Gobierno y empresas imponen genocidio y el «sálvese quien pueda» ($)

Es un verdadero genocidio lo que está ocurriendo en el país producto de la política del gobierno, con casi 110 mil fallecidos atribuibles al covid y picos de 1,000 muertes por día en medio de las más terribles condiciones sanitarias; en ningún lugar del mundo el coronavirus es tan letal como en el Perú que tiene la cifra récord de 3,300 muertes por millón de habitantes. El gobierno y el empresariado crearon las condiciones para este cuadro de horror, sufrimiento y muerte, y están imponiendo la ley del sálvese quien pueda.

La segunda ola de la pandemia no ha sido un hecho impredecible. Desde octubre 2020 los técnicos del Minsa mostraron los escenarios esperables, señalando que habría como mínimo 811,363 contagiados, 4,925 enfermos en UCI y el número de fallecimientos llegaría a 743 por día, cifra ya largamente superada.

Medidas del gobierno y las empresas causaron genocidio

Pese a esa advertencia, desde el gobierno de Vizcarra se comenzó a desmontar el precario sistema sanitario y Sagasti continuó haciéndolo desde noviembre, con la falsa e interesada idea alentada desde la Confiep de que en Perú no iba a haber segunda ola.

Es principalmente debido a ese consenso entre gobierno y empresariado que se redujo la capacidad hospitalaria, se despidió personal médico, se enfriaron los proyectos de abastecimiento de oxígeno, se des priorizó la adquisición de vacunas mientras al mismo tiempo relajaban las medidas de aislamiento social, creando la “tormenta perfecta” que comenzó a desatarse desde finales de diciembre.

Solo cuando el número de muertos por covid alcanzó los 500 por día y la demanda de oxígeno generó un déficit de más de 110 toneladas por día, el gobierno volvió a las restricciones con cuarentenas focalizadas que en realidad fueron una coladera para los contagios y con un bono más irrisorio que comenzó a repartirse recién pasadas tres semanas.

Finalmente, ya ni la farsa de cuarentena queda, pues el gobierno ha relajado más las restricciones en las provincias de riesgo extremo justo en los momentos en que la segunda ola se encuentra en plena fase de escalamiento.

La política del gobierno es de una criminal inoperancia a pesar de que la emergencia nacional justifica tomar medidas que permitan volcar todos los recursos nacionales, públicos y privados (clínicas, hoteles, plantas de oxígeno, etc.) al combate a la pandemia. Desde Vizcarra hasta Sagasti el gobierno ha hecho todo lo contrario; para las grandes empresas todo ha sido concesiones, relajamiento de protocolos, crédito barato con el aval del estado, libre especulación en el negocio de las clínicas, las medicinas, en especial en el oxígeno. Ningún impuesto especial a la riqueza ha sido creado, ningún interés privado ha sido tocado.

Por eso los altos funcionarios del gobierno y empresarios, conocedores del desastre que estaban creando, usaron en secreto su influencia para salvarse a sí mismos con las vacunas VIP, lo que ahora es otro repugnante escándalo de corrupción. Pero ojo, es la incapacidad y la corrupción de un gobierno de la clase capitalista, que pone sus intereses (el de los gobernantes y de los empresarios) por encima de la vida de la población nacional.

En ese mismo tiempo, sin miramientos, se llevó a la pobreza a millones de trabajadores informales sin derechos sociales, y también del sector formal a través de la suspensión perfecta y los ceses colectivos, y los trabajadores de sectores no prioritarios como el turismo sin ningún tipo de compensación. Estos trabajadores hoy pelean por sobrevivir desafiando y enfrentando las restricciones.

A eso se suma la crisis del oxígeno, que está empobreciendo a muchas familias que tienen que pagar por un oxígeno diez veces más caro, o llevar a sus enfermos a establecimientos privados, o atenderlos en sus casas pagando médicos con su peculio.

Desde todo punto de vista es un brutal ataque del gobierno y la patronal a la economía y a la vida de población nacional, en particular a los que menos tienen. Y esto no tiene cuándo parar.

Gobierno rumbo a otro desastre: demora de la vacunación

El gobierno no fue capaz de conseguir las vacunas con la urgencia del caso y ahora el país se encuentra en una larga lista de espera en el marco de grandes problemas de abastecimiento mundial; hasta el momento solo se cuenta con 1 millón de dosis. Pero además de eso, el gobierno no está preparando las condiciones para hacer posible que las dosis se apliquen en el tiempo más corto.

Valga la comparación: mientras el país vecino Chile ha aplicado más de 3 millones de dosis de vacuna desde el primer día del año a ritmo de 55,500 por día, en el Perú la vacunación empezó el 10 de febrero y solo llega a poco más de 200 mil dosis, en promedio 15,000 por día; a ese paso pasarán siete años para vacunar a 25 millones de personas. Los expertos en este tema que son los enfermeros reclaman como decisión estratégica la contratación y formación de personal especializado pero el gobierno se niega hacerlo.

La fábula del empresario “solidario” y “generoso”

Después de un año pandemia y 110 mil muertos el empresariado quiere vender una imagen de “solidario” y “generoso”, que dona oxígeno y hasta ofrece una vacunación masiva. Si el empresariado realmente estuviera interesado en salvar a los peruanos del covid, no habría expuesto al contagio a tantos trabajadores en minas, plantaciones, fábricas causando un número elevado de enfermos graves y muertos; y no hubieran esperado un año para donar oxígenos. 

Por otro lado, alentar la privatización de la vacuna es, sobre todo, aceptar que no habrá plan de vacunación pública, gratuita y acelerada para todos los peruanos, con prioridades que sigan criterios epidemiológicos. Los trabajadores y la mayoría nacional son los que pierden con esa inaceptable capitulación que es parte del “sálvense quien pueda”.

Cómo creer que los empresarios buscarán vacunar gratuitamente a todos los trabajadores, a sus familias e incluso a otros trabajadores del sector informal. ¿Lo harán con la misma “generosidad” de Telefónica que le roba al país con impuestos que no pagan, y después con la complicidad del Tribunal Constitucional consigue disolver millonarias deudas tributarias?

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del ministro de salud que se suma a las de varios candidatos en campaña electoral, a eso pareciera dirigirse el consenso entre los de arriba. Pero eso, al final de cuentas, solo consumaría otra catástrofe nacional.

Las elecciones y la crisis

La llegada de la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción han tenido impacto en los conflictos sociales, pero el descontento social sigue y crece ante el pésimo manejo de la pandemia, el empobrecimiento por pérdida de trabajos, la falta de apoyo del Estado y los incesantes casos de corrupción, y ese clima social comienza a manifestarse indirectamente a través del proceso electoral con tendencias muy cambiantes.

Existe una desconfianza generalizadas frente a las elecciones porque los candidatos forman parte del mismo sistema de partidos que ha llevado al país donde se encuentra actualmente. La farsa de nuevas gestas (Vizcarra, por ejemplo) terminó develándose como parte de la misma podredumbre.

Si el 14 de noviembre la gran movilización nacional contra el gobierno Merino fortaleció a los sectores burgueses de derecha y de izquierda que alientan una democratización solo de nombre, en contra de la derecha más reaccionaria, ahora el destape de la corrupción de Vizcarra y el desastroso gobierno que viene haciendo Sagasti han debilitado a los primeros, y los sectores de ultraderecha ve alguna oportunidad de fortalecerse.

El Partido Morado y el Frente Amplio, gestores de la formación del actual gobierno, aparecen como castigados muy abajo en las encuestas electorales. Juntos por el Perú, cercano a este grupo, hasta ahora no despega como sí lo ha hecho Acción Popular, el partido de Merino.

Una vez más los partidos en carrera electoral que se reclaman de izquierda, y que cuentan con el respaldo de la burocracia sindical, terminan empujando el coche de partidos patronales con la falsa lógica del mal menor, la lucha antikeyko y contra el golpismo. En el 2011 fue Humala, en el 2016 fue PPK, en el 2018 Vizcarra y en el 2020 Sagasti.

La política desmovilizadora de las luchas del 14N y de la huelga general del campo no solo priva a la clase trabajadora de una gran oportunidad de lucha nacional por demandas que incluyen el derecho a la vida, sino que termina favoreciendo el avance de posiciones más reaccionarias. La clase trabajadora solo pierde con ese destino, sus posibilidades siguen estando en el camino de la lucha con una política de independencia de clase.

Mientras morgues colapsan por Covid-19 Vizcarra protege a las empresas y no combate el coronavirus

El número de infectados, hospitalizados y muertos por Covid-19 en el Perú sigue subiendo sin control a pesar de la cuarentena obligatoria. Y esto no se debe principalmente a la imprudencia de la gente que no respeta la cuarentena, tal como sostiene el gobierno.

Aquí lo que está fallando es la política del gobierno que hace agua por todos lados: faltan camas de hospitalización y salas de cuidados intensivos, falta oxígeno, falta personal médico, y cada vez son más las muertes evitables que se dan por falta de atención médica; se deja morir a la gente en sus casas o en hospitales por falta de equipos o médicos.

Y para colmo, falta incluso dónde poner a los muertos. Y nada indica que la cosa va para mejor.

Con hambre no hay cuarentena

La gran mayoría de la población entiende que la cuarentena es condición imprescindible para contener la expansión del virus, pero el gobierno dictó el encierro de millones de familias sin los medios necesarios de subsistencia. Son muchas las personas que no reciben el subsidio monetario ni la canasta de víveres, o que ni siquiera figuran en los padrones del gobierno, lo que hace que cada vez más gente no tenga otra opción que salir buscar la subsistencia del día en un desborde incontenible que hace inútil la cuarentena como medio de contención.

El colapso del sistema de salud y el desborde de la población por la subsistencia, muestran el fracaso del gobierno que no actúa a la altura de la «situación de emergencia nacional» que muchos equiparan a una situación de guerra. Una situación de «guerra al coronavirus» amerita todas las decisiones que aseguren ganar esa guerra, y eso incluye nacionalizar todos los recursos con los que cuenta la nación para la victoria. Bastaría con ver que el austero presupuesto del sector público no ha variado significativamente para comprobar lo lejos que está el gobierno de aquellas decisiones.

El gobierno aplica economía de guerra a los trabajadores y a los ricos no les toca un pelo

Solo hay economía de guerra para los trabajadores. Con la cuarentena obligatoria perdieron su fuente de ingresos más de 2 millones de trabajadores formales y más de 3 millones de trabajadores informales. Son aproximadamente 10 mil millones de soles la suma de los salarios no percibidos cada mes; esa es la «contribución de guerra» que se le exige a la clase trabajadora para vencer al coronavirus. ¿Cuál es la contribución de guerra que se ha exigido a las familias más ricas, de las cuales solo las primeras 10 o 12 poseen aproximadamente 100 mil millones de soles? Pues cero soles. ¡Nada! Por el contrario, sus empresas siguen lucrando en medio de la crisis tales como las empresas de alimentos, mineras, bancos, clínicas privadas, farmacias, telefonía, electricidad y gas.

El gobierno anunció que pidió facultades al Congreso para legislar sobre un «impuesto a la riqueza», pero luego aclaró que sería solo un impuesto a los sueldos altos y solo una meta de 300 millones de soles. Como referencia digamos que cada 10% de las primeras grandes fortunas del país equivale a 10 mil millones de soles, pero no se toca.

Protegiendo los intereses de los ricos no se lucha contra el coronavirus

Hay que decirlo con todas sus letras. En esta emergencia que amenaza la vida de toda la población nacional, el gobierno no asume como misión principal la lucha contra el coronavirus, sino la de servir de barrera de protección de los intereses de los grandes empresarios y transnacionales, los dueños de las grandes fortunas.

Las camas de hospitalización aumentan a cuentagotas porque se recicla el mismo presupuesto del año, solo ampliado marginalmente con nueva deuda pública. Hay carencias tan absurdas y a la vez criminales como la de equipos de protección para el personal médico.

Esa economía de austeridad explica también por qué la gran mayoría de trabajadores en cuarentena no acceden al subsidio monetario, y que muchos tengan que salir a buscar la subsistencia, o que otros muchos busquen regresar a sus regiones de origen caminando miles de kilómetros sin ninguna asistencia. Y todo esto no hace más que ayudar a expandir el virus.

Sumado a esto, el gobierno, en su papel de barrera de protección de los intereses empresariales, agrava la situación permitiendo la «suspensión perfecta» de labores, empujando a más trabajadores a una cuarentena de hambre, o a gastar sus propias reservas de CTS o AFP.

Más carne de cañón

El gobierno ya había relajado la restricción a actividades no indispensables como la minería, y permitido la falta de protección de los trabajadores en actividades indispensables, lo que dio como resultados muchos obreros contagiados y enfermos, y hasta los primeros muertos.

Y ahora también relaja el límite de obesidad de 30 a 40 para el reinicio de actividades, lo que en la práctica significa exponer las vidas de las personas con obesidad severa en nombre de la ganancia capitalista.

Urge una política centrada en salvar la vida al pueblo trabajador

Si el virus se expande a su actual velocidad, en un mes sobrepasaremos las cifras fatales de Italia, España o Francia. Y si el virus no discrimina, la política del gobierno y el sistema de explotación hacen que la mayor cantidad de víctimas sean los sectores más pobres del pueblo trabajador.

Por ello, dar carta blanca al gobierno o callar la denuncia en nombre de la unidad y la concertación, como lamentablemente hacen dirigentes de gremios y congresistas vinculados a las organizaciones sociales, es condenar al pueblo a la peor masacre de su historia. Se hace imprescindible que la clase trabajadora, con todos los medios que la situación permita, desempeñe un rol fundamental en la lucha por una política centrada en emprender una verdadera guerra al coronavirus, que ponga al centro medidas de contención con una cuarentena sin hambre por todo el tiempo que sea indispensable, y un vuelco de todos los recursos necesarios al sistema de salud y sanidad pública. Y para hacer posible ese plan, crear un impuesto no menor al 10% a las grandes fortunas, y medidas de control en la distribución de bienes y servicios de consumo masivo.

Las luchas por la reposición de despedidos, o por la anulación de la “suspensión perfecta” de labores, es parte indesligable de ese objetivo.

La crisis del Covid19 ha desnudado las condiciones de barbarie no solo de la salud pública, sino también de la educación pública, del carácter precario del empleo, del descomunal robo que representan las AFP y la expropiación de un sistema de jubilación digno, todo ello producto de muchos años de medidas a favor de multinacionales y grandes empresas y en contra de los intereses nacionales y populares. Por ello, el plan alternativo contra el Covid-19 no puede estar desligado de un plan nacional obrero y popular que dé una solución de fondo a estos problemas en la perspectiva de un Gobierno de los Trabajadores y el Pueblo.

¿A dónde vamos?

Es la pregunta que todos los trabajadores nos hacemos frente a la actual situación. ¿Cuándo acabará? ¿Qué sucederá? ¿Qué salida tenemos?

Alejado de todo pesimismo infundado (el fin del mundo), y de su otro extremo el optimismo ciego, tratemos de ver la realidad tal cual es con la información disponible, para prever los escenarios próximos futuros en sus aspectos más relevantes.

El escenario general

Estamos ante una pandemia más en la historia humana cuyo antecedente inmediato por su magnitud es la Gripe Española de 1918 que dejó un saldo de entre 20 a 40 millones de muertos en el mundo.

El Covid-19 es un virus menos letal, sus efectos son solo devastadores sobre personas mayores y vulnerables, pero de fácil propagación, más en el mundo globalizado y altamente urbanizado. Sobre sus impactos en Perú se habla que será similar a la Guerra del Pacífico.

Pero estamos en un mundo capitalista donde los conocimientos y recursos no se usan para fines sociales sino son medios para generar ganancias.

Si la Gripe Española ocurrió hace un siglo, ¿la tecnología, la ciencia y los gigantescos recursos que dispone la humanidad no podrían evitar la catástrofe? Por supuesto. Pero estamos en un mundo capitalista donde los conocimientos y recursos no se usan para fines sociales sino son medios para generar ganancias.

Con excepciones como Suecia y Corea del Sur que siendo capitalistas han respondido con cierta eficacia al virus, el mundo se enfrenta a una amenaza incontrolable porque en diversos grados se ha descuidado y hasta abandonado los sistemas de salud públicos, más en los países subdesarrollados como el nuestro.

Por eso el recurso frecuentemente usado ha sido el confinamiento absoluto obligatorio, para dar tiempo a equiparse a los disminuidos sistemas de salud, controlar la pandemia y poder atender a los casos más graves. Las pérdidas en la economía son asumidas como un costo porque de no actuar así el resultado podría ser peor. Esto es lo que han hecho los países del occidente de Europa, pero con tardanza, hasta que ahora lograron aplanar la curva y ya inician una apertura gradual. En el otro extremo, Trump, Bolsonaro y López Obrador, se oponen a paralizar sus economías y empujan al contagio y a la muerte masiva a sus pueblos.

Los dos polos, sin embargo, comparten una misma política que en esencia se centra en preservar los negocios capitalistas y sus Estados secundarizando el combate al Covid-19. La supuesta “humanidad” de los europeos occidentales se reveló en las numerosas muertes por falta de atención y los déficits de sus sistemas sanitarios, y la obligación de trabajar en muchas industrias permitiendo la extensión del virus. El otro sector es simplemente cruel: las cifras dicen poco de la realidad terrorífica que se vive día a día en dichos países.

Vizcarra

En este cuadro, Vizcarra pretendió ubicarse más adelante que los mismos europeos cuando el 15 de marzo anunció el inicio de la cuarentena afirmando que “vamos a evitar que suceda lo de España e Italia”. Muchos, entonces, aplaudieron al Presidente, y hasta lo erigieron en líder mundial impulsando la popularidad que aún hoy lo beneficia. Sus pares de la región lo emularon. Desde los balcones las clases medias aplaudían a los militares que patrullaban las calles pensando que la pesadilla se acababa en quince días. Una segunda, una tercera y hasta una cuarta prórroga totalizando 70 días de cuarentena, fue minando la credulidad general hasta convencernos de una realidad que cada día golpea nuestras cabezas: los contagios y las muertes no paran de crecer un solo minuto, el sistema sanitario está colapsado y lo que se viene es de terror.

La élite gobernante no conoce al Perú: 800 mil viven hacinados, entre 7 y 8 millones no tienen agua, 70% vive al día desempeñando diversos oficios, 50% no tiene refrigerador para “comprar para toda la semana”, las mujeres cargan con las tareas domésticas y realizan las compras, etc.

El plan Vizcarra expuesto con soberbia en cada una de sus presentaciones televisivas, fracasó rotundamente. Con fórmulas distintas ahora estamos en camino a la Europa que se pretendió superar y a competir entre los peores gobiernos del mundo ante la pandemia. ¿Cómo se explica que Vizcarra nos haya conducido a esta catástrofe que, para peor, aún está en curso?

Vizcarra, por sus propios actos, esterilizó e hizo casi inútil su caballito de batalla: la cuarentena. La élite gobernante no conoce al Perú: 800 mil viven hacinados, entre 7 y 8 millones no tienen agua, 70% vive al día desempeñando diversos oficios, 50% no tiene refrigerador para “comprar para toda la semana”, las mujeres cargan con las tareas domésticas y realizan las compras, etc. Por eso la cuarentena de Vizcarra solo propició más aglomeraciones en los mercados, inmensas colas en los bancos, sumado al hecho de que al no llevar ayuda efectiva a la inmensa población necesitada la forzó a salir.

Tampoco hizo bien la otra tarea para la que se realiza el confinamiento: provisionarse de quipos y poner en pie un sistema de salud medianamente aceptable para hacer la guerra al virus, de tal manera que hoy todo el sistema sanitario luce totalmente colapsado.

Pilatos

Perdiendo paciencia y aun con el peligro de infectarse, la gente rompió la cuarentena presionada por el hambre. El gobierno lo dejó correr, porque incluso militares y policías se encuentran diezmados por el contagio a la que han sido expuestos. Ahora Vizcarra decretó una cuarta cuarentena “chicha”, junto a un plan de reanudación de labores que llevará más gente a las calles. Se han aprobado algunos protocolos para limitar los contagios, pero no hay forma de controlar su cumplimiento porque las municipalidades (llamadas a fiscalizar), no tienen recursos para dicha labor. Se han relajado las restricciones individuales: se subió el límite de edad de 60 a 65 años y los que sufren obesidad mórbida han sido obligados a volver al trabajo. Así, la nueva cuarentena será la cubierta de un incremento de la catástrofe. En realidad ella no busca contener nada sino terminar por desacreditar el mismo confinamiento para luego justificar la catástrofe como inevitable, permitiéndole a Vizcarra culpar a la población “por salir a las calles”.

Esto significa que el gobierno en la práctica nos lleva al “baño del rebaño”, que es la infección colectiva con todo lo que esto implica en medio de un sistema sanitario ya colapsado.

¿Hasta cuándo?

El escenario próximo para Lima es lo que estamos viendo en Iquitos pero multiplicado por 20. El virus se expande hasta que alcanza al 55% de la población y desde ahí comienza a decaer. El trecho que falta es muy largo, por lo que viviremos una grave crisis sanitaria en las urbes de la capital por varios meses; para no hablar ya del panorama que se vivirá en las poblaciones más pobres y alejadas del interior. Ante esta situación el gobierno parece haberse preparado para evitar al menos el amontonamiento de cadáveres en las calles: ha constituido un Comando “humanitario” con la misión de recogerlos y enterrarlos, como quien esconde la basura bajo la alfombra cuidando la sensibilidad de los grandes empresarios que vuelven a poner en marcha sus negocios.

«Ésta catástrofe en términos sociales (enfermedades, hambre, desempleo) nos llevan al límite de la barbarie.»

Es posible que esta situación ya bastante dura en sí misma, se extienda a lo largo de los siguientes meses con colapsos y otras cuarentenas. La esperanza es que llegue la vacuna, pero ésta recién estará disponible en el segundo semestre del 2021. Por otra parte, una investigación que revela el diario El País de España (8 de mayo), dice que ninguna vacuna asegura el 100% de protección, también dice que no habrá un 100% de inmunidad de los infectados y que habrá recontagios, y por último prevé dos olas más de la pandemia aunque con impactos menores. Hay que aceptar pues que estamos ante una crisis sanitaria que da para más y que se extenderá por dos años con todas las secuelas que ya estamos viendo.

La economía

Sus impactos sobre la economía son de una gravedad sin precedentes. El PBI de este año caerá hasta -16%, donde cada punto significa 50 mil empleos menos y, por consiguiente, crecimiento inusitado de los niveles de pobreza; y podría llegar a -20% si es que el gobierno no cambia de política. La crisis es mundial y la posterior recuperación se estima que será lenta, de tal manera que recién el 2022 podríamos alcanzar los valores de producción del año pasado.

Ésta catástrofe en términos sociales (enfermedades, hambre, desempleo) nos llevan al límite de la barbarie. El nuevo ascenso de la economía se iniciará con costos más bajos de la mano de obra, menos derechos y predominando la precariedad laboral, así como con la imposición de drásticos ajustes en el presupuesto público a fin de cubrir los déficits generados.

¿Hay salidas?
Este es el terrible escenario que nos ofrecen el gobierno y sus mentores de la CONFIEP. Pero esta no es una ley de Dios escrita en piedra y ante la cual solo cabría resignarse. Es la única forma cómo puede actuar un gobierno de capitalistas preocupado por proteger sus negocios y su orden antes que las necesidades de las mayorías: en tiempos normales las explota y en tiempos de pandemia las empuja a morir.

Pero esto sólo puede ocurrir si lo permitimos. La única manera de evitarlo es luchando. Ya no se trata de luchar por un pliego de reclamos o algunas mejoras dentro del sistema porque ya no tienen cabida. Se trata de luchar por la vida y esto implica cuestionar y enfrentar al mismo orden y a su Estado y plantear una alternativa de gobierno.

En 1917, llevados a la muerte y a la hambruna por su gobierno que decidió ser parte de la Primera Guerra Mundial, las masas rusas encontraron en la revolución la única salida para salvar sus vidas y sus destinos, y construyeron una nueva sociedad socialista. Un camino nada fácil pero sí la única salida ante la barbarie. Estamos colocados en una situación semejante. En este camino, la forja de los organismos independientes de lucha de los trabajadores y los pobres, la puesta en pie de un partido revolucionario dirigente en torno a un programa que recoja sus verdaderas necesidades, son las tareas indispensables en las que ya es preciso que avancemos.