LA LUCHA CONTRA EL MACHISMO: UNA LUCHA PARA LA CLASE TRABAJADORA

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

El candidato a la presidencia Pedro Castillo, ha sido cuestionado por sus declaraciones acerca de los feminicidios. Según Castillo, los feminicidios ocurren “producto de la ociosidad generada por el mismo estado”. Esta terrible declaración tiene una profunda carga machista, y es reflejo del desinterés y desconocimiento que tiene el candidato y su partido frente a lo que la OMS declaró, en 2013, una pandemia: la violencia machista.

El panorama de la violencia machista en el Perú

La violencia de género en nuestro país, y particularmente los índices de feminicidio, son alarmantes. Según estadísticas del ministerio de justicia y derechos humanos, en 2020 hubo 131 feminicidios en el Perú. Mientras que este 2021, según los datos de la defensoría del pueblo, 55 mujeres fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres en los primeros 5 meses del año. Más de la mitad de ellas, por sus parejas o exparejas. Además de 19 casos de mujeres con características de feminicidio que siguen en investigación.

Uno de los casos más desgarradores fue el de Eyvi Agreda de solo 22 años, que fue atacada en el transporte público por su ex compañero de trabajo, le roció combustible y luego le prendió fuego. Eyvi quedó con el 60% de cuerpo quemado y luego de un mes de estar internada en el hospital, murió con un shock séptico. Su atacante declaró después que su intención no era matarla, solo quería “desfigurarla”.

Lamentablemente esta terrible realidad es compartida por otros países latinoamericanos: en México, cada día son asesinadas 10 mujeres. Según la organización Mumala hubo 329 muertes violentas de mujeres en 2020 en el país. Según el Registro Nacional de Femicidios 2020 de Mumalá, en el 40 % de los casos víctima y victimario convivían, el 13% de las víctimas estuvo desaparecida y 7% fue abusada sexualmente.

Pero la violencia machista, además, se traslada al terreno de la dependencia económica, los maltratos psicológicos, el acoso callejero y en el trabajo, la discriminación en los centros de estudio y un largo etc.

Violencia que se ha visto potenciada por la pandemia, al encerrar durante meses a las mujeres con sus agresores, en sus propios hogares.

Por lo tanto, es un gravísimo error por parte de Castillo decir que los feminicidios ocurren por “ociosidad”, y una enorme contradicción para alguien que dice representar un proyecto de cambio de nuestra sociedad.

La violencia machista día a día cobra vidas de mujeres, adolescentes, estudiantes, madres trabajadoras, con brutal crudeza y total impunidad. De las 131 denuncias de feminicidio reportadas en 2020, solo dos han sido investigadas y procesadas, hasta emitir una sentencia contra los responsables. 

Por eso esta declaración tan ligera y machista, resulta peligrosa: porque minimiza la magnitud del problema, desinforma, invisibiliza y, sobre todo, normaliza la violencia hacia las mujeres.

¿Votar por una mujer sería una alternativa?

Por otro lado, tenemos a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que hace unos días negó las esterilizaciones forzadas aplicadas durante el gobierno de su padre y de las que fueron víctimas más de 300 000 mujeres violando sus derechos sexuales y reproductivos, afirmando que “fue un plan de planificación familiar”. Estas declaraciones son todavía más monstruosas y muestran la verdadera cara, cínica y cruel del fujimorismo.

Días después de haber negado las esterilizaciones y ver que no mejoraba su posición en las encuestas manifestó en una entrevista que “duele lo que estas mujeres han denunciado y eso se tiene que investigar y sancionar a los responsables”, sin embargo La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (AMPAEF) publicó un comunicado de rechazo, repudio e incredulidad ante estas declaraciones, rechazo que aplaudimos, no podemos confiar en una mujer que ha formado parte de un gobierno violador de derechos y genocida.

Más allá de los intentos fallidos de “comprometerse” con las víctimas de las esterilizaciones forzadas, tanto este caso como la violencia que mata a las mujeres peruanas, pobres y trabajadoras cada día en realidad le interesan muchos menos que a Castillo, sus prioridades están en garantizar el enriquecimiento del empresariado, dando continuidad a las políticas económicas corruptas, privatizadoras y entreguistas implantadas por Fujimori en los 90s, por lo tanto, ella como cualquier otro candidato de la burguesía, sea varón o mujer, responde tan solo a sus intereses de clase, no importa si estos intereses pasan por encimas de las vidas de la población.

Por eso, ninguno de estos candidatos nos representa, ni a la clase trabajadora, ni mucho menos a las mujeres trabajadoras, pobres y campesinas del país.

¿Por qué ocurren los feminicidios?

Un feminicidio es la forma más extrema de violencia contra una mujer, casi en todos los casos las personas que comenten feminicidio son personas cercanas a las víctimas, una pareja actual o ex-pareja. Las mujeres victimas de feminicidios generalmente han sufrido previamente una serie de maltratos y diversos tipos de violencia que se van incrementando con el tiempo.

El feminicidio es una de las caras más duras y extremas del machismo, que encierra un conjunto de ideas que muchos aprendemos sin querer en nuestras familias, ideas dañinas que sustentan que los varones son superiores a las mujeres, con las que se nos imponen; maneras de comportarnos, roles en la sociedad y actividades que podemos o no hacer de acuerdo a nuestro género. Es común oír por ejemplo que “el jefe de la casa es el varón y que las mujeres tenemos que dedicarnos a labores domésticas”

Sin embargo, estas diferencias entre varones y mujeres no han sido siempre así, las familias primitivas, se caracterizaban por su funcionamiento en comunidad, la propiedad, es decir todo el fruto del trabajo le pertenecía a la comunidad en su conjunto. Toda esta desigualdad que se vive hasta estos días aparece o se desarrolla junto con cambios sociales y económicos, que marcan la aparición de la propiedad privada, a partir de este cambio se establecen nuevos roles que someten a la mujer y la convierten en esclava y propiedad del varón.

Esas ideas que acompañan a este sometimiento son un soporte y una justificación de la injusta desigualdad entre varones y mujeres, justifican la violencia dentro de las familias trabajadoras, e impiden que se haga justicia para las víctimas de feminicidio.

El machismo, en ese sentido, es una ideología, que justifica, normaliza y refuerza la desigualdad.

¿Por qué los trabajadores y trabajadoras debemos combatir el machismo?

El machismo es una herramienta útil para la explotación capitalista, el sistema usa los medios, la propaganda y todo lo que está a su alcance para repartir estas ideas que tanto daño nos hacen, no solo a las mujeres trabajadoras, sino a toda la clase es su conjunto. Son útiles para perpetuar la opresión a la mujer, para pagarnos menos, para explotarnos más, para no poder organizarnos junto a nuestros compañeros porque además de trabajar en las fábricas, colegios o tiendas, tenemos que llegar a casa a seguir trabajando y cuidar a nuestros hijos.

El machismo nos divide como clase frente a los patrones. Por eso urge, que como trabajadores y trabajadoras tengamos como una de nuestras principales tareas la lucha contra el machismo, en nuestras familias y también en nuestros sindicatos, no solo para prevenir y evitar la violencia y estas muertes tan terribles y dolorosas de nuestras hermanas trabajadoras, sino también para pelear juntos por nuestros derechos y enfrentar al sistema que nos explota y oprime.

VOTAR POR PEDRO CASTILLO, MANTENER NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA

En estas horas, entre los trabajadores casi no se discute el voto por Pedro Castillo, pero lo que sí debemos discutir es la necesidad de mantener nuestra independencia política y organizativa.

Muchos dirigentes y activistas se incorporaron a la campaña de Castillo de diversas maneras, tratando de contribuir activamente a su victoria, como esperanza de cambio y ante el cargamontón y los infames ataques del fujimorismo, los empresarios y grandes medios que ven amenazados sus intereses.

Pero grandes gremios como la CGTP, la Federación Minera y Construcción Civil, van más lejos: suscriben acuerdos y compromisos que hipotecan la independencia política de los trabajadores y sus organismos, y, por esa vía, en la práctica renuncian a la lucha en defensa de los intereses obreros.

Con dichos acuerdos, estos gremios pretenden comprometer a Castillo a respetar, en su eventual gobierno, los derechos laborales y que reconozca otros.

Pero llamamos la atención sobre la forma mediada como plantean la defensa de estos derechos. Piden que la suspensión perfecta y los ceses colectivos sean “regulados” o que no sean “indiscriminados”; es decir no plantean su nulidad. Para los trabajadores toda suspensión perfecta y cese colectivo que roba el salario y el derecho elemental al trabajo es injusto y debe prohibirse. Más aún ahora que dichas medidas se extienden y llegan al cierre de empresas. Los trabajadores no tenemos por qué pagar la crisis y deben hacerlo los patrones, y si no aceptan debemos demandar la nacionalización de sus empresas bajo control de los trabajadores, como única forma de resguardar la fuente de nuestra existencia y de nuestras familias. Los derechos no se retacean, se defienden.

Respeto a la “propiedad” empresarial

Además de esta postura se reconoce a los capitalistas su “derecho” a realizar negocios y a explotar y generar riqueza con el trabajo obrero.

El documento que suscribe la Federación Minera (punto 5) dice, por ejemplo, que la contribución y fiscalización tributaria del Estado a las empresas debe hacerse “respetando siempre la propiedad”. La “propiedad” de las grandes minas es fuente del gigantesco saqueo del país, de la sobreexplotación obrera en el sector y de la extrema pobreza de las comunidades aledañas, y por eso un gran sector votó por Castillo porque planteó la nacionalización de la gran minería, energía y el gas; y por eso mismo los empresarios lo atacan con furia.

La Federación, ¿en lugar de defender la “propiedad” de las grandes mineras no debería estar a favor de esta propuesta nacionalista? La historia de la clase obrera ha sido colocarse siempre del lado de las causas nacionales, incluso como vía para proteger sus propios derechos, pero la Federación se bandea para el otro lado en esta aspiración fundamental.

Lo mismo sucede en el acuerdo suscrito por la Federación de Construcción Civil. Pronunciándose a favor de la reactivación del sector, la Federación les dice a los empresarios: “El Estado será su aliado”: aliado para promover inversiones, contrataciones y para reducir los trámites. Pero, son esos mismos empresarios los que poseen inmensas inmobiliarias y terrenos con los que lucran, mientras millones no tienen un techo donde vivir, entre ellos muchos obreros de construcción civil, y como lo vemos en las ocupaciones de tierra que se producen en Chorrillos. Pero el gremio de Construcción, en lugar de hablar de estas necesidades demanda más beneficios para los empresarios.

“Defensa de la democracia y gobernabilidad”

En esta misma línea, estos dirigentes van más lejos cuando llaman a luchar por la “defensa de la democracia y la gobernabilidad”, como el llamado que hace la central para la marcha del jueves 20 de mayo.

Es cierto: hay que luchar y movilizarnos contra los ataques a Castillo, contra las mentiras, calumnias y amenazas que nos alcanzan a todos los luchadores, y, por supuesto, rechazar cualquier intento de golpe, contra el cual los socialistas seremos los primeros en salirle al paso. Esto significa que luchamos por defender los derechos y las libertades. Pero la CGTP plantea “defender la democracia y la gobernabilidad”, es decir defender al régimen que odiamos.

Hoy, la “democracia y gobernabilidad” es de los patrones y está al servicio de su corrupción, de los abusos y sobreexplotación de los trabajadores. Por eso defienden su continuidad con Fujimori, mientras los sectores populares la cuestionan y piden cambios. Además, defender la “gobernabilidad” hoy es defender a Sagasti, al responsable de las políticas que nos afectan, y por eso no es casual que la central guarde total silencio sobre el Gobierno.

De este modo, la central en realidad le hace seguidismo a toda la proclama burguesa en favor de la “democracia y las instituciones, con lo que se ata las manos al igual que Castillo para luchar por los cambios que reclaman los trabajadores y las mayorías. 

¿Patrones democráticos?

En el fondo de todo esto hay el intento de estos dirigentes –y de Castillo– de establecer una alianza con la burguesía que llaman democrática y patriótica para que apoye su gobierno bajo la forma de un frente de obreros y empresarios, o frente popular, con el pretexto de enfrentar a los fascistas. De aquí se desprenden las políticas antes mencionadas: no hay que tocar sus “propiedades” sino promover sus negocios, y hay que “regular” los derechos laborales y no defenderlos plenamente.

Pero esos llamados empresarios democráticos y patriotas no existen y hoy todos aparecen al lado de Fujimori y contra Castillo, y estarán más firme con Fujimori si gana y contra Castillo si pierde. Pero es un cuento que sirve para maniatar a los trabajadores mientras dejan las manos libres a la burguesía para que siga atacando.

Independencia política

Aún no ha sido elegido Castillo y ya vemos cómo la reacción empresarial afecta la economía produciendo devaluación, alzas de precios y más desempleo, y después de la elección de Castillo esa reacción será peor.

Con esas políticas colaboracionistas es absolutamente claro que no hay ni habrá forma de defendernos de estos ataques empresariales, de los despidos, ceses, suspensiones y otros que van a continuar, gane quien gane las elecciones.

De aquí se deduce la imprescindible necesidad de defender nuestra independencia política y organizativa como clase. Votar por Castillo sí, pero no firmar acuerdos que hipotecan nuestra independencia y nuestras aspiraciones y prepararnos para salir a luchar. No es casual que la larga experiencia histórica de la clase obrera haya legado esta enseñanza como la única garantía para la defensa de sus intereses de clase.

Votamos por Castillo sin apoyo ni ilusiones

La candidatura de Pedro Castillo concentra el voto mayoritario –con más o menos ilusiones– de los sectores populares, del interior del país, y de la vanguardia obrera, ante el alineamiento de toda la patronal, sus partidos y organizaciones, tras Keiko Fujimori.

Obreros y obreras, el campesinado, el magisterio y otros tantos millones de pobres del campo y la ciudad, se encaminan a las urnas con la intención de imponer con su número, vía el voto, un cambio en los destinos del país.

Nada se les puede reprochar. En 200 años de vida republicana, uno tras otro, los gobiernos que se han sucedido han garantizado las ganancias patronales y la entrega de nuestras riquezas a las potencias imperialistas, antes que atender las necesidades de nuestro pueblo. Y hoy parece posible “cambiarlo todo”, pues un candidato de origen campesino, rondero, y maestro de escuela pública, es quien se encuentra en segunda vuelta.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) acompañamos este proceso y hemos definido que también votaremos por Castillo, pues es la única herramienta electoral concreta con la que nuestra clase está haciendo frente a la “santa alianza” que todos los partidos patronales, gremios empresariales y medios de comunicación han creado tras Keiko Fujimori.

Sin embargo, alertamos sobre la necesidad de mantener no apoyar políticamente a Castillo, ni sembrar ilusiones en su posible gobierno, para así mantener la independencia política y organizativa de las organizaciones obreras y populares,

Esto es más necesario aún en tanto Castillo ha comenzado a abandonar aspectos importantes de su propuesta política, al estilo de la “hoja de ruta” de Humala, con la única finalidad de ganar los votos de la misma “izquierda moderada” y sectores liberales que fueron derrotados en la primera vuelta (ver recuadro).

[Recuadro]

¡ABAJO EL TERRUQUEO!

Desde el comienzo del camino a la segunda vuelta, los medios de comunicación iniciaron una despreciable campaña de calumnias motejando a Pedro Castillo, y prácticamente a todas las personas que simpaticen o expresen su apoyo hacia él, de “comunistas” y, más aún, de “terroristas”. Desde entonces, el “terruqueo” es moneda corriente en radio, televisión y redes sociales.

Desde el PST rechazamos categóricamente esa campaña despreciable de calumnias que solo busca sembrar confusión entre la población para llevar votos a Keiko Fujimori. Nos solidarizamos, en este tema, con Pedro Castillo, y reivindicamos la bronca que sienten los sectores obreros y populares ante ella, debido a que es la misma campaña de mentiras que empresas y autoridades realizan cuando salimos a luchar por nuestras reivindicaciones.

[Recuadro]

Lo que calla Castillo

Para muchos compañeros y compañeras, resulta normal que Castillo abandone partes de su programa. Esto porque, se piensa, es una actitud táctica, que se justifica por la intención de ganar votos y evitar ataques de la patronal.

Sin embargo, como prueba la asquerosa campaña de terruqueo en curso contra Castillo, de nada sirve esconder o abandonar partes de su programa: la patronal no mengua en su odio.

Por eso el abandono gratuito de propuestas como la estatización (nacionalización) de las mineras, o la creación de impuestos a las riquezas y ganancias patronales, solo muestran un ánimo oportunista.

Lo mismo pasa con su postura frente al régimen democrático burgués corrupto que impera en el país. De haberlo puesto en cuestión, hoy Castillo se ha comprometido a defender la “gobernabilidad y la democracia”.

No cuestiona los ceses colectivos o la suspensión perfecta de labores con la que la patronal golpea a la clase obrera. Como mucho se ha “comprometido” a fiscalizarlas.

Y, por último, y no por eso menos importante, desde la primera vuelta mantiene el silencio frente al gobierno de Sagasti, responsable actual del genocidio provocado por la pandemia de covid 19 y por los ataques contra la clase trabajadora y el pueblo, a quien no llama a enfrentar desde las calles. Tarea que es la más urgente que tiene planteada la clase trabajadora y el pueblo pobre de nuestro país.

[Recuadro]

La candidatura de María Rivera: un ejemplo de utilización revolucionaria de las elecciones

En paralelo al proceso electoral de nuestro país, se han realizado las elecciones a la Convención constituyente que la poderosa lucha del pueblo chileno arrancó al gobierno asesino de Piñera. Nuestra organización hermana en Chile, el Movimiento Internacional de los Trabajadores, logró tener una candidatura en una de las listas de candidatos y candidatas independientes de los partidos tradicionales que se inscribieron de forma extraordinaria para esta elección.

La compañera María Rivera, de larga trayectoria militante, realizó una campaña ejemplar, llamando a retomar la movilización por la libertad de los compañeros y compañeras detenidas durante las jornadas de lucha libradas por el pueblo trabajador, así como por la caída inmediata del gobierno Piñera.

Asimismo, su campaña levantó, sin temores, la necesidad de expropiar los negocios de las familias más ricas de Chile, para financiar la salud y la educación. Y hoy que ha sido elegida, no duda en declarar ante El Mercurio (diario de la gran patronal chilena, análogo a El Comercio), que se debe estatizar las AFP, las minas y las grandes empresas, y ponerlas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.

¡Cuánta diferencia con Castillo, que ahora huye como de la peste a la palabra expropiación!

[Recuadro]

La ilusión de la democracia burguesa

El campesinado y los sectores populares, separados de una conciencia de clase, conciben que su poder político radica en su número.

Esta es una ilusión que la democracia burguesa utiliza a su favor para recrear su propia dominación elección tras elección, pues aunque es cierto que “el pueblo es mayoría”, en la actual democracia esa mayoría está sujeta a una oferta político-electoral dominada por los partidos patronales. Además esa mayoría, convertida en voto individual, secreto y directo, pierde su contenido de clase, se dispersa, perdiendo, de paso, su poder de número.

Termina siendo el mecanismo perfecto para que la burguesía, la clase social de los dueños y dueñas de fábricas, bancos, minas, pozos petroleros y grandes comercios, imponga su control, mientras la enorme masa popular piensa que es ella quien los eligió.

Sagasti defiende el mismo modelo que el fujimorismo y la patronal buscan continuar

En el Perú el descontento social no se ha volcado aún a las calles en una protesta nacional como ocurre en Chile o Colombia, aunque la coyuntura electoral revela que estamos en un proceso similar que tiene en común el estrepitoso fracaso de ese plan económico y el reclamo masivo de cambios radicales y urgentes.

Lo que evidenció la votación del 11 de abril es el profundo descontento que existe en la clase trabajadora y sectores populares por las condiciones de desastre a las que el modelo neoliberal ha llevado al país.

El mensaje es que las cosas no pueden seguir como hasta ahora; es decir no puede continuar la política de gobierno que causa una matanza que asemeja un genocidio, el modelo económico que profundiza la desigualdad, la corrupción, el abandono de las regiones, el enriquecimiento de las multinacionales a costa de los intereses nacionales, así como también desempleo, despidos y abusos patronales, etc.

Las nuevas encuestas revelan que el descontento expresado en la intención de voto crece en el camino hacia la segunda vuelta, incluso a pesar de las tendencias conciliadoras del candidato Pedro Castillo, y que la campaña del miedo desatada por la patronal y la derecha solo consiguió exacerbar el odio de clase de los ricos y de los sectores sociales más acomodados, además de desnudar su falsa concepción democrática.

La primera opción que han tomado la derecha y la patronal es ir al choque. Keiko Fujimori representa la continuidad del plan patronal. Además, la hija del ex dictador es la amenaza de un poder reaccionario y autoritario que busca la impunidad a los crímenes de la dictadura fujimorista, la mafia de los “cuellos blancos” y la corrupción del caso Odebrecht y Club de la Construcción.

Por eso, junto con el rechazo al plan de parte de los sectores empobrecidos, se ha reavivado en los sectores sociales medios el repudio al fujimorismo y sus nuevos aliados tal como se ha visto en la multitudinaria movilización nacional del 22 de mayo.

Necesidades obreras y populares demandan un plan de lucha nacional

Es muy importante remarcar que el problema no es solo la amenaza del fujimorismo sino también, y principalmente, la continuidad del plan económico, que es el mismo que actualmente viene siendo ejecutado por gobierno Sagasti con los desastrosos resultados que vivimos.

Sin embargo, por obra de las direcciones de las centrales, actualmente no existen movilizaciones ni plan de lucha de los trabajadores y el pueblo contra el modelo actualmente en ejecución. Evidencias que su interés es solo explotar el descontento para convertirlos en votos, a pesar de que el actual gobierno es el que aplica el plan económico que el fujimorismo quiere continuar y que todavía seguirá hasta el 28 de julio. Y eso es mucho tiempo cuando la pandemia mata por cientos cada día, cuando el hambre y el desempleo golpea a la mayoría de la población nacional, y cuando no paran los despidos, ceses colectivos y suspensión perfecta de labores que las empresas imponen abusivamente sin control.

Un plan de lucha nacional con una plataforma obrera y popular es también algo indispensable que se necesita para mantener la independencia política de clase y para no depender de las promesas de campaña de candidatos que ganan con un discurso y gobiernan con otro muy diferente.

Hoy para la clase trabajadora está planteado derrotar a la candidata que representa la continuidad de un plan económico que tiene efectos de genocidio, pero sin perder la independencia política de clase, aquella que necesita para fortalecer su propia organización para la lucha por sus demandas cualquiera sea el desenlace de las elecciones.

Necesitamos una dirección obrera y revolucionaria

Por Manuel Fernandez, dirigente obrero del PST

La situación de calamidad que hay en el país producto de varias décadas de plan neoliberal, con un sistema de salud inservible cuando más se lo necesita, con la mayoría de la población en desempleo y, encima de eso, una patronal que ataca con despidos, ceses colectivos, suspensión perfecta, y hostilización sindical, plantea con urgencia una salida con un plan alternativo y una dirección obrera revolucionaria al frente.

La clase obrera enfrenta una verdadera tragedia sanitaria que ya cobró más de 190 mil vidas. Somos principalmente los trabajadores y el pueblo pobre quienes seguimos sufriendo por conseguir medicinas, oxígeno y atención médica oportuna, para salvar la vida de nuestros seres queridos, en medio del alza del costo de los alimentos básicos como el pan y el pollo, que constituye un nuevo ataque a nuestras condiciones de vida. Ataque que se suma al desempleo y los ceses colectivos impuestos antes y durante la pandemia en diversos centros laborales como Miyasato, Faber Castell, Unique, Trébol y Telefónica.

Tamaño ataque solo puede ser respondido con la lucha unificada de toda la clase trabajadora y el pueblo pobre, contra este gobierno, las patronales y su plan genocida de imponer las ganancias antes que la vida, la salud y el empleo. Una situación que empeora cada día más y exige respuesta ahora.

El camino nos lo enseña la lucha del pueblo hermano de Colombia, que han echado abajo el paquetazo del gobierno Duque con la fuerza de su movilización en las calles, y hoy continúa luchando por echar a un gobierno responsable de la brutal represión que enluta al pueblo colombiano en su justa lucha por mejores condiciones de vida.

Sin embargo, aquí los llamados a organizar dicha respuesta, lo que conocemos como dirección del movimiento obrero y popular, se encuentran de espaldas a esta necesidad. Y mientras seguimos padeciendo muertes y despidos, los dirigentes de las centrales sindicales en conjunto con la izquierda reformista nos llenan la cabeza de falsas ilusiones, planteándonos que, dentro del capitalismo, y votando por cual o tal candidato, es posible “cambiarlo todo”. Justamente en momentos cuando más necesitábamos luchar para enfrentar el genocidio al cual nos llevaba este gobierno y el sistema capitalista al cual representa.

Como si esto fuera poco asistimos a un proceso electoral en donde se deja en segundo plano la solución a los problemas urgentes. Ni si quiera se denuncia el genocidio en el que nos encontramos, mucho menos se levanta un programa de clase independiente y revolucionario con el objetivo de organizar la movilización y la lucha de los trabajadores contra los flagelos a la que nos han sometido.

Por el contrario, por un lado, encontramos a KF por quien se ha unido toda la patronal negrera y corrupta quienes para continuar con sus privilegios buscan poner orden y continuar con el modelo capitalista explotador, desplegando en los medios de comunicación visuales y escritos una feroz campaña contra el otro candidato PC basada en el terruqueo y miedo al comunismo y todo lo que sirva para que las familias obreras que son bombardeados a diario con esta millonaria campaña, acaben favoreciendo a KF y el poder patronal que representa.

En ese contexto, el voto por Castillo termina siendo la única herramienta electoral para rechazar a esa patronal corrupta y explotadora agrupada tras el Fujimorismo. Sin embargo, nadie puede garantizarnos, como clase obrera, que Castillo cumplirá con las medidas anunciadas. Más cuando semana a semana “blanquea” su programa para ser aceptado por un sector de la patronal.

Por ello la lucha estará planteada también luego de las elecciones, con independencia de quien gane. Porque lamentablemente el poder económico seguirá en manos de la clase patronal, y será imposible tener justicia social dentro de un sistema basado en la explotación y en el saqueo de nuestros recursos naturales.

Nuestro destino depende únicamente de nuestra lucha y de los propios trabajadores

A tremendo flagelo al que nos ha conducido este gobierno, sus partidos y el sistema capitalista corrupto que defienden, es preciso responder con una enorme lucha, en la perspectiva de una revolución socialista que expropie las riquezas de los que amasaron gigantescas ganancias a costa de la explotación de los trabajadores, así como nuestros recursos naturales, hoy en manos de enormes trasnacionales imperialistas, y que  instaure una economía organizada de manera colectiva, controlada democráticamente por los trabajadores y volcada a satisfacer la salud, con medicinas y oxígeno gratuito para todos, con atención por igual en clínicas privadas, con  empleo, educación y pensiones para todos. Una lucha necesaria para salvar la vida de nuestros hermanos ante la angurria patronal.

Solo la clase obrera al frente de toda la clase trabajadora podrá conducir a los explotados y los oprimidos a esta lucha y así resolver los grandes problemas que cargamos en medio de esta pandemia y construir un nuevo sistema social.  Es el papel que tenemos como clase que produce toda la riqueza que existe.

Para esta tarea necesitamos empezar construyendo nuestra dirección, nuestro partido obrero y revolucionario que tiene como objetivo principal el fortalecimiento y la organización de la lucha de los trabajadores. Algo que como vemos está ausente en este contexto.

Un partido revolucionario que, de ser necesario, participe en los procesos electorales, pero que sea para difundir denunciar y señalar a los responsables del genocidio y de la catástrofe sanitaria en la que nos encontramos: el gobierno y la patronal. Que denuncie los abusos que se cometen a los trabajadores como despidos y recortes de derechos, y al mismo tiempo llame a organizar la lucha de la clase trabajadora. Es decir, subordinar los procesos electorales al fortalecimiento de las luchas y no al revés.

Así lo ha hecho en Chile nuestra compañera María Rivera, quien postuló y fue elegida en la “Lista del pueblo” en las elecciones para la Convención constituyente ganada en las calles por el hermano pueblo chileno.

Lo primero que hizo fue llamar a la movilización callejera y a organizar al paro nacional para exigir la libertad a los presos políticos sin condiciones, fuera Piñera y todos los corruptos, expropiación de las 10 familias más ricas de Chile para atender la emergencia sanitaria y denunciando los acuerdos de paz y el mismo proceso electoral como antidemocráticos porque no representan la voluntad del pueblo que luchó en las calles.

En ese camino ganar la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas y sus luchas para gobernar. Para ello es vital mantener nuestra total independencia política frente a sectores burgueses y reformistas que solo se acuerdan de los trabajadores cuando necesitan votos.

Necesitamos un partido que luche para unir a la clase y acabar con el capitalismo.  El PST lucha para construir este tipo de partido obrero revolucionario. Te invitamos a ser parte de él.

Una Constituyente nacida de la lucha, para recuperar nuestra soberanía y prohibir los despidos

Castillo ha mantenido entre sus propuestas la de convocar a un referéndum para poner a consulta la posterior convocatoria a una asamblea constituyente.

La necesidad de echar por tierra la Constitución de la dictadura, que borró de un plumazo derechos fundamentales como el derecho a la estabilidad laboral, no puede estar en discusión.

El ejemplo de Chile, que a partir del poderoso levantamiento obrero y popular de octubre de 2019 impuso la necesidad de tener una nueva Carta Magna, ha dado nuevos bríos a este tema.

Sin embargo, dos grandes problemas se evidencian en la propuesta de Castillo.

El primero es que el propio Castillo se ha comprometido a “respetar la Constitución” de la dictadura, y utilizar sus propios mecanismos para convocar a la Constituyente.

Con esta postura, Castillo se somete a los mandatos de la patronal, defensora a capa y espada de la actual Constitución, y a su mayoría parlamentaria.

Así Castillo renunció a convertir su propia elección en un referendo en sí mismo, levantando la propuesta de que, de salir elegido, se convocaría inmediatamente a una Asamblea Constituyente.

El segundo problema, y mucho más importante, es para qué se debe imponer una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

Desde el punto de vista de la izquierda moderada, reformista, la Constituyente debe servir para “democratizar” el Estado. Esto es, reconocer nuevos derechos democráticos a las poblaciones originarias, a las mujeres, a los sectores LGTBIQ, y otorgar al Estado un carácter regulador de la economía.

Nada de esto es cuestionable. Pero como demuestran estos 200 años de vida republicana, el que la Constitución reconozca más derechos, no ha cambiado la situación de desigualdad y miseria en la que millones de peruanos y peruanas del campo y la ciudad vivimos.

Nosotros planteamos, por eso, que democratizar la sociedad comienza por transformar las bases económicas sobre las que se asienta el país, comenzando por conquistar nuestra segunda y verdadera independencia del dominio imperialista. Esto es, una Constitución que dictamine:

1.    Recuperar nuestros recursos naturales para recuperar nuestra soberanía: nacionalización (expropiación) sin indemnización de las mineras, petroleras, gasíferas, pesqueras y forestales, bajo control de sus trabajadores. Desconocimiento de la deuda pública.

2.    Garantizar el trabajo: prohibición de los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta de labores. Expropiación de las empresas que despidan. Fin a los contratos modales, tercerización, services y contratas ¡Estabilidad laboral!

3.    Jubilación universal: sistema de pensiones único, público financiado con impuestos a las grandes empresas.

4.    Revolución agraria: expropiación de las agroindustrias y distribución de las tierras entre quienes la trabajan. Tecnificación de la producción del campo. Crédito garantizado por el Estado.

5.    Fin a la violencia contra la mujer: derecho a la autodefensa de las mujeres contra la violencia machista. Igualdad salarial, educación sexual científica y laica desde las escuelas, financiamiento con impuestos a las grandes empresas de un plan de entrega de métodos anticonceptivos gratuitos a toda persona en edad reproductiva. Derecho al aborto seguro, libre y gratuito.

6.    Expansión de los derechos democráticos: Consulta previa vinculante y reconocimiento del derecho a la autodeterminación para los pueblos originarios. Derecho a la

7.    Democratización del Estado: elección popular de todos los cargos públicos, incluidos jueces y magistrados. Derecho a revocar a todos los funcionarios elegidos en cualquier momento. Salario igual al de los maestros y maestras de escuela pública para todos los funcionarios. Reconocimiento del derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares.

8.    Pleno financiamiento de la salud y la educación: impuestos a las riquezas y las ganancias de las grandes empresas. Nacionalización de la banca.

Estas, y muchas otras nacidas de las necesidades urgentes del pueblo trabajador y pobre, deben ser las banderas de una constituyente por la cual salir a luchar. Y son las banderas que ni Castillo, ni la izquierda reformista, levantan.

Por eso, una nueva Constitución solo puede venir de la mano de la lucha, de la movilización general del pueblo trabajador. Debe nacer de un gran paro nacional combativo, en la perspectiva de la huelga general de todo el pueblo, como demostró el poderoso paro del 19 de julio de 1977, que derrotó a la dictadura militar y la obligó a convocar a la Asamblea Constituyente, o como ahora ha hecho el pueblo chileno, que en base a su movilización ha arrancado esa misma convocatoria, abriendo paso a que participen de la Constituyente nuevas organizaciones, distintas a los partidos tradicionales del régimen democrático corrupto. Lo mismo ocurrió aquí con el FOCEP, por ejemplo, en el 1978.

Segunda ola acelera el genocidio

Por Mauricio Meka

La vida de los trabajadores y de los más pobres en este país sigue valiendo nada para este gobierno. La segunda ola alcanzó un nuevo récord, más de mil fallecidos por día, según Sinadef. Día a día cada quien enfrenta la pandemia como puede, jugando la vida como quien lanza una moneda al aire, mientras Sagasti se sigue escudando en ser un gobierno transitorio y los presidenciables no garantizan un cambio sustancial en la política genocida que se viene aplicando.

Impacto de la segunda ola

La cifra de muertos sobrepaso cualquier pronóstico catastrófico. Según Sinadef abril ha sido el mes con más fallecidos hasta el momento (25 mil decesos) superando el mes de marzo (22 mil). Hasta diciembre del 2020 se calculaban 94 mil fallecidos entre confirmados y con síntomas compatibles con el coronavirus; sin embargo 5 meses después la cifra se ha elevado a 172 mil muertos según los registros del Sinadef, es decir más 70 mil decesos solo en 5 meses, ese es el impacto real de la segunda ola. En tanto la cifra del Ministerio de Salud de fallecidos por covid es de 67 mil.

Frente a esto los expertos apuntan a que las variantes del virus (brasileña e inglesa) ha sido un factor importante en el aumento de muertes, al que hay que agregar la pésima gestión estatal y las campañas electorales. Por otro lado, el desfase entre los reportes del Minsa y el Sinadef, nos indica que muchas personas han fallecido en sus casas, sin recibir atención médica oportuna, o simplemente porque no encuentran una cama para hospitalizarse.

¿Solo falló el Estado?

Marzo había sido el peor mes desde que inicio la pandemia, ante eso Sagasti dijo en abril que: “la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado”, debido a que no se aprovechó la bonanza económica para invertir en el sistema de salud y que ahora se ve los fatídicos resultados.

Lo que Sagasti no dirá, es que el fracaso del Estado para atender la pandemia es principalmente por el modelo económico y las políticas en beneficio de los grandes capitales. La privatización de la salud, que permitió la creación de grandes monopolios y por lo cual se elevaron los precios de las medicinas y de la atención médica, sumado al abandono de los diferentes gobiernos que desfinanciaron el sistema nacional de salud, y a la precarización del trabajo que nos lleva a tener cerca del 80% de la PEA en una situación de informalidad, son las verdaderas razones de esta catástrofe que estamos padeciendo hoy y por tanto el fracaso de este modelo económico.

¿Cuáles son las prioridades?

A lo dicho en el anterior párrafo hay que añadir que otra razón importante es que tanto para Vizcarra como Sagasti la prioridad no ha sido atender salud sino reactivación los negocios empresariales. Eso ha significado que la estrategia para enfrentar la pandemia fue y sigue siendo errónea como señalan los expertos. En ese sentido, las declaraciones del médico intensivista Jesús Valverde son contundentes: “No tenemos un sistema de atención primario que se enfoque en la detección temprana para grupos de riesgo o con comorbilidades o en el suministro oportuno de oxígeno. En un segundo nivel tampoco existe. A pesar de que ha pasado más de un año de pandemia, el sistema de salud aún no se ha reorganizado. No se ha creado ni reforzado una gestión piramidal, con una base ancha en un primer nivel de atención. No tenemos ninguna contención y eso genera que el tercer nivel colapse. Lo otro es que no tenemos suficiente recurso humano especializado en medicina intensiva”.

Tomar como prioridad la reactivación económica también ha significado relajar las restricciones de movilidad social, que permitían tener un mejor control y rastreo del virus. El mismo gobierno y la presión empresarial han bombardeado con su ideología “pro reactivación” la conciencia de los trabajadores y de los pobres. Aprovechándose de la necesidad de millones peruanos en situación de informalidad, que sobreviven solo trabajando el día a día, dinamitaron la cuarentena. Y con ello nos han hecho renunciar a la exigencia de bonos para poder quedarnos en casa y acabar con los contagios y muertes, y también nos han hecho normalizar la pandemia al permitir la reapertura de centros comerciales, gimnasios, restaurantes, etc., creando una falsa sensación de que la situación mejoraba y estaba controlada. En tanto no volvamos a una cuarentena estricta con bonos de acorde a la canasta básica familiar seguiremos enterrando y llorando a nuestros seres queridos.

Vacunación a paso de tortuga

Frente a la pésima gestión del gobierno, la única medida que podría inmunizarnos frente al virus sigue siendo la vacuna. El gobierno de Sagasti saca pecho frente al proceso de vacunación, y si bien ha disminuido la tasa de decesos en personas mayores de 70 años, lo cual sin dudas significa un alivio en relación a nuestros abuelos, el ritmo de vacunación sigue siendo deficiente. 

Según Rodrigo Parra, ingeniero y analista de datos, para poder alcanzar a inmunizar a toda la población mayor de 18 años tendría que aplicarse 100 mil vacunas diarias, y aunque el ritmo de vacunación aumentó, sigue siendo poco, muy por debajo de ese promedio. La vacunación depende de la llegada de los lotes de vacunas.

Un plan alternativo a la masacre

En síntesis, hemos visto que el virus no afecta a todos por igual y que es necesario un plan alternativo que coloque como prioridad la vida de los trabajadores y los más pobres y no los intereses de los grandes capitales.

La necesidad de que esta terrible realidad cambie es urgente y no puede postergarse para 28 de julio con un nuevo gobierno, es ahora que necesitamos movilizarnos para conquistar nuestras demandas más urgentes.

RECUADRO

Promesas de Castillo y Fujimori

Las luces de los reflectores apuntan hacia un proceso electoral polarizado, dejando en segundo plano a la segunda ola de la pandemia que ha sido más terrible que la primera.

Durante la 1ra vuelta los presidenciables compartían dos cosas; su oposición a establecer cuarentenas y la necesidad de trabajar de la mano del sector empresarial para enfrentar la pandemia. Para esta segunda vuelta han desarrollado más sus propuestas en relación a este tema, no obstante, ambos planteamientos no garantizan un cambio sustancial de la masacre que vivimos.

¿Por qué?

En esta edición como en anteriores hemos procurado explicar las consecuencias de la aplicación del modelo económico neoliberal, tanto en el ámbito de la salud como en lo socio-laboral, así también hemos señalado a los gobiernos que lo aplicaron sin miramientos y con violencia ejercida desde el Estado. Y que la llegada del covid-19 ha desnudado las brechas sociales y estructurales que hay en el país producidas por estos elementos, generando hasta el momento el mayor registro de muertos en 200 años de vida republicana.

Entonces cuando Castillo nos dice en su “Plan Bicentenario” que no va a nacionalizar nada o que el impuesto a las sobreganancias está condicionado a un diálogo con los empresarios, debemos entender que realmente no cambiara el modelo económico y que sus propuestas de atención de la emergencia caerán en saco roto pues no hay forma de financiar cualquier medida de atención de la pandemia sin expropiarle a los empresarios las minas, las clínicas, las farmacéuticas, las plantas de oxígeno.

Y ni que hablar de Keiko, ella representa la garantía empresarial de la continuidad del modelo económico. Y es que Keiko es la heredera de quien iniciara el neoliberalismo en el Perú con métodos de terrorismo de Estado.

¡CERREMOS EL PASO AL FUJIMORISMO, LA CORRUPCIÓN, LA EXPLOTACIÓN Y EL SAQUEO DE NUESTRAS RIQUEZAS!

Los resultados de la primera vuelta del 11 de abril han mostrado el hartazgo de una enorme mayoría de la población que no asistió a votar, votó en blanco o viciado, o que tomó la candidatura de Pedro Castillo para expresar su rechazo a un sistema que empobrece, que margina y que mata a través de múltiples medios:

  • El abandono y marginación social agravados en las últimas décadas;
  • regímenes sobreexplotación en fábricas, minas y explotaciones agrícolas;
  • empresarios con carta libre para despedir y aplicar suspensión perfecta de labores;
  • congelamiento de remuneraciones y tercerización en el sector público;
  • abandono de los trabajadores cesados por cierres de actividades por pandemia,
  • imposición abusiva de proyectos extractivos;
  • corrupción desde el más alto nivel roba sistemáticamente los recursos nacionales.
  • Y, como remate de todo eso, una política de gobierno frente a la pandemia que viene causando un verdadero genocidio con más de 150 mil muertos y que sigue en ascenso.

Mientras los candidatos pedían el voto la gente abarrotaba las plantas de oxígeno, y sus parientes agonizaban en sus casas o en hospitales colapsados, clamando por una cama UCI.

Los resultados de la primera son una derrota para la patronal y el imperialismo a través de la pobre votación de los candidatos que más defienden el plan económico.

El voto castigo fue para los responsables de la política genocida frente a la pandemia, Vizcarra y Sagasti, lo que se refleja en la ínfima votación del Partido Morado y Somos Perú. El Frente Amplio pagó el costo político de haber ayudado a formar el gobierno Sagasti y sostenerlo desde el Congreso.

El frente de partidos agrupados en Juntos por el Perú y su candidata Verónika Mendoza, fueron víctimas de su política de adaptación y su renuncia a la impulsar la lucha de la clase trabajadora y el pueblo los distanció del profundo sentimiento popular de indignación.

La derecha buscó capitalizar el desastre del gobierno, pero ni su demagogia y ni su campaña de “terruqueo” le alcanzó para mucho. La candidata del fujimorismo, la que cuenta con más rechazo, pasó a la segunda vuelta con menos del 8% del electorado.

Lo que está en juego en la segunda vuelta

La posibilidad de que Keyko Fujimori sea gobierno ha encendido las alertas en el movimiento obrero y popular y organizaciones democráticas, no solo porque ella es la heredera política de la dictadura corrupta, criminal y genocida de la década de los noventa, que amenaza reproducir el autoritarismo para profundizar el plan, sino que además para la Fiscalía ella lidera una organización criminal de lavado de activos, receptora de millonarios aportes clandestinos de grandes corporaciones y cómplice en la corrupción del caso Odebrecht.

Por otro lado, Pedro Castillo, que logró captar un amplio voto rechazo en la primera vuelta, ahora canalizará el voto repudio al fujimorismo que incluye a importantes sectores de masas en Lima, y en esa medida tiene la posibilidad de ganar la segunda vuelta y hacer gobierno.

De concretarse sería una derrota de la burguesía y el imperialismo y su plan neoliberal, que junto con los partidos patronales han cerrado filas con la candidata fujimorista, como el PPC y el ultraderechista López Aliaga, y hasta la burguesía liberal que lidera Mario Vargas Llosa han anunciado que harán lo que juraron que nunca harían: votar y apoyar la candidatura de Keyko Fujimori y blindar el sistema de saqueo, explotación, abuso, miseria y corrupción que impera en el país. Sería también la derrota del “terruqueo” y la criminalización de las luchas sociales.

Sin embargo, no es solo eso lo que está en juego para las masas trabajadoras. El genocidio que genera la política del gobierno sigue siendo el principal flagelo que exige una respuesta urgente.

Y no hay forma de acabar con esta pandemia que con medidas de contención que impida que los trabajadores sigan contagiándose y muriendo en las minas, fábricas y explotaciones agrícolas, pero sin condenar al hambre a la población; con un monitoreo activo de enfermos y con una expansión de la capacidad hospitalaria por lo menos al doble de la actual. Si siguen las condiciones actuales habrá 50 mil muertos más hasta la segunda vuelta y 100 mil hasta el cambio de gobierno.

Por eso no basta una definición electoral para la segunda vuelta. Para el pueblo trabajador es indispensable organizarse para imponer con su lucha aquello que no vendrá con las elecciones: salidas urgentes a las demandas en salud, trabajo, salarios, alimentación, educación.

El PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES no comparte el programa de gobierno del partido Perú Libre ni del candidato Pedro Castillo ni el método para conseguir las propuestas aisladas que podrían tener un carácter progresivo como el derecho democrático del pueblo a un nuevo orden constitucional opuesto al neoliberalismo, pues al margen de la lucha del pueblo organizado no son más que promesas demagógicas.

Tampoco podemos callar nuestro rechazo a sus propuestas frente a la pandemia de acabar con toda cuarentena y oponerse al impuesto a la riqueza porque eso, so pretexto de reactivar la economía tal como lo dice el gobierno y el fujimorismo, llevaría a generalizar los contagios, la emergencia sanitaria y las muertes.

El PST acompañará en la experiencia del voto del movimiento obrero y popular para impedir el retorno del fujimorismo, pero sin depositar ninguna ilusión en nada que no sea la movilización independiente de las organizaciones obreras y populares, única garantía que tenemos de imponer nuestras más urgentes demandas:

  1. Impuestos inmediatos a las grandes empresas (industrias, minas, bancos) y fortunas para financiar las medidas urgentes para hacer frente a la pandemia.
  2. Expropiación de las clínicas y grandes hoteles para implementar camas UCI al servicio de la emergencia. Contratación de personal intensivista suficiente.
  3. Prohibición de despidos y ceses colectivos. Reposición de todos los despedidos y despedidas. Basta de suspensión perfecta, reintegro de los salarios que no se abonaron durante el periodo de suspensión.
  4. Solución inmediata a los pliegos de reclamos presentados por los sindicatos.
  5. Plan de emergencia de obras de saneamiento (luz, agua, desagüe e internet) en los barrios y distritos populares.
  6. Medidas de aislamiento social y cuarentena general con salario universal para todos los trabajadores parados igual a la canasta básica de consumo mientras dure la emergencia.
  7. Entrega gratuita de víveres y financiamiento estatal al 100% de los requerimientos de los comedores populares y ollas comunes de los barrios.

Será en el camino de la lucha por estas reivindicaciones que lograremos cerrarle el paso al fujimorismo, al empresariado, a la corrupción y al saqueo imperialista de nuestras riquezas.

CONTRA FUJIMORI, SAGASTI, EL GENOCIDIO Y LOS DESPIDOS NO BASTA VOTAR… ¡HAY QUE LUCHAR!

Gobierno y empresas imponen genocidio y el «sálvese quien pueda» ($)

Es un verdadero genocidio lo que está ocurriendo en el país producto de la política del gobierno, con casi 110 mil fallecidos atribuibles al covid y picos de 1,000 muertes por día en medio de las más terribles condiciones sanitarias; en ningún lugar del mundo el coronavirus es tan letal como en el Perú que tiene la cifra récord de 3,300 muertes por millón de habitantes. El gobierno y el empresariado crearon las condiciones para este cuadro de horror, sufrimiento y muerte, y están imponiendo la ley del sálvese quien pueda.

La segunda ola de la pandemia no ha sido un hecho impredecible. Desde octubre 2020 los técnicos del Minsa mostraron los escenarios esperables, señalando que habría como mínimo 811,363 contagiados, 4,925 enfermos en UCI y el número de fallecimientos llegaría a 743 por día, cifra ya largamente superada.

Medidas del gobierno y las empresas causaron genocidio

Pese a esa advertencia, desde el gobierno de Vizcarra se comenzó a desmontar el precario sistema sanitario y Sagasti continuó haciéndolo desde noviembre, con la falsa e interesada idea alentada desde la Confiep de que en Perú no iba a haber segunda ola.

Es principalmente debido a ese consenso entre gobierno y empresariado que se redujo la capacidad hospitalaria, se despidió personal médico, se enfriaron los proyectos de abastecimiento de oxígeno, se des priorizó la adquisición de vacunas mientras al mismo tiempo relajaban las medidas de aislamiento social, creando la “tormenta perfecta” que comenzó a desatarse desde finales de diciembre.

Solo cuando el número de muertos por covid alcanzó los 500 por día y la demanda de oxígeno generó un déficit de más de 110 toneladas por día, el gobierno volvió a las restricciones con cuarentenas focalizadas que en realidad fueron una coladera para los contagios y con un bono más irrisorio que comenzó a repartirse recién pasadas tres semanas.

Finalmente, ya ni la farsa de cuarentena queda, pues el gobierno ha relajado más las restricciones en las provincias de riesgo extremo justo en los momentos en que la segunda ola se encuentra en plena fase de escalamiento.

La política del gobierno es de una criminal inoperancia a pesar de que la emergencia nacional justifica tomar medidas que permitan volcar todos los recursos nacionales, públicos y privados (clínicas, hoteles, plantas de oxígeno, etc.) al combate a la pandemia. Desde Vizcarra hasta Sagasti el gobierno ha hecho todo lo contrario; para las grandes empresas todo ha sido concesiones, relajamiento de protocolos, crédito barato con el aval del estado, libre especulación en el negocio de las clínicas, las medicinas, en especial en el oxígeno. Ningún impuesto especial a la riqueza ha sido creado, ningún interés privado ha sido tocado.

Por eso los altos funcionarios del gobierno y empresarios, conocedores del desastre que estaban creando, usaron en secreto su influencia para salvarse a sí mismos con las vacunas VIP, lo que ahora es otro repugnante escándalo de corrupción. Pero ojo, es la incapacidad y la corrupción de un gobierno de la clase capitalista, que pone sus intereses (el de los gobernantes y de los empresarios) por encima de la vida de la población nacional.

En ese mismo tiempo, sin miramientos, se llevó a la pobreza a millones de trabajadores informales sin derechos sociales, y también del sector formal a través de la suspensión perfecta y los ceses colectivos, y los trabajadores de sectores no prioritarios como el turismo sin ningún tipo de compensación. Estos trabajadores hoy pelean por sobrevivir desafiando y enfrentando las restricciones.

A eso se suma la crisis del oxígeno, que está empobreciendo a muchas familias que tienen que pagar por un oxígeno diez veces más caro, o llevar a sus enfermos a establecimientos privados, o atenderlos en sus casas pagando médicos con su peculio.

Desde todo punto de vista es un brutal ataque del gobierno y la patronal a la economía y a la vida de población nacional, en particular a los que menos tienen. Y esto no tiene cuándo parar.

Gobierno rumbo a otro desastre: demora de la vacunación

El gobierno no fue capaz de conseguir las vacunas con la urgencia del caso y ahora el país se encuentra en una larga lista de espera en el marco de grandes problemas de abastecimiento mundial; hasta el momento solo se cuenta con 1 millón de dosis. Pero además de eso, el gobierno no está preparando las condiciones para hacer posible que las dosis se apliquen en el tiempo más corto.

Valga la comparación: mientras el país vecino Chile ha aplicado más de 3 millones de dosis de vacuna desde el primer día del año a ritmo de 55,500 por día, en el Perú la vacunación empezó el 10 de febrero y solo llega a poco más de 200 mil dosis, en promedio 15,000 por día; a ese paso pasarán siete años para vacunar a 25 millones de personas. Los expertos en este tema que son los enfermeros reclaman como decisión estratégica la contratación y formación de personal especializado pero el gobierno se niega hacerlo.

La fábula del empresario “solidario” y “generoso”

Después de un año pandemia y 110 mil muertos el empresariado quiere vender una imagen de “solidario” y “generoso”, que dona oxígeno y hasta ofrece una vacunación masiva. Si el empresariado realmente estuviera interesado en salvar a los peruanos del covid, no habría expuesto al contagio a tantos trabajadores en minas, plantaciones, fábricas causando un número elevado de enfermos graves y muertos; y no hubieran esperado un año para donar oxígenos. 

Por otro lado, alentar la privatización de la vacuna es, sobre todo, aceptar que no habrá plan de vacunación pública, gratuita y acelerada para todos los peruanos, con prioridades que sigan criterios epidemiológicos. Los trabajadores y la mayoría nacional son los que pierden con esa inaceptable capitulación que es parte del “sálvense quien pueda”.

Cómo creer que los empresarios buscarán vacunar gratuitamente a todos los trabajadores, a sus familias e incluso a otros trabajadores del sector informal. ¿Lo harán con la misma “generosidad” de Telefónica que le roba al país con impuestos que no pagan, y después con la complicidad del Tribunal Constitucional consigue disolver millonarias deudas tributarias?

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del ministro de salud que se suma a las de varios candidatos en campaña electoral, a eso pareciera dirigirse el consenso entre los de arriba. Pero eso, al final de cuentas, solo consumaría otra catástrofe nacional.

Las elecciones y la crisis

La llegada de la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción han tenido impacto en los conflictos sociales, pero el descontento social sigue y crece ante el pésimo manejo de la pandemia, el empobrecimiento por pérdida de trabajos, la falta de apoyo del Estado y los incesantes casos de corrupción, y ese clima social comienza a manifestarse indirectamente a través del proceso electoral con tendencias muy cambiantes.

Existe una desconfianza generalizadas frente a las elecciones porque los candidatos forman parte del mismo sistema de partidos que ha llevado al país donde se encuentra actualmente. La farsa de nuevas gestas (Vizcarra, por ejemplo) terminó develándose como parte de la misma podredumbre.

Si el 14 de noviembre la gran movilización nacional contra el gobierno Merino fortaleció a los sectores burgueses de derecha y de izquierda que alientan una democratización solo de nombre, en contra de la derecha más reaccionaria, ahora el destape de la corrupción de Vizcarra y el desastroso gobierno que viene haciendo Sagasti han debilitado a los primeros, y los sectores de ultraderecha ve alguna oportunidad de fortalecerse.

El Partido Morado y el Frente Amplio, gestores de la formación del actual gobierno, aparecen como castigados muy abajo en las encuestas electorales. Juntos por el Perú, cercano a este grupo, hasta ahora no despega como sí lo ha hecho Acción Popular, el partido de Merino.

Una vez más los partidos en carrera electoral que se reclaman de izquierda, y que cuentan con el respaldo de la burocracia sindical, terminan empujando el coche de partidos patronales con la falsa lógica del mal menor, la lucha antikeyko y contra el golpismo. En el 2011 fue Humala, en el 2016 fue PPK, en el 2018 Vizcarra y en el 2020 Sagasti.

La política desmovilizadora de las luchas del 14N y de la huelga general del campo no solo priva a la clase trabajadora de una gran oportunidad de lucha nacional por demandas que incluyen el derecho a la vida, sino que termina favoreciendo el avance de posiciones más reaccionarias. La clase trabajadora solo pierde con ese destino, sus posibilidades siguen estando en el camino de la lucha con una política de independencia de clase.

Por vacunas para todos, ¡ya!

En momentos que miles sufren y mueren por la pandemia del covid, estalla el escándalo de la vacunación clandestina de medio millar de funcionarios del Estado encabezados por Vizcarra y Mazzetti, mostrando que la corrupción de los gobernantes es ilimitada y no tienen cuando acabar. En tanto, nuestro martirio se convierte en una larga agonía y nos demanda luchar por una verdadera salida que salve nuestras vidas, entre las cuales la clave es conseguir la pronta adquisición de dosis suficientes de vacunas y su suministro gratuito a toda la población.

Días terribles son los que vivimos en esta segunda ola del covid. Desde que empezó a fines de diciembre, en pocas semanas superó todos los records de contagios y muertes de la primera ola, y desde hace mucho que no contamos con implementos básicos para atender la enfermedad, como camas UCI, y aún peor ni siquiera hay oxígeno medicinal, y tenemos que ver el drama diario de familiares, amigos y gente desesperada buscando este insumo esencial para atender a sus enfermos.

La segunda ola era inevitable. El MINSA había anunciado que vendría y mostró los escenarios donde –en el caso más benigno– preveía la situación que estamos viviendo. Sin embargo, nada hizo para contenerla. Al contrario –bajo Vizcarra y Sagasti– desmontó lo poco que había construido durante la brutal pandemia del año pasado, y encima aplicó un tijerazo sobre el 50% del presupuesto del sector (echaron al personal contratado, dejaron de adquirir equipos), dejándonos inermes ante el retorno agresivo del virus.

Pero más escandaloso es la parálisis e ineptitud del Gobierno de Sagasti para responder a las urgencias de la hora. No ha decretado un confinamiento estricto que es la única forma de parar la propagación de los contagios. No compra camas UCI ni contrata personal especializado. En fin, no pone en pie ningún plan de contención de la pandemia, y ahora levanta las restricciones que estableció en febrero porque no evitan la propagación y solo mata de hambre al pueblo pobre.

Lo peor es que no resuelve la dramática escasez de oxígeno medicinal por la que miles están muriendo. Para obtener oxígeno medicinal solo se debe intervenir y direccionar la actividad de un grupo de empresas con capacidad de producirlo, pero no se hace porque prioriza la actividad privada sobre la vida.

Antes que la vida, las ganancias

Este es el concepto que guía la política del gobierno y la que produce el actual genocidio. Sagasti inauguró su Gobierno con un gabinete cuyo ministro de Economía, Waldo Mendoza, tenía el mérito haber “demostrado” que no habría segunda ola, y que negaba su existencia incluso cuando era ya una realidad. Un negacionismo que no es casual porque es fabricado por los voceros empresariales por miserables intereses económicos, y que aun defienden cuando la pandemia desata toda su ferocidad. Ese mismo ministro hoy, en nombre del Gobierno, se ufana de que la economía apenas sufra un “bachecito” y no cuenta la montaña de muertos que tenemos que pagar por ello.

El campamento minero de Marcona es una muestra de los escenarios de tragedia que produce esta política oficial. Shougang no detuvo un solo minuto su producción, en tanto el contagio se expande en toda la población que desesperada enferma y muere por el covid, entre ellos muchos trabajadores mineros. Y el Gobierno y la empresa no hacen nada porque eso les está permitiendo ganancias, ahora favorecido por el alza de sus precios en el mundo.

Es falso que todos seamos afectados por igual. Los que tienen dinero pueden pagar 4 mil soles por un cilindro de oxígeno y conseguir una cama UCI en una clínica privada. Pero el 50% que han sido empujado por debajo del nivel de pobreza y en la que figuran los millones de despedidos y arruinados por la política económica, es condenado a enfermar y morir en su casa como sucede estos días, incluso a morir de hambre. Es el caso de Loreto. Luego de haber sufrido la peor embestida en la primera ola cuando la gente desbordaba los hospitales y muchos morían en las calles clamando por oxígeno, y cuando se dijo que por el efecto “rebaño” ya se había “inmunizado” al 70% de la población, estos días vuelve a sufrir la misma pesadilla por la letalidad del virus.

La segunda ola en Europa fue controlada en pocas semanas con cuarentenas rígidas, y desde principios de febrero con el inicio de la vacunación ya vuelve a la normalidad. En cambio en Perú el Gobierno resolvió no hacer nada, y lo peor, sin vacuna, oxígeno ni ayuda económica. Por eso vivimos una catástrofe.

Vacunas VIP

Es por esta situación que el escándalo de las vacunas VIP cayó como una bomba desatando enorme indignación, sobre todo en los que más sufren.

Vizcarra y cerca de medio millar de su entorno inmediato tuvieron el privilegio de inmunizarse a escondidas gracias mientras morían médicos, enfermeras y personal de la primera línea. En el affaire figuran exministros y funcionarios que han seguido en el Gobierno de Sagasti, empresarios, familiares y hasta el representante del Papa en el país. Figura la que se supone era la heroína de una inexistente lucha contra la pandemia, la ministra de salud Pilar Mazzetti, que hoy se muestra mentirosa.

Nadie puede dudar hoy de que estamos como estamos debido a una política centrada en privilegiar los grandes negocios sobre la salud de la población, agravada por ineptitud y corrupción.

Sagasti ha intentado desmarcarse del escándalo apartando a los implicados y abriendo una investigación. Pero este acto es como el de las vacunas: más show que realidad. Él no puede mostrar toda la verdad y colocar en la cárcel a los culpables porque se caería su propio Gobierno y el mismo régimen. Lo mismo sucede con el Congreso, que solo apunta a castigar a Vizcarra, Mazzetti y algunos más, en un juego dirigido a obtener réditos políticos y electorales.

Ninguno de ellos va a investigar ni castigar hasta el final a los responsables del “vacunagate” como no lo han hecho en seis años desde que estalló el caso Odebrecht.

Estado podrido

El tema de las vacunas VIP es un caso más de corrupción capitalista y de sus agentes colocados en el Estado y Gobierno. Sicopharm entregó un paquete de dosis con una mascarada de “investigación” para que los miembros del Gobierno protegieran sus vidas a cambio de beneficiarla en la compra de sus vacunas. Por esa razón Vizcarra ni Sagasti compraron las vacunas a tiempo y hasta se dieron el lujo de rechazar otras ofertas de Pfizer y Sputnik. Por eso mismo el contrato con Sicopharm es secreto. Es así que el Perú es uno de los últimos que empezó a recibir vacunas y a aplicarlas, mientras países vecinos –como Chile– avanzan rápido en la inmunización de su población.

El héroe de ayer Vizcarra es un “lagarto”, sí. La Mazzetti es la hipocresía en persona, sí. Todos los inmunizados VIP son “inmorales”, sí. En plena y terrible pandemia se ha producido más de mil casos de corrupción. Todo esto ocurre porque el Estado está podrido.

El Estado es de la clase capitalista que la usa para proteger sus negocios y enriquecerse más. Con el modelo neoliberal desmantelaron y fragilizaron más al Estado para empoderar y permitir más corrupción a los capitalistas. Por eso los mayores corruptos y corruptores son los grandes grupos empresariales. Por ello los gobiernos serviles de los últimos veinte años también robaron, incluido los autoproclamados de “izquierda”.

Por eso mismo todos los que nos ofrecen “limpiar” al Estado nos venden humo porque no hay forma de arreglar lo que está podrido. La única salida es enterrar ese Estado y a la clase capitalista y reemplazarlo por uno nuevo, un Estado de los trabajadores.

Vacunas, ya

Solo ante el estallido de la indignación nacional el gobierno apura la compra de vacunas, aunque esta ahora no se presenta fácil por las condiciones leoninas de los monopolios y el acaparamiento de los países ricos. Lo que debemos demandar ahora es la pronta adquisición de suficientes dosis, y la publicación y fiscalización de los contratos. Debemos exigir también la liberación de las patentes (y que se financie la investigación y producción nacional de vacunas), oxígeno y otros equipamientos médicos, para no depender de los monopolios.

Ahora la CONFIEP quiere meter mano en las vacunas. Ella, que solo tiene ojos para sus ganancias, tiene la mayor responsabilidad en la crisis. Pero se lavan las manos y le atribuyen toda la responsabilidad al Gobierno y el Estado. Lo hacen mientras tratan de mostrarse generosos regalando oxígeno, mientras con la actividad empresarial promueven los contagios y muertes. Ahora ofrecen traer la vacuna. Pero la verdad es que están desesperados por inmunizar ya a todos los que le garantizan la producción de sus ganancias, al mismo tiempo que pretenden abrir las puertas de otro suculento negocio con la vacunación privada.

Es cierto que, además de la compra, hay un grave problema con la organización de la vacunación. El gobierno ofrece vacunar entre 10 y 11 millones hasta julio e inmunizar al 70% hacia fines de año. Pero está vacunando a un promedio de 15 mil diarios, lo que significa que la inmunización de toda la población se terminará en diez años, y eso que se necesitan dos dosis y que es una inmunización que deberá renovarse al menos cada año. Así es imposible que la haga.

La ineptitud del Gobierno no puede llevarlo a renunciar a su responsabilidad entregando dicha labor al negocio de privados. En su debilidad, Sagasti suelta su tarea. Lo que debe hacer es convocar a todos los recursos humanos y a disponer de todos los recursos de los privados para resolverlo, y en ella la clase trabajadora debe comprometer sus activos para poner manos a la obra. No aceptemos seguir muriendo por la corrupción e incapacidad de la élite gobernante. ¡Basta de genocidio!

Y hay que actuar para poner en pie a la clase trabajadora y a las organizaciones populares para luchar ahora por un programa de solución a los inmensos déficits del sistema sanitario y por las demandas sociales. Nuestras vidas importan, más que las ganancias capitalistas.