Gobierno y el empresariado impulsan un plan de genocidio

Urge un Plan de lucha para detenerlo

Con el reinicio de actividades desde julio decretado por el gobierno y el abandono de la lucha contra el coronavirus, la pandemia avanzó región tras región en una ola creciente de contagios, una secuela de miles de enfermos y muchos de estos que clamaron sin éxito por una atención médica primaria o por oxígeno y se agravaron abandonados a su suerte hasta sufrir una horrible muerte. El gobierno quiso meter bajo la alfombra a la mayoría de estos muertos publicando oficialmente cifras de 20,000 cuando los muertos ya sobrepasaban los 47,000. 

Este ocultamiento de la realidad no fue casual, fue para esconder el previsible impacto de un reinicio de actividades económicas antes de tiempo, es decir cuando la pandemia seguía en fase de ascenso, y así justificar esta medida que solo sirve a los apetitos de ganancias de los empresarios de la Confiep. El gobierno impuso como prioridad la reanudación de los negocios por encima de la vida de las personas, especialmente los grandes proyectos mineros que fueron los defendidos por el ex premier Cateriano en su fallida presentación ante el Congreso, quedando al descubierto su plan de llevarnos a un contagio general y por esa vía a un verdadero genocidio.

Con nuevo gabinete la política es la misma

El gobierno sufrió una derrota con la caída de su anterior gabinete ministerial cuando el repunte de la pandemia elevó el número de contagios y muertes a niveles de alarma nacional colocando al Perú como el país con más muertos por millón de habitantes en el mundo.

Sin embargo, con su nuevo gabinete Martos, que fue aprobado por el Congreso, la política del gobierno sigue siendo esencialmente la misma medida.

Desastres nacionales son producto de la política del gobierno

En la actualidad la población nacional es víctima de dos grandes calamidades: la pandemia y el empobrecimiento popular, y en ambos casos el causante es el gobierno. Frente a la pandemia el gobierno decretó una cuarentena completamente desligada de una estrategia de contención que tendría que haber incluido detección masiva de contagios y aislamiento con atención médica oportuna y condiciones sanitarias de mercados, transporte y centros de trabajo; ni siquiera se garantizaron las condiciones hospitalarias ni los equipos de protección a médicos y enfermeras que se enferman y mueren en la primera línea de esta batalla.

Por otro lado, Vizcarra decretó cuarentena sin brindar los medios de subsistencia para millones de trabajadores que fueron privados de sus fuentes de ingresos por más de cuatro meses sin compensación o apoyo económico, situación inútilmente compensada con unos bonos que muy pocos conocen y víveres otorgados al comienzo solo para la fotografía.

Es en esas condiciones que la cuarentena de 115 días fue un fracaso total, y si no hubo un mayor desastre fue por el aislamiento voluntario de muchas familias, aunque en condiciones poco o nada sostenibles. Una pandemia altamente contagiosa y letal como el coronavirus hace imprescindible una cuarentena, pero no en los términos planteados por el gobierno de una cuarentena de hambre y complemente ineficaz.

En la actualidad con un injustificado reinicio de actividades la política de Vizcarra nos está enrumbando directamente hacia un verdadero genocidio y a una profundización de la pobreza donde no será posible diferenciar entre muertes por covid y muertes por hambre o desnutrición. El gobierno ha decretado el aislamiento social los días domingo, una medida totalmente ineficaz para detener la ola de contagios que se produce durante toda la semana; ¡los mil mineros de Marsa con covid no se contagiaron los domingos, sino durante el trabajo y en el sistema de “camas calientes” en que efectúan sus descansos! Vizcarra prefiere ver más muertos antes que cortar la acumulación de ganancias de los empresarios.

Plan de Vizcarra se centra en el rescate empresarial a cualquier costo

Priorizar las medidas de rescate de las empresas con la caja fiscal y con 30,000 millones de soles de créditos con aval del Estado, y defender una reactivación de la economía de los explotadores, no soluciona la economía popular y solo agrava la pandemia. Si en épocas de bonanza las grandes inversiones capitalistas apenas solo gotearon algunos ingresos para el país, en esta época de pandemia y recesión mundial y con una flexibilización de las obligaciones de las empresas, tendrán un impacto económico insignificante; en cambio el daño en trabajadores contagiados, enfermos y muertos será muy grande.

En este momento urge una verdadera política de lucha contra la pandemia y contra la pobreza en la que se hunde el pueblo, y la política del gobierno va exactamente en sentido contrario. En sentido contrario incluso de sus anuncios en las primeras semanas de la pandemia, cuando hablaba de una guerra contra el coronavirus y la aplicación de impuestos a la riqueza.

Incluso el Estado de Emergencia decretado para combatir el coronavirus, ahora solo sirve de instrumento de represión de las luchas populares. Ya no se persigue la aglomeración de gente en previsión de contagios, sino la lucha popular reivindicativa que crece y se difunde a nivel nacional como una reacción de supervivencia.

Por un verdadero plan  para detener el genocidio

Las medidas aisladas de la población pueden justificarse por la desesperación ante el abandono del Estado, pero la verdadera solución, aquella que es indispensable y en la que debemos centrar todas nuestras fuerzas, tiene que ver con medidas de Estado indispensables para defender la vida de la población:

•     Detener la expansión de los contagios con medidas de aislamiento y cuarentena;

•     Ubicar a los contagiados mediante la aplicación masiva de pruebas moleculares y no pruebas rápidas que dan falsos negativos.

•     Brindar atención médica primaria oportuna, con medicinas para todos los enfermos a nivel nacional sin excepciones;

•     Brindar atención hospitalaria a todos los enfermos avanzados y cuidados intensivos para todos los agravados, y no dejar que ningún ser humano muera por falta de oxígeno;

•     Asegurar las condiciones de sobrevivencia de los aislados con un salario universal;

•     Asegurar las condiciones sanitarias de los servicios públicos como centros médicos, mercados y el transporte masivo, junto con los equipos de protección personal adecuados, y

•     No dejar de lado una solución de vivienda para toda la población que vive en condiciones de hacinamiento y expuesta a contagios en masa.

El conjunto de acciones arriba mencionadas no estaría completo sin impuestos a la riqueza en las proporciones que se requiera para enfrentar la crisis, y expropiación o control públicos de la provisión de bienes y servicios indispensables dentro del plan como medicinas, servicios de salud, equipos de protección, servicios esenciales y servicios financieros.

Empujar una supuesta reactivación de la economía, sobre todo en las condiciones de precariedad sanitaria que el gobierno ha impuesto para satisfacer a las empresas, solo ha provocado un terrible rebrote de las cifras de contagios, enfermos y muertos covid, y no reactiva la economía. Por eso las medidas en este terreno, además de la cuarentena para todas las actividades económicas no esenciales, tienen que incluir la reposición de despedidos con remuneración y todos sus derechos incluyendo el seguro médico y beneficios sociales, la eliminación de la suspensión perfecta de labores, y un salario universal a todos los trabajadores del sector informal, esta última incluso es una medida sugerida por organismos internacionales como la Cepal.

Una salida de los trabajadores  y el pueblo

Sí, es posible detener el coronavirus, frenar matanza y evitar que millones de personas se hundan en la pobreza, pero ello no vendrá del gobierno ni de los partidos de oposición. Estos protagonizarán incluso grandes peleas y discusiones para la tribuna de cara a las elecciones, pero finalmente acordarán seguir el actual plan del gobierno. Entonces, los trabajadores solo podemos confiar en nuestras propias fuerzas organizando una lucha nacional para imponer la solución al actual desastre nacional, en el plazo más urgente y no para las elecciones.

Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de disputar la dirección de los destinos de la nación como una manera indispensable para asegurar un futuro sin genocidio, con un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

El apoyo político de Vizcarra

Por ahora, el gobierno todavía se beneficia del impacto popular que tuvieron sus primeras iniciativas al comienzo de la pandemia, y en parte también por la desesperación y búsqueda de salidas individuales o aisladas de la población. Los bonos y paquetes de alimentos que llegan tarde, mal y nunca, y sobre todo los adelantos de CTS y AFP fueron asumidos como una “solución” cuando se creía que la cuarentena podía durar dos o cuatro semanas, pero han pasado cinco meses y el coronavirus no ha retrocedido sino todo lo contrario.

Pero lo que más beneficia al gobierno es la actitud cómplice de direcciones políticas burguesas, proempresariales y hasta reformistas de izquierda.

Todos ellos exhiben una total bancarrota política y programática frente al actual drama nacional que teñirá de luto el Bicentenario de la Independencia con la mortandad más grande de toda su historia, pues no plantean un rumbo diferente al genocidio que impulsa el gobierno. Y, sin embargo, con una frivolidad sin límites, centran sus acciones y cálculos en la perspectiva de las próximas elecciones.

Bancarrota de los partidos electoreros o sepultureros

Para los capitalistas y políticos burgueses, e inclusive para políticos de izquierda “realistas” todo esto es imposible, pero no porque no se pueda realizar sino únicamente porque para financiar un plan de ese tipo se debe extraer fondos de los que más tienen, de aquellos que se beneficiaron de la bonanza económica, aquella que es la causante de otros grandes males como el achicamiento del Estado y la calamidad del sistema de salud, de la educación, del transporte público, del sistema de jubilación, etc.

Lo consideran imposible porque no quieren ir en contra del actual estado de cosas impuesto con el plan neoliberal, donde es legal que se lucre con la desesperación del pueblo, donde capitalistas como aves de rapiña pueden enriquecerse legalmente provocando carestías y encareciendo medicinas, oxígeno, atención médica privada, servicios básicos como el de telefonía y electricidad, y los más grandes buitres del sistema financiero.

Por nuestras vidas y derechos, antes que sus ganancias

Vizcarra aplica “plan de emergencia” para los empresarios y lo que necesitamos es un plan de emergencia obrero y popular

El jueves 3 de julio, mientras esperaba ser atendido un hombre murió en la puerta de una clínica de San Borja. En la puerta del hospital de Vitarte y casi a la misma hora, fallecía también un taxista. Ambos hechos sucedieron apenas horas después que el gobierno decidiera levantar la “cuarentena” y abrir toda la economía, mostrando que la medida nos lleva a una catástrofe mayor.

Los países que aplicaron cuarentenas solo la levantaron luego de controlar la propagación del virus. Esa también era la finalidad y el costo del confinamiento establecido por Vizcarra desde el 15 de marzo. Pero pasados 106 días y luego de fracasar completamente en ese plan, y más, cuando la pandemia se encuentra en la cima, decidió levantarla. Fue suficiente que el 8 de junio el Banco Mundial emitiera un informe advirtiendo que la economía nacional caería -12%, nota de la que los empresarios se hicieran eco de inmediato, para que decidiera acelerar la apertura, pero de la misma manera torpe y ciega como aplicó el confinamiento, confirmando que para el gobierno primero es la protección de los negocios capitalistas antes que la salud del pueblo.

A la pregunta de qué es lo que va a ocurrir con la apertura, el ministro Zamora tuvo que reconocer: “En el peor de los escenarios habrá un rebote de alta magnitud, y otro escenario esperable, como ha existido en otras partes del mundo, es que haya un rebote focalizado”. “¿Y cómo se han preparado?”, volvió a preguntarle el periodista: “Continuamos con el proceso de multiplicar los servicios sanitarios… no obstante, probablemente sea insuficiente”.

No solo sabe que será insuficiente. Sabe que será una catástrofe. La OMS y muchos expertos silenciados por la gran prensa han advertido sobre lo que se viene. Farik Matuk, asesor del gobierno en temas de salud, fue renunciado precisamente por expresar públicamente la misma advertencia.

Vizcarra, dice: “Desde hace dos semanas hemos visto indicadores, tendencias que nos dan aliento y esperanza en el futuro”, y repite lo mismo en cada presentación. Pero las noticias nos revelan y machacan que cada día estamos peor. Lima sigue en la cima de los contagios que ahora se expande en los conos.
De la crisis que sacudió a la Amazonía y sin que aún ceda en el Norte, ahora se desarrolla en Arequipa, donde vemos cientos de enfermos amontonados en la calle sin poder ser atendidos. La lógica elemental indica que si la mayoría de los que se mantuvieron en actividades llamadas “esenciales” se contagiaron y muchos murieron, con protocolos y demás exigencias incluidos, ¿qué esperamos ahora que millones se han puesto en movimiento con protocolos flexibilizados al extremo y, más, empujados como ganados por los empresarios que priorizan la producción sobre la salud y la vida?

En una semana el Perú ha saltado del séptimo lugar al quinto en el mundo como el país con más contagios. Los informes sobre contagios en las minas, fábricas y lugares de trabajo son de masificación.

Pero también en muertes las cifras aumentan a niveles espeluznantes. Al 30 de junio la cifra oficial de fallecidos era de 9,677. Pero la cifra real es que en abril hubo 115 muertos diarios, en mayo 466 diarios y en junio 540 diarios, totalizando más de 30 mil fallecidos por coronavirus, es decir tres veces más de lo que se dice. Con esta cifra el Perú también lidera las muertes por Covid 19 en el mundo. Y hora, estamos peor.

“Un empleado de la contratista San Martín –informa un medio–, que labora para la minera Shougang, en Ica, falleció de Covid 19 sin haber sido atendido… Sus compañeros de trabajo denunciaron que hace varios días que presentó síntomas pero no fue atendido, hasta que se puso grave y fue trasladado en bus envuelto en una frazada. Una hora después falleció.”

Las muertes aumentan porque el gobierno no ha sido capaz de resolver las más mínimas necesidades de la emergencia. Ya no hablemos de las miles de camas, UCIs, respiradores y personal médico que se necesita. ¡No ha resuelto el abastecimiento de oxígeno ni de medicinas básicas para la atención primaria de decenas de miles! Y eso que son recursos baratos y de fácil disponibilidad. ¡No ha sido capaz hasta hoy de accionar los llamados Equipos Médicos de Respuesta Rápida, que han dado buenos resultados en otros países, para asistir a los enfermos en sus casas! ¡No es capaz de implementar un sencillo sistema de pruebas y seguimiento al virus para focalizarlo y controlarlo! ¡No es capaz de proteger a su propio personal de primera línea donde el Perú también exhibe liderazgo mundial de médicos fallecidos (72)!

El gobierno no solo muestra su carácter de clase patronal en la gestión de la crisis, sino además una incompetencia absoluta que nos está llevando a enfermar y morir como si nuestras vidas no valieran nada.
Tanto, que lo único que exhibe como “logro” para obtener aplausos es la suscripción de un vergonzante contrato de servicio con unas cuantas clínicas privadas que en nada ayudarán a paliar la inmensidad de la emergencia que vivimos.

¿Qué nos queda?

Lo más sorprendente, sin embargo, es que el fin del confinamiento no fue denunciado ni resistido casi por nadie y, al contrario, ha sido celebrado por amplios sectores convencidos de que ya no servía y que solo traía perjuicios a la economía. Esta aparente unanimidad encubre la verdadera realidad de que el puñado de ricos empresarios desesperaba por mover sus máquinas y dinero para producir más riqueza. En cambio, el 72% de informales y trabajadores independientes desesperaban por volver a la calle donde generan sus ingresos, y los más de 200 mil colocados en suspensión perfecta deseaban volver al trabajo por la sombra de los despidos, y porque todos juntos estamos siendo empujados al hambre más atroz de nuestra historia.

Lo esencial entonces sigue siendo defender vidas, el trabajo y los derechos de la clase trabajadora. El gobierno ha soltado esta responsabilidad empujándonos al “que Dios nos ayude”, al mismo tiempo que nos ha dejado en el hambre cuando no a merced del abuso y la explotación de los miserables empresarios. Para colmo, algunos de estas sanguijuelas (Backus, Alicorp, entre otros), tienen la frescura de aprovechar la situación para entregar “donaciones” y lavar su imagen.

Tenemos derechos. Tenemos dignidad. Y sabemos que para defenderlos tenemos que luchar como siempre lo hemos hecho, autoorganizados desde cada base y construyendo una dirección que realmente nos represente, para enfrentar y derrotar al gobierno Vizcarra que aplica el plan de “emergencia” de los capitalistas y defendiendo un plan de emergencia obrero y popular. Este plan consiste en:

Defender nuestras vidas con confinamiento, salarios y derechos garantizados para todos. Diseño de un nuevo plan sanitario con control de las organizaciones de los trabajadores, que garantice pruebas masivas y un sistema de seguimiento al virus, oxígeno, medicinas y nacionalización de todos los recursos necesarios para atender la emergencia.

Volcar recursos para estas necesidades, y no como hace el gobierno que vuelca recursos a los bancos y grandes empresarios, premiándolos por lucrar con la emergencia y producir cientos de miles de despidos.

Financiar la crisis con las inmensas fortunas que detentan los grandes empresarios y aplanando los sueldos de todos los funcionarios públicos al promedio de lo que gana un profesor.

Costo de privatización de la salud lo pagan nuestras vidas


La “nueva normalidad” de Vizcarra se expresa en una “disputa” de nuevas regiones como epicentros del covid-19.

Por Mauricio Meca

Entramos a la temporada de invierno y la ciudad arequipeña registra una temperatura mínima de casi 6°C, y sus noches no solo han empezado a ser más frías sino también más tristes, pues Arequipa y el sur se han convertido en los nuevos epicentros del coronavirus.

Las escenas de dolor y angustia donde las personas arman sus propias carpas en los patios de los hospitales para luego fallecer por la deficiente atención o por falta de oxígeno, son las mismas que ya hemos visto en Loreto, en el norte del país, en Lima y en el Callao.

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (GERESA) registró 276 muertos por covid en el mes de junio. Por otra parte, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) informó que la cifra total de fallecidos en ese mismo mes fue de 1152, casi el doble a la del año pasado (577). El exceso de muertos está vinculado al covid.

Covid + heladas

El drama recién empieza con la temporada de heladas. Las heladas duran aproximadamente cinco meses, donde junio y julio suelen ser los más fríos (en algunas zonas la temperatura desciende a -13° C).

Las heladas traen un aumento de gripes y neumonías debido a los bajos sistemas inmunológicos (vinculados a anemia y desnutrición) y el mal estado de los hogares (pisos de tierra, paredes de adobe, techos de paja o calamina por donde se filtra el frío en las amanecidas). El uso de leña dentro de las casas para cocinar y como calefacción, también causa grave daño a los pulmones. En el 2018, cuando no había covid, casi medio millón de personas fueron afectadas por las heladas y 700 muertos por neumonía (hasta mediados de julio).

En otras palabras, producto del hambre y la miseria en la que se vive en estas regiones, cientos de personas, en especial ancianos y niños, mueren todos los años como consecuencia de las heladas.

Plan neoliberal…la verdadera amenaza

Pero ni el covid ni las heladas, en sí mismos, son factores determinantes para que se agraven las cifras de decesos, sino la política neoliberal aplicada por todos los gobiernos hasta el actual, los que colocaron al país de rodillas al capital, sobre todo extranjero, convirtiéndola en una economía extractiva y exportadora de materias
primas, como el gas de Camisea.

Por cierto, el gas de Camisea se ha orientado principalmente a la exportación durante más de 16 años, enriqueciendo a trasnacionales y corruptos, mientras se priva al sur de este recurso como fuente de energía para no morir del frío y de neumonía.

Bajo este mismo plan, en más de una ocasión, han intentado imponer a sangre y fuego el proyecto Tía María de Southern, empresa que ahora se quiere lavar la cara instalando plantas de oxígeno en el sur, mostrando que sí es posible abastecerlo. Lo que falta es expropiar las plantas de oxígeno industrial de Southern.

Con ese plan también han privatizado la salud, impidiendo que haya más presupuesto para el sector y permitiendo la formación de monopolios y oligopolios como Seguros Pacífico, Inkafarma, Linde, que se expresan en sus cobros excesivos.

El plan instaurado hace 30 años es el que no permite tocarles ni un pelo por estos abusos mientras pagamos con nuestras vidas sus efectos.

La pandemia y la crisis económica están borrando el maquillaje de prosperidad e incrementando de golpe los índices de pobreza y extrema pobreza en el país.

Nacionalizar los monopolios de la salud

La falsa pose de “estatizar” las clínicas privadas de Vizcarra, que devino en un acuerdo favorable a ellas, no representa ninguna salida a la crisis pero reavivó el debate sobre su nacionalización y la necesidad de hacerlo sin indemnización, para colocar sus recursos al servicio de la emergencia, una bandera por la que debemos empezar la lucha para salvar nuestras vidas.

Por la misma razón, necesitamos sacar lecciones de las importantes luchas que se dieron en torno al gas de Camisea, y cómo la posición de la burocracia de la CGTP impidió esta conquista fundamental.
Necesitamos convencernos de que sí hay una salida, y planteamos desarrollar el debate y las coordinaciones en torno a estas propuestas.

Necesitamos poner en pie coordinaciones combativas y expresar en nuestras plataformas de lucha, junto a nuestras reivindicaciones, las demandas de la crisis sanitaria. Existe un temor legítimo que limita la participación masiva en las calles, pero tenemos motivos más que suficientes para expresar nuestra indignación por el abuso de los que usufructúan con la salud.

¡Un sistema de salud única, gratuita y de calidad!
¡Nacionalización de los monopolios de la salud!
¡Todos los recursos disponibles de la nación para la emergencia sanitaria!