Rechazo a la «suspensión perfecta» dictada por Vizcarra a favor de empresas

El más reciente ataque a nuestros derechos y condiciones de vida es la autorización de la “suspensión perfecta de labores”, lo que en la práctica da inicio a un proceso de despidos masivos.


  • Gobierno expone a la clase trabajadora a los embates del Covid-19 para seguir beneficiando a las empresas enriquecidas con la bonanza económica y la corrupción.

Con más de 10 mil casos positivos hasta el momento y más de 200 muertos, el Covid-19 ha acelerado su propagación alcanzando el más alto nivel de riesgo de contagio generalizado, ante un gobierno que en lugar de acelerar las medidas para enfrentar las graves e inaceptables carencias del sistema de salud, de medios de protección y de lugares de cremación e inhumación de fallecidos, está más ocupado en obedecer los dictados de la Confiep, el gremio de los empresarios que se han enriquecido en décadas con políticas pro patronales y corrupción.

  • Vizcarra nos expone a la muerte con la “suspensión perfecta de labores”

El más reciente ataque a nuestros derechos y condiciones de vida es la autorización de la “suspensión perfecta de labores”, lo que en la práctica da inicio a un proceso de despidos masivos. ¿Qué es la “suspensión perfecta de labores”? El derecho de los empresarios a cerrar las fábricas, talleres y demás centros laborales, y mandarnos a nuestra casa sin percibir salario alguno, hasta por 90 días. Lo que objetivamente nos pone con los dos pies en la calle, a la espera que, terminada la cuarentena tengamos la “suerte” de que nos reincorporen al trabajo.

Con esto Vizcarra hace uso de las armas que le pedía la Confiep, golpeando la capacidad de resistencia de la clase trabajadora frente al Covid-19, justo cuando el mismo gobierno reconoce que ya no tiene la capacidad de rastrear los contagios (lo que se conoce como fase 4), exponiéndonos a la muerte.

Mientras tanto, Vizcarra y compañía ponen 30 mil millones de soles en los bolsillos de las empresas, y se disponen a pagar el 35% de la planilla de los trabajadores y trabajadoras que ganen hasta S/. 1500, como salvavidas a las empresas sin distinción alguna.

Queda claro de qué lado se encuentra el gobierno en esta emergencia: del de los patrones.  

  • El gobierno no pone todos los recursos al servicio de enfrentar la epidemia

El gobierno reconoce que las próximas semanas serán de alto riesgo y contagio generalizado. Es decir, habrá más enfermos y más pacientes de UCI, con lo que la capacidad hospitalaria quedará rebasada. La lógica consecuencia es que también se incrementarán las muertes.

Frente a esa situación corresponde, además de fortalecer las medidas de aislamiento social o cuarentena, poner al servicio de la lucha contra el covid-19 todos los recursos posibles.

¿Pero qué hace el gobierno? ¿Por qué pretende incrementar solo 500 camas de UCI? ¿Por qué no se produce la contratación de todos los médicos y personal que se requiere por la gravedad de la crisis? ¿Por qué sigue habiendo denuncias de los médicos y personal de salud sobre carencias de equipos y materiales de protección adecuados? ¿Qué medidas están tomando para aumentar el número y capacidad de las morgues, crematorios y centros de inhumación de fallecidos por Covid-19? No hay respuesta.

  • El capitalismo neoliberal es responsable

Esta epidemia ha desnudado lo que los últimos 30 años de neoliberalismo han hecho en el sistema de salud. Años en los que los gobiernos, de la mano con la Confiep, entregaron al país, sus recursos, su educación y salud, a la voracidad de las empresas privadas y a la corrupción campante de la cual son también protagonistas. 

Las largas listas de espera, la falta de medicamentos de distribución gratuita y de reactivos… esa es la “salud” que recibimos los trabajadores “en tiempos normales”.

No contentos con esto, el gobierno y las empresas se han convertido en los principales responsables de la ruptura de la cuarentena, al permitir que mineras, embotelladoras de licores y productoras de golosinas, etc., sigan funcionando exponiendo a sus trabajadores.

Por eso resaltamos: a diferencia de lo que dice el gobierno, los imprudentes e irresponsables no son los principales causantes de romper el aislamiento social. La inmensa mayoría de la población acata las medidas de aislamiento social obligatorio porque entiende que su vida está en peligro.

  • Necesitamos mantenernos organizados, rechazar los ataques del gobierno y los empresarios, y levantar una alternativa de la clase trabajadora frente a la emergencia

Las familias de los empresarios de la Confiep “sufren” durante la cuarentena porque sus empleadas se fueron a atender a sus familias, o porque no saben qué vino fino escoger para el banquete del día. Les “estresa” recorrer los cientos de metros cuadrados de los jardines de sus residencias. Pero los trabajadores y los pobres sufrimos la cuarentena de una forma diametralmente distinta: racionamos la comida debilitando nuestro sistema inmunológico y haciéndonos más propensos a la enfermedad; vivimos hacinados en viviendas pequeñas, con familias muchas veces numerosas, incrementando el riesgo de contagio. Quienes tienen la “suerte” de acceder a ingresos “extras” como la CTS y la AFP están consumiendo sus reservas para el retiro.

Por eso la autorización de la “suspensión perfecta de labores” (o la licencia sin goce de haber) es un ataque mortal a la economía de los trabajadores. Esa medida pone más en claro que no estamos ante una lucha de Todos contra el Covid-19, sino en una lucha para salvar a unos cuantos, los de siempre, los empresarios y sus ganancias, a costa de la salud y la vida de los trabajadores y el pueblo. Los trabajadores y trabajadoras de todo el país tenemos que responder. Urge centralizar todas las expresiones del más amplio repudio y rechazo a estas medidas, y fortalecer la organización de la clase trabajadora para enfrentar este y otros ataques de la patronal y el gobierno. Debemos crear las condiciones para pasar a la acción apenas sepamos que se comiencen a aplicar la “suspensión perfecta de labores” en algún lugar. Debemos mantener organizados nuestros barrios, para velar por nuestras condiciones de vida y demandar condiciones de vida digna en medio de la emergencia desatada por la enfermedad. ¡Hoy más que nunca libramos dos batallas: contra la epidemia y contra los patrones y su gobierno!

¡Gobierno debe asegurar salario, comida, salud y agua para el pueblo trabajador y pobre!

¡NO AL INCREMENTO DE EFECTIVOS Y PRERROGATIVAS DE LAS FUERZAS REPRESIVAS!

Pasados 18 días desde el inicio de las medidas de aislamiento social decretadas por el gobierno de Vizcarra, el saldo de la epidemia de COVID 19 en el país es de 1,414 personas infectadas detectadas y 55 muertos. Pero más: el pueblo trabajador, encerrado en su casa, sin trabajo, y millones, sin salario, comienza a sentir que lo que está en cuestión, sea por la enfermedad o por la miseria, es su subsistencia. La cuarentena ha comenzado a mostrar sus problemas.

EL GOBIERNO NO VA HASTA EL FINAL

Vizcarra intenta convencer a la población de que todo está bajo control… pero la realidad es más compleja que lo que dice Vizcarra.

El gobierno ha anunciado medidas sanitarias y médicas, como la compra de más de un millón de pruebas para la detección de la enfermedad. Pasadas dos semanas del anuncio, apenas llegaron 150 mil “pruebas rápidas”, y que las más efectivas “pruebas moleculares” ni siquiera se habían comprado, haciendo imposible detectar eficazmente a las personas infectadas. Para que tengamos una idea, los países que mejor controlan los efectos de la enfermedad, como Corea o Alemania realizan entre 20 mil y 50 mil pruebas moleculares diarias.

No hablemos de los implementos que requieren los trabajadores y trabajadoras de salud. Sin la protección adecuada este sector abre otra brecha para la expansión del virus, como ya viene ocurriendo con el grave caso del hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores.

En todo el país, los hospitales carecen de camas y equipos que permitan mantener vivas a las personas que desarrollan la enfermedad.

Esto tiene una explicación de fondo: hasta ahora, para enfrentar la crisis, Vizcarra solo ha reasignado dinero del mismo presupuesto 2020. Es decir, a pesar de la emergencia, sigue primando la austeridad fiscal.

EL “APOYO SOCIAL” ES INSUFICIENTE, TARDÍO Y CAÓTICO

Mientras las familias ricas del país pasan sus días en una cómoda cuarentena, en nuestros barrios obreros y populares vivimos en medio de múltiples carencias.

En ese sentido, las medidas de “apoyo social” del gobierno no solucionan esta problemática. El bono de S/380, aparte de insuficiente, se entrega con retraso y en forma caótica, y no llegan a miles de familias que viven en situación de pobreza extrema pero no están mapeadas por las entidades públicas.

La liberación de un porcentaje de la CTS, así como la supresión del aporte de abril, y posiblemente mayo a las AFP ponen algo de dinero al sector de la población que cuenta con esas reservas, quienes desde ya se ven empujados a consumir esas reservas que debieran servir para tiempos de retiro o de jubilación. Además, deja en el aire a los trabajadores informales o independientes, que no tiene ni CTS ni fondos de pensiones.

Por eso, cada vez que se anuncia el reparto de víveres en algún punto del país, como pasó la semana pasada en el Rímac, y hoy en Villa El Salvador, la gente se aglomera desesperadamente rompiendo las medidas de aislamiento social, para intentar conseguir algo más para comer.

No exageramos: ninguna de las medidas del gobierno otorga salida a la desesperación que comienza a recorrer los barrios obreros y populares. Por eso hay dirigentes obreros que afirman que si no nos mata el COVID 19, nos matará el hambre.

OTROS ATAQUES…

A este cuadro se suman otros ataques y amenazas a los sectores populares: Millones de trabajadores han quedado en la calle. Los afiliados a las AFP observan cómo sus fondos de pensiones se pulverizan por efecto de la crisis económica y la caída de las bolsas, agravada pero no generada por el coronavirus. Los comerciantes especulan con el precio de los alimentos, y otros productos esenciales, como el agua, a la que millones de personas no tienen acceso en sus casas.

…Y REPRESIÓN

Previendo un posible estallido, el gobierno intenta un endurecimiento de la presencia represiva de la policía y las fuerzas armadas en el control del orden interno.

No solo ha llamado al servicio activo a los licenciados de las promociones 2018, 2019 y 2020 del ejército para “resguardar el orden interno” durante la cuarentena. También ha reforzado la impunidad para la policía y las fuerzas armadas que disparen contra la población.

Si bien los gobiernos de García y Humala ya habían blindado a las fuerzas policiales facilitando el uso de armas letales en acciones de represión social (D.L. 1095 y D.L. 1186), la nueva ley 31012 (“Ley de Protección Policial”), aprobada por el anterior Congreso y promulgada hace unos por el nuevo Congreso, incorpora a las fuerzas armadas al “beneficio” de ser librados de responsabilidad penal, detención preliminar y prisión preventiva, si en uso de sus armas u otros medios causan lesiones o muerte… Esto no es otra cosa que tener “licencia para matar”.

Es cierto que Vizcarra no promulgó esta ley en su momento, pero tampoco la observó y dio pie a que el Congreso la promulgara, y por tanto es también responsable de que esa ley sea utilizada para matar impunemente a personas en el contexto de la actual crisis del Covid-19.

NECESITAMOS FORTALECER LA ORGANIZACIÓN OBRERA Y POPULAR PARA GARANTIZAR NUESTRA SALUD Y DIGNIDAD

El problema del COVID-19 es demasiado importante para toda la clase trabajadora y el pueblo como para confiar en un gobierno burgués proempresarial como el gobierno Vizcarra.

No solo los riesgos de ataques económicos y represivos son muy grandes en el marco de la emergencia. Los patrones ya están exigiendo que se flexibilicen las medidas de aislamiento social para que sus fábricas y empresas vuelvan a producirles ganancias, sin importantes nuestra salud y la de nuestras familias.

La única forma de garantizar nuestra salud y la de nuestras familias es comunicarnos y organizarnos, incluso estando cuarentena y aislamiento social, y demandar que se solucionen los problemas que ha puesto al descubierto esta emergencia:

  • Continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
  • Licencia por cuarentena con goce de haber no compensable, ni con horas extras ni vacaciones, ni ningún otro medio.
  • Subsidio monetario igual a un salario para todos los trabajadores independientes e informales que no recibirán ingresos durante el aislamiento.
  • Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis para las familias.
  • Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
  • Impuesto de emergencia a las grandes empresas para financiar la emergencia sanitaria.
  • Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
  • Compra inmediata de equipos médicos de cuidados intensivos para los hospitales del país. Expropiación de clínicas privadas para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia.
  • Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento. Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
  • Reemplazo integral del sistema privado de pensiones por un sistema público solidario de pensiones que asegure una jubilación digna para todas las personas.

Los trabajadores y trabajadoras no queremos morir de COVID 19, pero tampoco estamos dispuestos a morir de hambre.

Gobierno permite a empresas romper cuarentena y exponer a trabajadores

EL COVID 19 ES UNA AMENAZA REAL

CON MÁS DE 195 MIL CASOS y 7,800 fallecimientos en el mundo, nadie puede poner en duda que el COVID19 es una amenaza real para la población de todo el mundo, pero en particular para la enorme mayoría trabajadora y pobre del mundo, que además de vemos expuestos/as en el trabajo, en los buses y trenes donde viajamos hacinados, tenemos que hacer frente a la pandemia sin los recursos mínimos (dinero, agua, desagüe, medicinas) y con sistemas de salud públicos colapsados, sin oxígeno ni camas para atender la emergencia, por años de desfinanciamiento a causa del modelo económico neoliberal.

El crecimiento de los afectados en el mundo está en fase de aceleración, a ritmo de 15,000 promedio por día en los últimos días. En muchos países la expansión del virus ha escapado del control, principalmente ante la ausencia de medidas de contención.

Por esa razón, sin desmedro de exigir solución a los otros males que nos aquejan (dengue, contaminación de poblaciones enteras por los efectos de la explotación minera, reconstrucción del sur y el norte, y un largo etc.), la contención y mitigación del COVID19 es una necesidad prioritaria y exige medidas de Estado radicales donde la salud pública esté por encima de cualquier otro interés.

La medida de cuarentena o aislamiento social es una medida responde a esta necesidad. Sin embargo, también en esto el gobierno de Vizcarra muestra su hipocresía y carácter patronal.

UNA CUARENTENA HIPÓCRITA

EN NUESTRO PAÍS, HEMOS INGRESADO A LA «FASE 3» DE PROPAGACIÓN DEL VIRUS, o “contagio comunitario”, lo que significa que se ha perdido el seguimiento de los infectados, y en ese sentido si bien son 145 los casos oficiales confirmados a la fecha, el número real debe ser mucho mayor.

Siendo esta la realidad, queda en evidencia que la cuarentena ha demorado más de lo debido. ¿Cuál es la razón de la demora? como ha ocurrido en otros países, Vizcarra ha puesto por encima de la salud de la población, los intereses de las empresas, que no están dispuestas a que las y los trabajadores dejemos de asistir al trabajo y seguir pagando nuestros salarios.

El estado de emergencia impone en el papel una suspensión total de actividades productivas que no son consideradas esenciales; se autoriza solo la continuidad de la producción de alimentos de primera necesidad, medicinas, y el funcionamiento de mercados, bancos, farmacias, establecimientos de salud, transportes y servicios conexos esenciales. En consecuencia, todas las empresas industriales y mineras debieran estar obligadas a suspender sus actividades. La realidad, a tres días de iniciada la cuarentena, es otra: En primer lugar, luego de indicar que los 15 días de “aislamiento social” era días de licencia con goce de haber, el gobierno ha definido que estos días deberán ser “recuperados”. Es decir, trabajados, con lo que terminamos siendo los propios trabajadores y trabajadoras quienes pagaremos los días de cuarentena. Como siempre, los patrones no pierden.

Pero más aún. Mientras de un lado, se ha impuesto prácticamente la ley marcial en las calles, miles de empresas le están sacando la vuelta a la ley de varias maneras.

Las mineras se han resistido a paralizar sus actividades. El gobierno ha cedido a sus presiones y de la Confiep, y ha autorizado sus actividades, rompiendo el aislamiento social, concretando un grave atentado contra los trabajadores y la salud pública.

Otras empresas están buscando despedir a sus trabajadores aprovechando el pánico; este ha sido el caso de Cineplanet. gracias a las denuncias los trabajadores han sido repuestos.

Y también están las empresas que han dado vacaciones forzadas desnaturalizando la finalidad de la cuarentena y en este caso alentados por la Ministra de Trabajo.

Si a esto sumamos que en medio de la emergencia los especuladores pescan a río revuelto encareciendo los productos de primera necesidad y materiales necesarios para controlar la epidemia como mascarillas y alcohol en gel, una vez más queda claro que somos los trabajadores y trabajadoras los más afectados y expuestos.

30 AÑOS DE PLAN NEOLIBERAL

A PESAR DE LA EMERGENCIA, el gobierno de Vizcarra sigue fiel a la política de austeridad del plan neoliberal que en treinta años ha llevado al colapso del sistema de salud convirtiéndolo en incapaz de enfrentar una crisis como la del COVID19.

El presupuesto extraordinario a las justas alcanzó para dotar de papel higiénico y jabón los baños de los principales hospitales, pero muchos de ellos en el interior del país permanecen en estado de ruindad, con baños insalubres, sin agua y sin servicios higiénicos, verdaderos focos infecciosos.

Es decir, no se enfrenta el problema de la infraestructura de salud construyendo nuevos hospitales, salas de cuidados intensivos y respiradores artificiales y otros equipos que según los especialistas son esenciales para esta crisis.

Tampoco contrata el personal médico, técnico médico, enfermería y servicios para atender la crisis. Se conoce la necesidad, pero este gobierno renunció a tocar las ganancias empresariales para financiar un verdadero plan de emergencia médica nacional.

Además, en momentos como este es cuando resalta la tragedia de los millones de trabajadores informales (65% de la población empleada) que no recibirán remuneraciones durante la cuarentena; el subsidio de 380 para tres millones de familias es inferior a la mitad del salario mínimo y no llegará a todos los necesitados.

También resalta el drama de millones de personas que no tienen acceso al agua potable, o que no cuentan con una vivienda mínimamente salubre, tanto en la Capital como en el interior del país, y a causa de esto miles mueren por consumir agua contaminada desde mucho antes de la llegada del coronavirus. Y no existe de parte del gobierno un plan de emergencia para dotarlos de agua potable y vivienda digna. Es otra gran perforación del aislamiento social.

A LAS Y LOS TRABAJADORES DEBE QUEDARNOS CLARO: EL GOBIERNO NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA PARA CONTENER, NI MITIRGAR, LA EXPANSIÓN DE LA EPIDEMIA DE COVID 19, PORQUE ESTÁ SUBORDINADO AL PLAN ECONÓMICO NEOLIBERAL Y AL INTERÉS DE LAS GRANDES EMPRESAS Y TRANSNACIONALES.

URGE UN VERDADERO PLAN DE EMERGENCIA NACIONAL

RESULTA INCONGRUENTE, DE PARTE DE LA DIRIGENCIA DE LA CGTP, denunciar el estado de emergencia como una maniobra del gobierno para impedir las movilizaciones, y al mismo tiempo suspender la jornada del 19 de marzo sin brindar ninguna orientación de organización para esta situación. Por otro lado, la política de las organizaciones de la izquierda reformista, en particular la representación en el congreso lleva su apoyo al gobierno al extremo de subordinarse a un plan de emergencia que subordinado a los intereses empresariales y que no garantiza la contención del COVID-19.

Está en las manos de la clase trabajadora, esa misma que hoy está en primera línea en esta batalla para salvaguardar la vida de toda la sociedad, tomar acción para asegurar un verdadero Plan de Emergencia Nacional que contenga y elimine la epidemia. Para ese fin se requiere fortalecer las organizaciones obreras y populares, y discutir y aprobar una plataforma de medidas como las siguientes:

  1. ASEGURAR CON URGENCIA EL AISLAMIENTO SOCIAL EFECTIVO, paralizando sin excepción las actividades industriales y mineras y toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales (como alimentos básicos, medicinas, transportes y telecomunicaciones), decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.
  2. Contratación de todo el personal necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis.
  3. Plan de infraestructura y equipos médicos de cuidados intensivos. Requisa de clínicas privadas y grandes hoteles, lo mismo que los productos de los laboratorios bajo control del sistema de salud ante un agravamiento de la crisis.
  4. Dotar gratuitamente de materiales y equipos de esterilización y de higiene, como papel, mascarillas y alcohol, así como acciones de fumigación y desinfección en todos los puntos de tránsito de las personas.
  5. En todos los centros de trabajo incluidos en la prohibición, licencia por cuarentena con goce de haber, no compensable ni con horas extras ni vacaciones ni ningún otro medio. Las empresas no deben lucrar con la necesidad social.
  6. Plan de urgencia económica para los trabajadores informales. Plan de trabajo social con salarios dignos.
  7. Plan urgente de vivienda social y acceso universal al agua y saneamiento.
  8. Suspensión del pago de alquileres, deudas bancarias por hipotecas de vivienda.
  9. Un servicio de transporte en máximas condiciones de higiene y seguridad.
  10. Control del abastecimiento y de los precios, sanciones ejemplares a los especuladores.
  11. Aumento general de salarios para enfrentar los costos de la crisis.

Por esa razón, si bien las medidas de aislamiento social impiden la realización de movilizaciones masivas y otras medidas de lucha popular, y es necesario acatar el aislamiento social, los trabajadores necesitamos ahora más que nunca fortalecer nuestra organización y nuestra independencia sin ninguna confianza en el gobierno, para imponer e incluso liderar un verdadero Plan Nacional de Emergencia.

Como parte de esto necesitamos continuar la defensa de nuestros derechos contra los ceses colectivos y despidos, con medidas de vigilancia y denuncia, y medidas de contención de los abusos empresariales.

Lima, 18 de marzo de 2020