A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.

Gobierno y Congreso cómplices de la CONFIEP

En el reciente intento de vacancia de Vizcarra que motivó otro episodio más de crisis política en el país, las ridículas actuaciones las pusieron el gobierno y el Congreso; el drama lo vive el pueblo, padeciendo los muertos por deficiente atención médica y por hambre, así como el creciente desempleo y los despidos. La amenaza real sigue siendo la política proempresarial que aplica el gobierno con el aval de los partidos del Congreso.

<p class="has-text-align-justify" value="<amp-fit-text layout="fixed-height" min-font-size="6" max-font-size="72" height="80">El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.El Perú viene arrastrando una profunda crisis del gobierno y los otros poderes del estado que crece y crece alentada por la enorme concentración de la riqueza generada por el plan neoliberal, el fin del boom económico que pasó a desaceleración y caída; y una gigantezca corrupción organizada y dirigida desde el propio gobierno por todos los presidentes mafiosos y traidores al pueblo que los eligió.

A todo ello se suma un amplio descontento popular con múltiples manifestaciones, a veces con grandes luchas y estallidos, a veces apoyando opciones que se presentan como de cambio y que se desnudan como más de lo mismo, agudizando el descontento y la crisis.

Solo en el presente periodo de gobierno 2016-2021 hemos visto tres intentos de vacancia presidencial, una caída de gobierno (PPK se vio empujado a renunciar en el segundo intento de vacancia); una caída de la cúpula del sistema judicial por el caso de los cuellos blancos, incluyendo un fiscal de la nación, y un cierre del Congreso, solo por mencionar los casos más destacados.

En esta crisis todos los actores políticos protagonizan pequeñas y grandes confrontaciones, pero solo en torno a sus mezquinos intereses particulares, la mayoría de las veces para disputar el control de entidades claves ya sea para eludir la justicia o para seguir robando al país. No son confrontaciones por alternativas de solución a los grandes problemas nacionales ni muchos menos, todos terminan asumiendo, en automático, la defensa del mismo plan económico que es la causa de la crisis y el azote de los trabajadores y el pueblo.

El reciente conato de vacancia desnudó más a sus protagonistas y su actuación a espaldas del pueblo. La difusión de unos audios que desnudan a Vizcarra y un oportunismo mal calculado desató ambiciones en la mayoría de las bancadas, que de un día para otro ya se repartían la leche sin tener la vaca, con un espurio acuerdo entre cuatro paredes y una ridícula llamada del presidente del Congreso a un oficial de las fuerzas armadas.

Los congresistas tienen motivos más poderosos para derribar al gobierno si así lo quisieran; en sus discursos para la tribuna resaltan el manejo criminal, proempresarial y corrupto que hace el gobierno de la crisis sanitaria, lo cual es mucho más grave que los audios, pero no usan eso para sustentar por qué Vizcarra no debe seguir gobernando este país, simplemente porque no tienen una propuesta alternativa.

El Congreso y los partidos que lo integran confirmaron su propia incapacidad frente a los grandes problemas nacionales, y su verdadero papel detrás del discurso que es finalmente de soporte del gobierno: unos poniendo por delante sus mezquinos planes electoreros hacia el 2021; otros mostrando su desesperación por capturar entidades claves del Estado para fines particulares; y otros haciendo de escuderos del gobierno para beneficiarse del favoritismo de Palacio, queriendo hacer creer que es contra el golpismo y la defensa de la democracia.

Por su lado, Vizcarra con lo que revelan los audios queda más debilitado que antes y agrava más su crisis a pesar de los beneficios que le trajo la supuesta lucha contra el golpismo y el regreso de los sectores políticos al redil del proceso electoral, pero sigue en el gobierno y sigue aplicando la misma política que atenta contra derechos más básicos del pueblo como el derecho a la vida, a la salud y al trabajo.

En efecto, en estas últimas semanas se ha prolongado la grave situación de la población trabajadora. Las personas vulnerables tienen prohibido ya seis meses de salir a trabajar, pero sin recibir ninguna compensación de sobrevivencia, solo bonos que muy pocos conocen.

Por otro lado, los trabajadores de actividades que se han reabierto, en especial los trabajadores mineros y de varias industrias, siguen expuestos al contagio en un servicio de transporte que no tiene las adecuadas condiciones sanitarias; y los protocolos rebajados en los centros de trabajo han convertido a estos en centros de contagio; y todavía hay muchas personas que se agravan y mueren de covid a causa de una falta de atención médica oportuna.

Aun con cifras oficiales manipuladas la pandemia es una grave amenaza

El gobierno publica cifras oficiales que mostrarían un retroceso de la pandemia, pero esas cifras tienen un comprobado precedente de manipulación al no registrar todos los casos de contagios y muertes. Incluso con cifras oficiales el promedio diario de contagios sigue alto, alrededor de 6,000 por día, y el de muertos por covid más de 100 por día.

Para poner en contexto estas cifras, incluso con cifras oficiales que están muy por debajo de la realidad, el Perú muestra la más alta tasa de muertos por millón de habitantes: 964, y a pesar de que su población es de solo el 0.5% de la población mundial, concentra el 3.2% de todas las muertes por covid en el mundo. Y esta realidad no golpea a todos los peruanos por igual, golpea con mucha más fuerza a la clase trabajadora y a los sectores más pobres de la población.

Por otro lado, oficialmente se comunica un número creciente de camas de hospitalización y de cuidados intensivos desocupadas, pero también crecen las denuncias sobre hospitales que no reciben nuevos enfermos y hay hospitales importantes como el de Villa María del Triunfo en Lima que siguen colapsados.

La manipulación de las cifras (algo que no extraña de un gobierno que no tiene escrúpulos a la hora de manipular los hechos tratando de ocultar pruebas) busca justificar medidas de relajamiento de los protocolos y las restricciones priorizando la voracidad de los grandes empresarios. Desde octubre empieza una fase 4 del reinicio de actividades económicas, exponiendo a la población a nuevas olas de contagio y muerte como las que viven actualmente España y otros países europeos.

Los grandes empresarios y sectores de la derecha van aún más lejos en utilizar el supuesto repliegue de la pandemia para minimizarla y condenar que se haya decretado la cuarentena, y culpan al gobierno de haberfrenado la economía, ganando a esa idea a muchos trabajadores que buscan cualquier solución por sus propios medios ante el abandono total del Estado.

Si bien en los hechos se está imponiendo el desmantelamiento de las medidas de contención del virus, y se está buscando una “inmunidad de rebaño” con consecuencias imprevisibles, no debemos dejar de lado la urgente necesidad de organizarnos paraluchar contra la política genocida de Vizcarra CONFIEP y el Congreso cómplice.

Necesidad de una salida independiente de los trabajadores y el pueblo

El PST, frente al conato de vacancia se pronunció por la necesidad de los trabajadores de defender su independencia, deslindando de Vizcarra, como responsable del genocidio contra el pueblo pobre en el manejo de la pandemia y responsable de la ola de despidos y de la suspensión perfecta de labores que privó de sus ingresos a miles de trabajadores; y también de los promotores de la vacancia como una salida en falso destinada al fracaso, y completamente desligada de los intereses y de la actuación de las masas trabajadoras, como lo demostró el hecho que se desarmara tan fugazmente.

Todavía sigue vigente el llamado a las organizaciones obreras y populares a organizar y desarrollar su movilización independiente, contra Vizcarra y contra el Congreso, enarbolando las banderas de lucha urgentes como es la prohibición de los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta; reposición de todos los despedidos; salario mínimo universal mientras dure la emergencia; pruebas moleculares masivas, casa por casa; medicinas y oxígeno gratuitos para la población que lo requiere; por un impuesto a la riqueza para financiar las medidas necesarias para hacer frente a la emergencia. Cuarentena con salario, comida y medicinas para detener el avance del virus.

¿En verdad es “clave” reactivar la minería?

Escribe Víctor Montes

En el marco de la política de “reactivación económica” impuesta por Vizcarra, política que ha provocado el incremento de los contagios en todo el país, una idea ha sido colocada en la agenda: “es necesario poner a funcionar las minas del país y destrabar la inversión minera para que la economía peruana salga a flote”. ¿Realmente es así?

Cateriano, durante los pocos días que ejerció el premierato, retomó un mantra conocido para intentar justificar la postura del gobierno frente al reinicio de las actividades y concesiones mineras: el Perú es un país minero.

Sin embargo, dicho discurso no se ajusta a la verdad. Por el contrario, lo que pretenden con esa idea es reforzar la ubicación del país como exportador de materias primas en la división mundial del trabajo, el único beneficio del gran capital transnacional.

Esta ubicación fue impuesta por el imperialismo y aceptada por los patrones “nacionales”, quienes pasaron a ser “socios menores” de las transnacionales mineras, a principios de los noventa.

Ha sido esta ubicación la que les llenó los bolsillos entre 2003 y 2012, cuando los precios de los minerales subieron exponencialmente, dando pie al mito del “milagro peruano”.

No hubo milagro sino saqueo

Sin embargo la llegada de la pandemia de Covid19 mostró el verdadero rostro de ese “milagro”: el país sigue siendo un mendigo, en el que el 21% de la población era pobre y un 30% más estaba “en peligro” de “volver” a la pobreza (INEI 2019). El 75% de los trabajadores y trabajadoras es informal. El sistema de salud está desfinanciado y colapsado. El 50% de los hogares no tiene refrigerador. Aproximadamente 30% de la población no tenía acceso al agua potable.

¿A dónde fue la riqueza?

Esto porque mientras las grandes mineras se llevaron las riquezas del país a manos llenas, el pueblo trabajador apenas conoció migajas y “fuegos artificiales”.

El Perú tiene una enorme riqueza minera. El país tiene la primera reserva mundial de plata. La segunda de cobre y molibdeno. La cuarta de plomo. La quinta de zinc. La sétima de oro y la novena de estaño.

Sucede que el modelo económico neoliberal impuesto en el país permite que las grandes mineras se lleven nuestras riquezas a manos llenas, mientras nos dejan algunas migajas.

Durante estos años, la producción minera ha representado en promedio el 10% del PBI anual y el 60% de los ingresos provenientes de las exportaciones.

Sin embargo su aporte al fisco en forma de impuestos –único dinero que puede percibir el Estado por la explotación minera, debido a que este sector se encuentra 100% en manos privadas–, resulta mínimo. En el 2007, cuando la producción minera se encontraba al tope en el marco del “boom” de los precios de las materias primas, la tributación minera alcanzó el 3,1% del PBI. Hoy bordea el 1% del PBI.

Entre otras cosas, porque las mineras acceden al beneficio de la devolución anual del IGV por ser empresas exportadores. Beneficio que ha provocado que en 2016 se devolviera a las mineras más dinero del que tributaron. Mientras en 2017 se devolvió 88 soles por cada 100 tributado al Estado.

Por todas estas razones, la reactivación de la minería, o el ingreso de nuevas inversiones, tiene por único objetivo que las transnacionales retomen sus ganancias.

Una trampa mortal

Pero en el contexto de la pandemia, esta conclusión pone en evidencia un hecho aún más terrible: el gobierno está dispuesto a que se extiendan los contagios de los trabajadores y trabajadores mineras, de sus familias, con el único propósito de permitir que las mineras vuelvan a hacer dinero con nuestros recursos.

700 trabajadores mineros infectados en Marsa (La Libertad), sin que la empresa tome medidas para hacer frente a los contagios, prueban que para las mineras la salud y vida de los trabajadores no valen nada.

La clase obrera debe rodear de solidaridad la lucha de los mineros de Marsa, que han parado sus labores denunciando la inacción de la empresa ante la expansión de la enfermedad, y levantar las banderas de una cuarentena general, con salario, comida y medicinas garantizadas por el Estado, como única salida frente a la emergencia sanitaria en la que nos encontramos.

Gobierno es obstáculo en política contra el coronavirus y por la reconstrucción de la economía popular

El gobierno de Vizcarra es el responsable de los fatales resultados que está dejando la pandemia en el país, a la fecha los más desastrosos del mundo si nos atenemos a las cifras reales, y la causa no es otra que su política que sirve a la rapiña de los mercaderes de la salud y a los corruptos (clínicas, laboratorios, empresas de oxígeno), mientras muchas personas siguen muriendo sin atención médica o sin oxígeno ante el colapso de los hospitales. Y hoy, cuando la pandemia está todavía en avance, el gobierno levanta la cuarentena sin otra motivación que el dictado de las grandes empresas que ponen por delante, no la economía del pueblo sino la reactivación de la ganancia capitalista, y ahora buscan profundizar la explotación aprovechando vilmente la desesperación popular a causa del abandono y el hambre.

Las voces especializadas dicen que un reinicio de actividades con la pandemia en ascenso expone a la población a una gran ola de contagios y a un escalamiento de las muertes ante las condiciones caóticas del transporte masivo y el alto índice de informalidad, pero el gobierno una vez más demuestra hasta dónde llega su servilismo a los intereses empresariales.

Si la política del gobierno frente al coronavirus no frenó su letalidad, su política económica (el otro lado de la tenaza con la que se quiere exprimir a las masas trabajadoras), no está destinada a frenar la ola de despidos y el cierre masivo de pequeñas empresas y desfinanciamiento de pequeños agricultores, le basta con que las grandes empresas y transnacionales conserven sus negocios y sigan enriqueciéndose, esa es su mediocre y cobarde misión en este momento dramático de la historia nacional.

Medidas de salud evadidas

La política del gobierno frente al coronavirus evadió las medidas indispensables frente a la pandemia cuya eficacia ha sido comprobada en otros países:

a) Búsqueda de enfermos casa por casa con personal médico, pruebas covid, medicinas y apoyo en alimentos para un aislamiento efectivo que evite los contagios, lo que además hubiera permitido disminuir significativamente el número de enfermos con necesidad de hospitalización.

b) Una cuarentena eficaz con medidas de apoyo social y no una falsa cuarentena que empuja a la gente a buscarse la subsistencia; hemos tenido una de las cuarentenas más extensas a nivel mundial, pero estalló desde un comienzo por la falta de apoyo económico a la población; el gobierno incluso agravó esta situación permitiendo la suspensión perfecta de labores y los despidos que privaron de salarios a un sector importante de la clase trabajadora; y si no ha sido peor es porque los trabajadores con acceso han tenido que consumir su CTS y fondos de jubilación.

c) Ampliación de la capacidad de hospitalización para evitar el colapso del sistema de salud y disminuir el pase a cuidados intensivos; muchos anuncios en ese sentido no se comprueban en la realidad aun cuando han transcurrido cuatro meses de la crisis; y

d) Medidas de protección del personal médico, de los trabajadores en actividades indispensables y de la población en general, así como medidas sanitarias indispensables en el transporte público y mercados, que hasta ahora brillan por su ausencia.

Cuatro meses de conferencias de Vizcarra y sus anuncios resultaron vacíos tal como comprobamos hoy en día. No carecen de razón quienes dicen que el gobierno hizo todo lo necesario para crear grandes negociados en beneficio de empresarios y corruptos: el colapso de la salud pública hizo que mucha gente muriera sin atención, pero otros fueron empujados a las clínicas privadas y hoy enfrentan facturaciones astronómicas por hospitalización, medicinas, pruebas covid; y a muchos otros los empujó a buscar oxígeno al “libre mercado” creando desabastecimiento y una monstruosa especulación y encarecimiento.

La política económica del gobierno nos lleva a otro desastre

Los trabajadores debemos tener bien en claro que la política “reactivadora” del gobierno no busca restaurar la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales, ni apoyo a las pequeñas y microempresas o a la gran masa de pequeños agricultores que tienen el importante papel de abastecer de alimentos a la población nacional. El gobierno se está limitando a servir las medidas que la Confiep dicta para que sea el “libre mercado” quien resuelva, a su manera, que no es otra que proteger al capital en contra del salario.

La política del gobierno también ha traído como consecuencia la destrucción de la economía popular tanto de asalariados como de miles pequeñas empresas y pequeños agricultores, lo que ha fortalecido la ventaja de las medianas y grandes empresas que son las que imponen sus abusivas condiciones, y además son las que acaparan las condiciones privilegiadas de financiamiento con aval de Estado; no es difícil asumir que los 30,000 millones de soles en créditos de Reactiva Perú no serán pagados por muchas empresas beneficiarias y será un saqueo de las arcas del Estado. Encima de eso, las empresas han obtenido medidas laborales más draconianas contra los trabajadores (suspensión perfecta, ceses colectivos, despidos); y la habilitación de proyectos mineros con oposición de la población (Tía María y otros).

Si esta situación ya es dramática después de tres meses de suspensión de muchas actividades económicas no indispensables para la crisis sanitaria, las medidas patronales ante el impacto de la ola recesiva mundial apuntan a más ataques contra la clase trabajadora. Y la política económica del gobierno de Vizcarra, tenemos que remarcarlo, está alineada a ese objetivo.

Urge una alternativa de los trabajadores y el pueblo

Está claro que no podemos esperar un cambio del actual gobierno en lo más elemental que es la defensa de la vida frente al coronavirus o frente a la hambruna de la recesión. La clase trabajadora necesita forjar su unidad y su organización como única esperanza que tienen los sectores populares para impulsar una política alternativa.
Las medidas están sobre la mesa, son aquellas que el gobierno evade por servilismo a los empresarios, para:

a) hacer uso público de todos los recursos nacionales disponibles y necesarios contra la pandemia, sean de infraestructura, personal médicos, medicinas, insumos indispensables como el oxígeno, etc.;

b) priorizar la producción, distribución y abastecimiento universal de los bienes indispensables de subsistencia de la población nacional mientras dure la crisis sanitaria, y

c) organizar, sin arriesgar las metas de la lucha contra la pandemia, la reconstrucción de la economía popular con empleos y salarios dignos y derechos sociales.

Por nuestras vidas y derechos, antes que sus ganancias

Vizcarra aplica “plan de emergencia” para los empresarios y lo que necesitamos es un plan de emergencia obrero y popular

El jueves 3 de julio, mientras esperaba ser atendido un hombre murió en la puerta de una clínica de San Borja. En la puerta del hospital de Vitarte y casi a la misma hora, fallecía también un taxista. Ambos hechos sucedieron apenas horas después que el gobierno decidiera levantar la “cuarentena” y abrir toda la economía, mostrando que la medida nos lleva a una catástrofe mayor.

Los países que aplicaron cuarentenas solo la levantaron luego de controlar la propagación del virus. Esa también era la finalidad y el costo del confinamiento establecido por Vizcarra desde el 15 de marzo. Pero pasados 106 días y luego de fracasar completamente en ese plan, y más, cuando la pandemia se encuentra en la cima, decidió levantarla. Fue suficiente que el 8 de junio el Banco Mundial emitiera un informe advirtiendo que la economía nacional caería -12%, nota de la que los empresarios se hicieran eco de inmediato, para que decidiera acelerar la apertura, pero de la misma manera torpe y ciega como aplicó el confinamiento, confirmando que para el gobierno primero es la protección de los negocios capitalistas antes que la salud del pueblo.

A la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con la apertura, el ministro Zamora tuvo que reconocer: “En el peor de los escenarios habrá un rebote de alta magnitud, y otro escenario esperable, como ha existido en otras partes del mundo, es que haya un rebote focalizado”. “¿Y cómo se han preparado?”, volvió a preguntarle el periodista: “Continuamos con el proceso de multiplicar los servicios sanitarios… no obstante, probablemente sea insuficiente”.

No solo sabe que será insuficiente. Sabe que será una catástrofe. La OMS y muchos expertos silenciados por la gran prensa han advertido sobre lo que se viene. Farik Matuk, asesor del gobierno en temas de salud, fue renunciado precisamente por expresar públicamente la misma advertencia.

Vizcarra, dice: “Desde hace dos semanas hemos visto indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro”, y repite lo mismo en cada presentación. Pero las noticias nos revelan y machacan que cada día estamos peor. Lima sigue en la cima de los contagios que ahora se expande en los conos.
De la crisis que sacudió a la Amazonía y sin que aún ceda en el Norte, ahora se desarrolla en Arequipa, donde vemos cientos de enfermos amontonados en la calle sin poder ser atendidos. La lógica elemental indica que si la mayoría de los que se mantuvieron en actividades llamadas “esenciales” se contagiaron y muchos murieron, con protocolos y demás exigencias incluidos, ¿qué esperamos ahora que millones se han puesto en movimiento con protocolos flexibilizados al extremo y, más, empujados como ganados por los empresarios que priorizan la producción sobre la salud y la vida?

En una semana el Perú ha saltado del séptimo lugar al quinto en el mundo como el país con más contagios. Los informes sobre contagios en las minas, fábricas y lugares de trabajo son de masificación.

Pero también en muertes las cifras aumentan a niveles espeluznantes. Al 30 de junio la cifra oficial de fallecidos era de 9,677. Pero la cifra real es que en abril hubo 115 muertos diarios, en mayo 466 diarios y en junio 540 diarios, totalizando más de 30 mil fallecidos por coronavirus, es decir tres veces más de lo que se dice. Con esta cifra el Perú también lidera las muertes por Covid 19 en el mundo. Y hora, estamos peor.

“Un empleado de la contratista San Martín –informa un medio–, que labora para la minera Shougang, en Ica, falleció de Covid 19 sin haber sido atendido… Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace varios días que presentó síntomas pero no fue atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado en bus envuelto en una frazada. Una hora después falleció.”

Las muertes aumentan porque el gobierno no ha sido capaz de resolver las más mínimas necesidades de la emergencia. Ya no hablemos de las miles de camas, UCIs, respiradores y personal médico que se necesita. ¡No ha resuelto el abastecimiento de oxígeno ni de medicinas básicas para la atención primaria de decenas de miles! Y eso que son recursos baratos y de fácil disponibilidad. ¡No ha sido capaz hasta hoy de accionar los llamados Equipos Médicos de Respuesta Rápida, que han dado buenos resultados en otros países, para asistir a los enfermos en sus casas! ¡No es capaz de implementar un sencillo sistema de pruebas y seguimiento al virus para focalizarlo y controlarlo! ¡No es capaz de proteger a su propio personal de primera línea donde el Perú también exhibe liderazgo mundial de médicos fallecidos (72)!

El gobierno no solo muestra su carácter de clase patronal en la gestión de la crisis, sino además una incompetencia absoluta que nos está llevando a enfermar y morir como si nuestras vidas no valieran nada.
Tanto, que lo único que exhibe como “logro” para obtener aplausos es la suscripción de un vergonzante contrato de servicio con unas cuantas clínicas privadas que en nada ayudarán a paliar la inmensidad de la emergencia que vivimos.

¿Qué nos queda?

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el fin del confinamiento no fue denunciado ni resistido casi por nadie y, al contrario, ha sido celebrado por amplios sectores convencidos de que ya no servía y que solo traía perjuicios a la economía. Esta aparente unanimidad encubre la verdadera realidad de que el puñado de ricos empresarios desesperaba por mover sus máquinas y dinero para producir más riqueza. En cambio, el 72% de informales y trabajadores independientes desesperaban por volver a la calle donde generan sus ingresos, y los más de 200 mil colocados en suspensión perfecta deseaban volver al trabajo por la sombra de los despidos, y porque todos juntos estamos siendo empujados al hambre más atroz de nuestra historia.

Lo esencial entonces sigue siendo defender vidas, el trabajo y los derechos de la clase trabajadora. El gobierno ha soltado esta responsabilidad empujándonos al “que Dios nos ayude”, al mismo tiempo que nos ha dejado en el hambre cuando no a merced del abuso y la explotación de los miserables empresarios. Para colmo, algunos de estas sanguijuelas (Backus, Alicorp, entre otros), tienen la frescura de aprovechar la situación para entregar “donaciones” y lavar su imagen.

Tenemos derechos. Tenemos dignidad. Y sabemos que para defenderlos tenemos que luchar como siempre lo hemos hecho, autoorganizados desde cada base y construyendo una dirección que realmente nos represente, para enfrentar y derrotar al gobierno Vizcarra que aplica el plan de “emergencia” de los capitalistas y defendiendo un plan de emergencia obrero y popular. Este plan consiste en:

Defender nuestras vidas con confinamiento, salarios y derechos garantizados para todos. Diseño de un nuevo plan sanitario con control de las organizaciones de los trabajadores, que garantice pruebas masivas y un sistema de seguimiento al virus, oxígeno, medicinas y nacionalización de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

Volcar recursos para estas necesidades, y no como hace el gobierno que vuelca recursos a los bancos y grandes empresarios, premiándolos por lucrar con la emergencia y producir cientos de miles de despidos.

Financiar la crisis con las inmensas fortunas que detentan los grandes empresarios y aplanando los sueldos de todos los funcionarios públicos al promedio de lo que gana un profesor.

La nueva “normalidad” y sus desafíos

Pretendiendo “priorizar la economía”, el gobierno ha soltado su responsabilidad en el combate al covid, trayendo como consecuencia la multiplicación de los contagios y las muertes. Pero, “reactivar” la economía, no es como abrir un caño luego que fue cerrado, pues en 106 días de cuarentena ya quebraron decenas de miles de micro y pequeñas empresas y otras están en ese camino, al mismo tiempo que las grandes, al perder rentabilidad, ya despidieron a muchos miles de trabajadores y/o recortaron salarios, con todo lo cual se empujó a la pobreza y extrema pobreza a un gran sector de la población.

Junto a este hecho se presenta otro, igual de grave, que es la recesión de las principales economías del mundo, lo que repercute sobre la nuestra, con una fuerte caída en el volumen y los precios de los principales productos de exportación.

La combinación de ambos factores ha producido el derrumbe de la economía nacional, que solo este año, según el FMI, caería en -14%. Además, ésta demoraría al menos dos años para recuperar el nivel que tenía antes de iniciarse la actual crisis.

Esto nos obliga a ver que las medidas como los despidos, suspensiones perfectas y ceses colectivos facilitadas con las normas emitidas por Vizcarra, en el periodo de emergencia, no terminarán con éste. Las empresas están ajustando sus planes de producción a la nueva situación y se preparan no solo para reducir más personal sino, sobre todo, para incrementar los niveles de explotación que les permita obtener una mejor ganancia. Más explotación significa menos derechos y salarios e intensificación de la jornada de trabajo.

Por la crisis, el gobierno les ha colocado plata en los bolsillos a los empresarios. Pero estamos viendo cómo ellos usan ese dinero no para proteger puestos de trabajos y beneficios laborales, sino para pagar indemnizaciones y liquidar personal, porque esa es la libertad que les ha dado el mismo gobierno.

Así, debemos leer los actuales ataques como el inicio de una escalada que apunta hacia un plan de ajuste más profundo. Con el débil gobierno de Vizcarra, la patronal avanza lo que puede en el área de cada empresa, pero su mirada apunta a golpes mayores, como barrer con los activistas y las organizaciones sindicales existentes (que son la principal resistencia que enfrentan), y con derechos como la estabilidad laboral.

El mismo Estado, que ha gastado sus fondos de reserva y se ve afectado por la caída de la recaudación, genera alto déficit y nuevo endeudamiento como hace 20 años, más tarde o temprano pretenderá que también lo paguemos con recortes en los presupuestos sociales y hasta con despidos masivos en el sector Público.

Comprender esta situación en su conjunto es ver el tamaño del desafío que enfrentamos. La resistencia obrera, que ya da sus primeros pasos no puede circunscribirse a la emergencia sino debe mirarse como una tarea de largo aliento como largo será el plan de ataque que aplicarán el empresariado y sus agentes políticos.

Pero también es importante, para comprender que la situación que enfrentamos, va más allá de la normalidad de la defensa de un derecho o de un pliego de reclamos, para cuyas tareas muchas veces es suficiente la lucha sindical. Asistimos a la crisis histórica del capitalismo, y siempre en estas crisis, su política ha sido que la paguemos los trabajadores, como sucedió en los años 90. Defender nuestros empleos y salarios en esta situación es hacer que la crisis la paguen los capitalistas, y esta es una lucha política por cambios de fondo en la economía, la sociedad y el Estado, para lo que necesitamos construir una nueva dirección política obrera y revolucionaria.