Las violaciones sexuales no son broma

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La violación sexual, es una de las formas más crudas de violencia que puede vivir sino esta niña, mujer o adulta y que tiene un fuerte impacto en la vida de quien la sufre o la ha sufrido. Una violación sexual es una manera de atentar contra la libertad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ya que es u acto que se realiza sin el consentimiento de la víctima y que a su vez tiene secuelas físicas y emocionales que comprometen la salud de las personas que son víctimas de este tipo de violencia.

Es común que las víctimas presenten lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países. 

Las violaciones sexuales no son una broma:

La denuncia de la congresista Patricia Chirinos expone lo que ya veníamos apuntando el discurso y pensamiento de carácter machista y homofóbico del primer ministro Guido Bellido. El ministro asume que decirle a una mujer “ahora solo falta que te violen” puede ser admitido como una broma.

 Según la OMS Cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables en los últimos 10 años y cada vez ocurre a edades as tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años. 

En nuestro país, según el centro de emergencia mujer, solo de enero a mayo de este año se han atendido 3.878 casos de violencia sexual.

De acuerdo con su último reporte, 67,1% (2.599) del total de víctimas son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Asimismo, el 32,4% de casos corresponde a personas de 18 a 59 años (1.255) y el 0,5% (21) de los mismos a adultos mayores de 60 años. En todos los casos, las mujeres son las más afectadas.

A ello se suma que, en 1.938 casos, la víctima no fue agredida por sus familiares ni por su pareja. Sin embargo, en 1.431 casos, la agraviada sí fue agredida por un familiar, y en 461 situaciones fue la pareja quien realizó los ataques.

Asimismo, 145 víctimas presentan discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. En tanto, tres casos son de población LGTBI, 106 de reincidentes y 51 de personas con nacionalidad extranjera.

la violencia sexual es un problema social serio, que requiere una pronta atención como en general lo requieren todas las formas de violencia contra la mujer. Es un problema que no solo afecta a la víctima sino también a la sociedad en su conjunto y no podemos contemplar que se la siga normalizando mediante expresiones misóginas que se esconden bajo la apariencia de “chistes” o “bromas”, porque normalizan la violencia algo que es sumamente peligroso.

Nosotras nos preguntamos: ¿Cómo se puede bromear con un acto tan terrible?  ¿este es el gobierno del cambio? ¿el gobierno del pueblo? con un ministro al que le parece normal hacer bromas sobre violaciones, y con un presidente que pretende justificar esta agresión sosteniéndose en su procedencia andina.

El pertenecer al Perú profundo, no es justificante, son las mujeres de ese Perú profundo, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras y las que no tiene empleo quienes son víctimas de violencia sexual día a día.

Con ese actuar, las trabajadoras no podemos asumir este gobierno como nuestro, ni defenderlo, ni permitir que se le dé un uso polito como y se viene haciendo por parte de Perú Libre y también de la oposición.

Es cierto que sobre la congresista Patricia chirinos pesan, un proceso de investigación suspendido por supuestos vínculos con la corrupción y un pasado familiar con su padre como parte de la dictadura de Fujimori, sin embargo, esto no puede ser un argumento para deslegitimas una denuncia por agresión y de tal calibre, como ha hecho Elizabeth Medina, presidenta de la comisión de la mujer y congresista de Perú Libre. Es un error tener como método echar lodo sobre el oponente político, lo correcto sería que Bellido pida que se realice una investigación pública si es que se trata de una acusación falsa, como él manifiesta.

Perú Libre no hace más que dar armas a la derecha para ser atacado, tener en sus filas personajes como Bellido se presta para estos fines, la derecha ya está haciendo uso de este suceso como medio de ataque y lo seguirá haciendo. Por otro lado, tampoco pone por delante la atención a las demandas urgentes de la clase trabajadora, ni ataca los intereses de la burguesía, que es igual de machista y homófoba, aunque ahora aparezcan hipócritamente como defensores de la mujer y finjan indignación por lo acontecido, cuando años atrás, no han hecho más que obstruir diferentes proyectos y leyes de protección a las mujeres y han tenido expresiones iguales o peores a la de Bellido.

En un mes de gobierno no ha salido de sus disputas en las esferas del congreso sin ningún avance concreto en responder a las demandas más importantes de salud, educación, trabajo, ni mucho menos para atender los casos de violencia hacia la mujer.

Como clase trabajadora es necesario tomar las banderas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y exigir al gobierno que se declare en emergencia y una prioridad la lucha contra la violencia. Más allá de discursos, lo que necesitamos acciones concretas,  lo que significa un mayor presupuesto para empezar a ponerle fin a la violencia, desde las violaciones y feminicidios, hasta las desapariciones de mujeres y acoso callejero.

A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.

EDITORIAL: LOS TRABAJADORES ANTE EL GOBIERNO DE CASTILLO

Presidente Castillo, junto a titular del BCR, Velarde; y el Ministro de Economía, Francke. (foto:@PedroCastilloTe)

En un reciente pronunciamiento la CGTP dice: “Caracterizamos al actual como un gobierno popular que se propone un nuevo modelo económico, político y social”, y en esa línea le ofrece el “respaldo de los trabajadores”.

En otro pronunciamiento la Federación Textil es más enfático y manifiesta su “decidido apoyo al gobierno del pueblo”.

De acuerdo a ambos gremios – y de otros dirigentes que opinan lo mismo—el de Castillo sería “nuestro” gobierno al que habría que sostener y apoyar porque de él se desprenderán las soluciones que todos anhelamos, y por las que solo debemos “esperar”. Por eso también no llaman a luchar.

Esto implica un cambio de situación. Antes siempre luchamos unidos contra el gobierno de turno que encarnaba los intereses patronales, aunque en esas luchas la CGTP se comportara de manera mediatizada, pero ahora no porque el gobierno de Castillo sería “nuestro”. ¿Cómo queda la lucha por los derechos y reivindicaciones? ¿Se postergan a la espera de que el gobierno los atienda algún día?

Es claro que estamos ante una situación donde la CGTP (y algunas direcciones de la “izquierda”) rehúyen a su responsabilidad de velar por los intereses obreros y populares para colocarse del lado de la autoridad que ahora consideran “suyo”.  Tenemos problemas graves que sería ocioso repetirlos aquí, y ahora se acrecientan (alza en los precios de las subsistencias, devaluación que deprecia los salarios), pero la CGTP no hace nada.

El gobierno de Castillo es sin duda producto de la voluntad popular que lo eligió por sus promesas de cambio y lo hizo derrotando la férrea oposición de la patronal y sus partidos. Por eso es natural que las bases simpaticen con él y sean generosos con sus desaciertos, más cuando perciben que el bando patronal y sus poderosos medios no dejan de atacarlo, lo que produce una comprensible solidaridad e identificación con él.

Esta actitud de simpatía y espera de las bases es legítima y comprensible. En cambio, el apoyo de los dirigentes de la central se hace desde la integración al Gobierno de sus partidos y desde sus cargos como ministros o funcionarios por lo que deben defender su gestión. Mientras los trabajadores siguen siendo trabajadores con reivindicaciones que defender, ellos ahora forman parte del Estado ante quien se canalizan los reclamos.

Por supuesto, para vendernos el cuento completo la central se empeña en presentarnos al Gobierno como “popular”, o si se quiere “obrero”. Pero no vemos ninguna organización popular que esté gobernando ni siendo consultada, y menos vemos a organismos obreros participando y tomando decisiones. Quien gobierna es Castillo, Perú Libre, Juntos por el Perú, Conare y sus aliados; son ellos los que toman decisiones y son los únicos responsables, no el pueblo ni los trabajadores que solo los votaron.

El de Castillo es un gobierno de la izquierda reformista surgida por el voto con la promesa cambios, nada más. Pero su promesa es una cosa y otra cosa es lo que hace. Ellos no han convocado a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para cambiar al país sino al contrario los han llamado a la tranquilidad, postergan la realización de sus promesas y dejan correr la ofensiva del sector patronal. De este modo, en la segunda vuelta lograron “moderar” a Castillo. Ahora lo obligan a no realizar ningún cambio y van por su cabeza.

En su mensaje de 28 de julio Castillo ni siquiera mencionó los trabajadores (sólo habló y atendió reclamos de los profesores), es decir nada menos que a los que generan toda la riqueza y que son los más maltratados; pero si le ofreció “seguridad” a los empresarios.  También, a solicitud de los empresarios Castillo colocó a Pedro Francke en el MEF con el manifiesto compromiso de mantener la continuidad del modelo económico, y ahora ratifica a Julio Velarde en el BCR junto a una corte de altos funcionarios que administran la economía, ratificando así que todo seguirá igual.

Sin embargo, nada de esto tranquiliza a la burguesía que busca librarse de Castillo y reemplazarlo por un gobierno colocado por ella. Pero ya entre sus chantajes y la propia debilidad del gobierno lo está llevando a la deriva. Así, los 15 primeros días del gobierno –¡15!–  son un absoluto desastre que causa desconcierto en sectores obreros y populares que, a la sazón, nada tienen que celebrar porque no le concedió nada.

Lo que sucede y vaya a suceder es exclusiva responsabilidad de Castillo y de los que lo acompañan desde la “izquierda” y la central. Así, ¿cómo esperar que Castillo cumpla sus promesas? ¿Cómo cree la CGTP que Castillo cambiará el “modelo” por uno más justo? No hay ninguna coherencia entre lo que se prometió y lo que se hace. Por este motivo que los trabajadores no tienen por qué asumir ninguna responsabilidad por el Gobierno.

Desde las direcciones no se llaman a luchar porque dicen la “derecha ataca”. Sucede lo contrario: no luchamos y la derecha se apodera cada vez más de las calles y arrincona a Castillo. La única forma de derrotar a la derecha es que salgamos a luchar todos unidos, y eso solo es posible haciéndolo detrás de nuestros propios objetivos y reivindicaciones. Si no lo hacemos, la derecha recuperará el gobierno, y no solo descargará todo su odio contra Castillo y sus huestes sino sobre todo contra los trabajadores.

Además, en los trabajadores –y en el PST—no hay duda en salir a las calles en unidad de acción para enfrentar las amenazas golpistas, como hicimos cuando quisieron impedir su triunfo electoral.

¿Qué hacer?

El avance de la derecha no solo se da sobre el gobierno sino se viene dando en las fábricas. Los pliegos de muchos otros sindicatos no son atendidos pretextando la “crisis” y culpando al gobierno, y como respuestas se realizan plantones en Industrias del Envase, huelga en Leche Gloria y Celima prepara un paro.

Si es correcto que estos sindicatos luchen por sus demandas, con más razón debe ser que lo hagan todos unidos por las reivindicaciones comunes que de una vez traiga las soluciones más importantes que reclaman los trabajadores: aumento general, fin de los ceses colectivos y de las suspensiones. Es necesario hacerlo ahora.

Las elecciones pusieron en mesa la urgencia de atender las demandas sociales y el gobierno asumió con ese encargo. Pero ellas no van a atenderse si no actuamos presionando sobre el gobierno que a su vez retrocede ante el cargamontón del sector patronal. El “apoyo” que compromete la CGTP y las direcciones de “izquierda” significa en éstas horas que les dan la espalda a las luchas de los trabajadores y que le regalan toda la iniciativa de ataque a la derecha.

Ante la parálisis y la colaboración con el gobierno que es el camino seguro al fracaso y a nuevas desilusiones, tenemos un único y verdadero camino: afirmar nuestra independencia de clase y organizar ya la lucha unida para exigirle al gobierno las soluciones que todos esperamos y por las que votamos, y en esa ruta frenar y derrotar a la derecha reaccionaria.

¿Cómo hacer frente al alza del costo de vida?

El alza del costo de los alimentos y el gas golpea duramente el presupuesto de las familias trabajadoras. Los sectores más pobres, que han tenido que recurrir a las ollas comunes para resolver el problema de su alimentación, se han visto en la necesidad de reducir sus alimentos, de 3 a 1 al día.

Ante esta realidad, el gobierno de Castillo, con Francke al frente del ministerio de economía (MEF), apenas se ha limitado a declarar que la subida de los precios es un fenómeno mundial, y que no tomarán medidas para controlar los precios.

El gobierno tampoco ha deslizado la posibilidad de decretar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), medida podría devolver al menos una parte de la capacidad de compra perdida con el alza de los precios.

Ante esto, el alza de la tasa de interés de referencia por parte del BCRP, no tiene efecto inmediato en los precios de los productos de primera necesidad. Y el bono de 350 soles resulta completamente insuficiente.

Esta postura se repite frente al alza del dólar, ante la cual el gobierno se muestra impotente, renunciando incluso a la clásica venta de dólares que realizaba el BCRP para tratar de evitar subidas abruptas en el pasado.

En defensa de la economía obrera y popular

En este marco, y ante la inacción de las dirigencias sindicales, la defensa de la economía obrera y popular está enteramente en nuestras manos. Por eso las organizaciones de los trabajadores y el pueblo debemos iniciar nuestra inmediata movilización exigiendo al gobierno de Castillo, que dice ser “del pueblo”:

  1. Incremento inmediato del salario mínimo igual a la canasta básica. De acuerdo a la CGTP, el salario mínimo debiera ser de S/.1500.
  2. Control de precios y fin a los monopolios y oligopolios en la industria de la alimentación y las medicinas.
  3. Recuperación del gas y el petróleo para garantizar un precio asequible a las familias trabajadoras.

La lucha es el camino

Sin embargo, tan importante como saber qué debemos exigir, es definir el método con que debemos conquistar estas exigencias.

Hoy distintos sectores nos invitan a que nos sentemos en la “mesa” del gobierno Castillo, para “conversar” con las autoridades de turno y esperar pacientemente, que “lluevan” las soluciones a  nuestras demandas.

La situación que vivimos, en cambio, nos plantea exactamente lo contrario: ¡La CGTP tiene el deber de llamar a marchar para demandar el aumento general de sueldos, salarios y pensiones! Debemos iniciar la movilización independiente de los sindicatos, frentes, ollas comunes y todas las organizaciones obreras y populares para demandar soluciones inmediatas.

El pueblo pobre y trabajador, que se ha visto obligado a poner los más de 200 mil muertos que lleva esta pandemia en el país, tiene el derecho y la necesidad de  dejar de lado la “paciencia” y ponerse en pie de lucha en defensa de sus condiciones de vida.

Año y medio después: más pobres, más desempleadas, más violentadas

Colaboración de Lilla R.
Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La situación de la mujer en la sociedad de clases, y particularmente bajo el capitalismo, ha sido de opresión. Y a medida que este se hace más decadente, empeora.

Antes de la pandemia, y a pesar de los años de crecimiento económico, las mujeres ya ganábamos un 31.8% menos que los hombres. Esto era, en promedio, S/. 641.50 menos por realizar el mismo trabajo. Esto es lo que se conoce como brecha salarial y que claramente nos coloca, como trabajadoras, en un lugar de desventaja y desigualdad.

Sin embargo, la pandemia ha desvelado de manera dramática esta situación, y al mismo tiempo ha arremetido con mayor violencia contra los derechos y las vidas de millones de mujeres en el mundo, acrecentando las brechas de género, trayendo como consecuencia que las condiciones de vida de la mujer se hayan hecho aún más precarias.

Más desempleadas que desempleados

Si bien el desempleo es uno de los principales problemas en la agenda de la clase trabajadora, con un 30% de la población en edad de trabajar, sin tener dónde hacerlo, desde que inició la pandemia el desempleo femenino se incrementó en un 45.3%, mientras que el masculino, 34.9%. Esto quiere decir que han quedado desempleadas 3 millones y medio de mujeres.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los datos recolectados en 10 países de la región revelan que «los países más afectados con la caída del empleo femenino -como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la pandemia- son Chile, Perú y Brasil».

Las medidas de cuarentena que impuso el gobierno del entonces presidente Vizcarra, para frenar los contagios por COVID 19, sin garantizar el empleo y la subsistencia de la población, sin duda ha agudizado la situación vulnerable de empleo de las mujeres, que en países como el nuestro se concentra mucho más en trabajos precarios, como los trabajos por cuenta propia, negocios familiares y otras actividades que no requieren una relación contractual, sin protecciones ni beneficios sociales y por supuesto el trabajo en el sector informal, que ya antes de la pandemia era conformado en un 70% por mujeres.

Es necesario tomar en cuenta que la segregación ocupacional juega un rol importante en la pérdida de empleo femenino. Los sectores productivos más expuestos a riesgos de pérdida de empleo, tenían una presencia mayoritaria de mujeres (55.9%). Los sectores de servicios y comercio, concentraban a 4 de cada 5 trabajadoras urbanas, y han tenido una disminución de la población ocupada de 56.6% y 54.5% respectivamente (datos de la abogada Jessica K. Maeda Jerí, La fuerza laboral de las mujeres al límite. Consecuencias del COVID-19 en las trabajadoras urbanas del Perú).

La cuarentena para las mujeres trabajadoras

La pérdida de empleo, sumado a las restricciones por la pandemia, ha incrementado la carga del trabajo del hogar que ya realizaban las mujeres en mayor medida que sus compañeros varones. Así, el cuidado de los hijos, que ahora hacen clases desde casa, la limpieza de la casa, el cuidado de ancianos y, por la pandemia, el cuidado de familiares contagiados, se incrementó en horas y actividades. Una labor que no es remunerada, y mucho menos reconocida por nuestra sociedad.

Podemos sumar al trabajo doméstico el trabajo remoto, para las mujeres que han mantenido su empleo, generando una doble y hasta triple jornada a diferencia de los varones que les dedican menos tiempo a tareas domésticas. De acuerdo con una encuesta elaborada por Gender Lab, durante la cuarentena las mujeres le dedicaron en promedio, al trabajo en el hogar, 9 horas y 35 minutos. Tiempo mayor respecto a los hombres, que solo le dedicaron, en promedio, 6 horas y 12 minutos.

Hay que apuntar que la mayoría de hogares monoparentales (familias con un solo progenitor que se encarga del cuidado y crianza del o los hijos) están conformados por mujeres. Lo que significa, que hay muchas madres que, de haber tenido la “suerte” de mantener un empleo en el que hacen trabajo remoto, no solo tienen la carga laboral sino además pesan sobre ellas la responsabilidad total de los hijos, el cuidado del hogar, etc. Y en el peor de los casos, están las madres que no tienen ningún empleo para mantener a sus familias, teniendo que recurrir a la informalidad para sustentarse.

Se duplica la violencia para la mujer trabajadora

Sabemos que la cuarentena ha puesto a muchas mujeres en una situación vulnerable, teniendo que vivir en el encierro con sus abusadores. La alarmante cifra de feminicidios y violaciones durante la cuarentena revela la violencia persistente en los hogares de familias trabajadoras.

Pero además, el año y medio de pandemia no solo ha sido violento con las mujeres físicamente, también ha violentado a las mujeres quitándoles el derecho al trabajo. El despido, que ya era un atentado contra la vida de los trabajadores y trabajadoras antes de la pandemia, ahora se convierte en un acto aún más violento. No es posible que en plena crisis sanitaria y sin ninguna posibilidad de encontrar un medio distinto para sustentar sus familias, mujeres y madres trabajadoras hayan sido echadas a la calle. El despido en estos tiempos no solo ha significado, sufrimiento, hambre y miseria; en muchos casos ha significado también la muerte.
El capitalismo no puede ofrecernos una solución

La sociedad capitalista califica el derecho al trabajo como un derecho fundamental, pero lo hace con hipocresía, porque día a día lo arrebata, porque sus leyes no protegen el trabajo, ni tampoco los beneficios mínimos que este derecho debería contemplar.

Son las políticas de gobierno las que han llevado a esta situación a las madre y mujeres trabajadoras, la principal preocupación ha sido mantener las ganancias de las grandes empresas, mas no el darle solución a las cuestiones más urgentes como el desempleo. Por lo tanto, es evidente que el gobierno no tiene planes de resolver estos problemas, y que el gobierno entrante muy probablemente tampoco los tenga.

Por eso es necesario que como mujeres nos organicemos, y juntos a nuestros compañeros, exijamos solución a nuestras demandas como clase y como mujeres: fuentes de trabajo estables, seguro de desempleo, presupuesto para las ollas comunes que ayudan a la sobrevivencia las familias pobres, desaparición de la brecha salarial, que se reconozca con un salario digno el trabajo del hogar, etc.

La pandemia azota nuestras condiciones de vida. Y las mujeres jóvenes y trabajadoras de todo el mundo estamos al frente de los principales procesos de lucha (Chile, Colombia…). Por eso es clave organizarnos en torno a un programa obrero, marxista y revolucionario, que guíe nuestra lucha como mujeres de la clase trabajadora, entendiendo que los trabajadores no podrán llegar a emanciparse completamente si haber conquistado derechos plenos para las mujeres, que no solo estén escritos en un papel, si no que se respeten.

¡CERREMOS EL PASO AL FUJIMORISMO, LA CORRUPCIÓN, LA EXPLOTACIÓN Y EL SAQUEO DE NUESTRAS RIQUEZAS!

Los resultados de la primera vuelta del 11 de abril han mostrado el hartazgo de una enorme mayoría de la población que no asistió a votar, votó en blanco o viciado, o que tomó la candidatura de Pedro Castillo para expresar su rechazo a un sistema que empobrece, que margina y que mata a través de múltiples medios:

  • El abandono y marginación social agravados en las últimas décadas;
  • regímenes sobreexplotación en fábricas, minas y explotaciones agrícolas;
  • empresarios con carta libre para despedir y aplicar suspensión perfecta de labores;
  • congelamiento de remuneraciones y tercerización en el sector público;
  • abandono de los trabajadores cesados por cierres de actividades por pandemia,
  • imposición abusiva de proyectos extractivos;
  • corrupción desde el más alto nivel roba sistemáticamente los recursos nacionales.
  • Y, como remate de todo eso, una política de gobierno frente a la pandemia que viene causando un verdadero genocidio con más de 150 mil muertos y que sigue en ascenso.

Mientras los candidatos pedían el voto la gente abarrotaba las plantas de oxígeno, y sus parientes agonizaban en sus casas o en hospitales colapsados, clamando por una cama UCI.

Los resultados de la primera son una derrota para la patronal y el imperialismo a través de la pobre votación de los candidatos que más defienden el plan económico.

El voto castigo fue para los responsables de la política genocida frente a la pandemia, Vizcarra y Sagasti, lo que se refleja en la ínfima votación del Partido Morado y Somos Perú. El Frente Amplio pagó el costo político de haber ayudado a formar el gobierno Sagasti y sostenerlo desde el Congreso.

El frente de partidos agrupados en Juntos por el Perú y su candidata Verónika Mendoza, fueron víctimas de su política de adaptación y su renuncia a la impulsar la lucha de la clase trabajadora y el pueblo los distanció del profundo sentimiento popular de indignación.

La derecha buscó capitalizar el desastre del gobierno, pero ni su demagogia y ni su campaña de “terruqueo” le alcanzó para mucho. La candidata del fujimorismo, la que cuenta con más rechazo, pasó a la segunda vuelta con menos del 8% del electorado.

Lo que está en juego en la segunda vuelta

La posibilidad de que Keyko Fujimori sea gobierno ha encendido las alertas en el movimiento obrero y popular y organizaciones democráticas, no solo porque ella es la heredera política de la dictadura corrupta, criminal y genocida de la década de los noventa, que amenaza reproducir el autoritarismo para profundizar el plan, sino que además para la Fiscalía ella lidera una organización criminal de lavado de activos, receptora de millonarios aportes clandestinos de grandes corporaciones y cómplice en la corrupción del caso Odebrecht.

Por otro lado, Pedro Castillo, que logró captar un amplio voto rechazo en la primera vuelta, ahora canalizará el voto repudio al fujimorismo que incluye a importantes sectores de masas en Lima, y en esa medida tiene la posibilidad de ganar la segunda vuelta y hacer gobierno.

De concretarse sería una derrota de la burguesía y el imperialismo y su plan neoliberal, que junto con los partidos patronales han cerrado filas con la candidata fujimorista, como el PPC y el ultraderechista López Aliaga, y hasta la burguesía liberal que lidera Mario Vargas Llosa han anunciado que harán lo que juraron que nunca harían: votar y apoyar la candidatura de Keyko Fujimori y blindar el sistema de saqueo, explotación, abuso, miseria y corrupción que impera en el país. Sería también la derrota del “terruqueo” y la criminalización de las luchas sociales.

Sin embargo, no es solo eso lo que está en juego para las masas trabajadoras. El genocidio que genera la política del gobierno sigue siendo el principal flagelo que exige una respuesta urgente.

Y no hay forma de acabar con esta pandemia que con medidas de contención que impida que los trabajadores sigan contagiándose y muriendo en las minas, fábricas y explotaciones agrícolas, pero sin condenar al hambre a la población; con un monitoreo activo de enfermos y con una expansión de la capacidad hospitalaria por lo menos al doble de la actual. Si siguen las condiciones actuales habrá 50 mil muertos más hasta la segunda vuelta y 100 mil hasta el cambio de gobierno.

Por eso no basta una definición electoral para la segunda vuelta. Para el pueblo trabajador es indispensable organizarse para imponer con su lucha aquello que no vendrá con las elecciones: salidas urgentes a las demandas en salud, trabajo, salarios, alimentación, educación.

El PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES no comparte el programa de gobierno del partido Perú Libre ni del candidato Pedro Castillo ni el método para conseguir las propuestas aisladas que podrían tener un carácter progresivo como el derecho democrático del pueblo a un nuevo orden constitucional opuesto al neoliberalismo, pues al margen de la lucha del pueblo organizado no son más que promesas demagógicas.

Tampoco podemos callar nuestro rechazo a sus propuestas frente a la pandemia de acabar con toda cuarentena y oponerse al impuesto a la riqueza porque eso, so pretexto de reactivar la economía tal como lo dice el gobierno y el fujimorismo, llevaría a generalizar los contagios, la emergencia sanitaria y las muertes.

El PST acompañará en la experiencia del voto del movimiento obrero y popular para impedir el retorno del fujimorismo, pero sin depositar ninguna ilusión en nada que no sea la movilización independiente de las organizaciones obreras y populares, única garantía que tenemos de imponer nuestras más urgentes demandas:

  1. Impuestos inmediatos a las grandes empresas (industrias, minas, bancos) y fortunas para financiar las medidas urgentes para hacer frente a la pandemia.
  2. Expropiación de las clínicas y grandes hoteles para implementar camas UCI al servicio de la emergencia. Contratación de personal intensivista suficiente.
  3. Prohibición de despidos y ceses colectivos. Reposición de todos los despedidos y despedidas. Basta de suspensión perfecta, reintegro de los salarios que no se abonaron durante el periodo de suspensión.
  4. Solución inmediata a los pliegos de reclamos presentados por los sindicatos.
  5. Plan de emergencia de obras de saneamiento (luz, agua, desagüe e internet) en los barrios y distritos populares.
  6. Medidas de aislamiento social y cuarentena general con salario universal para todos los trabajadores parados igual a la canasta básica de consumo mientras dure la emergencia.
  7. Entrega gratuita de víveres y financiamiento estatal al 100% de los requerimientos de los comedores populares y ollas comunes de los barrios.

Será en el camino de la lucha por estas reivindicaciones que lograremos cerrarle el paso al fujimorismo, al empresariado, a la corrupción y al saqueo imperialista de nuestras riquezas.

CONTRA FUJIMORI, SAGASTI, EL GENOCIDIO Y LOS DESPIDOS NO BASTA VOTAR… ¡HAY QUE LUCHAR!

Por vacunas para todos, ¡ya!

En momentos que miles sufren y mueren por la pandemia del covid, estalla el escándalo de la vacunación clandestina de medio millar de funcionarios del Estado encabezados por Vizcarra y Mazzetti, mostrando que la corrupción de los gobernantes es ilimitada y no tienen cuando acabar. En tanto, nuestro martirio se convierte en una larga agonía y nos demanda luchar por una verdadera salida que salve nuestras vidas, entre las cuales la clave es conseguir la pronta adquisición de dosis suficientes de vacunas y su suministro gratuito a toda la población.

Días terribles son los que vivimos en esta segunda ola del covid. Desde que empezó a fines de diciembre, en pocas semanas superó todos los records de contagios y muertes de la primera ola, y desde hace mucho que no contamos con implementos básicos para atender la enfermedad, como camas UCI, y aún peor ni siquiera hay oxígeno medicinal, y tenemos que ver el drama diario de familiares, amigos y gente desesperada buscando este insumo esencial para atender a sus enfermos.

La segunda ola era inevitable. El MINSA había anunciado que vendría y mostró los escenarios donde –en el caso más benigno– preveía la situación que estamos viviendo. Sin embargo, nada hizo para contenerla. Al contrario –bajo Vizcarra y Sagasti– desmontó lo poco que había construido durante la brutal pandemia del año pasado, y encima aplicó un tijerazo sobre el 50% del presupuesto del sector (echaron al personal contratado, dejaron de adquirir equipos), dejándonos inermes ante el retorno agresivo del virus.

Pero más escandaloso es la parálisis e ineptitud del Gobierno de Sagasti para responder a las urgencias de la hora. No ha decretado un confinamiento estricto que es la única forma de parar la propagación de los contagios. No compra camas UCI ni contrata personal especializado. En fin, no pone en pie ningún plan de contención de la pandemia, y ahora levanta las restricciones que estableció en febrero porque no evitan la propagación y solo mata de hambre al pueblo pobre.

Lo peor es que no resuelve la dramática escasez de oxígeno medicinal por la que miles están muriendo. Para obtener oxígeno medicinal solo se debe intervenir y direccionar la actividad de un grupo de empresas con capacidad de producirlo, pero no se hace porque prioriza la actividad privada sobre la vida.

Antes que la vida, las ganancias

Este es el concepto que guía la política del gobierno y la que produce el actual genocidio. Sagasti inauguró su Gobierno con un gabinete cuyo ministro de Economía, Waldo Mendoza, tenía el mérito haber “demostrado” que no habría segunda ola, y que negaba su existencia incluso cuando era ya una realidad. Un negacionismo que no es casual porque es fabricado por los voceros empresariales por miserables intereses económicos, y que aun defienden cuando la pandemia desata toda su ferocidad. Ese mismo ministro hoy, en nombre del Gobierno, se ufana de que la economía apenas sufra un “bachecito” y no cuenta la montaña de muertos que tenemos que pagar por ello.

El campamento minero de Marcona es una muestra de los escenarios de tragedia que produce esta política oficial. Shougang no detuvo un solo minuto su producción, en tanto el contagio se expande en toda la población que desesperada enferma y muere por el covid, entre ellos muchos trabajadores mineros. Y el Gobierno y la empresa no hacen nada porque eso les está permitiendo ganancias, ahora favorecido por el alza de sus precios en el mundo.

Es falso que todos seamos afectados por igual. Los que tienen dinero pueden pagar 4 mil soles por un cilindro de oxígeno y conseguir una cama UCI en una clínica privada. Pero el 50% que han sido empujado por debajo del nivel de pobreza y en la que figuran los millones de despedidos y arruinados por la política económica, es condenado a enfermar y morir en su casa como sucede estos días, incluso a morir de hambre. Es el caso de Loreto. Luego de haber sufrido la peor embestida en la primera ola cuando la gente desbordaba los hospitales y muchos morían en las calles clamando por oxígeno, y cuando se dijo que por el efecto “rebaño” ya se había “inmunizado” al 70% de la población, estos días vuelve a sufrir la misma pesadilla por la letalidad del virus.

La segunda ola en Europa fue controlada en pocas semanas con cuarentenas rígidas, y desde principios de febrero con el inicio de la vacunación ya vuelve a la normalidad. En cambio en Perú el Gobierno resolvió no hacer nada, y lo peor, sin vacuna, oxígeno ni ayuda económica. Por eso vivimos una catástrofe.

Vacunas VIP

Es por esta situación que el escándalo de las vacunas VIP cayó como una bomba desatando enorme indignación, sobre todo en los que más sufren.

Vizcarra y cerca de medio millar de su entorno inmediato tuvieron el privilegio de inmunizarse a escondidas gracias mientras morían médicos, enfermeras y personal de la primera línea. En el affaire figuran exministros y funcionarios que han seguido en el Gobierno de Sagasti, empresarios, familiares y hasta el representante del Papa en el país. Figura la que se supone era la heroína de una inexistente lucha contra la pandemia, la ministra de salud Pilar Mazzetti, que hoy se muestra mentirosa.

Nadie puede dudar hoy de que estamos como estamos debido a una política centrada en privilegiar los grandes negocios sobre la salud de la población, agravada por ineptitud y corrupción.

Sagasti ha intentado desmarcarse del escándalo apartando a los implicados y abriendo una investigación. Pero este acto es como el de las vacunas: más show que realidad. Él no puede mostrar toda la verdad y colocar en la cárcel a los culpables porque se caería su propio Gobierno y el mismo régimen. Lo mismo sucede con el Congreso, que solo apunta a castigar a Vizcarra, Mazzetti y algunos más, en un juego dirigido a obtener réditos políticos y electorales.

Ninguno de ellos va a investigar ni castigar hasta el final a los responsables del “vacunagate” como no lo han hecho en seis años desde que estalló el caso Odebrecht.

Estado podrido

El tema de las vacunas VIP es un caso más de corrupción capitalista y de sus agentes colocados en el Estado y Gobierno. Sicopharm entregó un paquete de dosis con una mascarada de “investigación” para que los miembros del Gobierno protegieran sus vidas a cambio de beneficiarla en la compra de sus vacunas. Por esa razón Vizcarra ni Sagasti compraron las vacunas a tiempo y hasta se dieron el lujo de rechazar otras ofertas de Pfizer y Sputnik. Por eso mismo el contrato con Sicopharm es secreto. Es así que el Perú es uno de los últimos que empezó a recibir vacunas y a aplicarlas, mientras países vecinos –como Chile– avanzan rápido en la inmunización de su población.

El héroe de ayer Vizcarra es un “lagarto”, sí. La Mazzetti es la hipocresía en persona, sí. Todos los inmunizados VIP son “inmorales”, sí. En plena y terrible pandemia se ha producido más de mil casos de corrupción. Todo esto ocurre porque el Estado está podrido.

El Estado es de la clase capitalista que la usa para proteger sus negocios y enriquecerse más. Con el modelo neoliberal desmantelaron y fragilizaron más al Estado para empoderar y permitir más corrupción a los capitalistas. Por eso los mayores corruptos y corruptores son los grandes grupos empresariales. Por ello los gobiernos serviles de los últimos veinte años también robaron, incluido los autoproclamados de “izquierda”.

Por eso mismo todos los que nos ofrecen “limpiar” al Estado nos venden humo porque no hay forma de arreglar lo que está podrido. La única salida es enterrar ese Estado y a la clase capitalista y reemplazarlo por uno nuevo, un Estado de los trabajadores.

Vacunas, ya

Solo ante el estallido de la indignación nacional el gobierno apura la compra de vacunas, aunque esta ahora no se presenta fácil por las condiciones leoninas de los monopolios y el acaparamiento de los países ricos. Lo que debemos demandar ahora es la pronta adquisición de suficientes dosis, y la publicación y fiscalización de los contratos. Debemos exigir también la liberación de las patentes (y que se financie la investigación y producción nacional de vacunas), oxígeno y otros equipamientos médicos, para no depender de los monopolios.

Ahora la CONFIEP quiere meter mano en las vacunas. Ella, que solo tiene ojos para sus ganancias, tiene la mayor responsabilidad en la crisis. Pero se lavan las manos y le atribuyen toda la responsabilidad al Gobierno y el Estado. Lo hacen mientras tratan de mostrarse generosos regalando oxígeno, mientras con la actividad empresarial promueven los contagios y muertes. Ahora ofrecen traer la vacuna. Pero la verdad es que están desesperados por inmunizar ya a todos los que le garantizan la producción de sus ganancias, al mismo tiempo que pretenden abrir las puertas de otro suculento negocio con la vacunación privada.

Es cierto que, además de la compra, hay un grave problema con la organización de la vacunación. El gobierno ofrece vacunar entre 10 y 11 millones hasta julio e inmunizar al 70% hacia fines de año. Pero está vacunando a un promedio de 15 mil diarios, lo que significa que la inmunización de toda la población se terminará en diez años, y eso que se necesitan dos dosis y que es una inmunización que deberá renovarse al menos cada año. Así es imposible que la haga.

La ineptitud del Gobierno no puede llevarlo a renunciar a su responsabilidad entregando dicha labor al negocio de privados. En su debilidad, Sagasti suelta su tarea. Lo que debe hacer es convocar a todos los recursos humanos y a disponer de todos los recursos de los privados para resolverlo, y en ella la clase trabajadora debe comprometer sus activos para poner manos a la obra. No aceptemos seguir muriendo por la corrupción e incapacidad de la élite gobernante. ¡Basta de genocidio!

Y hay que actuar para poner en pie a la clase trabajadora y a las organizaciones populares para luchar ahora por un programa de solución a los inmensos déficits del sistema sanitario y por las demandas sociales. Nuestras vidas importan, más que las ganancias capitalistas.

¡Cuarentena con camas UCI, vacunas y salario para todos, preservando el trabajo!

Sagasti impone medidas estériles frente a segunda ola…

El gobierno ha tenido que admitir el absoluto descontrol al que nos ha llevado anunciando nuevas medidas de confinamiento a partir del 1 de febrero.

Poco o nada ha cambiado estos meses de «bajada» de casos y muertes: no se ha ampliado la capacidad de atención del sistema de salud. No se aseguraron vacunas. Esto, a pesar que desde el año pasado, profesionales de EsSalud y el Minsa habían advertido la crudeza de la segunda ola.

Hoy, tal como hizo Vizcarra, Sagasti impone una «cuarentena» sin preocuparse lo más mínimo por las condiciones de vida del pueblo trabajador: nada de medicinas, alimentos ni salario para el pueblo pobre mientras dure la nueva «cuarentena».

Esa forma de «cuarentena» ya demostró su fracaso en tiempos de Vizcarra. Lo único que se hace es encerrarnos para que enfermos y perdamos la vida en casa.

En este contexto las direcciones nacionales, como la CGTP, terminan haciendo el juego a Sagasti y compañía, pues han renunciado a enfrentarlo en las calles. Esa es la única explicación para la «suspensión» del Paro nacional que se había convocado para este 28 de enero. Y es que los partidos que controlan la dirigencia de la CGTP están más preocupados del cronograma electoral que de la necesidad urgente que tenemos las y los trabajadores de unir nuestras luchas contra un gobierno asesino, represor y patronal.

Desde el PST denunciamos las nuevas medidas del gobierno por ser insuficientes y al servicio de la patronal, que no dejará de lucrar con la enfermedad (clínicas y farmacéuticas), ni de explotar a los trabajadores que, presos de la miseria, se ven obligados a aceptar casi cualquier condición para seguir ganando algún dinero.

Para nosotros no cabe duda que el camino marcado por el proletariado del campo, con su poderosa huelga general de diciembre pasado, es el que debe seguir todo el pueblo trabajador. Por eso es más urgente que nunca el paro nacional, para derrotar a Sagasti y defender la salud, el trabajo y la vida.

¡Impuestos a las fortunas y grandes empresas para financiar la emergencia!

¡Alto a los ceses colectivos y a la suspensión perfecta!

¡Paro nacional!

Partido Socialista de los Trabajadores

Urge un plan desde la universidad para ayudar en la lucha contra la pandemia y los problemas sociales agudizados

Foto: NinaÑawi – Luis Javier Maguiña

Siguen pasando los días y las autoridades continúan al margen de la crisis social y la problemática estudiantil. Sin importar estos temas, aquellos se convierten en cómplices de la política general del gobierno de turno, la cual es la de volcar la crisis a las masas populares. 

Se profundizan las brechas sociales

Son cada vez más los casos de estudiantes marginados de la educación superior y técnica en el marco de una pandemia que golpea a los más vulnerables. Casos como la imposición de un examen de admisión virtual, con alrededor de 15 mil estudiantes que quedaron fuera, o la deserción de 63 mil universitarios aproximadamente, más que el 2019, muestran claramente la gran desigualdad y discriminación que existe en el ámbito universitario. Siendo una política idéntica a la del gobierno: sálvese quien pueda. En este caso, postule o estudie quien pueda.

Además, San Marcos está formando parte de las decenas de investigaciones sobre casos de corrupción en el país, a raíz del caso de la compra de decenas de lavamanos portátiles sobrevalorados. Pues según el Ministerio Público, solo a 100 días que inició el confinamiento por el covid-19, los presuntos casos de corrupción aumentaron a 700 %.  Lo cual empalma con la falta de transparencia en la gestión del gobierno universitario y por tanto con la ausencia de acciones democráticas en nuestra casa de estudio. Todo bajo el respaldo de la actual ley universitaria 30220.

Un plan estratégico para los problemas sociales

En el marco del estado de emergencia, muchos problemas sociales como la violencia hacia la mujer, los problemas psicológicos en la población, la falta de personal médico en los hospitales, los despidos masivos en las fábricas, la falta de un sistema de transporte adecuado, el inacceso a la educación básica regular por muchos niños, etc. se han desnudado y agudizado sin que haya un verdadero plan de por medio. No obstante, las universidades, una de las principales instituciones del estado, tendrían que jugar su gran rol social de cara a proponer soluciones a estos graves problemas del país.

Mientras la politica de «concientizacion» del gobierno genocida sigue siendo la de colocar multas exorbitantes a infractores, aterrorizar con mensajes que buscan culpabilizar especialmente a la población de la propagación del virus, meter bala en las protestas como en Iquitos, en síntesis una política de terror. La universidad puede por ejemplo organizar un programa de intervencion social para cumplir con la tarea de concientizar a nuestra población, un trabajo de promocion de una cultura de salud, como parte de un gran plan estratégico a fin de enfrentar la problemática nacional. Al mismo tiempo que puede demandar al gobierno central  los recursos para llevar a cabo ese plan y para garantizar las necesidades básicas de la poblacion. Ya que, fuera de los esfuerzos plausibles de algunos docentes y estudiantes, las universidades como intituciones han aportado muy poco.

Aprovechar al máximo los espacios de debate estudiantil

Ante la gran debilidad organizativa en los distintos gremios estudiantiles, las direcciones gremiales tendrían que aprovechar al máximo cualquier asamblea llevado a cabo. No se puede dejar pasar ninguna oportunidad como muchas veces suele suceder, con discusiones secundarias que no ayudan a organizar ni a movilizar. Menos aun cuando hay condiciones adversas como esta pandemia.

Asimismo, la reducción de la lucha y el debate universitario a las demandas sobre la problemática de la universidad sin tener como eje central la problemática social nacional, hace que se genere un obstáculo para la unidad en las luchas con otras organizaciones sociales, en especial con la de los trabajadores. Pues tener una lucha unitaria tanto contra las autoridades universitarias como contra el gobierno de turno, el principal causante de todo este desastre en cuanto al combate de la pandemia y la agudización de la crisis social se refiere, debe ser nuestro horizonte y una de nuestras prioridades.

Organización para la lucha

Es en ese sentido que existe la necesidad de impulsar más asambleas y coordinaciones con delegados estudiantiles de base comprometidos con la lucha contra las desigualdades que están a flote en el país y de discutir seguidamente las distintas demandas estudiantiles y sociales que hay. Hace falta crear asimismo más mecanismos virtuales de participación estudiantil  para buscar puntos de unidad y hacer cada vez más grande esta lucha emprendida por varios estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Esos espacios de debates y discusión son fundamentales para tener claridad sobre las distintas demandas y poner como eje los diversos problemas sociales que líneas atrás se han señalado. Eje que es más que una necesidad hoy en día. Debido a la gran crisis histórica que estamos viviendo. Nuestro rol como estudiantes tiene que ser, en unidad con los trabajadores, la de proponer y actuar sobre dicha crisis para ser parte de la solución.

¡Ayuda integral para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes contra los ataques del gobierno!

¡Por un eje estudiantil que se centre en las problemáticas sociales!

¡Urge un plan institucional para apoyar en la lucha contra la pandemia y para encarar los problemas sociales agudizados por la misma!

Plan genocida disfrazado con mentiras, al estilo de los audios de Vizcarra

Ahora más del 70% de la población se encuentra contagiada (inmunidad de rebaño).

La política sanitaria que ya causó 80 mil muertes y nos acerca al millón de contagios, y que es responsabilidad única del gobierno y del modelo económico que defiende, es disfrazada con una campaña centrada en seguir culpando a la población.

Con una campaña orientada a culpar a la gente de la propagación del virus, y que utiliza hechos aislados que los medios magnifican como el caso de la discoteca de Los Olivos donde fallecieron 13 jóvenes, el gobierno sigue disfrazando su política sanitaria de masacre de la población pobre y trabajadora y de resguardo de los negocios capitalistas. En el caso de la discoteca de Los Olivos, es usada además para denigrar a los jóvenes que en realidad fueron víctimas de la brutalidad policial.

La expansión del virus y la inmensa estela de enfermos y fallecidos que está dejando, no ha cedido un solo minuto desde que hizo su aparición a inicios del mes de marzo, y en todo momento la única verdad que ha saltado a la vista es la responsabilidad del gobierno en su propagación y agravamiento.

En la primera etapa, con cuarentena, el virus se expande porque el gobierno no controla los puntos de aglomeración (mercados, transporte público y bancos), y porque fuerza a la mayoría de pobres y de despedidos a salir a la calle al negarles un ingreso mínimo para que se queden en casa. En el segundo momento la ola se desata por la apertura económica, la que se inicia en mayo y se extiende en junio y julio, lanzada de manera torpe y con protocolos ablandados y sin fiscalización, alentando el contagio masivo en los lugares de trabajo y reprimiendo con saña a los obreros que protestan en defensa de sus vidas, como en Marsa. Así, escalan los contagios y las muertes hasta mediados de agosto, mientras en el otro lado los negocios vuelven a florecer.

«La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención».

La publicidad oficial que culpa a la gente tiene otro sesgo falso: azuza el miedo. El miedo como herramienta de presión no funciona dicen muchos especialistas, y más en la pandemia alimenta el pánico; del pánico a la muerte no hay más que unos pasos como sucede con la gente que por desesperación se automedica agravando su situación, o de algunos que hasta llegaron al suicidio.

La OMS dice que la letalidad del virus es de 0.6%. A partir de aquí cuando su letalidad llega a 4% o más como es el caso de Perú que llega a tener la tasa de muertes más alta del mundo, es por falta de atención. Es decir, más que el virus mata la desidia de las autoridades que no proveen de oxígeno, camas UCI, pruebas moleculares para un diagnóstico correcto y una atención oportuna. Mata la falta de un sistema de atención primaria, la pobre protección del personal de salud y hasta la pobreza en la que se ha hundido a millones. Y todo esto es por responsabilidad del gobierno que se corre ante los gritos de la gente que pide auxilio, que desoye a los especialistas, que asigna recursos con gotero mientras vuelca enorme “ayuda” a los grandes empresarios, que miente y oculta información.

El resultado de esta política está a la vista del mundo entero: el Perú es el quinto país con más contagiados, es –repetimos– el primer país del mundo con la mayor cantidad de fallecidos por habitante, con el agravante de que también es el primero en derrumbe de empleos y salarios. Una verdadera catástrofe que es única y exclusiva responsabilidad del gobierno.

Por ello, desde el terreno de la clase obrera denunciamos que el gobierno y sus mentores de la CONFIEP junto con todos los que le prestan apoyo, ponen en marcha una política genocida por doble partida: al mismo tiempo que nos empujan al contagio masivo y arruinan nuestras economías, no resuelven las necesidades mínimas de la emergencia sanitaria permitiendo que el covid se está cobrando demasiadas víctimas.

En todo esto hay incompetencia total del gobierno de Vizcarra, también la corrupción hace su parte medrando del Estado en la misma emergencia. Pero sobre todo lo que hay es la continuidad de un modelo económico que privilegia los negocios capitalistas sobre el bienestar de la mayoría. Este modelo que en 30 años solo fabricó riqueza en un polo y pobreza en el otro ahora simplemente nos arroja a la miseria y nos condena a morir por el virus con el único fin de asegurar las ganancias del gran capital que ha sido elevado a fin supremo.

Reducir toda la problemática a algunos jóvenes inquietos o de otros que visitan a sus abuelos, no solo es una mentira siniestra armada al estilo de los audios de Vizcarra, sino, como el conjunto de los actos del gobierno, están colocados al servicio de implementar esta política genocida.