Los ceses colectivos empiezan a extenderse

40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… y amenaza extenderse más a pedido de la CONFIEP

El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista.

Aunque es un problema que viene de atrás, los ceses colectivos en curso han encendido la alerta roja entre los trabajadores que, con preocupación, se preguntan si son casos aislados o son una amenaza real que está creciendo. Veamos.

Primera cuestión: ¿deben existir los ceses colectivos?

Empecemos por el principio. El primer problema que tenemos es la existencia de un marco legal (DS 003-97-TR o Texto Único Ordenado del DL 728) que facultan los ceses colectivos sustentados en las siguientes razones: a) causa fortuitas o de fuerza mayor (un terremoto, un incendio), b) motivos económicos, estructurales o cambios tecnológicos, c) quiebra de la empresa y d) reestructuración patrimonial.

Aquí se plantea un primer y grave problema: si, como dice el derecho universal y la propia Constitución vigente, el trabajo es un “derecho” y es “base del bienestar social y un medio de realización de la persona” (Art. 22), los ceses colectivos no deberían existir, o deberían prohibirse. Sin embargo existen. Dichos principios, sobre el derecho al trabajo, en realidad son letra muerta porque la ley misma los vulnera. En los ceses, los propios trabajadores son obligados a “negociar” los despidos, basados en el falso entendido de que deben garantizar la “rentabilidad” de la empresa. Cuando hay ganancias a los trabajadores nos mezquinan hasta las utilidades pero, cuando hay pérdidas, tenemos que pagar el costo, pese al enorme patrimonio que acumularon las empresas gracias a nuestro trabajo de años.

Del mismo modo debemos preguntarnos: ¿Por qué en lugar de cerrar plantas o secciones, o producir cambios tecnológicos desapareciendo puestos de trabajo, no se reduce la jornada laboral para dividirla entre todas las manos disponibles sin rebaja de salarios? ¿Por qué aceptar los cierres, como en el caso de las dos inmensas plantas de Cogorno, en las que se produce un alimento indispensable como fideos, en un país con 20% de pobreza extrema? En Argentina, producto de la crisis del año 2001 se cerraron más de cien empresas, pero los trabajadores las ocuparon para mantener sus empleos y producir bienes para la población, y el Estado tuvo que reconocerlos.

Los empresarios y autoridades jamás piensan en estas posibilidades porque, como decimos al inicio, su mentalidad es capitalista: lo que no le produce ganancia no sirve. Pero los trabajadores sí debemos plantearnos esas posibilidades, porque es la única forma de defender realmente el trabajo y el bienestar de nuestro propio pueblo.

Nada de lo dicho suena exagerado si lo vemos a la luz de lo que ocurre con la economía. Luego de un período de bonanza del 2004 al 2013 entramos a un período de estancamiento en la economía, cuyo crecimiento ronda el 3%. Este año estamos peor: en abril creció 0%, en mayo 0.63%. Además, dependemos de la economía mundial, que para muchos especialistas va hacia una nueva y grave crisis. Entonces, si hubiera una grave crisis, ya sabemos que cerrarán las fábricas y nos echarán masivamente a la calle, y para eso hay que estar preparados. Los empresarios ya se están preparando. María Isabel León, presidenta de la Confiep, visitó Palacio para solicitar que se flexibilicen más los ceses colectivos, y lo sustentó así: “Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva….”.

Los ceses en el actual momento

Desde el 2014, cuando se inició el llamado “enfriamiento de la economía”, todos vemos cómo las empresas, al ver reducir sus expectativas de obtener más ganancias, por el crecimiento de sus volúmenes de ventas, se enfocan en aumentar la rentabilidad reduciendo sus costos de producción. Y si las máquinas y materias primas mantienen sus precios, solo pueden reducir costos reduciendo el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Hay dos formas de reducir los salarios: reemplazando los obreros más “costosos” por otros más baratos; esto intentan las empresas ahora despidiendo estables y tomando contratados o tercerizando. La otra es intensificando la
producción, cambiando los horarios, los lugares de trabajo, colocando cámaras, etc. Así buscan que lo que antes producían dos obreros ahora lo haga uno, con lo que la patronal se “ahorra” muchos salarios.

A esta finalidad también responden las medidas antilaborales que dicta el gobierno: el derecho de huelga es recortado con el decreto que autoriza a las empresas a declarar todo puesto de trabajo como “indispensable”; las vacaciones son pulverizadas; las inspecciones de trabajo se relajan… Y, como plato de fondo, plantean suprimir la estabilidad anulando la reposición ante el despido arbitrario (DS 345). Sin embargo, lo que en esencia buscan los empresarios es tener las manos libres para hacer lo que quieren en su interior. El obstáculo de esa libertad son los sindicatos combativos y los dirigentes que pelean y se defienden, en las calles y en los tribunales. Por eso los empresarios han encontrado en el marco legal de los ceses colectivos la herramienta perfecta para arrasar con los sindicatos y sus dirigentes. Esto es lo que viene ocurriendo.

De acuerdo con la información reunida por el dirigente Ronny Mendoza, en los últimos cuatro años se han presentado ceses colectivos en 25 empresas y se ha afectado a más de 3000 trabajadores, en su mayoría de pequeñas empresas. Todos los casos presentados a la fecha se sustentan en el punto b) de motivos económicos y estructurales, que es una definición tan genérica y laxa que sirve al propósito de las empresas para “justificar” los ceses y atacar a los sindicatos y sus dirigentes. Por ello en Hialpesa, que tiene 2300 trabajadores, la mayoría son contratados, el cese afecta casi solo a los sindicalizados y dirigentes. En Cogorno también: cesan a los sindicalizados y dirigentes, mientras en las otras plantas de la empresa se duplican y triplican funciones entre los trabajadores porque “falta de mano de obra”.

La “suspensión perfecta de labores”

Por esta razón, porque son fraudulentas, la mayoría de las solicitudes de ceses vienen siendo rechazadas total o parcialmente. ¿Por qué entonces las presentan? Como en todos los casos de atropello laboral, la empresa siempre ejerce el abuso y busca consumarlo con su poder y con la complicidad del Ministerio de Trabajo y, muchas veces, ganan por la debilidad de los trabajadores. Para hacer los juicios el trabajador debe vivir sin salario por mucho tiempo y dedicar energías y recursos para el proceso. Lo mismo ocurre en los ceses colectivos donde, además, deben soportar una presión brutal dirigida a quebrar la resistencia. En Cogorno, luego de haber fracasado el primer intento de cese, la empresa presentó una segunda solicitud involucrando a más trabajadores, y amenaza con presentar una tercera. Por ello, son pocos los que resisten y llegan al final del proceso.

A esta finalidad responde el tema de la “suspensión perfecta de labores”. Toda empresa, al mismo tiempo que solicita y tramita un cese colectivo, declara una “suspensión perfecta de labores”. Con esta “suspensión” el trabajador queda en el “aire”, no trabaja ni es “despedido”, por lo que no cobra ni salario ni puede buscar otro trabajo porque su situación es indefinida hasta que concluya el proceso.

Por este motivo, con independencia de anular el mismo concepto de cese colectivo, la FNTTP ha planteado una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para que se suprima de la norma la parte que permite la “suspensión perfecta de labores”, de tal manera que el cese solo proceda desde el momento que resuelva la autoridad, no antes. Del mismo modo, se plantea también la derogatoria del DS 013-2014-TR, porque hace laxa la definición de causal económica.

Dos reivindicaciones precisas que desde ahora están inscritas en las banderas de la clase obrera, y que deben enriquecerse con otras propuestas para defender el trabajo, como la reducción de la jornada laboral para no reducir personal, y, ante los cierres de empresas, que las administre el Estado y controlen los trabajadores. La crisis la deben pagar los que la generan: los mismos capitalistas.