¡Castillo, basta de represión y atienda ya las demandas!

El PST expresa su solidaridad y apoyo incondicional a la lucha popular desatada contra el hambre y el desastroso gobierno de Pedro Castillo. En casi todo el país se producen revueltas populares con bloqueos de carreteras, y en algunos lugares saqueos y ataques a entidades que simbolizan el abuso estatal y privado.

La explosión popular ocurre en el marco de la huelga y paro convocado por diversos gremios de transportistas, incluyendo a mototaxistas, taxistas e informales, y comprende a organizaciones de pequeños agricultores y sobre todo al pueblo pobre que espontáneamente se suma a la protesta por una razón: el hambre.
Los precios de los combustibles y de los alimentos básicos se han duplicado y nadie con un salario precario o sin trabajo puede soportarlos.

La respuesta del gobierno ante esta protesta legítima ha sido de la más vil. Castillo señaló a los manifestantes como “pagados” por la derecha y en esa línea desbocó sobre ellos una represión brutal, que en el caso de Huancayo causó la pérdida de la vista de dos jóvenes y la muerte de cuatro. Y, ahora, decreta toque de queda en Lima y Callao, con lo que enciende más los ánimos.

Es cierto que la patronal, y sobre todo sus sectores de derecha, no le dejan respirar al gobierno desde el primer día. Pero atribuirles a ellos el desborde popular no solo es un despropósito que sobreestima su verdadera fuerza, sino lleva a no entender el sufrimiento y desesperación que el pueblo vive por las alzas y el desinterés mostrado por el gobierno.

Al contrario, ahora la derecha está alarmada por el levante popular y aplaude las medidas represivas que dicta el gobierno. Pretende que se controle la situación y ponga a salvo la propiedad de los ricos, para luego volver a la carga con su plan de vacancia. De ellos no esperamos otra cosa. Quien hace el trabajo sucio es Castillo quien ha venido concediendo a sus enemigos desde el primer día, y ahora, en lugar de atender las demandas y reencontrarse con el pueblo que lo colocó en Palacio, capitula a sus acosadores y lanza la Policía Nacional y las FFAA contra el pueblo.

La explosión social no solo expresa inmenso descontento sino frustración con el gobierno. La elección de Castillo era la esperanza del pueblo pobre para recuperar lo que perdió en la pandemia producto no solo del virus sino de las políticas patronales aplicadas desde el gobierno. Pero Castillo no hizo nada: no cumplió con ninguna promesa, no atendió ninguna demanda y contribuyó a empeorar la situación. En las fábricas donde arden los problemas, el gobierno no hace nada. Y no hizo nada ante el alza brutal de los alimentos y combustibles; y ahora bajo presión popular dicta medidas tibias que no resuelven el problema.

El gobierno de Castillo no solo muestra el fracaso absoluto de la “izquierda” de JP y Perú Libre y su incapacidad total para llevar a cabo un programa de cambios desde el Estado. Más aun, ha demostrado que no es posible hacer esos cambios en acuerdo o conciliación con la burguesía como pregonan, aun estos días.

Ante esta situación lo que necesitamos es apoyar, fortalecer y extender la lucha que se ha iniciado. Unir a ella de manera decidida al conjunto de la clase obrera en la jornada del 7 de abril. Nuestras banderas son:

  • Congelamiento de precios de los combustibles, gas y alimentos.
  • Aumento general de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica familiar.
  • Apoyo al campesinado pobre con fertilizantes, ayuda técnica y compra de sus productos a precios justos.
  • Reposición de despedidos, anulación de los ceses colectivos, administración obrera de las fábricas cerradas, fin de la intermediación laboral y del CAS en el Estado.
  • Atención efectiva a la pandemia, a la educación pública y a la demanda de agua y servicios básicos, con financiamiento.

Hay recursos. Y si faltan, deben ser tomados de las grandes corporaciones, en la línea de las comunidades campesinas que reclaman lo que es suyo a las empresas mineras. Pagamos con muchas vidas y más pobreza la política gubernamental de salvar los negocios primero durante la pandemia. Ahora no más. Que la crisis y las alzas atribuidas a efectos internacionales, la paguen los grandes capitalistas y ricos.

La frustración obrera y popular contra el gobierno Castillo puesto de manifiesto en las calles, nos debe llevar a tomar en nuestras propias manos el gobierno de nuestros destinos. En los bloqueos y en los paros, en el campo y en las fábricas necesitamos poner en pie comités de lucha, hoy por las reivindicaciones planteadas y mañana para enfrentar las pretensiones de la derecha de recuperar el poder. Solo desde dichos organismos, ante el fracaso y derrumbe del gobierno de Castillo, debemos gestar una alternativa de verdadero gobierno obrero y popular. Y para llevar a cabo esta tarea, desde el PST llamamos a poner en pie un verdadero partido revolucionario, de obreras y obreros.

Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares

NACIONAL
Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares
A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Castillo ante el empresariado nacional, los inversionistas extranjeros y la banca mundial por la continuidad del modelo económico, su gobierno atravesaba problemas de gobernabilidad no solo por los ataques de la ultraderecha, sino también por contradicciones internas que han tenido como salida el cambio de gabinete, pero conservando el mismo rumbo de conservación del modelo económico.

Pedro Castillo recibió en la campaña electoral duros ataques de las fuerzas patronales por considerarlo una amenaza al modelo económico neoliberal y el orden constitucional fujimorista. Pero lo ataques fueron más lejos todavía, pues lo estigmatizaron como la opción del terrorismo senderista, estigmatizando de pasada las ideas comunistas y socialistas en general, aun cuando no tengan que ver con el terrorismo; lo cual es un atropello a las libertades democráticas elementales como la libertad de pensamiento que es el derecho de todo individuo a no ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias.

Es sabido que el fujimorismo y los sectores ultraderechistas del Congreso nunca aceptarán los resultados del 11 de junio; incluso han impuesto arbitrariamente una comisión investigadora del proceso electoral con la que pretenden “oficializar” una absurda versión de fraude del que no pudieron mostrar una sola prueba.

Lo que predomina, sin embargo, son los sectores patronales que respaldaron la investidura del gabinete en aras de la aplicación del modelo económico, y este respaldo ha mostrado un límite en el tema de Vladimir Cerrón y el “ala dura” de Perú Libre de los ministros cuestionados, especialmente el ex ministro Maraví cuestionado por tener un pasado vinculado a Sendero Luminoso, o a organizaciones proscritas por tener vínculos con este, como el Movadef y el Conare, a pesar de que este último tenía un carácter sindical. Por eso cerraron filas contra el gobierno presionando con la censura.

El cambio de gabinete, ahora presidido por la ex presidente del Congreso Mirtha Vásquez, ha sido la respuesta de Castillo a fin de conservar ese respaldo a su gobernabilidad.

Un obstáculo absoluto a la solución de las demandas sociales
Pero algo que coloca al gobierno definitivamente rumbo al desgaste es el haberse sometido, con el anterior y el actual gabinete, a la continuidad del modelo económico de las grandes corporaciones y dejar de lado las medidas anunciadas en la campaña como las nacionalizaciones, el aumento significativo de la tributación de las grandes empresas y hasta la constituyente, pues en esas condiciones no será posible cumplir con el cambio ofrecido en campaña y de brindar las soluciones que demandan los sectores populares.

Por ejemplo, cómo podrían fortalecerse el sistema sanitario frente a una tercera ola de la pandemia si se mantiene el mismo presupuesto austero de las últimas décadas, que se agota con subsidios insignificantes y no permite cambiar la ruinosa situación de hospitales ni implementar el nivel primario de salud a nivel nacional.

Por otro lado, la recuperación del gas y la “soberanía” sobre los recursos naturales dependerán de la negociación “en buenos términos” con el consorcio Camisea; quedó claro que nacionalizar Camisea no está en la agenda del gobierno. La llamada segunda reforma agraria quedará también supeditada a los escasos recursos públicos, y la restitución de derechos y derogación de los decretos antilaborales, dependerá del acuerdo que se logre con los empresarios, que son la prioridad del modelo económico.

Los problemas nacionales no han desaparecido y exigen solución urgente
En la actualidad, mientras la economía se recupera para algunos pocos, millones de trabajadores todavía no pueden recuperar a sus trabajos o sobreviven en condiciones de indigencia en la informalidad y el subempleo, con salarios por debajo del nivel de subsistencia, a lo que se suma la exorbitante alza de los precios de productos de primera necesidad.

El movimiento sindical sigue lidiando con patronales prepotentes que sabotean la negociación colectiva, y las empresas más grandes imponen pliegos multianuales en tiempos de alta inflación de los productos de primera necesidad.

Las banderas de lucha de los sindicatos del sector público y los CAS, también se ven postergados por las restricciones que el propio gobierno ha ratificado en el proyecto de ley de presupuesto.

En este contexto las organizaciones obreras y populares enfrentan la necesidad, ineludible y urgente, de organizar y centralizar sus demandas en una lucha independiente, y también la de forjar una verdadera alternativa de poder frente a las pretensiones reaccionarias del fujimorismo y la ultraderecha, y por un plan alternativo obrero y popular frente al modelo económico de las grandes corporaciones.

La Constituyente como bandera de lucha

Por Víctor Montes

Nadie puede negar que la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura fujimorista, ha sido identificada por la vanguardia obrera y popular como uno de los pilares de la situación de abuso y explotación que vivimos en el país.

Efectivamente, dicha Constitución consagró la desaparición de la gran mayoría de conquistas sociales y económicas que la Constitución de 1979 se vio obligada a reconocer, como resultado de la poderosa movilización obrera y popular que derribó a la dictadura militar de Morales Bermúdez.

En su reemplazo, la Constitución del 93 vino a imponer el modelo económico neoliberal, bajo el cual se han saqueado nuestros recursos naturales, sobre explotado nuestra fuerza de trabajo, y languidecido la educación y la salud públicas.

Derechos como la estabilidad laboral, entre otros, fueron borrados de un solo golpe. Además, diseñó un entramado legal que desnacionalizó la economía, facilitando la entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales, y reforzó el carácter autoritario del Estado.
De ahí que la aspiración de estos sectores, de echar abajo la constitución heredada de la dictadura, sea justa.

En este marco, sin embargo, queremos abrir un debate: ¿Qué papel juega, desde los intereses de la clase obrera, la lucha por una nueva constitución?
Para la izquierda reformista, la nueva constitución es la solución a los problemas del país.
Para nosotros, en cambio, esa constitución solo podrá adoptar medidas que terminen con la pobreza, la desigualdad, la explotación el saqueo de nuestros recursos, si en el camino de su realización, echamos abajo el poder de los empresarios y el imperialismo, y los trabajadores y trabajadoras del país tomamos el poder en nuestras manos. ¿Por qué aseguramos eso?

EL ORIGEN DE LA CONSTITUYENTE

En la historia, la Asamblea Constituyente es una institución creada por la clase burguesa para establecer su poder frente a la arbitrariedad de reyes, príncipes y demás señores feudales, quienes manejaban el Estado a su antojo, y en forma completamente arbitraria, por “derecho divino”.

En la Constituyente, la burguesía se erigió como representante de “todo el pueblo”. Aprovechando el número a su favor –los señores feudales eran una ínfima minoría de la población- utilizó la Constituyente para establecer su poder en forma de ley: creó una Constitución.
Esta intención de establecer el poder burgués, se puede ver claramente en el antecedente directo de las constituciones modernas: la “Carta de derechos”, elaborada por el Parlamento inglés en 1689.

En dicha Carta se establecieron las siguientes restricciones al poder de los monarcas:
El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.
El Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Dicho en una frase: el Rey ya no tiene el poder, sino el parlamento, donde domina la burguesía.

Lo propio hicieron la “Convención de Filadelfia” (EE.UU., 1787) durante la guerra de independencia estadounidense, y la “Asamblea Nacional Constituyente” reunida en París (1789 – 1791) durante la revolución francesa: establecer el poder de la burguesía contra el poder feudal.

LA CONSTITUYENTE EN NUESTRA HISTORIA

En nuestro país, la historia muestra que las cosas no han sido diferentes. Desde que José de San Martín convocó a la primera Asamblea Constituyente (llamado “Congreso General Constituyente”) en 1822, todas han cumplido el mismo rol: establecer las bases del poder de la oligarquía, primero frente a la corona española, y después, del sector de la burguesía que ha controlado el Estado.

Así, mientras la primera Asamblea Constituyente (1822-1823) procuró establecer un Estado liberal, con predominio del parlamento sobre el ejecutivo, la realidad la obligó a entregar todo el poder a Bolívar, iniciando así una tradición autoritaria refrendada por las diversas Constituciones que fueron elaboradas con posterioridad.
Ninguna de las 12 Asambleas, ni de las 12 Constituciones, pudo terminar con el flagelo de la corrupción, que pululó por igual bajo regímenes militares, que bajo el poder de los civiles. Por el contrario, cada una estableció las bases sobre las cuales, un determinado sector de la clase dominante pretendió construir su propia dominación sobre la base de una clientela política, con que se repartiría el Estado como un botín en el periodo siguiente.

LA CONSTITUCIÓN DEL 79

Pero entre todas, fue la Constitución de 1979 la que más se acercó a expresar las necesidades y aspiraciones de la población pobre del país. Y no fue casual.
Nacida de la derrota de la dictadura de Morales Bermúdez por el gran paro nacional de 1977, la Asamblea Constituyente instalada en 1978 llevó en su seno una importante representación “de izquierda”, 28 curules de 100, expresión del ascenso en las luchas de las masas obreras y populares.

Sin embargo el 62% de la constituyente estuvo formada por el aprismo (37 curules) y el PPC (25 curules). Partidos que pactaron con los militares para que la Constituyente no ponga en peligro su “retorno ordenado a los cuarteles”.
Sin embargo, ese 62% de apristas y pepecistas no pudo evitar que la Constitución del 79 consagrara una serie de reivindicaciones democráticas básicas: reconoció como ciudadanos/as del país a todas las personas mayores de 18 años nacidas en el Perú. Estableció la estabilidad laboral como un derecho, etc.

Sin embargo, lo que la Constitución del 79 jamás puso en cuestión, fue la continuidad de la explotación y la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la continuidad de la dominación burguesa sobre la sociedad.

Y es así porque, sin importar lo democrática que haya sido la Constituyente de 1978 (que haya sido elegida por voto universal, directo y secreto), los militares, en nombre de los patrones, seguían gobernando el país para único beneficio de los empresarios y el imperialismo. O dicho de otra manera, porque la clase obrera, a pesar de su enorme lucha y de haber asestado un golpe mortal a la dictadura, no logró tomar el poder.

LATINOAMÉRICA Y LA CONSTITUYENTE EN EL SIGLO XXI… NO HA SIDO DIFERENTE

Las experiencias recientes de convocatorias a Asambleas Constituyentes en otros países de la región, han seguido el mismo derrotero.
Dichas Asambleas, durante la primera década del siglo XXI, redactaron nuevas cartas para Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde partidos o movimientos de corte nacionalista (burgués), montados sobre procesos de lucha poderosos, llegaron al gobierno.

De esta forma, estos movimientos volvieron a “diseñar” los poderes del Estado, sus atribuciones, cómo se relacionan entre sí, así como sus propósitos y un largo etc. El cambio respondió a que un sector distinto de la burguesía, al que venía usufructuando el poder del Estado, tomó control del mismo. Y para mantenerse en el poder, buscaron convertir en ley esa nueva situación.

Sin embargo, por eso mismo, fueron incapaces de romper con el carácter burgués (patronal) de la economía y el propio Estado, en esos países. Mantuvieron incólumes las instituciones fundamentales que imponen el poder de la burguesía (las fuerzas armadas y policiales), así como el derecho del gobierno de reprimir y suspender las garantías democráticas cuando lo considera conveniente (a razón de pretextar una “emergencia”). Del mismo modo, mantuvieron tal cual la propiedad privada de los medios de producción, y el derecho de los patrones a colocar el precio de nuestro trabajo garantizando así la explotación.

Mantuvieron también, el carácter primario – exportador de sus economías, en línea con el rol que el imperialismo ha designado para nuestra región, aunque arrancaron una tajadita adicional de la renta proveniente de dichos recursos. Y era posible hacerlo, pues coincidió con una coyuntura económica favorable: el alza del precio de las materias primas que vivimos entre 2004 y 2013, aproximadamente.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Más recientemente, en Chile, la movilización popular, que se hizo revolución hacia octubre de 2019, identificó a la Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet, como la base de los más de 30 años de saqueo “en democracia” y superexplotación. Por eso, desde las calles, el pueblo trabajador impuso que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Por eso es una Constituyente cualitativamente más democrática que otras: está compuesta en forma paritaria entre mujeres y hombres, compuesta en un 50% por independientes y tiene curules reservadas para los pueblos originarios.

Y sin embargo los límites son los mismos: convive con el gobierno asesino de Piñera, y está atada de pies y manos por el pacto de los partidos políticos tradicionales, quienes le niegan el poder de decidir sobre los problemas de fondo del país.

Como dicen nuestros camaradas del Movimiento Internacional de los Trabajadores:
“El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros).”

Por eso podemos afirmar que la experiencia chilena muestra, en primer lugar, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede venir de una victoria en el terreno de la lucha. Una conquista que en Chile ha sido arrancada a la burguesía con miles de heridos y detenidos en las calles de todo el país. Nada que ver con campañas para recoger firmas o planteamientos de modificaciones constitucionales pactadas en las alturas del Congreso. Y en segundo lugar, que la Constituyente chilena, a pesar de su composición cualitativamente más democrática que otras experiencias, no ha podido romper los límites de la dominación burguesa e imperialista: la propiedad privada de los medios de producción, la explotación y la entrega del país a las transnacionales.

¿LA CONSTITUYENTE TIENE UN PAPEL EN EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO?

Para el partido obrero revolucionario, marxista, como el PST, la Constituyente tiene un lugar en el programa como la más importante demanda democrática de las masas oprimidas. Su papel tiene un peso enorme en países como el nuestro, donde el imperialismo y la burguesía imponen su dominio violentando la voluntad del pueblo pobre una y otra vez, como lo demuestra la penetración de las grandes mineras y petroleras, al amparo de la Constitución vigente.

Y al mismo tiempo, la confianza que tienen las masas en su número, las lleva a pensar que es posible “cambiarlo todo”, por medio del voto universal.
Es una demanda que, en tanto es una bandera de lucha que moviliza a esos sectores, la clase obrera -y con mayor razón su vanguardia revolucionaria- debe levantar. Solo así puede disputar la conciencia de esas mismas masas frente a los sectores reformistas y de clase media, que levantan la consigna de la Asamblea Constituyente desde una perspectiva completamente diferente: la “democratización” del Estado, sin tocar las bases económicas de la dominación burguesa, que son un obstáculo absoluto a la solución de los problemas nacionales.

Desde una perspectiva de clase, la Constituyente debe ser acompañada de tareas específicas que debe cumplir, para expresar la necesidad de conquistar la soberanía del país y terminar con la explotación. Por ejemplo, demandamos una Constituyente que prohíba los despidos y asegure el derecho democrático al trabajo para todos.

Una Constituyente que recupere nuestros recursos naturales como medio para frenar su expoliación y poner esos recursos al servicio de la salud y la educación. O para entregar la tierra a los campesinos, como parte de un conjunto de medidas que aseguren el desarrollo de la producción alimentaria. Etc.

Esto fue lo que hicieron Lenin y los bolcheviques en 1917. Entonces, en medio de la revolución rusa, el gobierno de conciliación de clases conformado por el Partido Socialista Revolucionario -de amplia inserción en el campesinado-, los mencheviques -con importante presencia en los consejos obreros- dilataba la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era una de las principales banderas del movimiento obrero y popular, junto a las conocidas demandas de pan, paz y tierra.
Las masas entendían que, tras la caída del zarismo (que era una monarquía absoluta), correspondía la convocatoria a la Asamblea Constituyente – como en Francia en 1789 – para definir los contornos y el funcionamiento de una república democrática. Los bolcheviques supieron explicar que sólo con el poder en manos de los consejos obreros era posible hacer realidad su convocatoria, pues para el gobierno provisional, la prioridad no era la convocatoria a la Constituyente, sino cumplir con el imperialismo francés e inglés continuando con la participación rusa en la guerra mundial.

Y fue la movilización revolucionaria la que, tras entregar el poder a los consejos obreros, campesinos y de soldados de Rusia, convocó a la Constituyente.

SOLO EL PODER DE LA CLASE OBRERA PUEDE GARANTIZAR UNA CONSTITUYENTE QUE LOS “CAMBIE TODO”

Son estas experiencias las que nos llevan a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la bandera de la Constituyente es una demanda justa que levantan importantes sectores del pueblo pobre y trabajador para expresar sus anhelos de cambio profundo de la sociedad. En ese sentido, hace parte de nuestro programa de reivindicaciones, pero dándole tareas específicas que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre frente a los problemas del país. tareas que vayan contra la dominación imperialista y patronal.

En segundo lugar, esto es necesario para que la vanguardia revolucionaria de la clase obrera pueda disputar la conciencia de las masas, que en general siguen confiando en la democracia burguesa como medio para cambiar las cosas y dar solución a sus problemas.

En tercer lugar, que su conquista será producto de la movilización revolucionaria de las masas pobres y trabajadoras de la ciudad y el campo, y no de “pactos” o “acuerdos” con los partidos de los patrones -por más “democráticos” que digan ser-. Reivindicamos, por eso, la Constituyente, en tanto sea una bandera de lucha, de movilización objetiva de la clase obrera y el pueblo.

Por último, que la historia demuestra que, la única garantía para que se puedan imponer los cambios de fondo necesarios para resolver los problemas del país, conquistar su verdadera independencia, y terminar con la explotación y la pobreza, la clase obrera y sus organizaciones deben tomar el poder en sus manos, en alianza con el pueblo pobre y oprimido.

Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea todo el reformismo, y la razón por la cual, en la actualidad, lejos de encabezar una verdadera movilización nacional levantando las banderas de la constituyente, los llamados “partidos de izquierda” y el propio gobierno de Castillo se han centrado en enviar proyectos de ley al Congreso, buscando que, en acuerdo con otros partidos patronales que han hecho parte de la gran corrupción de las últimas décadas, aprueben su convocatoria. Un camino muerto que solo puede traer desmoralización.

¡Emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer!

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

Apenas a días de la juramentación de Castillo, Feliciana Huamán fue asesinada por su esposo en Villa María del Triunfo y enterrada bajo su cama. Karim Crystal Robles, una adolescente de 14 años, desaparecía en pleno Miraflores (Lima), mientras otra mujer moría en un hostal de San Juan de Lurigancho, a causa de un aborto clandestino. La dura y violenta realidad que a diario afrontamos miles de mujeres peruanas se grafica en noticias terribles como estas.

Según datos de la defensoría del pueblo, solo en 2020 desaparecieron 5 500 mujeres, de las que 1686 eran adultas y 3835 menores de edad. Cada día son reportadas más de 15 denuncias de desaparecidas. Estas desapariciones están relacionadas a formas de violencia, trata de personas y feminicidios.

Un discurso conservador, machista y peligroso.

Lamentablemente Pedro Castillo, para muchos figura representativa como campesino, maestro y trabajador, parece «mirar a otro lado».

Ya antes de su proclamación, Castillo mostró su poco interés ante estos hechos, atribuyendo las 138 muertes por feminicidio ocurridos durante la cuarentena del 2020 a la ociosidad. Y ahora, con Guido Bellido como premier, igual de conservador y machista, evidencia una tendencia a minimizar y normalizar la violencia hacia las mujeres. Actitud absolutamente contraria a la de que asumieron, Marx, Engels o Lenin, y tantos dirigentes comunistas, hombres y mujeres, ante el mismo tema.

El problema también es la falta de trabajo

Pero no solo es la violencia física, la tasa de desempleo se ha disparado, quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres. Hoy, el 70% de trabajadores informales son mujeres. Y de cada 100 jóvenes entre los 18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”), 65 son mujeres. De estas, 30 son indígenas o afrodescendientes (Alcázar, 2019). Problemática ante la cual Castillo no hace nada.

Es por eso que, a diferencia de lo que nos proponen algunas compañeras «de izquierda», no podemos depositar ilusiones en este gobierno.

¿Por qué hay que pelear?

Ante la crisis política, económica y sanitaria, y la falta de respuesta ante la violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora, las estudiantes y campesinas, no podemos esperar más: debemos movilizarnos y organizarnos para exigir que el gobierno declare en emergencia el sector mujer, como ha anunciado que hará con el sector educación, para adoptar medidas radicales ante la problemática descrita.

Debe incrementarse el presupuesto para el ministerio de la mujer. Mientras en 2021 el rubro “reactivación económica” recibió 10 mil 224 millones de soles de parte del Estado, el rubro “reducción de la violencia contra la mujer” sólo obtuvo 690 millones de soles… ¡14.8 veces menos!

No se detendrán los feminicidios, ni las desapariciones, ni las violaciones sexuales, si no se financia al sector para que puedan ejecutarse medidas eficaces que permitan atrapar, juzgar y condenar a los feminicidas y violadores, así como desarmar las redes de trata de la que son parte instituciones del estado como la propia policía.

Hay que conquistar la legalización del derecho al aborto, libre y gratuito, para evitar más muertes a manos del mercado del aborto clandestino. Derecho que debe ser complementado con una política de educación sexual científica, laica e integral desde la escuela, y garantizando acceso a métodos anticonceptivos para la juventud.

Pero también es necesario que se tomen medidas para acabar con la pobreza en la que vivimos millones de mujeres en el país. El gobierno debe garantizar trabajo y salarios iguales a la canasta básica para las mujeres, particularmente para las que encabezan los 645 032 hogares son jefaturados por mujeres. 

Ante nuestras necesidades como mujeres de la clase trabajadora, madres, jóvenes y estudiantes, nuestro reto más grande en este momento es organizarnos para, junto a nuestros compañeros varones, trabajadores y pobres también, enfrentar a la patronal y lograr un país y una sociedad distintos, sin explotación y sin violencia.

¿Qué significa la presencia de mujeres en puestos de gobierno?

El tener mujeres en espacios institucionales, si bien es simbólico y, en ese sentido, tiene una determinada importancia, no es garantía de solución ante la violencia, el desempleo y la explotación laboral.

Aun así, Castillo comienza mal. Con solo dos mujeres en el gabinete, muestra un retroceso respecto de otros gobiernos. Sin embargo, debemos ser claras: las instituciones del estado no están desligadas de los intereses de la patronal, sean encabezadas por hombres o por mujeres.

De ahí el que el rol de Anahí Durand se desenvolverá en este sentido. Mientras declara que luchará contra el patriarcado, acepta un primer ministro claramente machista y homofóbico, desde el gobierno, parece que ella, tanto como Verónica Mendoza y JP, mientas hacen acuerdos con PL, han olvidado el carácter de clase del estado y que la lucha contra el patriarcado empieza cuestionando las bases de la explotación y opresión hacia la mujer, lo que significa pelear por trabajo y contra la suspensión perfecta de labores, en favor de las mujeres del país afectadas durante el 2020, además de la lucha contra la violencia machista.

¿Cómo hacer frente a la “derecha”?

foto: facebook de la Sociedad Patriotas del Perú

Por Víctor Montes

Para nadie es novedad afirmar que los medios de comunicación vienen desarrollando una campaña política colosal para arrinconar y desgastar a Castillo.

Por su parte, sectores de la derecha política, que incluyen al fujimorismo, aprismo, extoledistas y al PPC, continúan realizando movilizaciones demandando la vacancia presidencial y abriendo la ventana a que grupos de choque, como la llamada “insurgencia” y la fascista “Sociedad de patriotas”, aparezcan a plena luz del día.

El último episodio ha llevado a la renuncia del ministro de relaciones exteriores, acorralado por la Marina y los medios de comunicación ante declaraciones suyas en las que acusaba a dicha fuerza armada de haber propiciado atentados terroristas contra buques cubanos durante el gobierno de Velasco.

¿Cómo “enfrenta” Castillo esta ofensiva?

Como muestra la renuncia de Béjar, abandonado a su suerte por el consejo de ministros, el gobierno está dispuesto a ceder ante el “cargamontón” de la patronal, sus partidos y medios de comunicación. Su objetivo: “tranquilizarlos”, mostrando su buena voluntad, a cambio de mantenerse en el gobierno.

Por eso aseguró a Francke en el MEF. Francke, que es conocido por provenir de la “izquierda”, se ha convertido en el principal garante de la continuidad del plan económico. De ahí que fuera él quien se encargue de conversar con el empresariado – antes de la proclamación de Castillo – y luego, de asegurar la continuidad de Velarde, hombre fuerte de los empresarios en el BCRP y exigencia innegociable de la patronal.

Las direcciones se han puesto al servicio de esa política de “apaciguamiento”

Por otra parte, la dirigencia de la CGTP y los partidos de izquierda que apoyan al gobierno (PC-Unidad, Patria Roja, Nuevo Perú…), así como por los sectores ligados al antiguo CONARE-SUTEP, que ahora dirigen la recientemente reconocida FENATEP, siguen esta misma línea y evitan encabezar la movilización obrera y popular. Esto a pesar de la falta de soluciones a las demandas obreras, magisteriales y populares, y a que el costo de vida se eleva golpeando la economía popular.

La patronal quiere más

Sin embargo esta política ya ha demostrado ser absolutamente impotente ante las pretensiones de la patronal, que entre más obtiene de Castillo, más quiere. La salida de Béjar demuestra en los hechos que Castillo puede acceder a modificar el gabinete Bellido. Hecho que solo envalentona a la patronal, la derecha y sus medios.

La historia, en cambio, muestra que para derrotar a la patronal que defiende con palos y sermones sus intereses, es preciso que el gobierno adopte medidas que debiliten su poder económico, que es lo que les permite imponer su voluntad política.

Es preciso salir a las calles y exigirle a Castillo que tome medidas contra el alza de la subsistencia (aumento general y control de precios), recupere nuestros recursos naturales, prohíba los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta, y convoque inmediatamente a una Asamblea Constituyente que recupere la soberanía del país.

Hay que exigir que Castillo eche del gobierno a los agentes de la patronal, comenzando por Velarde y todos los guardianes del modelo neoliberal que han colocado en el MEF, Produce, el ministerio de energía y minas, etc.

Sólo conquistando estas demandas podremos debilitar y derrotar a la clase capitalista, y abrir el camino al poder de la clase trabajadora y el pueblo con un verdadero gobierno de sus organizaciones. Fuera de estas medidas, que deben ser las primeras para hacer frente a la patronal y la “derecha”, todo lo que diga el gobierno, es poesía.

AL FASCISMO SE LE APLASTA

La aparición de organizaciones de ultraderecha que utilizan métodos violentos para atacar a sectores obreros y populares, pone sobre la mesa de los trabajadores la necesidad de discutir nuestra autodefensa. No podemos esperar a que seamos víctimas de su accionar. Menos cuando el gobierno permite su desarrollo sin hacer nada.

No debemos dudar que, antes de que cobren fuerza, es preciso aplastar a estos movimientos. Por eso debemos prepararnos para hacer efectivo nuestro derecho a defendernos de sus ataques. Y de ser necesario, derrotarlos en el terreno de la acción.

Sin embargo es clave que también exijamos al gobierno que los reprima sin miramientos. ¡El gobierno de Castillo debe ilegalizar a “La insurgencia”, “Los combatientes” y a la “Sociedad Patriotas del Perú”! ¡Debe arrestar y procesar a quienes perpetraron acciones violentas contra entidades del Estado y funcionarios en ejercicio, y a sus líderes! hay que recordar que con el fascismo no se discute… ¡se le combate y se le aplasta!

A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.

EDITORIAL: LOS TRABAJADORES ANTE EL GOBIERNO DE CASTILLO

Presidente Castillo, junto a titular del BCR, Velarde; y el Ministro de Economía, Francke. (foto:@PedroCastilloTe)

En un reciente pronunciamiento la CGTP dice: “Caracterizamos al actual como un gobierno popular que se propone un nuevo modelo económico, político y social”, y en esa línea le ofrece el “respaldo de los trabajadores”.

En otro pronunciamiento la Federación Textil es más enfático y manifiesta su “decidido apoyo al gobierno del pueblo”.

De acuerdo a ambos gremios – y de otros dirigentes que opinan lo mismo—el de Castillo sería “nuestro” gobierno al que habría que sostener y apoyar porque de él se desprenderán las soluciones que todos anhelamos, y por las que solo debemos “esperar”. Por eso también no llaman a luchar.

Esto implica un cambio de situación. Antes siempre luchamos unidos contra el gobierno de turno que encarnaba los intereses patronales, aunque en esas luchas la CGTP se comportara de manera mediatizada, pero ahora no porque el gobierno de Castillo sería “nuestro”. ¿Cómo queda la lucha por los derechos y reivindicaciones? ¿Se postergan a la espera de que el gobierno los atienda algún día?

Es claro que estamos ante una situación donde la CGTP (y algunas direcciones de la “izquierda”) rehúyen a su responsabilidad de velar por los intereses obreros y populares para colocarse del lado de la autoridad que ahora consideran “suyo”.  Tenemos problemas graves que sería ocioso repetirlos aquí, y ahora se acrecientan (alza en los precios de las subsistencias, devaluación que deprecia los salarios), pero la CGTP no hace nada.

El gobierno de Castillo es sin duda producto de la voluntad popular que lo eligió por sus promesas de cambio y lo hizo derrotando la férrea oposición de la patronal y sus partidos. Por eso es natural que las bases simpaticen con él y sean generosos con sus desaciertos, más cuando perciben que el bando patronal y sus poderosos medios no dejan de atacarlo, lo que produce una comprensible solidaridad e identificación con él.

Esta actitud de simpatía y espera de las bases es legítima y comprensible. En cambio, el apoyo de los dirigentes de la central se hace desde la integración al Gobierno de sus partidos y desde sus cargos como ministros o funcionarios por lo que deben defender su gestión. Mientras los trabajadores siguen siendo trabajadores con reivindicaciones que defender, ellos ahora forman parte del Estado ante quien se canalizan los reclamos.

Por supuesto, para vendernos el cuento completo la central se empeña en presentarnos al Gobierno como “popular”, o si se quiere “obrero”. Pero no vemos ninguna organización popular que esté gobernando ni siendo consultada, y menos vemos a organismos obreros participando y tomando decisiones. Quien gobierna es Castillo, Perú Libre, Juntos por el Perú, Conare y sus aliados; son ellos los que toman decisiones y son los únicos responsables, no el pueblo ni los trabajadores que solo los votaron.

El de Castillo es un gobierno de la izquierda reformista surgida por el voto con la promesa cambios, nada más. Pero su promesa es una cosa y otra cosa es lo que hace. Ellos no han convocado a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para cambiar al país sino al contrario los han llamado a la tranquilidad, postergan la realización de sus promesas y dejan correr la ofensiva del sector patronal. De este modo, en la segunda vuelta lograron “moderar” a Castillo. Ahora lo obligan a no realizar ningún cambio y van por su cabeza.

En su mensaje de 28 de julio Castillo ni siquiera mencionó los trabajadores (sólo habló y atendió reclamos de los profesores), es decir nada menos que a los que generan toda la riqueza y que son los más maltratados; pero si le ofreció “seguridad” a los empresarios.  También, a solicitud de los empresarios Castillo colocó a Pedro Francke en el MEF con el manifiesto compromiso de mantener la continuidad del modelo económico, y ahora ratifica a Julio Velarde en el BCR junto a una corte de altos funcionarios que administran la economía, ratificando así que todo seguirá igual.

Sin embargo, nada de esto tranquiliza a la burguesía que busca librarse de Castillo y reemplazarlo por un gobierno colocado por ella. Pero ya entre sus chantajes y la propia debilidad del gobierno lo está llevando a la deriva. Así, los 15 primeros días del gobierno –¡15!–  son un absoluto desastre que causa desconcierto en sectores obreros y populares que, a la sazón, nada tienen que celebrar porque no le concedió nada.

Lo que sucede y vaya a suceder es exclusiva responsabilidad de Castillo y de los que lo acompañan desde la “izquierda” y la central. Así, ¿cómo esperar que Castillo cumpla sus promesas? ¿Cómo cree la CGTP que Castillo cambiará el “modelo” por uno más justo? No hay ninguna coherencia entre lo que se prometió y lo que se hace. Por este motivo que los trabajadores no tienen por qué asumir ninguna responsabilidad por el Gobierno.

Desde las direcciones no se llaman a luchar porque dicen la “derecha ataca”. Sucede lo contrario: no luchamos y la derecha se apodera cada vez más de las calles y arrincona a Castillo. La única forma de derrotar a la derecha es que salgamos a luchar todos unidos, y eso solo es posible haciéndolo detrás de nuestros propios objetivos y reivindicaciones. Si no lo hacemos, la derecha recuperará el gobierno, y no solo descargará todo su odio contra Castillo y sus huestes sino sobre todo contra los trabajadores.

Además, en los trabajadores –y en el PST—no hay duda en salir a las calles en unidad de acción para enfrentar las amenazas golpistas, como hicimos cuando quisieron impedir su triunfo electoral.

¿Qué hacer?

El avance de la derecha no solo se da sobre el gobierno sino se viene dando en las fábricas. Los pliegos de muchos otros sindicatos no son atendidos pretextando la “crisis” y culpando al gobierno, y como respuestas se realizan plantones en Industrias del Envase, huelga en Leche Gloria y Celima prepara un paro.

Si es correcto que estos sindicatos luchen por sus demandas, con más razón debe ser que lo hagan todos unidos por las reivindicaciones comunes que de una vez traiga las soluciones más importantes que reclaman los trabajadores: aumento general, fin de los ceses colectivos y de las suspensiones. Es necesario hacerlo ahora.

Las elecciones pusieron en mesa la urgencia de atender las demandas sociales y el gobierno asumió con ese encargo. Pero ellas no van a atenderse si no actuamos presionando sobre el gobierno que a su vez retrocede ante el cargamontón del sector patronal. El “apoyo” que compromete la CGTP y las direcciones de “izquierda” significa en éstas horas que les dan la espalda a las luchas de los trabajadores y que le regalan toda la iniciativa de ataque a la derecha.

Ante la parálisis y la colaboración con el gobierno que es el camino seguro al fracaso y a nuevas desilusiones, tenemos un único y verdadero camino: afirmar nuestra independencia de clase y organizar ya la lucha unida para exigirle al gobierno las soluciones que todos esperamos y por las que votamos, y en esa ruta frenar y derrotar a la derecha reaccionaria.

Por un ingreso libre a la Universidad

La situación cada vez es más difícil para la juventud. De cada diez estudiantes que salen del colegio solo tres acceden a una educación superior; los siete restantes tienen que buscar trabajo para poder solventarse. Familias que se quedan sin empleo o que fallecen a causa de la pandemia. Estudiantes que dejan la Universidad debido a la falta de recursos, internet y comida.

Durante el 2020 el 70% de la juventud trabajadora perdió su empleo. La revista American Economic revela que este año más de 1.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no estudiarán ni trabajarán.  

Ingreso libre a las universidades

Una de las propuestas frente a esta situación es el Ingreso Libre a las Universidades, planteada por Castillo el 28 de julio. ¿Se hará realidad?

Pues no. En los últimos 20 años la educación pública universitaria se ha ido privatizando, el 90% de los recursos sale de lo directamente recaudado (RDR), es decir, de la existencia de una PRE, del pago de los trámites, de los diversos programas académicos. Esto hace que solo puedan costearlo los que tienen dinero y los que no se quedan fuera. La educación tiene muy poco de gratuito.

Si ya mantenerse es complicado ingresar lo es aún más. De los 373 mil postulantes anuales solo ingresan 60 mil; es decir más de la mitad queda fuera y trata de postular dos, tres hasta cuatro veces.

Según Comex-Perú, la propuesta de Ingreso Libre necesita 493,3 millones anuales adicionales al presupuesto actual, esto quiere decir el doble de lo que se destina. Para algunos empresarios, rectores, economistas esta propuesta es inviable porque quieren evitarle más gastos al Estado, y por eso proponen ingreso gradual y selectivo.  

Los que se oponen a un ingreso libre universal ya han planteado modelos y enfoques en los cuales los estudiantes que estén en el Tercio Superior, que hayan alcanzado las competencias y que sean talentos regionales puedan acceder a esta propuesta gradual. Decir esto, es dejar de lado a los 7 de cada 10 estudiantes que salen de la secundaria y no darles la oportunidad que necesitan.

Mientras se mantenga el mismo plan económico los empresarios de la educación seguirán priorizando sus ganancias anuales y dejando de lado a esta población juvenil.

¿Qué proponemos?

El Ingreso Libre a la Universidad es una medida que permitirá que los hijos de las familias pobres y trabajadoras puedan acceder a la educación superior.

El gobierno y sus aliados no garantizan este derecho. ¿Cómo creerles si incluso la comisión de Educación y Presupuesto están en manos de los sectores que han privatizado la educación?

Por eso es necesario que luchemos por ingreso libre a la universidad y por una educación pública, gratuita y de calidad.

¿Cómo hacer frente al alza del costo de vida?

El alza del costo de los alimentos y el gas golpea duramente el presupuesto de las familias trabajadoras. Los sectores más pobres, que han tenido que recurrir a las ollas comunes para resolver el problema de su alimentación, se han visto en la necesidad de reducir sus alimentos, de 3 a 1 al día.

Ante esta realidad, el gobierno de Castillo, con Francke al frente del ministerio de economía (MEF), apenas se ha limitado a declarar que la subida de los precios es un fenómeno mundial, y que no tomarán medidas para controlar los precios.

El gobierno tampoco ha deslizado la posibilidad de decretar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), medida podría devolver al menos una parte de la capacidad de compra perdida con el alza de los precios.

Ante esto, el alza de la tasa de interés de referencia por parte del BCRP, no tiene efecto inmediato en los precios de los productos de primera necesidad. Y el bono de 350 soles resulta completamente insuficiente.

Esta postura se repite frente al alza del dólar, ante la cual el gobierno se muestra impotente, renunciando incluso a la clásica venta de dólares que realizaba el BCRP para tratar de evitar subidas abruptas en el pasado.

En defensa de la economía obrera y popular

En este marco, y ante la inacción de las dirigencias sindicales, la defensa de la economía obrera y popular está enteramente en nuestras manos. Por eso las organizaciones de los trabajadores y el pueblo debemos iniciar nuestra inmediata movilización exigiendo al gobierno de Castillo, que dice ser “del pueblo”:

  1. Incremento inmediato del salario mínimo igual a la canasta básica. De acuerdo a la CGTP, el salario mínimo debiera ser de S/.1500.
  2. Control de precios y fin a los monopolios y oligopolios en la industria de la alimentación y las medicinas.
  3. Recuperación del gas y el petróleo para garantizar un precio asequible a las familias trabajadoras.

La lucha es el camino

Sin embargo, tan importante como saber qué debemos exigir, es definir el método con que debemos conquistar estas exigencias.

Hoy distintos sectores nos invitan a que nos sentemos en la “mesa” del gobierno Castillo, para “conversar” con las autoridades de turno y esperar pacientemente, que “lluevan” las soluciones a  nuestras demandas.

La situación que vivimos, en cambio, nos plantea exactamente lo contrario: ¡La CGTP tiene el deber de llamar a marchar para demandar el aumento general de sueldos, salarios y pensiones! Debemos iniciar la movilización independiente de los sindicatos, frentes, ollas comunes y todas las organizaciones obreras y populares para demandar soluciones inmediatas.

El pueblo pobre y trabajador, que se ha visto obligado a poner los más de 200 mil muertos que lleva esta pandemia en el país, tiene el derecho y la necesidad de  dejar de lado la “paciencia” y ponerse en pie de lucha en defensa de sus condiciones de vida.

Trabajadores en lucha

La clase obrera está en lucha. Espoleados por la fuerte alza del costo de vida buscan soluciones satisfactorias a sus pliegos de reclamos.

600 obreros de Leche Gloria organizados en el Sinatog y con varias bases en el interior del país, iniciaron el 18 de agosto una huelga indefinida. La huelga que reclama la solución a su pliego de reclamos, arrancó con una masiva concentración en el frontis del ministerio de Trabajo y, según manifiesta Miguel Moreno, secretario general del sindicato, están preparados para resistir la paralización hasta un mes.

La empresa, pese a su inmenso poder económico, ningunea un justo aumento a los trabajadores alegando no tener plata. Sin embargo, ha más que duplicado la asignación de recursos para la alta gerencia.

El SINATREL (Sindicato de la embotelladora Coca-Cola e Inca Kola) también se encuentra abocado a la lucha por su petitorio. La empresa se corre de las negociaciones en trato directo y ofrece aumentos por debajo de los que ha otorgado a los no afiliados. La empresa alega la “pandemia”. Pero es en medio de ella en la que los obreros no pararon ni un minuto exponiéndose al contagio del covid, que la empresa ha obtenido mejores utilidades. El sindicato nacional viene realizando plantones en Arequipa, Cuso y Lima.

El Sindicato Industrias del Envase, que dirige el cro. Claudio Capa, también está en pie de lucha. A la fecha ya realizó tres plantones demandando también solución a su petitorio y reclamando volver al horario de trabajo normal, pues la empresa los mantiene bajo el régimen de la cuarentena pasada.

El sindicato de Celima viene luchando desde principios de año por la solución de su pliego y en contra de la ofensiva general desatada por el grupo Belmont en el conjunto de la corporación. 150 obreros de Trébol han sido colocados en cese colectivo. El sindicato discute la realización de un paro o el inicio de una huelga indefinida.

Lo mismo sucede en la cervecera Backus, donde los obreros también realizan plantones junto a otras bases en el interior del país.

La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha sido elegida presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero ejemplo que los trabajadores reconocen y aplauden.