Plan genocida disfrazado con mentiras, al estilo de los audios de Vizcarra

Ahora más del 70% de la población se encuentra contagiada (inmunidad de rebaño).

La política sanitaria que ya causó 80 mil muertes y nos acerca al millón de contagios, y que es responsabilidad única del gobierno y del modelo económico que defiende, es disfrazada con una campaña centrada en seguir culpando a la población.

Con una campaña orientada a culpar a la gente de la propagación del virus, y que utiliza hechos aislados que los medios magnifican como el caso de la discoteca de Los Olivos donde fallecieron 13 jóvenes, el gobierno sigue disfrazando su política sanitaria de masacre de la población pobre y trabajadora y de resguardo de los negocios capitalistas. En el caso de la discoteca de Los Olivos, es usada además para denigrar a los jóvenes que en realidad fueron víctimas de la brutalidad policial.

La expansión del virus y la inmensa estela de enfermos y fallecidos que está dejando, no ha cedido un solo minuto desde que hizo su aparición a inicios del mes de marzo, y en todo momento la única verdad que ha saltado a la vista es la responsabilidad del gobierno en su propagación y agravamiento.

En la primera etapa, con cuarentena, el virus se expande porque el gobierno no controla los puntos de aglomeración (mercados, transporte público y bancos), y porque fuerza a la mayoría de pobres y de despedidos a salir a la calle al negarles un ingreso mínimo para que se queden en casa. En el segundo momento la ola se desata por la apertura económica, la que se inicia en mayo y se extiende en junio y julio, lanzada de manera torpe y con protocolos ablandados y sin fiscalización, alentando el contagio masivo en los lugares de trabajo y reprimiendo con saña a los obreros que protestan en defensa de sus vidas, como en Marsa. Así, escalan los contagios y las muertes hasta mediados de agosto, mientras en el otro lado los negocios vuelven a florecer.

«La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención».

La publicidad oficial que culpa a la gente tiene otro sesgo falso: azuza el miedo. El miedo como herramienta de presión no funciona dicen muchos especialistas, y más en la pandemia alimenta el pánico; del pánico a la muerte no hay más que unos pasos como sucede con la gente que por desesperación se automedica agravando su situación, o de algunos que hasta llegaron al suicidio.

La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención. Es decir, más que el virus mata la desidia de las autoridades que no proveen de oxígeno, camas UCI, pruebas moleculares para un diagnóstico correcto y una atención oportuna. Mata la falta de un sistema de atención primaria, la pobre protección del personal de salud y hasta la pobreza en la que se ha hundido a millones. Y todo esto es por responsabilidad del gobierno que se corre ante los gritos de la gente que pide auxilio, que desoye a los especialistas, que asigna recursos con gotero mientras vuelca enorme “ayuda” a los grandes empresarios, que miente y oculta información.

El resultado de esta política está a la vista del mundo entero: el Perú es el quinto país con más contagiados, es –repetimos– el primer país del mundo con la mayor cantidad de fallecidos por habitante, con el agravante de que también es el primero en derrumbe de empleos y salarios. Una verdadera catástrofe que es única y exclusiva responsabilidad del gobierno.

Por ello, desde el terreno de la clase obrera denunciamos que el gobierno y sus mentores de la CONFIEP junto con todos los que le prestan apoyo, ponen en marcha una política genocida por doble partida: al mismo tiempo que nos empujan al contagio masivo y arruinan nuestras economías, no resuelven las necesidades mínimas de la emergencia sanitaria permitiendo que el covid se está cobrando demasiadas víctimas.

En todo esto hay incompetencia total del gobierno de Vizcarra, también la corrupción hace su parte medrando del Estado en la misma emergencia. Pero sobre todo lo que hay es la continuidad de un modelo económico que privilegia los negocios capitalistas sobre el bienestar de la mayoría. Este modelo que en 30 años solo fabricó riqueza en un polo y pobreza en el otro ahora simplemente nos arroja a la miseria y nos condena a morir por el virus con el único fin de asegurar las ganancias del gran capital que ha sido elevado a fin supremo.

Reducir toda la problemática a algunos jóvenes inquietos o de otros que visitan a sus abuelos, no solo es una mentira siniestra armada al estilo de los audios de Vizcarra, sino, como el conjunto de los actos del gobierno, están colocados al servicio de implementar esta política genocida.

Exceso de muertes confirman plan genocida

Foto: Ernesto Benavides/Agence France-Presse

Escribe Mauricio Meca

Basándose en las cifras oficiales, el Perú se ha convertido en el primer país con la mayor tasa de mortalidad por covid en el mundo (28 mil decesos) superando así al Brasil de Bolsonaro y a los EE.UU. de Trump; ambos acusados por distintos sectores políticos de genocidas.

Brasil tiene 208 millones de habitantes y el Perú 32 millones, sin embargo a pesar de los más de 100 mil fallecidos, su tasa de mortalidad es menor que la nuestra, es decir por cada millón de habitantes en Brasil murieron 560 y en el Perú 870. Cabe resaltar que esta información toma en cuenta las cifras oficiales más no el registro de Sinadef, donde existe un exceso de 60 mil fallecidos durante los meses de la pandemia en comparación con los muertos en los mismos meses de años anteriores. De esta información el Minsa reconoce solo 28 mil por muerte de covid y los restantes se pueden considerar como sospechosos hasta que actualice los datos.

Foto: RTVE.ES

Por esta terrible cifra a Bolsonaro lo acusan de genocida, es así que 60 organizaciones, entre ellas profesionales de la salud, presentaron demandas a la Corte Penal Internacional para juzgarlo, al mismo tiempo que el hambre, el desempleo y las muertes han empezado a volcar masivamente a las calles a los brasileños con la consigna ¡Fuera Bolsonaro!

Los gestos populistas de Vizcarra y sus formas más diplomáticas y sofisticadas distan de la actitud de Bolsonaro, pero causan más muertes. Por supuesto nadie se escandaliza (la prensa, el Congreso), ni culpa a Vizcarra de genocida, ni mucho menos vemos a la dirección de la CGTP y a los grupos de la izquierda reformista pidiendo que se largue.

Vizcarra, al igual que Bolsonaro y Trump, representa los intereses de los ricos, solo con estilo diferente. Aquí el gobierno es cuestionado pero no por convertir el país en un panteón, sino por no acelerar y dar más beneficios a la patronal que exige imponer proyectos de inversión y más facilidades para explotar y despedir a los trabajadores. Por supuesto, a la Confiep poco le importa que los contagios y las muertes aumenten, al igual que la burguesía brasileña y norteamericana no desean una cuarentena que impida mover las fábricas y las minas; su prioridad son los negocios.

Crímenes de lesa humanidad

Han existido medidas que nos han llevado a esta situación: la imposición de una cuarentena con hambre y represión, la entrega de bonos miserables, la decisión de no volcar recursos para financiar la emergencia sino para las grandes empresas. Tampoco se garantizó mascarillas, alcohol, pruebas, medicinas, oxigeno, atención médica gratuita. Se permitió el abuso de las clínicas privadas en lugar de nacionalizarlas. Se ha dejado sin protección de bioseguridad al personal de salud.

Asimismo, la interrupción de los servicios de salud de rutina que han constituido una amenaza para la salud de las personas que viven con enfermedades crónicas como el cáncer, diabetes, hipertensión, etc., engrosando los excesos de muertes por el abandono del gobierno.

Esta desidia ha empujado a la población a buscar salidas basadas en la desesperación y el desconocimiento y los deja a merced de automedicarse. Y está causando etnocidio de los pueblos originarios.

Por estas razones Vizcarra hoy es el mayor sepulturero de América Latina, y quizás del mundo.

COLAPSADO: En el hospital Honorio Delgado de Arequipa faltan 300 personas, entre médicos, enfermeras y técnicos, para atender pacientes Covid-19.

Aviso para navegantes

En casi 200 años de la República del Perú no hubo tantos muertos en tan corto tiempo. Ni durante la guerra con Chile, que duró 5 años y fallecieron cerca de 18 mil. Ni durante conflicto armado interno que duro 20 años y se estima como máximo 77 mil, entre muertos y desaparecidos. Vivimos un verdadero genocidio, donde la principal causa no es el covid sino la política de privilegiar los intereses de la clase empresarial contra los de las grandes mayorías.

El gobierno y la Confiep nos han demostrado que la fosa común a la que nos empujan puede ser más profunda. Además que reprimen cuando salimos a protestar, como lo hicieron con los hermanos indígenas de Loreto el 9 de agosto. Estamos alertados: ellos o nosotros.

Gobierno y el empresariado impulsan un plan de genocidio

Urge un Plan de lucha para detenerlo

Con el reinicio de actividades desde julio decretado por el gobierno y el abandono de la lucha contra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras región en una ola creciente de contagios, una secuela de miles de enfermos y muchos de estos que clamaron sin éxito por una atención médica primaria o por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muertos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando los muertos ya sobrepasaban los 47,000. 

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, fue para esconder el previsible impacto de un reinicio de actividades económicas antes de tiempo, es decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, y así justificar esta medida que solo sirve a los apetitos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El gobierno impuso como prioridad la reanudación de los negocios por encima de la vida de las personas, especialmente los grandes proyectos mineros que fueron los defendidos por el ex premier Cateriano en su fallida presentación ante el Congreso, quedando al descubierto su plan de llevarnos a un contagio general y por esa vía a un verdadero genocidio.

Con nuevo gabinete la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la pandemia elevó el número de contagios y muertes a niveles de alarma nacional colocando al Perú como el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo.

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que fue aprobado por el Congreso, la política del gobierno sigue siendo esencialmente la misma medida.

Desastres nacionales son producto de la política del gobierno

En la actualidad la población nacional es víctima de dos grandes calamidades: la pandemia y el empobrecimiento popular, y en ambos casos el causante es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno decretó una cuarentena completamente desligada de una estrategia de contención que tendría que haber incluido detección masiva de contagios y aislamiento con atención médica oportuna y condiciones sanitarias de mercados, transporte y centros de trabajo; ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitalarias ni los equipos de protección a médicos y enfermeras que se enferman y mueren en la primera línea de esta batalla.

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin brindar los medios de subsistencia para millones de trabajadores que fueron privados de sus fuentes de ingresos por más de cuatro meses sin compensación o apoyo económico, situación inútilmente compensada con unos bonos que muy pocos conocen y víveres otorgados al comienzo solo para la fotografía.

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor desastre fue por el aislamiento voluntario de muchas familias, aunque en condiciones poco o nada sostenibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal como el coronavirus hace imprescindible una cuarentena, pero no en los términos planteados por el gobierno de una cuarentena de hambre y complemente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de actividades la política de Vizcarra nos está enrumbando directamente hacia un verdadero genocidio y a una profundización de la pobreza donde no será posible diferenciar entre muertes por covid y muertes por hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el aislamiento social los días domingo, una medida totalmente ineficaz para detener la ola de contagios que se produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino durante el trabajo y en el sistema de “camas calientes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere ver más muertos antes que cortar la acumulación de ganancias de los empresarios.

Plan de Vizcarra se centra en el rescate empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de créditos con aval del Estado, y defender una reactivación de la economía de los explotadores, no soluciona la economía popular y solo agrava la pandemia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos para el país, en esta época de pandemia y recesión mundial y con una flexibilización de las obligaciones de las empresas, tendrán un impacto económico insignificante; en cambio el daño en trabajadores contagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va exactamente en sentido contrario. En sentido contrario incluso de sus anuncios en las primeras semanas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a la riqueza.

Incluso el Estado de Emergencia decretado para combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instrumento de represión de las luchas populares. Ya no se persigue la aglomeración de gente en previsión de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que crece y se difunde a nivel nacional como una reacción de supervivencia.

Por un verdadero plan  para detener el genocidio

Las medidas aisladas de la población pueden justificarse por la desesperación ante el abandono del Estado, pero la verdadera solución, aquella que es indispensable y en la que debemos centrar todas nuestras fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indispensables para defender la vida de la población:

•     Detener la expansión de los contagios con medidas de aislamiento y cuarentena;

•     Ubicar a los contagiados mediante la aplicación masiva de pruebas moleculares y no pruebas rápidas que dan falsos negativos.

•     Brindar atención médica primaria oportuna, con medicinas para todos los enfermos a nivel nacional sin excepciones;

•     Brindar atención hospitalaria a todos los enfermos avanzados y cuidados intensivos para todos los agravados, y no dejar que ningún ser humano muera por falta de oxígeno;

•     Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los aislados con un salario universal;

•     Asegurar las condiciones sanitarias de los servicios públicos como centros médicos, mercados y el transporte masivo, junto con los equipos de protección personal adecuados, y

•     No dejar de lado una solución de vivienda para toda la población que vive en condiciones de hacinamiento y expuesta a contagios en masa.

El conjunto de acciones arriba mencionadas no estaría completo sin impuestos a la riqueza en las proporciones que se requiera para enfrentar la crisis, y expropiación o control públicos de la provisión de bienes y servicios indispensables dentro del plan como medicinas, servicios de salud, equipos de protección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la economía, sobre todo en las condiciones de precariedad sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfacer a las empresas, solo ha provocado un terrible rebrote de las cifras de contagios, enfermos y muertos covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas en este terreno, además de la cuarentena para todas las actividades económicas no esenciales, tienen que incluir la reposición de despedidos con remuneración y todos sus derechos incluyendo el seguro médico y beneficios sociales, la eliminación de la suspensión perfecta de labores, y un salario universal a todos los trabajadores del sector informal, esta última incluso es una medida sugerida por organismos internacionales como la Cepal.

Una salida de los trabajadores  y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar matanza y evitar que millones de personas se hundan en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni de los partidos de oposición. Estos protagonizarán incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas organizando una lucha nacional para imponer la solución al actual desastre nacional, en el plazo más urgente y no para las elecciones.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de disputar la dirección de los destinos de la nación como una manera indispensable para asegurar un futuro sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

El apoyo político de Vizcarra

Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del impacto popular que tuvieron sus primeras iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte también por la desesperación y búsqueda de salidas individuales o aisladas de la población. Los bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y AFP fueron asumidos como una “solución” cuando se creía que la cuarentena podía durar dos o cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo contrario.

Pero lo que más beneficia al gobierno es la actitud cómplice de direcciones políticas burguesas, proempresariales y hasta reformistas de izquierda.

Todos ellos exhiben una total bancarrota política y programática frente al actual drama nacional que teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia con la mortandad más grande de toda su historia, pues no plantean un rumbo diferente al genocidio que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una frivolidad sin límites, centran sus acciones y cálculos en la perspectiva de las próximas elecciones.

Bancarrota de los partidos electoreros o sepultureros

Para los capitalistas y políticos burgueses, e inclusive para políticos de izquierda “realistas” todo esto es imposible, pero no porque no se pueda realizar sino únicamente porque para financiar un plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la bonanza económica, aquella que es la causante de otros grandes males como el achicamiento del Estado y la calamidad del sistema de salud, de la educación, del transporte público, del sistema de jubilación, etc.

Lo consideran imposible porque no quieren ir en contra del actual estado de cosas impuesto con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre con la desesperación del pueblo, donde capitalistas como aves de rapiña pueden enriquecerse legalmente provocando carestías y encareciendo medicinas, oxígeno, atención médica privada, servicios básicos como el de telefonía y electricidad, y los más grandes buitres del sistema financiero.