oxígeno industrial que tiene el mismo origen que el medicinal, es producido por estas dos empresas, sin embargo, este último es más requerido por las actividades mineras y tiene más demanda que el medicinal, y advierte que en el nuevo escenario de reactivación, podrían dar prioridad a la industria y no a la salud.

¿Pero no se puede hacer nada contra estos criminales?

En el artículo 61 de la Constitución de Fujimori señala que los monopolios no están prohibidos explícitamente, a lo sumo lo que puede sancionarse o regularse es el abuso monopólico y nada más. El carácter neoliberal de esta constitución ha facilitado la formación de monopolios y oligopolios en distintos sectores que tras 25 años se han consolidado y muchos dominan más del 70% de sus respectivos mercados: Backus, Alicorp, Gloria, etc. En salud tenemos al Grupo Intercorp dueña del 83% de las farmacias, y al oligopolio formado por 8 grupos que son dueños de todos los eslabones de la cadena de servicios de salud, donde destacan los grupos ligados al BCP y al BBV Continental.

El 2008 Indecopi abrió un proceso administrativo a las empresas que monopolizan la producción de oxígeno bajo el cargo de haber realizado prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de reparto de mercado. Indecopi las halló culpables por repartirse el mercado de Essalud y las sanciono con 21 millones, y ellas apelaron al Poder Judicial donde hasta ahora hubo un fallo definitivo producto del escándalo de su abuso en tiempo de pandemia.

El drama por oxigeno en Iquitos

La legislación nacional no le brinda poder para evaluar fusiones y adquisiciones a ningún ente del Estado. Lo que se sanciona a las empresas el abuso de la posición de dominio que por lo general se traduce en la especulación, es decir, en el acto de poner en venta bienes por encima del precio regular, el cual es un delito sancionado administrativamente con multa, y según el Código Penal es un delito que se castiga con cárcel no mayor a tres años. Sin embargo, no se aplica, porque necesita primero de un organismo que elabore una lista de productos de primera necesidad y que fije los precios de los productos de la lista, lo que no existe. Por ello, no se puede meter preso a nadie, la economía es de libre mercado y el precio no se puede fijar porque lo regula la oferta y la demanda. Y, además, contra todo esto están la Confiep y los títeres políticos que defienden sus intereses. Por esta razón también, organismos como la Defensoría del Pueblo recurren a las sanciones administrativas que no se cumplen porque las empresas apelan a las cortes.

Desde el Congreso se han encarpetado varias propuestas para impedir la formación de monopolios vía fusiones, y también desde el Ejecutivo y el MEF, bajo el sonsonete de que aleja las inversiones.

En materia de regulación, lo que hay es el D.U. 013-2019, emitido por Vizcarra el año pasado, que es un engaña muchachos. Ahí se menciona que cualquier empresa que se quiera fusionar con otra pasara por el filtro de Indecopi. Hasta ahí suena interesante, y muchos sectores de la izquierda reformista hasta lo apoya. Pero a continuación se dice que la supuesta regulación no va afectar a los monopolios ya consolidados, es decir todo seguiría igual. Lo peor fue que en plena pandemia postergó su ley hasta el 2021.

Lo nuevo es la recién aprobada ley del Congreso que aún falta pasar por la promulgación u observación del Ejecutivo. En ella se sanciona la especulación de precios, la adulteración de productos y servicios con pena privativa de la libertad que van desde 1 hasta 8 años según el delito. Sin embargo, el abogado penalista Luis Castillo Berrocal menciona que la reincorporación del delito de abuso de poder al Código Penal plantea una reforma sobre las competencias de Indecopi, ente que sanciona administrativamente, de lo contrario atenta contra el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa, por lo que sería inaplicable.

Foto: Redacción PST

Así, cada vez más los capitales que monopolizan los mercados, y rompen con sus principios de libre competencia, se valen del Estado para elaborar leyes que los beneficien y que no comprometan ni sus bienes ni su libertad si es que se ven amenazados como ahora.

No hay posibilidad de dotar de oxígeno, medicinas y atención médica a nuestras familias que agonizan sin quitarles la propiedad y los recursos que concentran y los coloquemos a disposición de un plan nacional para enfrentar la pandemia.

¿Entonces, no hay salidas?

Es un crimen que las empresas limiten el acceso de la población a los servicios de salud condicionado a tener dinero. Y es mucho peor que sea el Estado que lo defienda.

Para lavarse la cara el gobierno ha decretado de forma temporal el uso del oxígeno medicinal con una concentración no menor al 93%, y ha soltado casi 90 millones para financiar las contrataciones que se realicen para la compra y el suministro de oxígeno medicinal a nivel nacional. También emitió el D.U. 066-2020 que declara que la producción de oxigeno medicinal es prioridad por encima del oxígeno industrial, pero como señala la misma Defensoría del Pueblo, no garantiza que se cumpla. Así, cuando el premier menciona que no hay suficiente oxígeno y que van a comprar al exterior, es porque en realidad no quieren tocar los intereses empresariales cuando ahora la prioridad es la salud de la población.

Es posible cambiar el panorama en tanto dejemos este modelo criminal y nos deshagamos de un gobierno inepto que a pesar de haber sido advertido de la carencia del oxígeno no hizo nada.

Existen salidas, de forma inmediata, como:

  • Adecuar las plantas de oxígeno industrial para la producción de oxígeno medicinal, como la que tiene la minera Southern en Ilo, que puede entregar 20 toneladas semanales de oxígeno. O la que existe en La Oroya.
  • Se debe entregar gratuitamente los balones de oxígeno a la población que lo necesita.
  • Se debe ampliar el servicio de atención médica utilizando los establecimientos de las clínicas privadas.
  • Se debe reconvertir fábricas para la producción de materiales de bioseguridad para todo el personal de salud y la población pobre.
  • Se debe incorporar a los trabajadores que se quedaron sin empleos a estas plantas.

A redoblar esfuerzos por imponer estas medidas que deben sumarse a las demás que vienen planteando los trabajadores contra el hambre y por su derecho a vivir.

Salud: Colapsada desde antes del Covid-19

Por Mauricio Meca

Médicos con bolsas de plástico atendiendo durante la emergencia, hospitales sin balón de oxígeno, muertos en los pasillos de los nosocomios, personas que mueren en casa o en una cochera del hospital esperando ser atendidos y peor aun esperando se desocupe un respirador artificial, este es el escenario nacional que por medio de las redes sociales se denuncia a diario; pero para el ministro de salud, Zamora, no hay un colapso mientras puedan mover una cama.

En contraste a la realidad de los hospitales nacionales, el sector privado tiene pruebas moleculares y rápidas que están costando S/. 569 y 160 respectivamente y disponen de camas UCI muy bien implementadas para un internamiento, solo que para salvar la vida una persona asegurada tiene que desembolsar S/. 60 mil ($17,5 mil) en promedio.

En medio de la crisis sanitaria, los consorcios de la salud siguen lucrando, mientras continúen gobernando los ineptos y los defensores de los intereses privados, nos conducirán a la muerte y aun falso dilema, salvar la economía o la vida.

  1. ¿Por qué hace agua el plan contra el covid-19?

Déficit en infraestructura: de plano entramos a esta pandemia con un sistema de salud en crisis. Esto como consecuencia de 30 años de una política que gradualmente a privatizado la salud, la cual se ha expresado básicamente en dos aspectos; primero, la decisión política de desfinanciar la sanidad que ha impedido tener condiciones óptimas de atención; segundo, servida la mesa y con el viejo cuento de “aliviar al saturado seguro social”, crearon el marco legal para que grandes corporaciones empresariales (Credicorp, Breca, Intercorp, etc) puedan intervenir en la salud, adueñarse de todos los eslabones de la cadena de salud desde aseguradoras, clínicas, farmacias convirtiéndose así en oligopolios que fijan precios y los elevan a su antojo sin ningún control del Estado. De esta forma se han llenado los bolsillos con la salud del pueblo.

Cuarentena tardía e inefectiva: Este gobierno demoró 10 días desde la aparición del caso 1 para decretar la cuarentena y el cierre de las fronteras, para ese momento ya habían 71 casos (16/03). Al igual que otros presidentes de la región, para Vizcarra peso más la operatividad de los negocios capitalistas antes que la salud, la diferencia es que en tierra de ciegos el tuerto es rey, al lado de Bolsonaro y otros impresentables Vizcarra es un grandioso presidente. Pero a pesar de llevar la delantera en la región, las condiciones sociales de la población, la extrema pobreza, la informalidad laboral, la limitación de acceso al agua, el hacinamiento de las viviendas y de centros de abastos, entre otros factores han hecho que a la actualidad seamos el 3er país de la región con más infectados. Ni los ridículos bonos, ni las botas militares lograron contener la miseria estructural (económica y cultural) que acumula décadas.

Faltan de pruebas rápidas y moleculares: otra recomendación fundamental de la OMS para controlar la pandemia era la aplicación masiva de pruebas, principalmente las moleculares por la precisión en el diagnóstico. Sin esta medida no era posible diagnosticar, aislar y dar un tratamiento eficiente a la población. Si bien las leyes del capitalismo provocaron una serie de problemas como la elevación de los precios por ser un bien escaso y demandado por otras naciones, las confiscaciones en puertos y aeropuertos por parte otros gobiernos y retrasos en la llegada de las pruebas; la política de Vizcarra ha facilitado una vez más la intervención de las empresas que ven como un negocio la salud, ahí tenemos la inversión de Intercorp (dueños de del 90% de cadenas de farmacias) para crear pruebas moleculares a una escala insuficiente, y también ha dejado que el sector privado (135 empresas) importen pruebas de dudosa calidad y que cobren lo que se les de la gana. Si eso no fuera poco el gobierno adquirió 700 mil pruebas rápidas a Orient Gene Biotech, la cual no cuenta con certificado del gobierno chino, es decir tenemos pruebas que pueden dar falsos negativos con un sobrecosto por la corrupción. El gobierno ante la carencia nunca decretó la reconversión de empresas industriales para producir pruebas a gran escala.

Faltan camas UCI: cuando observamos que mueren las personas en las pasillos por que no acceden a una cama UCI (cama multipropósitos, monitor de funciones vitales, ventilador mecánico y un aspirador de secreciones) es evidente que hay un déficit.

Hace casi un mes el médico intensivista, Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (SOPEMI), quien se encuentra en la primera línea en el Hospital Dos de Mayo, señalaba que a nivel nacional (Minsa, Essalud, FF.AA. y clínicas) existían 820 camas UCI y que el 80% estaban ocupadas por pacientes que no presentaban COVID-19 por lo que camas disponibles eran tan solo 164. Sobre las 504 camas UCI que se jactaba el gobierno de haber implementado para uso exclusivo de COVID, Valverde era incrédulo, pues mencionaba que los hospitales emblemáticos en Lima tenían 12 o 15 camas nuevas como máximo, y si a esta cifra esto se le sumaba las 164 camas disponibles desconfiaba en que llegarían a la cifra de 504.

El cuadro es similar al de los test, el precio de los ventiladores se disparó ($ 15 mil – 70 mil) y el lote de 500 ventiladores que compro el gobierno para llegar a la meta de 1000 camas UCI aún no llega, mientras tanto la población sigue muriendo.

Falta personal médico calificado: Zamora dice ahora que ya hay casi mil camas UCI, pero el problema más grave como señalaba Valverde, es la ausencia de personal calificado para atender una unidad de UCI. En cada unidad UCI con 6 pacientes, se necesita de un medico intensivista, tres enfermeras y dos técnicos en enfermería y solo hay 700 médicos intensivistas y debería haber 1400 como mínimo a nivel nacional. Reveló que la mayoría del personal de UCI trabajan en dos lugares para suplir la falta de recursos humanos que hay en el sistema de salud y que esto es un peligro pues no pueden controlar que, ante un posible personal UCI infectado, lleven el virus de un hospital a otro, a la vez señalaba que no les aplican pruebas rápidas para evitar el riesgo. De qué sirve tener 100 camas UCI en el Hospital de Ate si por falta de personal solo pueden están operativas 20.

Para remate, abundan las denuncias del personal médico por falta de equipos de bioseguridad y de las pésimas condiciones laborales como los contratos CAS, donde no tienen seguro de vida, ni vacaciones, CTS, etc.

Qué se espera para derogar esos precarios regímenes laborales, pero si es operativo para aplicar la suspensión perfecta de labores a favor del empresariado.

No se financia la emergencia: Estos enormes problemas tienen un problema de fondo, la plata. No es posible que el gobierno no destine cuantiosos recursos para financiar la emergencia sanitaria, no es posible que se engañe al pueblo haciendo creer que ya hizo bastante, cuando el gobierno reasigna presupuesto mientras endeuda al país para salvar a las empresas. La misma política de austeridad que se aplica hace 30 años y que nos ha llevado a esta situación de calamidad. Finalmente la factura la pagamos la clase trabajadora con nuestras vidas.

2. La crisis de la salud también es responsabilidad de Vizcarra

Como vemos, las medidas del gobierno de Vizcarra en materia de salud, al igual que una cañería rota, hace agua; sin embargo son éstas medidas, sumado a la demagogia del gobierno, el marketing político de los medios, y el respaldo de la izquierda reformista (nuevo Perú y Frente Amplio) lo que le ha permitido elevar su popularidad. Una red de engaños que ha colocado al gobierno como un gran general en la guerra contra el covid19 y que al mismo tiempo voltea la tortilla y señala como culpable a la “gente”, a su hambre, a su hacinamiento, a su miseria cultural como principal causa de la expansión del virus. Pero la demagogia tiene un límite, cuando la verdad ya no puede maquillarse el gobierno ya no dice esta boca es mía.

Recordemos que el Vizcarra tiene ya dos años en el puesto y por tanto ha decidido dos presupuestos públicos, el último representa el 2,2% del PBI cuando la recomendación de la OMS es destinar el 6%. Pero como dijimos antes la privatización de la salud, no solo es desfinanciarla, también es profundizar el marco legal para que los empresarios lucren con la salud, ahí tenemos que la gran meta del Ministerio de Salud de aquí a 4 años es que el 70% de los Hospitales que están bajo su cargo en Lima Metropolitana sean operados por el sector privado de acuerdo a la normativa de las Asociaciones Publico Privadas (APP) bajo las modalidades de bata blanca, verde y gris, a la que diversos gremios de salud se oponen por precarizar su empleo. Esta legalidad, las APP, así como la relacionada a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), es intocable para el gobierno, actúa como un gendarme en defensa de los intereses patronales.

Esa actitud es más criminal en estos momentos porque los dueños de la salud en el país siguen lucrando durante la crisis, y porque en lugar de utilizar su infraestructura para atender a quienes lo necesitan, permite que solo se salven los que pueden costearse un tratamiento en las clínicas.

3. ¿Hay otra salida?

Sí hay salida, sí se puede salvar la economía y la salud de la población por eso la discusión en realidad es cuál de las clases pagará el costo de ello. La condición para ello es reconocer quienes son nuestros enemigos y los culpables de los miles de muertos que a diario pone la clase trabajadora, quitarle la careta a este gobierno genocida que salvaguarda la vida y los negocios de los capitalistas a costa de las nuestras y también luchar para imponer medidas anticapitalistas, es decir, socialistas. Por eso:

Necesitamos la continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.

Necesitamos un gran aumento presupuestal para el sector salud, que se refleje en la consecución de materiales de bioseguridad, en respiradores mecánicos, en camas UCI, en los test moleculares y serológicas para aplicarlos a los que están expuestos al contagio. No necesitamos un gobierno que reasigne presupuesto de otras carteras ministeriales para la cartera de Salud, un engaña muchacho del populismo de Vizcarra.

Necesitamos reconvertir empresas para la producción masiva de mascarillas, respiradores mecánicos, equipos de bioseguridad.

Necesitamos contratar a todo el personal de salud necesario: médico, técnico médico, enfermería y servicios generales (personal de limpieza, comedor, etc) con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis. Necesitamos que estén bien remunerados y con estabilidad laboral. No necesitamos un gobierno que mantiene en pie regímenes de contratación como CAS, o las modalidades de bata gris, verde y blanca que recortan derechos laborales.

Para financiar este plan debemos cobrar un impuesto a las grandes empresas y expropiar las clínicas privadas y la fortuna de los que vilmente se enriquecieron con la salud en estos 30 años para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia. No necesitamos un gobierno que destine recursos del Estado al bolsillo de los empresarios.

Necesitamos la respuesta organizada de los trabajadores de la salud, como la de las enfermeras del Hospital Hipólito Unanue.

Necesitamos un Seguro Único de Salud, gratuito público y de calidad para todos los peruanos y extranjeros que residen en el país. No necesitamos EPS que lucran con nuestra salud.

Esto significa luchar para tomar el poder político y económico de la sociedad, que está en manos de la burguesía mundial, y disponer los enormes recursos materiales al servicio de atender las necesidades de la mayoría de la población. Y esto solo será posible por medio de una planificación económica socialista, que acabará con la anarquía asesina del modo de producción capitalista. En pocas palabras, el momento plantea la urgencia de organizarse alrededor de un programa revolucionario.