A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.

Trabajadores en lucha

La clase obrera está en lucha. Espoleados por la fuerte alza del costo de vida buscan soluciones satisfactorias a sus pliegos de reclamos.

600 obreros de Leche Gloria organizados en el Sinatog y con varias bases en el interior del país, iniciaron el 18 de agosto una huelga indefinida. La huelga que reclama la solución a su pliego de reclamos, arrancó con una masiva concentración en el frontis del ministerio de Trabajo y, según manifiesta Miguel Moreno, secretario general del sindicato, están preparados para resistir la paralización hasta un mes.

La empresa, pese a su inmenso poder económico, ningunea un justo aumento a los trabajadores alegando no tener plata. Sin embargo, ha más que duplicado la asignación de recursos para la alta gerencia.

El SINATREL (Sindicato de la embotelladora Coca-Cola e Inca Kola) también se encuentra abocado a la lucha por su petitorio. La empresa se corre de las negociaciones en trato directo y ofrece aumentos por debajo de los que ha otorgado a los no afiliados. La empresa alega la “pandemia”. Pero es en medio de ella en la que los obreros no pararon ni un minuto exponiéndose al contagio del covid, que la empresa ha obtenido mejores utilidades. El sindicato nacional viene realizando plantones en Arequipa, Cuso y Lima.

El Sindicato Industrias del Envase, que dirige el cro. Claudio Capa, también está en pie de lucha. A la fecha ya realizó tres plantones demandando también solución a su petitorio y reclamando volver al horario de trabajo normal, pues la empresa los mantiene bajo el régimen de la cuarentena pasada.

El sindicato de Celima viene luchando desde principios de año por la solución de su pliego y en contra de la ofensiva general desatada por el grupo Belmont en el conjunto de la corporación. 150 obreros de Trébol han sido colocados en cese colectivo. El sindicato discute la realización de un paro o el inicio de una huelga indefinida.

Lo mismo sucede en la cervecera Backus, donde los obreros también realizan plantones junto a otras bases en el interior del país.

La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha sido elegida presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero ejemplo que los trabajadores reconocen y aplauden.

Paremos los ataques a la clase trabajadora

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

A más de 106 días de la declaratoria de la Emergencia por el covid-19, queda claro que el gobierno no solo ha mostrado una gestión desastrosa para atender los problemas más elementales de la salud y vida de los trabajadores y los sectores populares, también ha generado una descomunal crisis económica que tiene la forma de despidos masivos y múltiples ataques, al mismo tiempo que nos utiliza como carne de cañón para reactivar los negocios.

Flexibilizan los protocolos

La última modificación de los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores”, de aplicación obligatoria en las empresas, señalados en la R.M. 448-2020 y modificado por Vizcarra, entre gallos y medianoche, deja claro que los centros laborales son ahora los principales centros de contagio. Se eliminó la obligatoriedad de la realización de pruebas covid-19 al personal que ingresa a laborar, y todo lo que pueda implicar gasto adicional, para tranquilidad de las empresas.

De esta forma, la “reactivación” viene con la política del “sálvense quien pueda” ante el covid-19, ya que si los trabajadores reclaman medidas de protección o se niegan a trabajar protegiendo su salud, aplicarían el despido, como el realizado a 22 trabajadores en tiendas Saga Falabella y a 2 dirigentes del SINATREL de Corporación Lindley.

Más suspensiones perfectas

Más de 30 mil empresas se acogieron a esta medida. Y a pesar que muchas salieron improcedentes, en los hechos ninguna empresa ha retrocedido en la política de echar a trabajadores señalando que acudirán hasta las últimas instancias del poder judicial, aun cuando esto solo signifique dilatar los reclamos.

Los negocios se han normalizado. Han sido beneficiados con millones del programa Reactiva Perú. Pero ahora presentan la ampliación de la suspensión perfecta hasta octubre.

Encima, imponen jornadas de 12 horas y aplican políticas discriminatorias para seleccionar trabajadores a su antojo. En las fábricas de Celima, Trebol, Vainsa, San Lorenzo, Topy Top, aplican esta modalidad como ensayo para establecer un nuevo régimen laboral más explotador y para generar nuevos despidos, principalmente de los que se organizan en sindicatos.

Ceses colectivos

También enfrentamos una avalancha de nuevos ceses colectivos, medida que avanza con los meses. En plena Emergencia Nacional la fábrica número uno en vidrios, Miyasato, anunció acogerse al cese colectivo que involucra a los afiliados al sindicato. Ahora Papelera Nacional – PANASA, principal fabricante de cuadernos, anunció también el cese colectivo de 86 trabajadores, de los cuales 63 pertenecen al sindicato, incluido los miembros de la junta directiva. La misma situación viven muchas empresas, incluido en el sector minero.

Vizcarra entregó a la Confiep la Suspensión Perfecta de Labores – SPL para que recuperen sus ganancias, ahora le permite la aplicación de nuevos ceses colectivos que apuntan a debilitar nuestras organizaciones sindicales que son nuestra herramienta de defensa.

El gobierno es nuestro principal enemigo

Aunque en el discurso parece que todos entendemos esto, la alta aprobación que goza Vizcarra muestra lo contrario. Es que, a cada balconazo, la llamada izquierda, que incluye a los principales dirigentes de las centrales, acaban saludándolo, y hasta cargándolo en hombros como sucedió cuando decidió disolver el Congreso. Y cuando convocan las llamadas “jornadas de lucha”, ni siquiera la garantizan, causando desmoralización en sus bases.

Para los trabajadores debe quedar claro que este gobierno es el autor de las diferentes normas antiobreras. La única solución posible para impedir que nosotros paguemos la crisis debe ser derrotar al gobierno y su plan. Mientras Vizcarra siga gobernando solo garantizará las ganancias empresariales a costa de nuestro pellejo, como lo demostró con la reciente “negociación” que benefició a las clínicas privadas.

De la suspensión perfecta al nuevo (y peor) régimen laboral

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

En primera instancia, el Estado de Emergencia Sanitaria fue decretado desde el 11 de marzo hasta el 8 de junio 2020, entiéndase como el marco de las demás normas restrictivas y excepcionales adoptadas por el gobierno ante el brote del covid -19. Una de ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que impedía el funcionamiento de la industria y comercio y demás actividades económicas que no estuvieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.

Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labores (SPL) como salida patronal ante las medidas restrictivas hasta entonces de aplicación obligatoria para las empresas.

Como era de esperar, desde su publicación (15 de abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, se acogieron a este procedimiento que aproximadamente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario.

Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implementar de forma gradual la reactivación económica de las actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.

Claramente hemos denunciado el rol genocida de este gobierno que ha demostrado defender las ganancias empresariales antes que la vida de los trabajadores y el pueblo.
Por lo que demandamos una cuarentena con salarios, alimentos y medicina para todos, nada que ver con el desastre que implementó Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre expuestos al contagio masivo y a la muerte.

Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las normas dictadas por este gobierno, como la SPL presentada como necesaria “para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19” por las restricciones del Estado de Emergencia.

Por un lado, las restricciones que impedían el funcionamiento de las empresas ya no existen, pues con la fase 2 casi todos los sectores productivos del país vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, y la autorización se aprueba automáticamente.

Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar esta medida presentada para otra situación? Peor aún ¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente hasta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de esta medida se encuentra más allá de la emergencia.

Un nuevo régimen más explotador

Esto se combina con otra realidad. El reinicio de actividades productivas se viene haciendo de forma gradual y la convocatoria de trabajadores se viene haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal.

Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las consecuencias de la crisis económica con el puesto de trabajo de millones de trabajadores que se encuentran lidiando entre morir de hambre o morir por las consecuencias del covid-19.

Más plusvalía

Además de todo esto, la reincorporación de trabajadores a la producción trae los cambios que faculta las normas, cambio de horario y pago de horas dejadas de laborar por la cuarentena, es decir un régimen de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo régimen que permita realizar la misma producción pero con menos trabajadores, recortando gastos logísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábricas textiles.

Si a esto agregamos que la mayoría de industrias de alimentos (como Alicorp, Molitalia y Cogorno), ya utilizan jornadas de 12 horas para reducir la rotación y movilidad de los trabajadores durante la emergencia, solo puede significar que los trabajadores excedentes, producto de esta nueva realidad, serán sometidos a nuevos procesos de suspensión perfecta y ceses colectivos.

En la Corporación Miyasato, líder en el mercado del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para “no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus trabajadores.

Más despidos y ataques antisindicales

Al mismo tiempo, durante la cuarentena las empresas han desatado una feroz ofensiva antisindical. En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretexto de no laborar en estado de emergencia. En SAGA FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exigir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron sanciones abusivas contra trabajadores que exigían pruebas de descarte del covid-19. En TOPY TOP se denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se les obliga a realizar horas extras. Las obreras de limpieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la amenaza de despidos masivos. De este modo lo que se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que son nuestros instrumentos de defensa.

Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de las empresas producto de la emergencia, Vizcarra alcanzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, que es convertido en arma para recuperar ganancias estableciendo un nuevo régimen laboral más explotador.

Fuente: Telesur – Protestas

La clase trabajadora responderá si o si

Entendemos la necesidad de responder a estos nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruendos en las calles. Los trabajadores estibadores del puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando a los empleadores a respetar las normas de seguridad y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos los días en las calles exigiendo protección a su salud y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias por redes sociales revelan la necesidad de lucha que sienten muchas organizaciones sindicales.

Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La vanguardia obrera debe garantizar la presencia de las bases combativa con vistas a poner en marcha un verdadero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras demandas fundamentales.

Nueva dirección
Hay que poner en pie una nueva dirección política con un programa obrero y popular orientado a salvar vidas y defender el empleo a costa de las ganancias empresariales.
En ese camino, compañero, compañera, te invito a construir nuestro partido el PST, junto a luchadores reconocidos de la clase obrera, con el único objetivo de luchar para defender nuestros intereses como trabajadores.

Los ceses colectivos empiezan a extenderse

40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… y amenaza extenderse más a pedido de la CONFIEP

El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista.

Aunque es un problema que viene de atrás, los ceses colectivos en curso han encendido la alerta roja entre los trabajadores que, con preocupación, se preguntan si son casos aislados o son una amenaza real que está creciendo. Veamos.

Primera cuestión: ¿deben existir los ceses colectivos?

Empecemos por el principio. El primer problema que tenemos es la existencia de un marco legal (DS 003-97-TR o Texto Único Ordenado del DL 728) que facultan los ceses colectivos sustentados en las siguientes razones: a) causa fortuitas o de fuerza mayor (un terremoto, un incendio), b) motivos económicos, estructurales o cambios tecnológicos, c) quiebra de la empresa y d) reestructuración patrimonial.

Aquí se plantea un primer y grave problema: si, como dice el derecho universal y la propia Constitución vigente, el trabajo es un “derecho” y es “base del bienestar social y un medio de realización de la persona” (Art. 22), los ceses colectivos no deberían existir, o deberían prohibirse. Sin embargo existen. Dichos principios, sobre el derecho al trabajo, en realidad son letra muerta porque la ley misma los vulnera. En los ceses, los propios trabajadores son obligados a “negociar” los despidos, basados en el falso entendido de que deben garantizar la “rentabilidad” de la empresa. Cuando hay ganancias a los trabajadores nos mezquinan hasta las utilidades pero, cuando hay pérdidas, tenemos que pagar el costo, pese al enorme patrimonio que acumularon las empresas gracias a nuestro trabajo de años.

Del mismo modo debemos preguntarnos: ¿Por qué en lugar de cerrar plantas o secciones, o producir cambios tecnológicos desapareciendo puestos de trabajo, no se reduce la jornada laboral para dividirla entre todas las manos disponibles sin rebaja de salarios? ¿Por qué aceptar los cierres, como en el caso de las dos inmensas plantas de Cogorno, en las que se produce un alimento indispensable como fideos, en un país con 20% de pobreza extrema? En Argentina, producto de la crisis del año 2001 se cerraron más de cien empresas, pero los trabajadores las ocuparon para mantener sus empleos y producir bienes para la población, y el Estado tuvo que reconocerlos.

Los empresarios y autoridades jamás piensan en estas posibilidades porque, como decimos al inicio, su mentalidad es capitalista: lo que no le produce ganancia no sirve. Pero los trabajadores sí debemos plantearnos esas posibilidades, porque es la única forma de defender realmente el trabajo y el bienestar de nuestro propio pueblo.

Nada de lo dicho suena exagerado si lo vemos a la luz de lo que ocurre con la economía. Luego de un período de bonanza del 2004 al 2013 entramos a un período de estancamiento en la economía, cuyo crecimiento ronda el 3%. Este año estamos peor: en abril creció 0%, en mayo 0.63%. Además, dependemos de la economía mundial, que para muchos especialistas va hacia una nueva y grave crisis. Entonces, si hubiera una grave crisis, ya sabemos que cerrarán las fábricas y nos echarán masivamente a la calle, y para eso hay que estar preparados. Los empresarios ya se están preparando. María Isabel León, presidenta de la Confiep, visitó Palacio para solicitar que se flexibilicen más los ceses colectivos, y lo sustentó así: “Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva….”.

Los ceses en el actual momento

Desde el 2014, cuando se inició el llamado “enfriamiento de la economía”, todos vemos cómo las empresas, al ver reducir sus expectativas de obtener más ganancias, por el crecimiento de sus volúmenes de ventas, se enfocan en aumentar la rentabilidad reduciendo sus costos de producción. Y si las máquinas y materias primas mantienen sus precios, solo pueden reducir costos reduciendo el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Hay dos formas de reducir los salarios: reemplazando los obreros más “costosos” por otros más baratos; esto intentan las empresas ahora despidiendo estables y tomando contratados o tercerizando. La otra es intensificando la
producción, cambiando los horarios, los lugares de trabajo, colocando cámaras, etc. Así buscan que lo que antes producían dos obreros ahora lo haga uno, con lo que la patronal se “ahorra” muchos salarios.

A esta finalidad también responden las medidas antilaborales que dicta el gobierno: el derecho de huelga es recortado con el decreto que autoriza a las empresas a declarar todo puesto de trabajo como “indispensable”; las vacaciones son pulverizadas; las inspecciones de trabajo se relajan… Y, como plato de fondo, plantean suprimir la estabilidad anulando la reposición ante el despido arbitrario (DS 345). Sin embargo, lo que en esencia buscan los empresarios es tener las manos libres para hacer lo que quieren en su interior. El obstáculo de esa libertad son los sindicatos combativos y los dirigentes que pelean y se defienden, en las calles y en los tribunales. Por eso los empresarios han encontrado en el marco legal de los ceses colectivos la herramienta perfecta para arrasar con los sindicatos y sus dirigentes. Esto es lo que viene ocurriendo.

De acuerdo con la información reunida por el dirigente Ronny Mendoza, en los últimos cuatro años se han presentado ceses colectivos en 25 empresas y se ha afectado a más de 3000 trabajadores, en su mayoría de pequeñas empresas. Todos los casos presentados a la fecha se sustentan en el punto b) de motivos económicos y estructurales, que es una definición tan genérica y laxa que sirve al propósito de las empresas para “justificar” los ceses y atacar a los sindicatos y sus dirigentes. Por ello en Hialpesa, que tiene 2300 trabajadores, la mayoría son contratados, el cese afecta casi solo a los sindicalizados y dirigentes. En Cogorno también: cesan a los sindicalizados y dirigentes, mientras en las otras plantas de la empresa se duplican y triplican funciones entre los trabajadores porque “falta de mano de obra”.

La “suspensión perfecta de labores”

Por esta razón, porque son fraudulentas, la mayoría de las solicitudes de ceses vienen siendo rechazadas total o parcialmente. ¿Por qué entonces las presentan? Como en todos los casos de atropello laboral, la empresa siempre ejerce el abuso y busca consumarlo con su poder y con la complicidad del Ministerio de Trabajo y, muchas veces, ganan por la debilidad de los trabajadores. Para hacer los juicios el trabajador debe vivir sin salario por mucho tiempo y dedicar energías y recursos para el proceso. Lo mismo ocurre en los ceses colectivos donde, además, deben soportar una presión brutal dirigida a quebrar la resistencia. En Cogorno, luego de haber fracasado el primer intento de cese, la empresa presentó una segunda solicitud involucrando a más trabajadores, y amenaza con presentar una tercera. Por ello, son pocos los que resisten y llegan al final del proceso.

A esta finalidad responde el tema de la “suspensión perfecta de labores”. Toda empresa, al mismo tiempo que solicita y tramita un cese colectivo, declara una “suspensión perfecta de labores”. Con esta “suspensión” el trabajador queda en el “aire”, no trabaja ni es “despedido”, por lo que no cobra ni salario ni puede buscar otro trabajo porque su situación es indefinida hasta que concluya el proceso.

Por este motivo, con independencia de anular el mismo concepto de cese colectivo, la FNTTP ha planteado una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para que se suprima de la norma la parte que permite la “suspensión perfecta de labores”, de tal manera que el cese solo proceda desde el momento que resuelva la autoridad, no antes. Del mismo modo, se plantea también la derogatoria del DS 013-2014-TR, porque hace laxa la definición de causal económica.

Dos reivindicaciones precisas que desde ahora están inscritas en las banderas de la clase obrera, y que deben enriquecerse con otras propuestas para defender el trabajo, como la reducción de la jornada laboral para no reducir personal, y, ante los cierres de empresas, que las administre el Estado y controlen los trabajadores. La crisis la deben pagar los que la generan: los mismos capitalistas.