Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares

NACIONAL
Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares
A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Castillo ante el empresariado nacional, los inversionistas extranjeros y la banca mundial por la continuidad del modelo económico, su gobierno atravesaba problemas de gobernabilidad no solo por los ataques de la ultraderecha, sino también por contradicciones internas que han tenido como salida el cambio de gabinete, pero conservando el mismo rumbo de conservación del modelo económico.

Pedro Castillo recibió en la campaña electoral duros ataques de las fuerzas patronales por considerarlo una amenaza al modelo económico neoliberal y el orden constitucional fujimorista. Pero lo ataques fueron más lejos todavía, pues lo estigmatizaron como la opción del terrorismo senderista, estigmatizando de pasada las ideas comunistas y socialistas en general, aun cuando no tengan que ver con el terrorismo; lo cual es un atropello a las libertades democráticas elementales como la libertad de pensamiento que es el derecho de todo individuo a no ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias.

Es sabido que el fujimorismo y los sectores ultraderechistas del Congreso nunca aceptarán los resultados del 11 de junio; incluso han impuesto arbitrariamente una comisión investigadora del proceso electoral con la que pretenden “oficializar” una absurda versión de fraude del que no pudieron mostrar una sola prueba.

Lo que predomina, sin embargo, son los sectores patronales que respaldaron la investidura del gabinete en aras de la aplicación del modelo económico, y este respaldo ha mostrado un límite en el tema de Vladimir Cerrón y el “ala dura” de Perú Libre de los ministros cuestionados, especialmente el ex ministro Maraví cuestionado por tener un pasado vinculado a Sendero Luminoso, o a organizaciones proscritas por tener vínculos con este, como el Movadef y el Conare, a pesar de que este último tenía un carácter sindical. Por eso cerraron filas contra el gobierno presionando con la censura.

El cambio de gabinete, ahora presidido por la ex presidente del Congreso Mirtha Vásquez, ha sido la respuesta de Castillo a fin de conservar ese respaldo a su gobernabilidad.

Un obstáculo absoluto a la solución de las demandas sociales
Pero algo que coloca al gobierno definitivamente rumbo al desgaste es el haberse sometido, con el anterior y el actual gabinete, a la continuidad del modelo económico de las grandes corporaciones y dejar de lado las medidas anunciadas en la campaña como las nacionalizaciones, el aumento significativo de la tributación de las grandes empresas y hasta la constituyente, pues en esas condiciones no será posible cumplir con el cambio ofrecido en campaña y de brindar las soluciones que demandan los sectores populares.

Por ejemplo, cómo podrían fortalecerse el sistema sanitario frente a una tercera ola de la pandemia si se mantiene el mismo presupuesto austero de las últimas décadas, que se agota con subsidios insignificantes y no permite cambiar la ruinosa situación de hospitales ni implementar el nivel primario de salud a nivel nacional.

Por otro lado, la recuperación del gas y la “soberanía” sobre los recursos naturales dependerán de la negociación “en buenos términos” con el consorcio Camisea; quedó claro que nacionalizar Camisea no está en la agenda del gobierno. La llamada segunda reforma agraria quedará también supeditada a los escasos recursos públicos, y la restitución de derechos y derogación de los decretos antilaborales, dependerá del acuerdo que se logre con los empresarios, que son la prioridad del modelo económico.

Los problemas nacionales no han desaparecido y exigen solución urgente
En la actualidad, mientras la economía se recupera para algunos pocos, millones de trabajadores todavía no pueden recuperar a sus trabajos o sobreviven en condiciones de indigencia en la informalidad y el subempleo, con salarios por debajo del nivel de subsistencia, a lo que se suma la exorbitante alza de los precios de productos de primera necesidad.

El movimiento sindical sigue lidiando con patronales prepotentes que sabotean la negociación colectiva, y las empresas más grandes imponen pliegos multianuales en tiempos de alta inflación de los productos de primera necesidad.

Las banderas de lucha de los sindicatos del sector público y los CAS, también se ven postergados por las restricciones que el propio gobierno ha ratificado en el proyecto de ley de presupuesto.

En este contexto las organizaciones obreras y populares enfrentan la necesidad, ineludible y urgente, de organizar y centralizar sus demandas en una lucha independiente, y también la de forjar una verdadera alternativa de poder frente a las pretensiones reaccionarias del fujimorismo y la ultraderecha, y por un plan alternativo obrero y popular frente al modelo económico de las grandes corporaciones.

Estuvimos en el #28S

El aborto lo haremos Ley en las calles

Colaboración de L. Nayhua

Militante de la Juventud Socialista (Cusco)

Con una movilización hacia el Palacio de justicia de la Ciudad del Cusco, y luego hacia la Plaza de armas, culminó la semana de actividades relacionadas con la lucha por la legalización del aborto en esta ciudad, el pasado 28 de septiembre.

Las actividades comenzaron el jueves 23, con una serie de charlas, conversatorios y proyecciones audiovisuales que fueron preparando el camino para la acción del 28.

La energía se mantuvo constante en las diversas movilizaciones que fueron desembocando en la Plaza de Armas, a pesar de la ligera lluvia que nos acompañó toda la tarde y la constante presencia de las fuerzas represivas. 

Al grito de “¡El aborto lo haremos ley en las calles!” la columna de la Juventud Socialista, junto con Trabajadores Socialistas y Lucha Mujer-Cusco, volvió a agitar que la única estrategia que puede conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, es la de mantenernes organizades en las calles, como parte de la lucha de clase trabajadora.

Por eso no compartimos la visión de diversas agrupaciones que se reclaman feministas, que si bien salen a las calles el 28S, no denuncian a Castillo como el primer opositor a que conquistemos este derecho, y por el contrario, prometen “soluciones” desde sus carguitos como funcionarias públicas.

Por eso llamamos a las compañeras a no dejar las calles. A organizarnos en los sindicatos y organizaciones populares. Y desde ahí, continuar esta pelea.

El derecho al aborto

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

El panorama de crisis económica y de salud que atravesamos a nivel mundial, es el marco en que se desarrollan las actuales luchas por los derechos de las mujeres. Una muestra de esto son las diversas acciones, marchas y manifestaciones que se realizaron este 28 de Setiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Un derecho al que millones de mujeres en el mundo aun no tienen acceso por considerarse un delito, lo que obliga a que el aborto se realice de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de las mujeres más pobres.

¿Por qué debe ser ley?

Por eso, la legalización del aborto pasa por reconocer las enormes desigualdades que existen. En nuestro país hay 12 millones de mujeres en edad de trabajar, de las que el 59% no cuenta con trabajo, el 62% son trabajadoras informales, los derechos por maternidad no se cumplen y del total de la población pobre 51.4% son mujeres.

A esto podemos sumarle el acceso casi nulo a la educación sexual de calidad y el poco acceso a métodos anticonceptivos que se acomoden a las necesidades de cada mujer, además del analfabetismo que en mujeres de la zona rural es el 23%. Este el panorama tan complejo al que se enfrentan la mayoría de mujeres en nuestro país y que empuja a miles de ellas a optar por la posibilidad de un aborto frente a un embarazo no deseado.

Por eso no solo hablamos de despenalizar el aborto en casos de violación, agenda entre organizaciones feministas y ONGs. Derecho que si bien es necesario, no es suficiente. Es preciso conquistar el derecho a una educación sexual integral, al acceso a anticonceptivos, y al aborto libre seguro y gratuito, para que accedan al mismo fundamentalmente las mujeres pobres y trabajadoras del país, que como ya se ha dicho antes son las principales víctimas de los abortos clandestinos.

Un gobierno en contra de las mujeres trabajadoras

Lamentablemente el presidente Pedro Castillo ha sido bastante claro respecto a su posición en contra sobre la legalización del aborto.

Esta es la posición -tan cercana al conservadurismo reaccionario- de un gobierno que se dice de izquierda, pero que es machista, y mira la problemática del aborto desde la moral o las creencias religiosas, y no desde la ciencia, ni la urgencia de atender este problema de salud pública. 

Esto es lo que como mujeres trabajadoras y pobres nos toca enfrentar hoy. Sabemos bien que todas las mujeres abortan, pero sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase. En nuestro país las ricas abortan, las pobres se mueren.

Por eso no tenemos dudas que solo luchando podremos conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, el derecho a una educación sexual integral laica y científica, y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos adecuados para cada una de nosotras. Esto, en el marco de conquistar la declaratoria de emergencia contra la violencia machista en el país. Necesidad urgente para hacer frente a la pandemia de machismo y violencia que vivimos.

El aborto en el Perú

Actualmente el aborto en el Perú es ilegal, salvo el aborto terapéutico despenalizado en 1924, que se realiza en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer.

Se estima que en el país se practican al año aproximadamente 371 400 abortos clandestinos, de los cuales 28 652 terminan en hospitalizaciones y 58 en muerte (INEI Estado de la población peruana, 2015).

5 de cada 100 mujeres entre los 15 y 49 años se ha provocado un aborto y se reconoce como una de las principales causas de muerte materna (MINSA).

Todo esto muestra que ilegalizar el aborto no disminuye su práctica, y por el contrario, además de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, lo convierte en un negocio que expone a las mujeres pobres a prácticas inseguras, que ponen en riesgo su vida y salud.

SITOB en primera línea

La lucha de los compañeros del SITOB, entra a una etapa decisiva ante la inminencia de la huelga. Por eso urge rodear de toda la solidaridad posible las acciones del sindicato, emitiendo pronunciamientos y asistiendo a las convocatorias que realicen en pro conquistar la solución de su pliego de reclamos.

El sol muere cada tarde tras la fábrica de BSH Electrodomésticos, en la avenida Faucett, donde el pasado miércoles 29 de septiembre los compañeros del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos (Ex Coldex), el combativo SITOB, realizaron un nuevo plantón demandando la solución a su pliego de reclamos 2021 – 2022.

El plantón marca, además, el resurgimiento de la lucha del Sindicato que, ahora, tiene plazo de huelga, ante la intransigencia de BSH Electrodomésticos, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Empresa que se precia, no sólo de ser líder en su rubro, sino en ser un buen lugar para trabajar.

La paciencia del Sindicato terminó cuando, además de ofrecer un aumento humillante del 1% de la remuneración percibida por los obreros, la empresa comenzó a contratar nuevo personal con salarios por encima del promedio de obreros que tienen más de 20 años en el trabajo.

Esto sumado a la imposición de horarios extendidos durante buena parte de la pandemia, y otros abusos, han obligado a los obreros a decir basta.

El combativo plantón del SITOB, contó con la presencia de los sindicatos de Industrias del Envase y del BCP, quienes siguiendo con una de las tradiciones más importantes de la clase trabajadora, llevaron su solidaridad activa.

No cabe duda que este es el camino que debemos seguir quienes luchamos en las trincheras de la clase trabajadora: hay que rodear de solidaridad la lucha del SITOB. Que los compañeros vean que jamás lucharán solos. Hay que pronunciarnos ante la empresa y las autoridades para demandar la pronta solución a las justas demandas del Sindicato, que como los compañeros de Leche Gloria, SINATREL, Agregados Calcarios y un largo etc. se ven en la necesidad de salir a las calles ante la intransigencia de la patronal, y la falta de una acción decidida del gobierno para poner fin a estos abusos.

SITOB se pone así, en la primera línea de la lucha de la clase obrera. Con el convencimiento de que sin luchas, no hay victorias.

DATO

Desde 2018 el SITOB lucha por la reposición plena de los compañeros despedidos abusivamente por BSH Electrodomésticos, en un cese colectivo que ha sido declarado ilegal en todas las instancias.

La Constituyente como bandera de lucha

Por Víctor Montes

Nadie puede negar que la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura fujimorista, ha sido identificada por la vanguardia obrera y popular como uno de los pilares de la situación de abuso y explotación que vivimos en el país.

Efectivamente, dicha Constitución consagró la desaparición de la gran mayoría de conquistas sociales y económicas que la Constitución de 1979 se vio obligada a reconocer, como resultado de la poderosa movilización obrera y popular que derribó a la dictadura militar de Morales Bermúdez.

En su reemplazo, la Constitución del 93 vino a imponer el modelo económico neoliberal, bajo el cual se han saqueado nuestros recursos naturales, sobre explotado nuestra fuerza de trabajo, y languidecido la educación y la salud públicas.

Derechos como la estabilidad laboral, entre otros, fueron borrados de un solo golpe. Además, diseñó un entramado legal que desnacionalizó la economía, facilitando la entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales, y reforzó el carácter autoritario del Estado.
De ahí que la aspiración de estos sectores, de echar abajo la constitución heredada de la dictadura, sea justa.

En este marco, sin embargo, queremos abrir un debate: ¿Qué papel juega, desde los intereses de la clase obrera, la lucha por una nueva constitución?
Para la izquierda reformista, la nueva constitución es la solución a los problemas del país.
Para nosotros, en cambio, esa constitución solo podrá adoptar medidas que terminen con la pobreza, la desigualdad, la explotación el saqueo de nuestros recursos, si en el camino de su realización, echamos abajo el poder de los empresarios y el imperialismo, y los trabajadores y trabajadoras del país tomamos el poder en nuestras manos. ¿Por qué aseguramos eso?

EL ORIGEN DE LA CONSTITUYENTE

En la historia, la Asamblea Constituyente es una institución creada por la clase burguesa para establecer su poder frente a la arbitrariedad de reyes, príncipes y demás señores feudales, quienes manejaban el Estado a su antojo, y en forma completamente arbitraria, por “derecho divino”.

En la Constituyente, la burguesía se erigió como representante de “todo el pueblo”. Aprovechando el número a su favor –los señores feudales eran una ínfima minoría de la población- utilizó la Constituyente para establecer su poder en forma de ley: creó una Constitución.
Esta intención de establecer el poder burgués, se puede ver claramente en el antecedente directo de las constituciones modernas: la “Carta de derechos”, elaborada por el Parlamento inglés en 1689.

En dicha Carta se establecieron las siguientes restricciones al poder de los monarcas:
El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.
El Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Dicho en una frase: el Rey ya no tiene el poder, sino el parlamento, donde domina la burguesía.

Lo propio hicieron la “Convención de Filadelfia” (EE.UU., 1787) durante la guerra de independencia estadounidense, y la “Asamblea Nacional Constituyente” reunida en París (1789 – 1791) durante la revolución francesa: establecer el poder de la burguesía contra el poder feudal.

LA CONSTITUYENTE EN NUESTRA HISTORIA

En nuestro país, la historia muestra que las cosas no han sido diferentes. Desde que José de San Martín convocó a la primera Asamblea Constituyente (llamado “Congreso General Constituyente”) en 1822, todas han cumplido el mismo rol: establecer las bases del poder de la oligarquía, primero frente a la corona española, y después, del sector de la burguesía que ha controlado el Estado.

Así, mientras la primera Asamblea Constituyente (1822-1823) procuró establecer un Estado liberal, con predominio del parlamento sobre el ejecutivo, la realidad la obligó a entregar todo el poder a Bolívar, iniciando así una tradición autoritaria refrendada por las diversas Constituciones que fueron elaboradas con posterioridad.
Ninguna de las 12 Asambleas, ni de las 12 Constituciones, pudo terminar con el flagelo de la corrupción, que pululó por igual bajo regímenes militares, que bajo el poder de los civiles. Por el contrario, cada una estableció las bases sobre las cuales, un determinado sector de la clase dominante pretendió construir su propia dominación sobre la base de una clientela política, con que se repartiría el Estado como un botín en el periodo siguiente.

LA CONSTITUCIÓN DEL 79

Pero entre todas, fue la Constitución de 1979 la que más se acercó a expresar las necesidades y aspiraciones de la población pobre del país. Y no fue casual.
Nacida de la derrota de la dictadura de Morales Bermúdez por el gran paro nacional de 1977, la Asamblea Constituyente instalada en 1978 llevó en su seno una importante representación “de izquierda”, 28 curules de 100, expresión del ascenso en las luchas de las masas obreras y populares.

Sin embargo el 62% de la constituyente estuvo formada por el aprismo (37 curules) y el PPC (25 curules). Partidos que pactaron con los militares para que la Constituyente no ponga en peligro su “retorno ordenado a los cuarteles”.
Sin embargo, ese 62% de apristas y pepecistas no pudo evitar que la Constitución del 79 consagrara una serie de reivindicaciones democráticas básicas: reconoció como ciudadanos/as del país a todas las personas mayores de 18 años nacidas en el Perú. Estableció la estabilidad laboral como un derecho, etc.

Sin embargo, lo que la Constitución del 79 jamás puso en cuestión, fue la continuidad de la explotación y la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la continuidad de la dominación burguesa sobre la sociedad.

Y es así porque, sin importar lo democrática que haya sido la Constituyente de 1978 (que haya sido elegida por voto universal, directo y secreto), los militares, en nombre de los patrones, seguían gobernando el país para único beneficio de los empresarios y el imperialismo. O dicho de otra manera, porque la clase obrera, a pesar de su enorme lucha y de haber asestado un golpe mortal a la dictadura, no logró tomar el poder.

LATINOAMÉRICA Y LA CONSTITUYENTE EN EL SIGLO XXI… NO HA SIDO DIFERENTE

Las experiencias recientes de convocatorias a Asambleas Constituyentes en otros países de la región, han seguido el mismo derrotero.
Dichas Asambleas, durante la primera década del siglo XXI, redactaron nuevas cartas para Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde partidos o movimientos de corte nacionalista (burgués), montados sobre procesos de lucha poderosos, llegaron al gobierno.

De esta forma, estos movimientos volvieron a “diseñar” los poderes del Estado, sus atribuciones, cómo se relacionan entre sí, así como sus propósitos y un largo etc. El cambio respondió a que un sector distinto de la burguesía, al que venía usufructuando el poder del Estado, tomó control del mismo. Y para mantenerse en el poder, buscaron convertir en ley esa nueva situación.

Sin embargo, por eso mismo, fueron incapaces de romper con el carácter burgués (patronal) de la economía y el propio Estado, en esos países. Mantuvieron incólumes las instituciones fundamentales que imponen el poder de la burguesía (las fuerzas armadas y policiales), así como el derecho del gobierno de reprimir y suspender las garantías democráticas cuando lo considera conveniente (a razón de pretextar una “emergencia”). Del mismo modo, mantuvieron tal cual la propiedad privada de los medios de producción, y el derecho de los patrones a colocar el precio de nuestro trabajo garantizando así la explotación.

Mantuvieron también, el carácter primario – exportador de sus economías, en línea con el rol que el imperialismo ha designado para nuestra región, aunque arrancaron una tajadita adicional de la renta proveniente de dichos recursos. Y era posible hacerlo, pues coincidió con una coyuntura económica favorable: el alza del precio de las materias primas que vivimos entre 2004 y 2013, aproximadamente.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Más recientemente, en Chile, la movilización popular, que se hizo revolución hacia octubre de 2019, identificó a la Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet, como la base de los más de 30 años de saqueo “en democracia” y superexplotación. Por eso, desde las calles, el pueblo trabajador impuso que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Por eso es una Constituyente cualitativamente más democrática que otras: está compuesta en forma paritaria entre mujeres y hombres, compuesta en un 50% por independientes y tiene curules reservadas para los pueblos originarios.

Y sin embargo los límites son los mismos: convive con el gobierno asesino de Piñera, y está atada de pies y manos por el pacto de los partidos políticos tradicionales, quienes le niegan el poder de decidir sobre los problemas de fondo del país.

Como dicen nuestros camaradas del Movimiento Internacional de los Trabajadores:
“El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros).”

Por eso podemos afirmar que la experiencia chilena muestra, en primer lugar, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede venir de una victoria en el terreno de la lucha. Una conquista que en Chile ha sido arrancada a la burguesía con miles de heridos y detenidos en las calles de todo el país. Nada que ver con campañas para recoger firmas o planteamientos de modificaciones constitucionales pactadas en las alturas del Congreso. Y en segundo lugar, que la Constituyente chilena, a pesar de su composición cualitativamente más democrática que otras experiencias, no ha podido romper los límites de la dominación burguesa e imperialista: la propiedad privada de los medios de producción, la explotación y la entrega del país a las transnacionales.

¿LA CONSTITUYENTE TIENE UN PAPEL EN EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO?

Para el partido obrero revolucionario, marxista, como el PST, la Constituyente tiene un lugar en el programa como la más importante demanda democrática de las masas oprimidas. Su papel tiene un peso enorme en países como el nuestro, donde el imperialismo y la burguesía imponen su dominio violentando la voluntad del pueblo pobre una y otra vez, como lo demuestra la penetración de las grandes mineras y petroleras, al amparo de la Constitución vigente.

Y al mismo tiempo, la confianza que tienen las masas en su número, las lleva a pensar que es posible “cambiarlo todo”, por medio del voto universal.
Es una demanda que, en tanto es una bandera de lucha que moviliza a esos sectores, la clase obrera -y con mayor razón su vanguardia revolucionaria- debe levantar. Solo así puede disputar la conciencia de esas mismas masas frente a los sectores reformistas y de clase media, que levantan la consigna de la Asamblea Constituyente desde una perspectiva completamente diferente: la “democratización” del Estado, sin tocar las bases económicas de la dominación burguesa, que son un obstáculo absoluto a la solución de los problemas nacionales.

Desde una perspectiva de clase, la Constituyente debe ser acompañada de tareas específicas que debe cumplir, para expresar la necesidad de conquistar la soberanía del país y terminar con la explotación. Por ejemplo, demandamos una Constituyente que prohíba los despidos y asegure el derecho democrático al trabajo para todos.

Una Constituyente que recupere nuestros recursos naturales como medio para frenar su expoliación y poner esos recursos al servicio de la salud y la educación. O para entregar la tierra a los campesinos, como parte de un conjunto de medidas que aseguren el desarrollo de la producción alimentaria. Etc.

Esto fue lo que hicieron Lenin y los bolcheviques en 1917. Entonces, en medio de la revolución rusa, el gobierno de conciliación de clases conformado por el Partido Socialista Revolucionario -de amplia inserción en el campesinado-, los mencheviques -con importante presencia en los consejos obreros- dilataba la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era una de las principales banderas del movimiento obrero y popular, junto a las conocidas demandas de pan, paz y tierra.
Las masas entendían que, tras la caída del zarismo (que era una monarquía absoluta), correspondía la convocatoria a la Asamblea Constituyente – como en Francia en 1789 – para definir los contornos y el funcionamiento de una república democrática. Los bolcheviques supieron explicar que sólo con el poder en manos de los consejos obreros era posible hacer realidad su convocatoria, pues para el gobierno provisional, la prioridad no era la convocatoria a la Constituyente, sino cumplir con el imperialismo francés e inglés continuando con la participación rusa en la guerra mundial.

Y fue la movilización revolucionaria la que, tras entregar el poder a los consejos obreros, campesinos y de soldados de Rusia, convocó a la Constituyente.

SOLO EL PODER DE LA CLASE OBRERA PUEDE GARANTIZAR UNA CONSTITUYENTE QUE LOS “CAMBIE TODO”

Son estas experiencias las que nos llevan a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la bandera de la Constituyente es una demanda justa que levantan importantes sectores del pueblo pobre y trabajador para expresar sus anhelos de cambio profundo de la sociedad. En ese sentido, hace parte de nuestro programa de reivindicaciones, pero dándole tareas específicas que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre frente a los problemas del país. tareas que vayan contra la dominación imperialista y patronal.

En segundo lugar, esto es necesario para que la vanguardia revolucionaria de la clase obrera pueda disputar la conciencia de las masas, que en general siguen confiando en la democracia burguesa como medio para cambiar las cosas y dar solución a sus problemas.

En tercer lugar, que su conquista será producto de la movilización revolucionaria de las masas pobres y trabajadoras de la ciudad y el campo, y no de “pactos” o “acuerdos” con los partidos de los patrones -por más “democráticos” que digan ser-. Reivindicamos, por eso, la Constituyente, en tanto sea una bandera de lucha, de movilización objetiva de la clase obrera y el pueblo.

Por último, que la historia demuestra que, la única garantía para que se puedan imponer los cambios de fondo necesarios para resolver los problemas del país, conquistar su verdadera independencia, y terminar con la explotación y la pobreza, la clase obrera y sus organizaciones deben tomar el poder en sus manos, en alianza con el pueblo pobre y oprimido.

Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea todo el reformismo, y la razón por la cual, en la actualidad, lejos de encabezar una verdadera movilización nacional levantando las banderas de la constituyente, los llamados “partidos de izquierda” y el propio gobierno de Castillo se han centrado en enviar proyectos de ley al Congreso, buscando que, en acuerdo con otros partidos patronales que han hecho parte de la gran corrupción de las últimas décadas, aprueben su convocatoria. Un camino muerto que solo puede traer desmoralización.

Las violaciones sexuales no son broma

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La violación sexual, es una de las formas más crudas de violencia que puede vivir sino esta niña, mujer o adulta y que tiene un fuerte impacto en la vida de quien la sufre o la ha sufrido. Una violación sexual es una manera de atentar contra la libertad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ya que es u acto que se realiza sin el consentimiento de la víctima y que a su vez tiene secuelas físicas y emocionales que comprometen la salud de las personas que son víctimas de este tipo de violencia.

Es común que las víctimas presenten lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países. 

Las violaciones sexuales no son una broma:

La denuncia de la congresista Patricia Chirinos expone lo que ya veníamos apuntando el discurso y pensamiento de carácter machista y homofóbico del primer ministro Guido Bellido. El ministro asume que decirle a una mujer “ahora solo falta que te violen” puede ser admitido como una broma.

 Según la OMS Cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables en los últimos 10 años y cada vez ocurre a edades as tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años. 

En nuestro país, según el centro de emergencia mujer, solo de enero a mayo de este año se han atendido 3.878 casos de violencia sexual.

De acuerdo con su último reporte, 67,1% (2.599) del total de víctimas son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Asimismo, el 32,4% de casos corresponde a personas de 18 a 59 años (1.255) y el 0,5% (21) de los mismos a adultos mayores de 60 años. En todos los casos, las mujeres son las más afectadas.

A ello se suma que, en 1.938 casos, la víctima no fue agredida por sus familiares ni por su pareja. Sin embargo, en 1.431 casos, la agraviada sí fue agredida por un familiar, y en 461 situaciones fue la pareja quien realizó los ataques.

Asimismo, 145 víctimas presentan discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. En tanto, tres casos son de población LGTBI, 106 de reincidentes y 51 de personas con nacionalidad extranjera.

la violencia sexual es un problema social serio, que requiere una pronta atención como en general lo requieren todas las formas de violencia contra la mujer. Es un problema que no solo afecta a la víctima sino también a la sociedad en su conjunto y no podemos contemplar que se la siga normalizando mediante expresiones misóginas que se esconden bajo la apariencia de “chistes” o “bromas”, porque normalizan la violencia algo que es sumamente peligroso.

Nosotras nos preguntamos: ¿Cómo se puede bromear con un acto tan terrible?  ¿este es el gobierno del cambio? ¿el gobierno del pueblo? con un ministro al que le parece normal hacer bromas sobre violaciones, y con un presidente que pretende justificar esta agresión sosteniéndose en su procedencia andina.

El pertenecer al Perú profundo, no es justificante, son las mujeres de ese Perú profundo, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras y las que no tiene empleo quienes son víctimas de violencia sexual día a día.

Con ese actuar, las trabajadoras no podemos asumir este gobierno como nuestro, ni defenderlo, ni permitir que se le dé un uso polito como y se viene haciendo por parte de Perú Libre y también de la oposición.

Es cierto que sobre la congresista Patricia chirinos pesan, un proceso de investigación suspendido por supuestos vínculos con la corrupción y un pasado familiar con su padre como parte de la dictadura de Fujimori, sin embargo, esto no puede ser un argumento para deslegitimas una denuncia por agresión y de tal calibre, como ha hecho Elizabeth Medina, presidenta de la comisión de la mujer y congresista de Perú Libre. Es un error tener como método echar lodo sobre el oponente político, lo correcto sería que Bellido pida que se realice una investigación pública si es que se trata de una acusación falsa, como él manifiesta.

Perú Libre no hace más que dar armas a la derecha para ser atacado, tener en sus filas personajes como Bellido se presta para estos fines, la derecha ya está haciendo uso de este suceso como medio de ataque y lo seguirá haciendo. Por otro lado, tampoco pone por delante la atención a las demandas urgentes de la clase trabajadora, ni ataca los intereses de la burguesía, que es igual de machista y homófoba, aunque ahora aparezcan hipócritamente como defensores de la mujer y finjan indignación por lo acontecido, cuando años atrás, no han hecho más que obstruir diferentes proyectos y leyes de protección a las mujeres y han tenido expresiones iguales o peores a la de Bellido.

En un mes de gobierno no ha salido de sus disputas en las esferas del congreso sin ningún avance concreto en responder a las demandas más importantes de salud, educación, trabajo, ni mucho menos para atender los casos de violencia hacia la mujer.

Como clase trabajadora es necesario tomar las banderas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y exigir al gobierno que se declare en emergencia y una prioridad la lucha contra la violencia. Más allá de discursos, lo que necesitamos acciones concretas,  lo que significa un mayor presupuesto para empezar a ponerle fin a la violencia, desde las violaciones y feminicidios, hasta las desapariciones de mujeres y acoso callejero.

¡Emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer!

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

Apenas a días de la juramentación de Castillo, Feliciana Huamán fue asesinada por su esposo en Villa María del Triunfo y enterrada bajo su cama. Karim Crystal Robles, una adolescente de 14 años, desaparecía en pleno Miraflores (Lima), mientras otra mujer moría en un hostal de San Juan de Lurigancho, a causa de un aborto clandestino. La dura y violenta realidad que a diario afrontamos miles de mujeres peruanas se grafica en noticias terribles como estas.

Según datos de la defensoría del pueblo, solo en 2020 desaparecieron 5 500 mujeres, de las que 1686 eran adultas y 3835 menores de edad. Cada día son reportadas más de 15 denuncias de desaparecidas. Estas desapariciones están relacionadas a formas de violencia, trata de personas y feminicidios.

Un discurso conservador, machista y peligroso.

Lamentablemente Pedro Castillo, para muchos figura representativa como campesino, maestro y trabajador, parece «mirar a otro lado».

Ya antes de su proclamación, Castillo mostró su poco interés ante estos hechos, atribuyendo las 138 muertes por feminicidio ocurridos durante la cuarentena del 2020 a la ociosidad. Y ahora, con Guido Bellido como premier, igual de conservador y machista, evidencia una tendencia a minimizar y normalizar la violencia hacia las mujeres. Actitud absolutamente contraria a la de que asumieron, Marx, Engels o Lenin, y tantos dirigentes comunistas, hombres y mujeres, ante el mismo tema.

El problema también es la falta de trabajo

Pero no solo es la violencia física, la tasa de desempleo se ha disparado, quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres. Hoy, el 70% de trabajadores informales son mujeres. Y de cada 100 jóvenes entre los 18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”), 65 son mujeres. De estas, 30 son indígenas o afrodescendientes (Alcázar, 2019). Problemática ante la cual Castillo no hace nada.

Es por eso que, a diferencia de lo que nos proponen algunas compañeras «de izquierda», no podemos depositar ilusiones en este gobierno.

¿Por qué hay que pelear?

Ante la crisis política, económica y sanitaria, y la falta de respuesta ante la violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora, las estudiantes y campesinas, no podemos esperar más: debemos movilizarnos y organizarnos para exigir que el gobierno declare en emergencia el sector mujer, como ha anunciado que hará con el sector educación, para adoptar medidas radicales ante la problemática descrita.

Debe incrementarse el presupuesto para el ministerio de la mujer. Mientras en 2021 el rubro “reactivación económica” recibió 10 mil 224 millones de soles de parte del Estado, el rubro “reducción de la violencia contra la mujer” sólo obtuvo 690 millones de soles… ¡14.8 veces menos!

No se detendrán los feminicidios, ni las desapariciones, ni las violaciones sexuales, si no se financia al sector para que puedan ejecutarse medidas eficaces que permitan atrapar, juzgar y condenar a los feminicidas y violadores, así como desarmar las redes de trata de la que son parte instituciones del estado como la propia policía.

Hay que conquistar la legalización del derecho al aborto, libre y gratuito, para evitar más muertes a manos del mercado del aborto clandestino. Derecho que debe ser complementado con una política de educación sexual científica, laica e integral desde la escuela, y garantizando acceso a métodos anticonceptivos para la juventud.

Pero también es necesario que se tomen medidas para acabar con la pobreza en la que vivimos millones de mujeres en el país. El gobierno debe garantizar trabajo y salarios iguales a la canasta básica para las mujeres, particularmente para las que encabezan los 645 032 hogares son jefaturados por mujeres. 

Ante nuestras necesidades como mujeres de la clase trabajadora, madres, jóvenes y estudiantes, nuestro reto más grande en este momento es organizarnos para, junto a nuestros compañeros varones, trabajadores y pobres también, enfrentar a la patronal y lograr un país y una sociedad distintos, sin explotación y sin violencia.

¿Qué significa la presencia de mujeres en puestos de gobierno?

El tener mujeres en espacios institucionales, si bien es simbólico y, en ese sentido, tiene una determinada importancia, no es garantía de solución ante la violencia, el desempleo y la explotación laboral.

Aun así, Castillo comienza mal. Con solo dos mujeres en el gabinete, muestra un retroceso respecto de otros gobiernos. Sin embargo, debemos ser claras: las instituciones del estado no están desligadas de los intereses de la patronal, sean encabezadas por hombres o por mujeres.

De ahí el que el rol de Anahí Durand se desenvolverá en este sentido. Mientras declara que luchará contra el patriarcado, acepta un primer ministro claramente machista y homofóbico, desde el gobierno, parece que ella, tanto como Verónica Mendoza y JP, mientas hacen acuerdos con PL, han olvidado el carácter de clase del estado y que la lucha contra el patriarcado empieza cuestionando las bases de la explotación y opresión hacia la mujer, lo que significa pelear por trabajo y contra la suspensión perfecta de labores, en favor de las mujeres del país afectadas durante el 2020, además de la lucha contra la violencia machista.

¿Castillo es el “Evo” peruano?

A PROPÓSITO DE LA VISITA DE EVO MORALES AL PERÚ

La presencia de Evo Morales en el país despertó la ira de la derecha política y sus medios de comunicación, al tiempo que acrecentó la confusión entre la vanguardia, de la mano del discurso de los dirigentes de la CGTP, la FENATEP y de la izquierda que idealizan a Evo y su gobierno, al que han llegado a motejar de “socialista”.

Ambos sectores, sin embargo, intentan dar a entender, desde posturas distintas, que Castillo podría seguir el derrotero de Evo… ¿Es esto posible?

Contextos distintos
Más allá de la información interesada de los noticieros o las columnas encendidas en las páginas de la prensa escrita, Evo y Castillo claramente son producto de procesos distintos.

La elección de Evo Morales ocurrió después de un ciclo de rebeliones populares entre los años 2000 y 2005, que marcaron profundamente la historia reciente boliviana.
La primera fue la “Guerra del Agua”, como se conoce la revuelta popular en la ciudad de Cochabamba, en el año 2000, que derrotó el proceso de privatización del agua y expulsó a una empresa transnacional francesa.

En octubre de 2003, el pueblo boliviano protagonizó otra revuelta popular en defensa de los recursos naturales, brutalmente reprimida por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”), causando la muerte de aproximadamente 65 personas. Las jornadas de octubre de 2003 o “Guerra del Gas”, provocó el derrocamiento de “Goni”.

En mayo y junio de 2005, los bolivianos y bolivianas volvieron a las calles, ahora contra el presidente Carlos Mesa, sucesor interino de “Goni”. Entre las reivindicaciones, que unificaron a indígenas, campesinos, obreros y sectores de la clase media urbana, estaban la lucha contra la privatización del agua, la nacionalización e industrialización de los recursos naturales (gas, petróleo y minas) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las masas bolivianas, volvieron a triunfar en las calles: echaron a Mesa.

En ese contexto, Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), aparecieron como dirección de las masas en lucha. En diciembre de 2005, ganó las elecciones en primera vuelta, con el 54% de los votos válidos y obteniendo, además, la mayoría absoluta en el parlamento.

Proceso muy diferente al que ha llevado a la victoria de Castillo, que en la primera vuelta logró el 19% de los votos válidos. Un candidato que, más allá de haber liderado la huelga magisterial de 2017, era prácticamente un desconocido, sin relación con las luchas de noviembre pasado, ni con la de los jornaleros y jornaleras del campo, de diciembre – enero último. De ahí que su bancada sea la primera minoría en el parlamento, obligada a hacer acuerdos con otras agrupaciones.

De ahí que, a diferencia de Evo, que de inmediato se vio en la obligación de responder a las aspiraciones populares que habían echado abajo a dos gobiernos demandando la nacionalización -en el pozo- del gas boliviano, lo que en los hechos fue un mecanismo de renegociación con las petroleras privadas que siguieron operando, pero pagando más impuestos, Castillo comience el gobierno ante el cargamontón de la patronal, la derecha política y sus medios de comunicación, sin dictar ninguna norma trascendental para la economía del país.

¿Bolivia es socialista?
Sin embargo, lo más peligroso para la clase trabajadora, por la confusión que provoca en su conciencia, es identificar a Bolivia y su gobierno – el de Evo, primero, y ahora el de Arce- como “socialista”.

Sería un error identificar la economía de un país como “socialista” o, peor aún, “comunista”, solo por el nombre del partido que lo gobierna: En Chile gobernó, entre 2006 y 2010, primero, y entre 2014 y 2018, después, Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista de Chile. Y sin embargo, nadie podría acusar a dicho país, “ejemplo” de las “bondades” del liberalismo económico, de ser socialista.

En Bolivia, el partido de gobierno es el “Movimiento al Socialismo”. La organización, que reivindica el “buen vivir” como propósito, no tiene entre sus medidas concretas, sin embargo, ninguna que lleve a romper con la lógica y las reglas del mercado, para pasar a planificar la economía boliviana. Por el contrario, el gobierno del MAS, con Evo a la cabeza, ha sido responsable de medidas de ajuste contra el pueblo trabajador y pobre de Bolivia.
Además de reprimir en más de una oportunidad las luchas de los trabajadores mineros de las empresas estatales (2007, 2015), pactó con la burguesía reaccionaria de la “media luna” una Constitución (2007) que en lo fundamental, dejó intactos los intereses de los latifundistas cruceños y las transnacionales mineras y petroleras. Más aún, intentó, primero, imponer un gasolinazo del 82%, que el pueblo bolivianos rechazó en las calles (2011), para luego subvencionar a las petroleras -con el dinero del pueblo boliviano- para asegurar sus ganancias…

De ahí que la economía boliviana dependa tanto o más de la inversión extranjera directa, esto es, de que las transnacionales inviertan en su país -y por supuesto, saqueen sus riquezas y exploten a sus trabajadores – que nosotros. Su economía es primario-exportadora. Se basa en la exportación de gas natural, minerales (estaño, antimonio, plomo, plata, zinc y oro) y productos provenientes de la agroindustria, principalmente la soya, dominada por capitales brasileños.
Su tasa de desempleo es de 5,6%, sin embargo en la actualidad la informalidad laboral alcanza al 85% de personas. Cifra idéntica a la de nuestro país.

Nada de esto es culpa del “socialismo”. Por el contrario, es la consecuencia de no haber roto con el capitalismo, no haber tomado control del aparato productivo, ni haber planificado la economía y, por el contrario, haber garantizado las ganancias capitalistas contra las necesidades del propio pueblo trabajador.

Solo dos cosas los une
Por eso, a nuestro entender, solo dos cosas unen a Castillo y a Morales: la primera, el odio que le profesan la patronal, sus partidos y sus medios de comunicación, para los cuales tenerlos como presidentes en sus respectivos países es como tener una astilla clavada bajo las uñas.

La segunda, que ninguno de los dos ha aplicado, o aplica, un plan de ruptura con el capitalismo. Y por el contrario, mientras buscan controlar y apaciguar al movimiento de masas, con políticas “sociales” que “cambian algo” para que no cambie nada, tuvo, uno, y tiene, el otro, la obligación de aplicar medidas contra los sectores obreros populares en único beneficio de las grandes empresas, locales y transnacionales.

¿Cómo hacer frente a la “derecha”?

foto: facebook de la Sociedad Patriotas del Perú

Por Víctor Montes

Para nadie es novedad afirmar que los medios de comunicación vienen desarrollando una campaña política colosal para arrinconar y desgastar a Castillo.

Por su parte, sectores de la derecha política, que incluyen al fujimorismo, aprismo, extoledistas y al PPC, continúan realizando movilizaciones demandando la vacancia presidencial y abriendo la ventana a que grupos de choque, como la llamada “insurgencia” y la fascista “Sociedad de patriotas”, aparezcan a plena luz del día.

El último episodio ha llevado a la renuncia del ministro de relaciones exteriores, acorralado por la Marina y los medios de comunicación ante declaraciones suyas en las que acusaba a dicha fuerza armada de haber propiciado atentados terroristas contra buques cubanos durante el gobierno de Velasco.

¿Cómo “enfrenta” Castillo esta ofensiva?

Como muestra la renuncia de Béjar, abandonado a su suerte por el consejo de ministros, el gobierno está dispuesto a ceder ante el “cargamontón” de la patronal, sus partidos y medios de comunicación. Su objetivo: “tranquilizarlos”, mostrando su buena voluntad, a cambio de mantenerse en el gobierno.

Por eso aseguró a Francke en el MEF. Francke, que es conocido por provenir de la “izquierda”, se ha convertido en el principal garante de la continuidad del plan económico. De ahí que fuera él quien se encargue de conversar con el empresariado – antes de la proclamación de Castillo – y luego, de asegurar la continuidad de Velarde, hombre fuerte de los empresarios en el BCRP y exigencia innegociable de la patronal.

Las direcciones se han puesto al servicio de esa política de “apaciguamiento”

Por otra parte, la dirigencia de la CGTP y los partidos de izquierda que apoyan al gobierno (PC-Unidad, Patria Roja, Nuevo Perú…), así como por los sectores ligados al antiguo CONARE-SUTEP, que ahora dirigen la recientemente reconocida FENATEP, siguen esta misma línea y evitan encabezar la movilización obrera y popular. Esto a pesar de la falta de soluciones a las demandas obreras, magisteriales y populares, y a que el costo de vida se eleva golpeando la economía popular.

La patronal quiere más

Sin embargo esta política ya ha demostrado ser absolutamente impotente ante las pretensiones de la patronal, que entre más obtiene de Castillo, más quiere. La salida de Béjar demuestra en los hechos que Castillo puede acceder a modificar el gabinete Bellido. Hecho que solo envalentona a la patronal, la derecha y sus medios.

La historia, en cambio, muestra que para derrotar a la patronal que defiende con palos y sermones sus intereses, es preciso que el gobierno adopte medidas que debiliten su poder económico, que es lo que les permite imponer su voluntad política.

Es preciso salir a las calles y exigirle a Castillo que tome medidas contra el alza de la subsistencia (aumento general y control de precios), recupere nuestros recursos naturales, prohíba los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta, y convoque inmediatamente a una Asamblea Constituyente que recupere la soberanía del país.

Hay que exigir que Castillo eche del gobierno a los agentes de la patronal, comenzando por Velarde y todos los guardianes del modelo neoliberal que han colocado en el MEF, Produce, el ministerio de energía y minas, etc.

Sólo conquistando estas demandas podremos debilitar y derrotar a la clase capitalista, y abrir el camino al poder de la clase trabajadora y el pueblo con un verdadero gobierno de sus organizaciones. Fuera de estas medidas, que deben ser las primeras para hacer frente a la patronal y la “derecha”, todo lo que diga el gobierno, es poesía.

AL FASCISMO SE LE APLASTA

La aparición de organizaciones de ultraderecha que utilizan métodos violentos para atacar a sectores obreros y populares, pone sobre la mesa de los trabajadores la necesidad de discutir nuestra autodefensa. No podemos esperar a que seamos víctimas de su accionar. Menos cuando el gobierno permite su desarrollo sin hacer nada.

No debemos dudar que, antes de que cobren fuerza, es preciso aplastar a estos movimientos. Por eso debemos prepararnos para hacer efectivo nuestro derecho a defendernos de sus ataques. Y de ser necesario, derrotarlos en el terreno de la acción.

Sin embargo es clave que también exijamos al gobierno que los reprima sin miramientos. ¡El gobierno de Castillo debe ilegalizar a “La insurgencia”, “Los combatientes” y a la “Sociedad Patriotas del Perú”! ¡Debe arrestar y procesar a quienes perpetraron acciones violentas contra entidades del Estado y funcionarios en ejercicio, y a sus líderes! hay que recordar que con el fascismo no se discute… ¡se le combate y se le aplasta!

A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.