¿Castillo es el “Evo” peruano?

A PROPÓSITO DE LA VISITA DE EVO MORALES AL PERÚ

La presencia de Evo Morales en el país despertó la ira de la derecha política y sus medios de comunicación, al tiempo que acrecentó la confusión entre la vanguardia, de la mano del discurso de los dirigentes de la CGTP, la FENATEP y de la izquierda que idealizan a Evo y su gobierno, al que han llegado a motejar de “socialista”.

Ambos sectores, sin embargo, intentan dar a entender, desde posturas distintas, que Castillo podría seguir el derrotero de Evo… ¿Es esto posible?

Contextos distintos
Más allá de la información interesada de los noticieros o las columnas encendidas en las páginas de la prensa escrita, Evo y Castillo claramente son producto de procesos distintos.

La elección de Evo Morales ocurrió después de un ciclo de rebeliones populares entre los años 2000 y 2005, que marcaron profundamente la historia reciente boliviana.
La primera fue la “Guerra del Agua”, como se conoce la revuelta popular en la ciudad de Cochabamba, en el año 2000, que derrotó el proceso de privatización del agua y expulsó a una empresa transnacional francesa.

En octubre de 2003, el pueblo boliviano protagonizó otra revuelta popular en defensa de los recursos naturales, brutalmente reprimida por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (“Goni”), causando la muerte de aproximadamente 65 personas. Las jornadas de octubre de 2003 o “Guerra del Gas”, provocó el derrocamiento de “Goni”.

En mayo y junio de 2005, los bolivianos y bolivianas volvieron a las calles, ahora contra el presidente Carlos Mesa, sucesor interino de “Goni”. Entre las reivindicaciones, que unificaron a indígenas, campesinos, obreros y sectores de la clase media urbana, estaban la lucha contra la privatización del agua, la nacionalización e industrialización de los recursos naturales (gas, petróleo y minas) y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Las masas bolivianas, volvieron a triunfar en las calles: echaron a Mesa.

En ese contexto, Evo Morales y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), aparecieron como dirección de las masas en lucha. En diciembre de 2005, ganó las elecciones en primera vuelta, con el 54% de los votos válidos y obteniendo, además, la mayoría absoluta en el parlamento.

Proceso muy diferente al que ha llevado a la victoria de Castillo, que en la primera vuelta logró el 19% de los votos válidos. Un candidato que, más allá de haber liderado la huelga magisterial de 2017, era prácticamente un desconocido, sin relación con las luchas de noviembre pasado, ni con la de los jornaleros y jornaleras del campo, de diciembre – enero último. De ahí que su bancada sea la primera minoría en el parlamento, obligada a hacer acuerdos con otras agrupaciones.

De ahí que, a diferencia de Evo, que de inmediato se vio en la obligación de responder a las aspiraciones populares que habían echado abajo a dos gobiernos demandando la nacionalización -en el pozo- del gas boliviano, lo que en los hechos fue un mecanismo de renegociación con las petroleras privadas que siguieron operando, pero pagando más impuestos, Castillo comience el gobierno ante el cargamontón de la patronal, la derecha política y sus medios de comunicación, sin dictar ninguna norma trascendental para la economía del país.

¿Bolivia es socialista?
Sin embargo, lo más peligroso para la clase trabajadora, por la confusión que provoca en su conciencia, es identificar a Bolivia y su gobierno – el de Evo, primero, y ahora el de Arce- como “socialista”.

Sería un error identificar la economía de un país como “socialista” o, peor aún, “comunista”, solo por el nombre del partido que lo gobierna: En Chile gobernó, entre 2006 y 2010, primero, y entre 2014 y 2018, después, Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista de Chile. Y sin embargo, nadie podría acusar a dicho país, “ejemplo” de las “bondades” del liberalismo económico, de ser socialista.

En Bolivia, el partido de gobierno es el “Movimiento al Socialismo”. La organización, que reivindica el “buen vivir” como propósito, no tiene entre sus medidas concretas, sin embargo, ninguna que lleve a romper con la lógica y las reglas del mercado, para pasar a planificar la economía boliviana. Por el contrario, el gobierno del MAS, con Evo a la cabeza, ha sido responsable de medidas de ajuste contra el pueblo trabajador y pobre de Bolivia.
Además de reprimir en más de una oportunidad las luchas de los trabajadores mineros de las empresas estatales (2007, 2015), pactó con la burguesía reaccionaria de la “media luna” una Constitución (2007) que en lo fundamental, dejó intactos los intereses de los latifundistas cruceños y las transnacionales mineras y petroleras. Más aún, intentó, primero, imponer un gasolinazo del 82%, que el pueblo bolivianos rechazó en las calles (2011), para luego subvencionar a las petroleras -con el dinero del pueblo boliviano- para asegurar sus ganancias…

De ahí que la economía boliviana dependa tanto o más de la inversión extranjera directa, esto es, de que las transnacionales inviertan en su país -y por supuesto, saqueen sus riquezas y exploten a sus trabajadores – que nosotros. Su economía es primario-exportadora. Se basa en la exportación de gas natural, minerales (estaño, antimonio, plomo, plata, zinc y oro) y productos provenientes de la agroindustria, principalmente la soya, dominada por capitales brasileños.
Su tasa de desempleo es de 5,6%, sin embargo en la actualidad la informalidad laboral alcanza al 85% de personas. Cifra idéntica a la de nuestro país.

Nada de esto es culpa del “socialismo”. Por el contrario, es la consecuencia de no haber roto con el capitalismo, no haber tomado control del aparato productivo, ni haber planificado la economía y, por el contrario, haber garantizado las ganancias capitalistas contra las necesidades del propio pueblo trabajador.

Solo dos cosas los une
Por eso, a nuestro entender, solo dos cosas unen a Castillo y a Morales: la primera, el odio que le profesan la patronal, sus partidos y sus medios de comunicación, para los cuales tenerlos como presidentes en sus respectivos países es como tener una astilla clavada bajo las uñas.

La segunda, que ninguno de los dos ha aplicado, o aplica, un plan de ruptura con el capitalismo. Y por el contrario, mientras buscan controlar y apaciguar al movimiento de masas, con políticas “sociales” que “cambian algo” para que no cambie nada, tuvo, uno, y tiene, el otro, la obligación de aplicar medidas contra los sectores obreros populares en único beneficio de las grandes empresas, locales y transnacionales.

¿Cómo hacer frente a la “derecha”?

foto: facebook de la Sociedad Patriotas del Perú

Por Víctor Montes

Para nadie es novedad afirmar que los medios de comunicación vienen desarrollando una campaña política colosal para arrinconar y desgastar a Castillo.

Por su parte, sectores de la derecha política, que incluyen al fujimorismo, aprismo, extoledistas y al PPC, continúan realizando movilizaciones demandando la vacancia presidencial y abriendo la ventana a que grupos de choque, como la llamada “insurgencia” y la fascista “Sociedad de patriotas”, aparezcan a plena luz del día.

El último episodio ha llevado a la renuncia del ministro de relaciones exteriores, acorralado por la Marina y los medios de comunicación ante declaraciones suyas en las que acusaba a dicha fuerza armada de haber propiciado atentados terroristas contra buques cubanos durante el gobierno de Velasco.

¿Cómo “enfrenta” Castillo esta ofensiva?

Como muestra la renuncia de Béjar, abandonado a su suerte por el consejo de ministros, el gobierno está dispuesto a ceder ante el “cargamontón” de la patronal, sus partidos y medios de comunicación. Su objetivo: “tranquilizarlos”, mostrando su buena voluntad, a cambio de mantenerse en el gobierno.

Por eso aseguró a Francke en el MEF. Francke, que es conocido por provenir de la “izquierda”, se ha convertido en el principal garante de la continuidad del plan económico. De ahí que fuera él quien se encargue de conversar con el empresariado – antes de la proclamación de Castillo – y luego, de asegurar la continuidad de Velarde, hombre fuerte de los empresarios en el BCRP y exigencia innegociable de la patronal.

Las direcciones se han puesto al servicio de esa política de “apaciguamiento”

Por otra parte, la dirigencia de la CGTP y los partidos de izquierda que apoyan al gobierno (PC-Unidad, Patria Roja, Nuevo Perú…), así como por los sectores ligados al antiguo CONARE-SUTEP, que ahora dirigen la recientemente reconocida FENATEP, siguen esta misma línea y evitan encabezar la movilización obrera y popular. Esto a pesar de la falta de soluciones a las demandas obreras, magisteriales y populares, y a que el costo de vida se eleva golpeando la economía popular.

La patronal quiere más

Sin embargo esta política ya ha demostrado ser absolutamente impotente ante las pretensiones de la patronal, que entre más obtiene de Castillo, más quiere. La salida de Béjar demuestra en los hechos que Castillo puede acceder a modificar el gabinete Bellido. Hecho que solo envalentona a la patronal, la derecha y sus medios.

La historia, en cambio, muestra que para derrotar a la patronal que defiende con palos y sermones sus intereses, es preciso que el gobierno adopte medidas que debiliten su poder económico, que es lo que les permite imponer su voluntad política.

Es preciso salir a las calles y exigirle a Castillo que tome medidas contra el alza de la subsistencia (aumento general y control de precios), recupere nuestros recursos naturales, prohíba los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta, y convoque inmediatamente a una Asamblea Constituyente que recupere la soberanía del país.

Hay que exigir que Castillo eche del gobierno a los agentes de la patronal, comenzando por Velarde y todos los guardianes del modelo neoliberal que han colocado en el MEF, Produce, el ministerio de energía y minas, etc.

Sólo conquistando estas demandas podremos debilitar y derrotar a la clase capitalista, y abrir el camino al poder de la clase trabajadora y el pueblo con un verdadero gobierno de sus organizaciones. Fuera de estas medidas, que deben ser las primeras para hacer frente a la patronal y la “derecha”, todo lo que diga el gobierno, es poesía.

AL FASCISMO SE LE APLASTA

La aparición de organizaciones de ultraderecha que utilizan métodos violentos para atacar a sectores obreros y populares, pone sobre la mesa de los trabajadores la necesidad de discutir nuestra autodefensa. No podemos esperar a que seamos víctimas de su accionar. Menos cuando el gobierno permite su desarrollo sin hacer nada.

No debemos dudar que, antes de que cobren fuerza, es preciso aplastar a estos movimientos. Por eso debemos prepararnos para hacer efectivo nuestro derecho a defendernos de sus ataques. Y de ser necesario, derrotarlos en el terreno de la acción.

Sin embargo es clave que también exijamos al gobierno que los reprima sin miramientos. ¡El gobierno de Castillo debe ilegalizar a “La insurgencia”, “Los combatientes” y a la “Sociedad Patriotas del Perú”! ¡Debe arrestar y procesar a quienes perpetraron acciones violentas contra entidades del Estado y funcionarios en ejercicio, y a sus líderes! hay que recordar que con el fascismo no se discute… ¡se le combate y se le aplasta!

A RETOMAR EL CAMINO DE LA LUCHA  

foto: Peru21

Por Manuel Fernández. Dirigente Obrero del PST.

En la pandemia la clase obrera sumaba fallecimientos cada día y fuimos lanzados a las fabricas para reactivar la economía, y al mismo tiempo éramos sometidos al abuso de la suspensión perfecta y los ceses colectivos que las patronales utilizaron para proteger sus ganancias.

Como era de esperarse, los reclamos salariales y pliegos de reclamos fueron postergados y echados al tacho por las patronales. Con el pretexto de la emergencia sanitaria colocaron candado a cualquier posibilidad de solución de los petitorios obreros, incluso impusieron rebajas salariales y recorte de beneficios.  

Este escenario se profundiza estos días cuando, desde el punto de vista burgués, la rentabilidad patronal se ve amenazada por lo que consideran “incertidumbre política”.

Ante esto se viene produciendo luchas en distintas bases (Leche Gloria en huelga), aunque sus efectos muchas veces son insuficientes para alcanzar las reivindicaciones.

La situación se agrava por el alza de los alimentos, el gas y los pasajes, así como los servicios básicos de luz y agua que golpean de manera directa nuestros bolsillos y esfuman la capacidad adquisitiva de los modestos salarios.

Al final, los trabajadores, que somos los que hacemos posible la producción que genera ganancias en el país, somos los más perjudicados porque cargamos con las consecuencias de las políticas que defienden el lucro patronal y de los grandes grupos de poder económico.

POR DONDE EMPIEZA LA SOLUCIÓN

Hoy la solución a nuestros principales reclamos pasa por la exigencia que debemos realizar al gobierno del presidente Castillo.  

El nuevo gobierno fue elegido con el voto popular y obrero sobre la base de la promesa de un cambio y de atención a las principales demandas acumuladas por años. Estas promesas deben ser resueltas.

Sabemos que han pasado solo algunas semanas desde que asumió, pero nos llama la atención que hasta ahora no haya dicho nada sobre los principales reclamos obreros y populares.

El aumento del salario mínimo, estancado en míseros 930 soles y devaluado cada vez por el alza del costo de vida, no es ni ha sido ningún punto de agenda de las primeras medidas del gobierno. Menos aún el letal cese colectivo y la suspensión perfecta de labores que afecta a decenas de miles de obreros, las restricciones al derecho de Huelga, la precariedad del empleo con las servis, tercerizaciones y contratos (régimen textil), la solución a los Pliegos de reclamos que son el común denominador de los reclamos sindicales de estos días, de los cuales nada se dice.

La explicación a este olvido es porque el gobierno Castillo, coloca como su prioridad brindar señales positivas y de confianza al gran empresariado y la derecha, que amenazan con la vacancia mientras consiguen que el gobierno olvide o postergue sus promesas de cambio para garantizar que sus intereses sigan intactos. Así quiere ganar “gobernabilidad”.

De ahí que la lucha por nuestras principales banderas sigue siendo una tarea que deberemos resolver nosotros mismos, con la organización y movilización unitaria de la clase obrera.

NUESTRA INDEPENDENCIA POLITICA Y DE LUCHA EN PELIGRO

Los dirigentes de las centrales sindicales y de las principales federaciones que deberían estar al frente de esta tarea, consideran que llegó el momento de ser gobierno junto a Castillo, y se posicionan como parte de él, ocupan cargos en el Estado y abandonan la necesidad de organizar y coordinar las acciones de lucha que garanticen el cumplimiento de las promesas hechas a los trabajadores.

Sin duda los trabajadores debemos posicionarnos en el campo de la unidad contra la ofensiva de la derecha y sus agentes políticos, pero sin renunciar a nuestra independencia, organización y lucha, y de coordinación para volver a las calles para que se atienda la plataforma obrera y popular que tanta falta nos hace.

Esto significa que las centrales sindicales y las principales federaciones llamadas a centralizar las luchas pendientes recuperen su independencia política respecto al gobierno.

Que se atienda las demandas de la clase obrera empezando por el aumento del salario mínimo (a 1,500 soles como propone la CGTP dese el año pasado), la derogatoria de las normas que vulneran los derechos de los trabajadores y la atención de las demandas populares (en Chumbivilcas se reinició la toma de carreteras), significa ineludiblemente cambiar el sistema de reparto de la riqueza nacional, algo que solo será posible con la lucha organizada y unitaria de los batallones de clase obrera junto al pueblo pobre.

Por ello llamamos a los dirigentes de las centrales sindicales, federaciones y sindicatos a organizar la movilización y la lucha unificada con una plataforma que incorpore las principales reivindicaciones obreras y populares que Castillo se comprometió a atender.

Es el llamado que hacemos los obreros y obreras desde el PST, en el camino de llevar estas luchas hacia la conquista de un verdadero gobierno obrero y popular.

EDITORIAL: LOS TRABAJADORES ANTE EL GOBIERNO DE CASTILLO

Presidente Castillo, junto a titular del BCR, Velarde; y el Ministro de Economía, Francke. (foto:@PedroCastilloTe)

En un reciente pronunciamiento la CGTP dice: “Caracterizamos al actual como un gobierno popular que se propone un nuevo modelo económico, político y social”, y en esa línea le ofrece el “respaldo de los trabajadores”.

En otro pronunciamiento la Federación Textil es más enfático y manifiesta su “decidido apoyo al gobierno del pueblo”.

De acuerdo a ambos gremios – y de otros dirigentes que opinan lo mismo—el de Castillo sería “nuestro” gobierno al que habría que sostener y apoyar porque de él se desprenderán las soluciones que todos anhelamos, y por las que solo debemos “esperar”. Por eso también no llaman a luchar.

Esto implica un cambio de situación. Antes siempre luchamos unidos contra el gobierno de turno que encarnaba los intereses patronales, aunque en esas luchas la CGTP se comportara de manera mediatizada, pero ahora no porque el gobierno de Castillo sería “nuestro”. ¿Cómo queda la lucha por los derechos y reivindicaciones? ¿Se postergan a la espera de que el gobierno los atienda algún día?

Es claro que estamos ante una situación donde la CGTP (y algunas direcciones de la “izquierda”) rehúyen a su responsabilidad de velar por los intereses obreros y populares para colocarse del lado de la autoridad que ahora consideran “suyo”.  Tenemos problemas graves que sería ocioso repetirlos aquí, y ahora se acrecientan (alza en los precios de las subsistencias, devaluación que deprecia los salarios), pero la CGTP no hace nada.

El gobierno de Castillo es sin duda producto de la voluntad popular que lo eligió por sus promesas de cambio y lo hizo derrotando la férrea oposición de la patronal y sus partidos. Por eso es natural que las bases simpaticen con él y sean generosos con sus desaciertos, más cuando perciben que el bando patronal y sus poderosos medios no dejan de atacarlo, lo que produce una comprensible solidaridad e identificación con él.

Esta actitud de simpatía y espera de las bases es legítima y comprensible. En cambio, el apoyo de los dirigentes de la central se hace desde la integración al Gobierno de sus partidos y desde sus cargos como ministros o funcionarios por lo que deben defender su gestión. Mientras los trabajadores siguen siendo trabajadores con reivindicaciones que defender, ellos ahora forman parte del Estado ante quien se canalizan los reclamos.

Por supuesto, para vendernos el cuento completo la central se empeña en presentarnos al Gobierno como “popular”, o si se quiere “obrero”. Pero no vemos ninguna organización popular que esté gobernando ni siendo consultada, y menos vemos a organismos obreros participando y tomando decisiones. Quien gobierna es Castillo, Perú Libre, Juntos por el Perú, Conare y sus aliados; son ellos los que toman decisiones y son los únicos responsables, no el pueblo ni los trabajadores que solo los votaron.

El de Castillo es un gobierno de la izquierda reformista surgida por el voto con la promesa cambios, nada más. Pero su promesa es una cosa y otra cosa es lo que hace. Ellos no han convocado a los trabajadores y al pueblo a movilizarse para cambiar al país sino al contrario los han llamado a la tranquilidad, postergan la realización de sus promesas y dejan correr la ofensiva del sector patronal. De este modo, en la segunda vuelta lograron “moderar” a Castillo. Ahora lo obligan a no realizar ningún cambio y van por su cabeza.

En su mensaje de 28 de julio Castillo ni siquiera mencionó los trabajadores (sólo habló y atendió reclamos de los profesores), es decir nada menos que a los que generan toda la riqueza y que son los más maltratados; pero si le ofreció “seguridad” a los empresarios.  También, a solicitud de los empresarios Castillo colocó a Pedro Francke en el MEF con el manifiesto compromiso de mantener la continuidad del modelo económico, y ahora ratifica a Julio Velarde en el BCR junto a una corte de altos funcionarios que administran la economía, ratificando así que todo seguirá igual.

Sin embargo, nada de esto tranquiliza a la burguesía que busca librarse de Castillo y reemplazarlo por un gobierno colocado por ella. Pero ya entre sus chantajes y la propia debilidad del gobierno lo está llevando a la deriva. Así, los 15 primeros días del gobierno –¡15!–  son un absoluto desastre que causa desconcierto en sectores obreros y populares que, a la sazón, nada tienen que celebrar porque no le concedió nada.

Lo que sucede y vaya a suceder es exclusiva responsabilidad de Castillo y de los que lo acompañan desde la “izquierda” y la central. Así, ¿cómo esperar que Castillo cumpla sus promesas? ¿Cómo cree la CGTP que Castillo cambiará el “modelo” por uno más justo? No hay ninguna coherencia entre lo que se prometió y lo que se hace. Por este motivo que los trabajadores no tienen por qué asumir ninguna responsabilidad por el Gobierno.

Desde las direcciones no se llaman a luchar porque dicen la “derecha ataca”. Sucede lo contrario: no luchamos y la derecha se apodera cada vez más de las calles y arrincona a Castillo. La única forma de derrotar a la derecha es que salgamos a luchar todos unidos, y eso solo es posible haciéndolo detrás de nuestros propios objetivos y reivindicaciones. Si no lo hacemos, la derecha recuperará el gobierno, y no solo descargará todo su odio contra Castillo y sus huestes sino sobre todo contra los trabajadores.

Además, en los trabajadores –y en el PST—no hay duda en salir a las calles en unidad de acción para enfrentar las amenazas golpistas, como hicimos cuando quisieron impedir su triunfo electoral.

¿Qué hacer?

El avance de la derecha no solo se da sobre el gobierno sino se viene dando en las fábricas. Los pliegos de muchos otros sindicatos no son atendidos pretextando la “crisis” y culpando al gobierno, y como respuestas se realizan plantones en Industrias del Envase, huelga en Leche Gloria y Celima prepara un paro.

Si es correcto que estos sindicatos luchen por sus demandas, con más razón debe ser que lo hagan todos unidos por las reivindicaciones comunes que de una vez traiga las soluciones más importantes que reclaman los trabajadores: aumento general, fin de los ceses colectivos y de las suspensiones. Es necesario hacerlo ahora.

Las elecciones pusieron en mesa la urgencia de atender las demandas sociales y el gobierno asumió con ese encargo. Pero ellas no van a atenderse si no actuamos presionando sobre el gobierno que a su vez retrocede ante el cargamontón del sector patronal. El “apoyo” que compromete la CGTP y las direcciones de “izquierda” significa en éstas horas que les dan la espalda a las luchas de los trabajadores y que le regalan toda la iniciativa de ataque a la derecha.

Ante la parálisis y la colaboración con el gobierno que es el camino seguro al fracaso y a nuevas desilusiones, tenemos un único y verdadero camino: afirmar nuestra independencia de clase y organizar ya la lucha unida para exigirle al gobierno las soluciones que todos esperamos y por las que votamos, y en esa ruta frenar y derrotar a la derecha reaccionaria.

Por un ingreso libre a la Universidad

La situación cada vez es más difícil para la juventud. De cada diez estudiantes que salen del colegio solo tres acceden a una educación superior; los siete restantes tienen que buscar trabajo para poder solventarse. Familias que se quedan sin empleo o que fallecen a causa de la pandemia. Estudiantes que dejan la Universidad debido a la falta de recursos, internet y comida.

Durante el 2020 el 70% de la juventud trabajadora perdió su empleo. La revista American Economic revela que este año más de 1.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no estudiarán ni trabajarán.  

Ingreso libre a las universidades

Una de las propuestas frente a esta situación es el Ingreso Libre a las Universidades, planteada por Castillo el 28 de julio. ¿Se hará realidad?

Pues no. En los últimos 20 años la educación pública universitaria se ha ido privatizando, el 90% de los recursos sale de lo directamente recaudado (RDR), es decir, de la existencia de una PRE, del pago de los trámites, de los diversos programas académicos. Esto hace que solo puedan costearlo los que tienen dinero y los que no se quedan fuera. La educación tiene muy poco de gratuito.

Si ya mantenerse es complicado ingresar lo es aún más. De los 373 mil postulantes anuales solo ingresan 60 mil; es decir más de la mitad queda fuera y trata de postular dos, tres hasta cuatro veces.

Según Comex-Perú, la propuesta de Ingreso Libre necesita 493,3 millones anuales adicionales al presupuesto actual, esto quiere decir el doble de lo que se destina. Para algunos empresarios, rectores, economistas esta propuesta es inviable porque quieren evitarle más gastos al Estado, y por eso proponen ingreso gradual y selectivo.  

Los que se oponen a un ingreso libre universal ya han planteado modelos y enfoques en los cuales los estudiantes que estén en el Tercio Superior, que hayan alcanzado las competencias y que sean talentos regionales puedan acceder a esta propuesta gradual. Decir esto, es dejar de lado a los 7 de cada 10 estudiantes que salen de la secundaria y no darles la oportunidad que necesitan.

Mientras se mantenga el mismo plan económico los empresarios de la educación seguirán priorizando sus ganancias anuales y dejando de lado a esta población juvenil.

¿Qué proponemos?

El Ingreso Libre a la Universidad es una medida que permitirá que los hijos de las familias pobres y trabajadoras puedan acceder a la educación superior.

El gobierno y sus aliados no garantizan este derecho. ¿Cómo creerles si incluso la comisión de Educación y Presupuesto están en manos de los sectores que han privatizado la educación?

Por eso es necesario que luchemos por ingreso libre a la universidad y por una educación pública, gratuita y de calidad.

¿Cómo hacer frente al alza del costo de vida?

El alza del costo de los alimentos y el gas golpea duramente el presupuesto de las familias trabajadoras. Los sectores más pobres, que han tenido que recurrir a las ollas comunes para resolver el problema de su alimentación, se han visto en la necesidad de reducir sus alimentos, de 3 a 1 al día.

Ante esta realidad, el gobierno de Castillo, con Francke al frente del ministerio de economía (MEF), apenas se ha limitado a declarar que la subida de los precios es un fenómeno mundial, y que no tomarán medidas para controlar los precios.

El gobierno tampoco ha deslizado la posibilidad de decretar el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), medida podría devolver al menos una parte de la capacidad de compra perdida con el alza de los precios.

Ante esto, el alza de la tasa de interés de referencia por parte del BCRP, no tiene efecto inmediato en los precios de los productos de primera necesidad. Y el bono de 350 soles resulta completamente insuficiente.

Esta postura se repite frente al alza del dólar, ante la cual el gobierno se muestra impotente, renunciando incluso a la clásica venta de dólares que realizaba el BCRP para tratar de evitar subidas abruptas en el pasado.

En defensa de la economía obrera y popular

En este marco, y ante la inacción de las dirigencias sindicales, la defensa de la economía obrera y popular está enteramente en nuestras manos. Por eso las organizaciones de los trabajadores y el pueblo debemos iniciar nuestra inmediata movilización exigiendo al gobierno de Castillo, que dice ser “del pueblo”:

  1. Incremento inmediato del salario mínimo igual a la canasta básica. De acuerdo a la CGTP, el salario mínimo debiera ser de S/.1500.
  2. Control de precios y fin a los monopolios y oligopolios en la industria de la alimentación y las medicinas.
  3. Recuperación del gas y el petróleo para garantizar un precio asequible a las familias trabajadoras.

La lucha es el camino

Sin embargo, tan importante como saber qué debemos exigir, es definir el método con que debemos conquistar estas exigencias.

Hoy distintos sectores nos invitan a que nos sentemos en la “mesa” del gobierno Castillo, para “conversar” con las autoridades de turno y esperar pacientemente, que “lluevan” las soluciones a  nuestras demandas.

La situación que vivimos, en cambio, nos plantea exactamente lo contrario: ¡La CGTP tiene el deber de llamar a marchar para demandar el aumento general de sueldos, salarios y pensiones! Debemos iniciar la movilización independiente de los sindicatos, frentes, ollas comunes y todas las organizaciones obreras y populares para demandar soluciones inmediatas.

El pueblo pobre y trabajador, que se ha visto obligado a poner los más de 200 mil muertos que lleva esta pandemia en el país, tiene el derecho y la necesidad de  dejar de lado la “paciencia” y ponerse en pie de lucha en defensa de sus condiciones de vida.

Trabajadores en lucha

La clase obrera está en lucha. Espoleados por la fuerte alza del costo de vida buscan soluciones satisfactorias a sus pliegos de reclamos.

600 obreros de Leche Gloria organizados en el Sinatog y con varias bases en el interior del país, iniciaron el 18 de agosto una huelga indefinida. La huelga que reclama la solución a su pliego de reclamos, arrancó con una masiva concentración en el frontis del ministerio de Trabajo y, según manifiesta Miguel Moreno, secretario general del sindicato, están preparados para resistir la paralización hasta un mes.

La empresa, pese a su inmenso poder económico, ningunea un justo aumento a los trabajadores alegando no tener plata. Sin embargo, ha más que duplicado la asignación de recursos para la alta gerencia.

El SINATREL (Sindicato de la embotelladora Coca-Cola e Inca Kola) también se encuentra abocado a la lucha por su petitorio. La empresa se corre de las negociaciones en trato directo y ofrece aumentos por debajo de los que ha otorgado a los no afiliados. La empresa alega la “pandemia”. Pero es en medio de ella en la que los obreros no pararon ni un minuto exponiéndose al contagio del covid, que la empresa ha obtenido mejores utilidades. El sindicato nacional viene realizando plantones en Arequipa, Cuso y Lima.

El Sindicato Industrias del Envase, que dirige el cro. Claudio Capa, también está en pie de lucha. A la fecha ya realizó tres plantones demandando también solución a su petitorio y reclamando volver al horario de trabajo normal, pues la empresa los mantiene bajo el régimen de la cuarentena pasada.

El sindicato de Celima viene luchando desde principios de año por la solución de su pliego y en contra de la ofensiva general desatada por el grupo Belmont en el conjunto de la corporación. 150 obreros de Trébol han sido colocados en cese colectivo. El sindicato discute la realización de un paro o el inicio de una huelga indefinida.

Lo mismo sucede en la cervecera Backus, donde los obreros también realizan plantones junto a otras bases en el interior del país.

La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha sido elegida presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero ejemplo que los trabajadores reconocen y aplauden.

Año y medio después: más pobres, más desempleadas, más violentadas

Colaboración de Lilla R.
Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La situación de la mujer en la sociedad de clases, y particularmente bajo el capitalismo, ha sido de opresión. Y a medida que este se hace más decadente, empeora.

Antes de la pandemia, y a pesar de los años de crecimiento económico, las mujeres ya ganábamos un 31.8% menos que los hombres. Esto era, en promedio, S/. 641.50 menos por realizar el mismo trabajo. Esto es lo que se conoce como brecha salarial y que claramente nos coloca, como trabajadoras, en un lugar de desventaja y desigualdad.

Sin embargo, la pandemia ha desvelado de manera dramática esta situación, y al mismo tiempo ha arremetido con mayor violencia contra los derechos y las vidas de millones de mujeres en el mundo, acrecentando las brechas de género, trayendo como consecuencia que las condiciones de vida de la mujer se hayan hecho aún más precarias.

Más desempleadas que desempleados

Si bien el desempleo es uno de los principales problemas en la agenda de la clase trabajadora, con un 30% de la población en edad de trabajar, sin tener dónde hacerlo, desde que inició la pandemia el desempleo femenino se incrementó en un 45.3%, mientras que el masculino, 34.9%. Esto quiere decir que han quedado desempleadas 3 millones y medio de mujeres.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los datos recolectados en 10 países de la región revelan que «los países más afectados con la caída del empleo femenino -como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la pandemia- son Chile, Perú y Brasil».

Las medidas de cuarentena que impuso el gobierno del entonces presidente Vizcarra, para frenar los contagios por COVID 19, sin garantizar el empleo y la subsistencia de la población, sin duda ha agudizado la situación vulnerable de empleo de las mujeres, que en países como el nuestro se concentra mucho más en trabajos precarios, como los trabajos por cuenta propia, negocios familiares y otras actividades que no requieren una relación contractual, sin protecciones ni beneficios sociales y por supuesto el trabajo en el sector informal, que ya antes de la pandemia era conformado en un 70% por mujeres.

Es necesario tomar en cuenta que la segregación ocupacional juega un rol importante en la pérdida de empleo femenino. Los sectores productivos más expuestos a riesgos de pérdida de empleo, tenían una presencia mayoritaria de mujeres (55.9%). Los sectores de servicios y comercio, concentraban a 4 de cada 5 trabajadoras urbanas, y han tenido una disminución de la población ocupada de 56.6% y 54.5% respectivamente (datos de la abogada Jessica K. Maeda Jerí, La fuerza laboral de las mujeres al límite. Consecuencias del COVID-19 en las trabajadoras urbanas del Perú).

La cuarentena para las mujeres trabajadoras

La pérdida de empleo, sumado a las restricciones por la pandemia, ha incrementado la carga del trabajo del hogar que ya realizaban las mujeres en mayor medida que sus compañeros varones. Así, el cuidado de los hijos, que ahora hacen clases desde casa, la limpieza de la casa, el cuidado de ancianos y, por la pandemia, el cuidado de familiares contagiados, se incrementó en horas y actividades. Una labor que no es remunerada, y mucho menos reconocida por nuestra sociedad.

Podemos sumar al trabajo doméstico el trabajo remoto, para las mujeres que han mantenido su empleo, generando una doble y hasta triple jornada a diferencia de los varones que les dedican menos tiempo a tareas domésticas. De acuerdo con una encuesta elaborada por Gender Lab, durante la cuarentena las mujeres le dedicaron en promedio, al trabajo en el hogar, 9 horas y 35 minutos. Tiempo mayor respecto a los hombres, que solo le dedicaron, en promedio, 6 horas y 12 minutos.

Hay que apuntar que la mayoría de hogares monoparentales (familias con un solo progenitor que se encarga del cuidado y crianza del o los hijos) están conformados por mujeres. Lo que significa, que hay muchas madres que, de haber tenido la “suerte” de mantener un empleo en el que hacen trabajo remoto, no solo tienen la carga laboral sino además pesan sobre ellas la responsabilidad total de los hijos, el cuidado del hogar, etc. Y en el peor de los casos, están las madres que no tienen ningún empleo para mantener a sus familias, teniendo que recurrir a la informalidad para sustentarse.

Se duplica la violencia para la mujer trabajadora

Sabemos que la cuarentena ha puesto a muchas mujeres en una situación vulnerable, teniendo que vivir en el encierro con sus abusadores. La alarmante cifra de feminicidios y violaciones durante la cuarentena revela la violencia persistente en los hogares de familias trabajadoras.

Pero además, el año y medio de pandemia no solo ha sido violento con las mujeres físicamente, también ha violentado a las mujeres quitándoles el derecho al trabajo. El despido, que ya era un atentado contra la vida de los trabajadores y trabajadoras antes de la pandemia, ahora se convierte en un acto aún más violento. No es posible que en plena crisis sanitaria y sin ninguna posibilidad de encontrar un medio distinto para sustentar sus familias, mujeres y madres trabajadoras hayan sido echadas a la calle. El despido en estos tiempos no solo ha significado, sufrimiento, hambre y miseria; en muchos casos ha significado también la muerte.
El capitalismo no puede ofrecernos una solución

La sociedad capitalista califica el derecho al trabajo como un derecho fundamental, pero lo hace con hipocresía, porque día a día lo arrebata, porque sus leyes no protegen el trabajo, ni tampoco los beneficios mínimos que este derecho debería contemplar.

Son las políticas de gobierno las que han llevado a esta situación a las madre y mujeres trabajadoras, la principal preocupación ha sido mantener las ganancias de las grandes empresas, mas no el darle solución a las cuestiones más urgentes como el desempleo. Por lo tanto, es evidente que el gobierno no tiene planes de resolver estos problemas, y que el gobierno entrante muy probablemente tampoco los tenga.

Por eso es necesario que como mujeres nos organicemos, y juntos a nuestros compañeros, exijamos solución a nuestras demandas como clase y como mujeres: fuentes de trabajo estables, seguro de desempleo, presupuesto para las ollas comunes que ayudan a la sobrevivencia las familias pobres, desaparición de la brecha salarial, que se reconozca con un salario digno el trabajo del hogar, etc.

La pandemia azota nuestras condiciones de vida. Y las mujeres jóvenes y trabajadoras de todo el mundo estamos al frente de los principales procesos de lucha (Chile, Colombia…). Por eso es clave organizarnos en torno a un programa obrero, marxista y revolucionario, que guíe nuestra lucha como mujeres de la clase trabajadora, entendiendo que los trabajadores no podrán llegar a emanciparse completamente si haber conquistado derechos plenos para las mujeres, que no solo estén escritos en un papel, si no que se respeten.

PERÚ: ¿A DÓNDE VAMOS?

Por Federico Romero

Entre movilizaciones de masas enfrentadas política y socialmente, una degradación de las instituciones de la democracia burguesa ante la que surgen fuertes llamados a un golpe y mientras el Covid, sin darnos tregua, avanza hacia una tercera ola, Perú vive estos días una grave crisis de pronóstico reservado, nada menos cuando se apresta a celebrar su 200 aniversario como república independiente.

La crisis tiene forma electoral porque habiendo ganado las elecciones por un margen estrecho el candidato de izquierda Pedro Castillo, la burguesía y sus representantes de derecha pretenden que se revise el conteo para robarle votos y favorecer la elección de su candidata Keiko Fujimori. Y aunque quien debe definir el resultado final es el tribunal electoral, la fuerte polaridad en medio de la erosión institucional llevan a que su definición se realice en las calles, a la que ya se han volcado amplios sectores de ambos lados y que, con independencia de su resultado, trae un escalamiento de la lucha de clases en la senda que ya recorre gran parte de América Latina.

En condiciones normales, el Jurado electoral ya hubiera dado como ganador oficial a Pedro Castillo (como en 2016, cuando la misma Fujimori perdió las elecciones por un margen similar). Pero estas no son elecciones normales, aunque en apariencia parecía así y hasta no despertaba interés en un inicio. Se puede decir que empezando por ser normal las elecciones en su desarrollo fue destapando la olla en la que hierven los conflictos de clase y de opresión, no solo de 30 años de neoliberalismo, sino de 200 años de república fallida y que la pandemia atizó.

El choque actual no es expresión de un cambio fundamental en la correlación de fuerzas de clases como, por ejemplo, fue la expresión de la elección de Evo Morales en Bolivia que ingresó a Palacio Quemado montado sobre un intenso y largo proceso revolucionario que empoderó a las masas que habían derrotado en las calles a dos gobiernos burgueses en 2003 y 2005, y permitió la recuperación del gas, aunque sea parcial, y otras aspiraciones. En Perú la lucha de clases aún está lejos de llegar a este nivel. El respaldo a Castillo es manifestación de búsqueda de las masas de una salida por la vía electoral; el mismo Castillo no es ni la sombra de Evo y Perú Libre es una precaria organización de la izquierda castrochavista incapaz — aun si fuera posible– de conducir un proyecto político desde el gobierno. Esto explica en gran medida por qué la maniobra dilatoria de la burguesía para robarle la elección a Castillo, o al menos para deslegitimarla, ya lleva quince días, y desata movilizaciones importantes de rechazo, pero también de apoyo al otro bando y bajo iniciativa de la burguesía.

No obstante, el potencial revolucionario que anida en las masas está ahí, puede estallar y abrir una nueva situación. Para que esto se produzca depende de cómo evolucione y se resuelva la actual crisis, es decir depende de los choques y también negociaciones que se produzcan los siguientes días. Si se impone a Fujimori estallará la lucha nacional, y si se confirma a Castillo volverá la relativa calma, al menos por un pequeño lapso. Pero hay otras opciones como que el proceso se dilate más allá del 28 de Julio colmando la paciencia de las masas, y que el mismo proceso se anule. Por ahora, desde las direcciones y desde el mismo Perú Libre se encasilla el problema en la salida legal y a la negociación con la burguesía intentando ganar su confianza y su luz verde, usando la presión de masas para este objetivo pero limitando la lucha. Pero el otro sector burgués de derecha quiere llegar hasta el final, lo que acelera y potencia el choque.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Las elecciones fueron de crisis dado el profundo descrédito de todos los partidos y la creciente desconfianza en el régimen, lo que llevó a que el 30% no concurriera a votar y que el 17% votara en blanco o viciado, y que pasaran a la segunda vuelta dos minorías que sumados no alcanzaron ni al tercio de los votos emitidos. Que esas dos minorías fueran las dos opciones más extremas, hizo que se polarizara el proceso de segunda vuelta.

Keiko Fujimori es cuestionada por el pasivo de la dictadura corrupta que encabezó su padre, por su desempeño obstruccionista a la anterior administración y por ser procesada por corrupción dentro del engranaje del caso Lava Jato en la que también están incluidos los cuatro últimos ex presidentes e infinidad de ex autoridades. Esto la llevó a tener más de 70% de antivoto, pero 13% de los votos emitidos le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Pedro Castillo, campesino y profesor rural, con su llamado a un verdadero cambio desde el mismo campo históricamente pobre y muy golpeado por la crisis, se benefició con 15% de los votos válidos. Ambos extremos emergieron expresando también un incipiente proceso de polarización social entre sectores medios que giran a la extrema derecha, y de sectores populares que lo hacen a la extrema izquierda, ante la profunda crisis de dirección del movimiento de masas cuya primera opción (Juntos por el Perú), estaba adaptada al régimen.

Así, la segunda vuelta sería definida por esos dos tercios de los que no votaron por ninguno de ellos, donde muchos que son fanáticamente contrarios a aspectos centrales de la candidatura, se ven obligados a apoyarlo como “mal menor”, bajo la consideración del programa económico que defienden: continuidad (Fujimori) o cambio (Castillo).

Pero esta definición, si bien fundamental, no ha sido del todo claro ni ha sido única porque la campaña fue atravesada por varios problemas donde lo determinante ha sido la campaña sucia y polarizante del bando fujimorista.

El contexto general

La segunda vuelta muestra al país social y geográficamente dividido. La sierra andina eminentemente agrícola y más pobre, dio un voto macizo por Castillo, y Lima y la costa norte e Ica que son más cercanos a los negocios capitalistas modernos, un voto mayoritario por Fujimori. Esta fragmentación no hace más que reverdecer los problemas históricos del Perú instaurados por la colonia, no resueltos en 200 años de república y más bien profundizados en 30 años de neoliberalismo, reafirmando que somos una nación inconclusa con un sistema inviable.

En la tradición histórica, la clase pudiente originada en un puñado de conquistadores y devenido en una élite criolla, siempre vivió cercada en los núcleos urbanos con temor a la masa indígena a las que explotaba y esclavizaba considerándola una raza inferior; y esas masas, sabedores de su fuerza numérica, tuvieron la necesidad de construir una identidad propia luchando contra los blancos urbanos. La forzosa introducción del Perú al dominio capitalista mundial y su formación como un capitalismo de periferia, dio lugar a un país con economía deformada, atrasada y dependiente del capital exterior. Desde la colonia Perú es exportador de oro, plata y otros minerales, siempre en manos extranjeras, y a su lado desarrolló la agroexportación en la franja costera, constituyendo los dos polos en la que la clase dominante funda su riqueza y explota y marginaliza a las mayorías. La sierra andina, agreste y dura, desde la colonia también fue sometida por terratenientes, que por su baja productividad establecieron y afirmaron relaciones serviles de explotación (trabajo gratuito), las que se mantuvieron hasta bien entrada la república. Y aun cuando con una larga lucha los campesinos conquistaron su derecho a la tierra, el atraso de la pequeña propiedad y el abandono del Estado que no es capaz de asistirlos ni de proveer de servicios básicos a sus pobladores, hacen que estas regiones sigan siendo –200 años después– las más atrasadas y pobres. Esta contradicción se hace más evidente no solo por la modernidad y los hábitos de consumo que exhiben las clases altas urbanas, sino ahí mismo en la sierra, que es donde poderosas mineras siguen extrayendo inmensas riquezas de sus entrañas.

Sobre esta base histórica se alinean las fuerzas y ubicación de las clases fundamentales. Las reformas neoliberales estabilizaron la economía y, sobre todo en los últimos 20 años, la hicieron crecer incluso a tasas chinas desparramando beneficios a todas las clases, pero en forma desigual, con lo que las brechas se hicieron más profundas aún. En años recientes el agotamiento del modelo inició la crisis social en el país, y la grave pandemia del covid terminó produciendo una desestabilización general.

La pandemia del covid no solo golpeó más a los trabajadores y pobres del país sino puso al desnudo su extrema vulnerabilidad bajo el actual modelo de economía neoliberal. El covid produjo la más alta tasa de muertes por millón del mundo por la inmensa carencia de hospitales, medicinas, médicos y hasta del elemental oxígeno. En Lima que concentra la economía del país, la mitad de trabajadores perdieron su empleo y la otra mitad perdieron numerosos derechos, entre ellos el salario. Miles tuvieron que retornar de la capital a sus lugares de origen para poder sobrevivir. La gran mayoría de pequeños comerciantes de un país donde el 75% es “informal”, se arruinaron. En la sierra y selva no llega la señal de internet ni se disponen de equipos de cómputo, por lo que los extremos pobres no tienen acceso a la educación básica virtual instrumentada en tiempos de pandemia. Mientras esto ocurría y ocurre de un lado, en el otro los grandes explotadores eran “salvados” con una gigantesca inyección de dinero estatal; salvo algunos días de para obligada, tampoco dejaron de producir y ganar todo este tiempo, sacrificando y tratando a su mano de obra como auténticos esclavos, y muchos hasta se hicieron más ricos (los oligopolios mineros) o lucraron con la vida de los más pobres (oxígeno y medicinas por las nubes), mientras podían protegerse del covid. Todo esto fue producto claro y nítido de una política de clase aplicada y dirigida desde el Estado (que además luce podrido en corrupción), y que las mayorías identificaron, e identifican perfectamente aún hoy, mientras lloran a sus muertos, tratan de sobrevivir o luchan por sus derechos.

Toda esta realidad tuvo sus primeras manifestaciones sociales en la gran rebelión del 14 de noviembre que derrotó la imposición por parte del Congreso de un nuevo gobierno de la corrupción, y en la poderosa huelga del proletariado agrícola que conquistó la derogatoria de la ley que simbolizaba la esclavitud laboral en el Perú. Estas manifestaciones, sin embargo, no escalaron hasta un cambio de correlación de fuerzas entre las clases por la traición de las direcciones reformistas, las que colaboraron con la burguesía para apaciguar las movilizaciones y conducirlas hacia el terreno electoral, en apoyo a su candidata Verónika Mendoza.

Los resultados del 11 de abril y del 6 de junio se inscriben en este contexto.

Factores de la polarización

Sobre esa base general se produjo la actual polarización. Un elemento de la polaridad que favorece a Castillo es la identidad de Fujimori no solo con las clases altas sino, además, con sus sectores más prepotentes, violadores de los derechos humanos y corruptos, características que ella ha exhibido sin camuflaje en la campaña y aun estos días. Además, su identidad con el continuismo económico que solo beneficia a los de arriba, la “mano dura” que anuncia para recuperar el orden y su encarnación de la impunidad que se busca para los grandes corruptos que las mayorías odian. Todo esto, a la vez, traducido en una campaña centrada en estigmatizar a Castillo de “comunista” y “terruco”, estigma que extienden a todos los que lo apoyan, desde los diversos grupos de izquierda y movimientos sociales hasta demócratas y funcionarios del Estado que tratan de mantener un grado de imparcialidad. Con esta campaña sucia han tratado de construir la imagen de Fujimori como “única” alternativa logrando poner de su lado a casi la mitad del país.

Esta campaña, es unánime en los grandes medios y visible en inmensos carteles que iluminan las principales calles de Lima, y es sostenida por una amplia corte de voceros que van desde viejos representantes de la democracia y sus partidos como el APRA, PPC, la mitad de AP y “personalidades” como MVLL y hasta nuevos sectores de ultraderecha, todos los cuales se enfocan en movilizar a las clases medias con la falsa bandera de “defensa de la democracia”. Es un movimiento tan reaccionario que de su seno se hacen llamados a “matar” a los “comunistas” y se presiona a las FFAA para que produzca un golpe si se proclama a Castillo.

Esta actitud excluyente, agresiva y de chantaje para torcer la voluntad popular y que comprende a las clases medias acomodadas y que intimida o confunde a otro sector, no puede ocultar que encarna el interés de los poderosos, de las multinacionales que acogotan nuestra economía y de las 17 familias más ricas del país, por su miedo al cambio.

Todo esto ha indignado a la gran mayoría de obreros, campesinos y pueblo pobre, ubicándolos del lado de Castillo, y a un sector de pequeñoburgués y demócratas que ven su elección con menos miedos y prejuicios.

Perú Libre es una pequeña organización castro-chavista provinciana que ejerce el gobierno de la región Junín por dos periodos, y para las elecciones se asoció con una importante corriente magisterial que –se dice– tendría vínculos con el Movadef. En cuanto a su programa la burguesía lo ataca porque no acepta ningún cambio, menos los planteamientos de nacionalización de la minería y gas y cambio de Constitución. Sin embargo, también sabe que Perú Libre no tiene posibilidades de realizar estos ofrecimientos porque la correlación de fuerzas no le es favorable, y por el control que la clase dominante ejerce de los poderes fácticos como el Congreso, la CONFIEP, las FFAA, las leyes, que operan como un gigante candado sobre el régimen y la economía.

En cuanto al Movadef, aun cuando fuera cierto lo que se acusa a Perú Libre, hay que decir que los seguidores de Abimael Guzmán hace 30 años que renunciaron a la lucha armada y todo su programa, desde entonces, se reduce a pedir un “acuerdo de paz” para integrarse al sistema a cambio del perdón a sus presos, o al menos a un mejor trato para ellos. Sin embargo, esa burguesía es tan reaccionaría que en lugar de la “reconciliación” invocada por la Comisión de la Verdad, siembra odio y miedo con la narrativa de que todo el problema fue por la acción de un grupo de terroristas sanguinarios, descontextualizado de la crisis que le dio origen y ocultando la respuesta genocida que dio el Estado y que causó la mitad de las 80 mil víctimas inocentes. En la coyuntura electoral, se vuelve a agitar esta monserga reaccionaria atizando más el enfrentamiento.

Bajo esta gigante presión, Perú Libre y Castillo muestran todas sus inconsistencias y limitaciones de origen, lo que los está llevando a sucesivos giros y adaptaciones. Por ejemplo, además de JP que se subió a su carro, sectores de la pequeña burguesía y burguesía “democrática” (Vizcarra, Partido Morado) también intentan subirse a él para cooptarlo. Para ello ha servido lo que hicieron la Iglesia (el partido más viejo de la burguesía) y otras instituciones, al hacerle firmar a Castillo un compromiso de sujeción a la democracia, sus instituciones y el modelo económico. En forma paralela, otra campaña en la que confluyen diversos sectores, trata de distanciar a Castillo de Perú Libre y Cerrón, presentando a estos últimos como todo el problema. Por supuesto que todo esto no tiene nada de “democrático”, pues Perú Libre ganó las elecciones con su programa y tiene derecho a gobernar.

En este camino, ya antes de producirse la segunda vuelta, Perú Libre y Castillo firmaron un acuerdo con JP sobre la base de un nuevo programa, el llamado Plan del Bicentenario, lo que le ha proporcionado equipo, voceros y apoyo orgánico de la izquierda oficial. Con este acuerdo Perú Libre y Castillo se han moderado completamente, pues dicho Plan se reduce a plantear “cambios” dentro de la continuidad del modelo, para tranquilizar a la burguesía. En esta misma línea, parece que para su eventual gobierno ya conforman un gabinete de centro izquierda con Verónika Mendoza al frente, mientras sus voceros se dedican a tranquilizar al mercado diciendo claro y en alto que no afectarán los grandes intereses ni con el pétalo de una rosa. Pedro Francke, economista que todos los burgueses reconocen como “moderado”, desde su posición de vocero oficial, ha dicho: “Me parece una ley económica muy clara de que a más crecimiento, más inversión, más producción y más empleo… Para mi si es muy importante la inversión privada como generación de riqueza y de empleos.” (El Comercio 19.06). Es decir, lo mismo que el actual modelo: si el inversionista privado es la niña de nuestros ojos, hay que protegerlo y brindarle todos los beneficios, que es exactamente lo que se ha hecho desde Alberto Fujimori hasta hoy.

Sin embargo, el sector burgués que cierra filas con Fujimori, no cree en nada de esto y difunde la fábula de que Castillo es el lobo feroz disfrazado de cordero. Claro, nada asegura el derrotero que, dada sus inconsistencias y contradicciones, seguirán Pedro Castillo y Perú Libre. Pero es evidente que ya dieron el paso para conformar un gobierno pintado de izquierda pero al gusto de la burguesía.

El plan para torcer el voto

En estas condiciones, en últimas, la burguesía estaría dispuesta a aceptar un gobierno de Castillo para evitarse una mayor conflictividad que podría abrir hasta las puertas del infierno. Pero lo cierto es que estos días juegan hasta el límite mismo, calculando en qué medida le puede resultar o no imponer un gobierno de Fujimori, o por lo menos deslegitimar la elección de Castillo, de tal modo que asuma cuestionado y débil como para facilitar el camino de su domesticación, o también juegan a anular las elecciones. Estas salidas políticas se cocinan en forma empírica y en lucha abierta de las diversas facciones burguesas.   

¿A estos fines, de qué manera se cocina el plan de la burguesía?

La experiencia enseña que la democracia es burguesa y que los derechos solo existen en el papel, y se los respeta solo cuando se lucha por ellos. En este marco, con los derechos que le asiste esta “democracia”, entendida a su modo y para su fin, los representantes de Fujimori han observado un conjunto de actas que favorecen a Castillo pretextando firmas falsas, muertos que habrían votado, sumas que no cuadran y ahora hasta piden auditoría sobre el sistema utilizado para el conteo.

Ante el pedido de revisión de actas todos los sectores, hasta el mismo Perú Libre que debe mostrar buena conducta con la “democracia”, respaldan y se han pronunciado a favor de dicho proceso. Pero es una farsa. Una farsa porque no existe ninguna posibilidad que las partes se pongan de acuerdo en cada uno de las revisiones que se realice y que el tribunal electoral aplique “justicia” que contente a ambos. Los “demócratas”, que cándidamente creen que es justo que se atienda bien los cuestionamientos para transparentar el resultado final y que resulte ganador quien resulte, y que mientras tanto debemos esperar tranquilos en nuestras casitas, solo expresan sus buenos deseos cuando la realidad es otra.

¿Qué es justicia? ¿Que se anule un acta porque tiene una firma “falsa” que no ha sido comprobada, y aun cuando fuera comprobada, qué tiene que ver con los votos válidamente emitidos? ¿Anular una mesa porque el resultado no cuadra con el promedio del local de votación o con la que la misma Fujimori obtuvo en primera vuelta? Se plantea estudios estadísticos en las que algunos dicen que hay múltiples irregularidades y otras que no son muchas pero son importantes; pero las estadísticas son un instrumento y no pueden determinar la autenticidad de los votos que obedecen a motivaciones subjetivas. Por eso el recurso planteado por Fujimori con el respaldo de todos los que la apoyan, es una trampa.   

El dictamen, a favor o en contra, va a ser resuelto por el JNE y su decisión será política. Así, en realidad, lo entienden ambos bandos y por eso han volcado, aunque sea tibiamente en el caso de Perú Libre, a sus partidarios a las calles.

En este marco, mientras Perú Libre ha entrado en el juego, Fujimori aplica una política de tijeras: mientras por un lado trata de torcer el voto a su favor presionando a los tribunos con un equipo de operadores y la movilización callejera, por otro lado trata de desacreditar al mismo jurado y cuestiona su probidad e independencia y chantajea con un golpe, y en este marco presionan para llevar el proceso hasta el límite, hasta el 28 de Julio que es cuando se debe realizar la juramentación, o incluso más allá.

Es un hecho que Castillo ganó las elecciones aunque sea por un estrecho margen, como lo revela el conteo rápido y el conteo de la ONPE. Pero es más: ese es el sentimiento de las mayorías, sobre todo de los pueblos del interior que votaron de forma sólida por él, los que ahora ven que les quieren robar, una vez más, sus esperanzas y sus sueños. No puede haber nada más democrático que reconocer este resultado, más aún, de una elección por completo antidemocrática porque colocó todo el peso del poder burgués, sus medios y recursos en un lado de la balanza contra el otro.

La salida es preparar y realizar el paro indefinido

Sobre estas consideraciones, el tribunal electoral pudo haber resuelto los casos, poner fin a los cuestionamientos y reconocer el triunfo de Castillo, y solo habría sido cuestionado por la derecha. Esa era la demanda que debía imponerse con la acción del movimiento de masas. Pero no ocurre así porque el peso de la oposición burguesa y de clase media con la que buscan negociar Perú Libre y JP.

La movilización se ha iniciado y se desarrolla desde el primer día cuando se vio que Fujimori no aceptaba los resultados. Pero pasados 15 días lo que hay que reconocer es que la ofensiva fujimorista creció con nuevos recursos, con nuevas fuerzas y respaldada con nuevas movilizaciones, las que contrapesan las movilizaciones en favor de Castillo y hacen crecer el peligro de que Fujimori impongan cualquiera de sus planes.

Por eso, más que movilizaciones que respalden la defensa del voto en mesa, el desafío que plantea la situación es un paro nacional indefinido que en definitiva derrote el plan burgués y fujimorista y que imponga el respeto a la voluntad popular. No hay otra.

La CGTP está planteando un Paro Nacional que a todas luces no será suficiente y menos aún está garantizado, y que solo puede servir para su propósito de conciliación. Hay disposición de lucha en la base, sobre todo en los sectores populares del interior, pero la misma disposición no existe en la clase obrera y en el proletariado minero ubicados en el corazón de la economía, precisamente por la desconfianza en la central.

La lucha por el paro indefinido, su preparación y su puesta en marcha requiere la decidida intervención de la vanguardia obrera y los luchadores, que deben realizar esta exigencia y realizar un intenso trabajo de explicación y organización desde las bases, y conducir a la construcción en cada lugar de comités de lucha y coordinadoras que hagan nuestra la pelea para garantizar la victoria. Y hacer esto no solo para hacer respetar la voluntad popular, sino luchando por los verdaderos cambios que buscamos, como la nacionalización de la gran minería y el gas, la expropiación de los grandes grupos capitalistas, la convocatoria a Asamblea Constituyente, por una efectiva segunda reforma agraria y por solución a las demandas obreras y populares.

Es posible hacerlo. Al menos hay que dar los primeros pasos en ese sentido, decantando de las posturas conciliadoras hacia la construcción de una verdadera dirección revolucionaria que ponga en pie a la clase trabajadora, bajo la estrategia de luchar por una salida de fondo con un Gobierno Obrero y Popular.

EN DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR EXPRESADA EN LAS URNAS

¡RESPONDER CON LA MÁS AMPLIA MOVILIZACIÓN DEL PUEBLO TRABAJADOR CONTRA LOS ATAQUES DEL FUJIMORISMO Y LA ULTRADERECHA Y SUS INTENTOS DE USURPAR LA VOLUNTAD POPULAR!

A estas alturas, una semana después de realizadas las votaciones para la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones sigue sin proclamar un ganador, a pesar de que el conteo de votos ha mostrado que la voluntad de la mayor parte de votantes ha sido colocar a Pedro Castillo en Palacio de gobierno.

Esto debido a las tinterilladas implementadas por el equipo legal de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, que busca anular arbitrariamente 802 actas (200 mil votos) a pesar de que solo 155 de ellas fueron ingresadas a los Jurados Especiales dentro del plazo establecido. La mayoría de esas actas son del interior del país que le son desfavorables, y su denuncia es una ofensa no solo a la voluntad popular, sino a la dignidad de las personas discriminadas por su apellido, sus habilidades grafotécnicas, etc.

El plan de la ultraderecha y el fujimorismo consiste en convertir en conflicto lo que ha sido una clara expresión del electorado nacional a favor del candidato Pedro Castillo. Hoy desconoce el escrutinio realizado por la ONPE que otorga a Castillo cerca de 50 mil votos de ventaja, después desconocerá cualquier fallo de los Jurados Especiales que no le favorecen. Ha buscado manipular al JNE extendiendo ilegalmente los plazos, no tuvo éxito, y finalmente desconocerá los fallos del JNE si este no se aviene a darles la razón. La apuesta de la ultraderecha es dilatar la figura de un conflicto presionando para un desenlace por fuera del cauce electoral, para lo cual vienen impulsando movilizaciones reaccionarias y ataques a todo aquél que no favorezca el rodo de las elecciones.

¿Qué debemos hacer los trabajadores y trabajadoras del país ante este ataque?

Es un imperativo defender por medio de la movilización, de la acción directa de las organizaciones obreras y populares, la voluntad popular expresada en las urnas, ante el ataque reaccionario de Fujimori y compañía.

No podemos seguir «esperando los resultados en forma vigilante», cómo piden Castillo, la dirigencia de la CGTP y sus aliados políticos. Urge que la población pobre y trabajadora que votó por Castillo se levante en todas partes del país, tome las carreteras y ciudades, y exija su inmediata proclamación. Más cuando los medios de comunicación empresariales ya hablan de que el Jurado Nacional de Elecciones tardaría hasta tres semanas en proclamar un ganador.

Es esto lo que debemos poner a discusión, por medio de asambleas, en las fábricas, minas, centros de trabajo y estudio en todo el país. Hay que organizar la lucha en defensa de la voluntad popular desde las bases, levantando además todas aquellas necesidades urgentes que nos agobian: vacunación masiva casa por casa, más plantas de oxígeno y camas UCI, contratación y nombramiento de personal especializado en emergencias, derogatoria de la suspensión perfecta y prohibición de ceses colectivos, aumento general de sueldos, salarios y pensiones, solución a los pliegos de reclamo, comida y medicinas para el pueblo, y un largo etc.

Y más: demandar la expropiación y cárcel de los bienes y cuentas de Keiko Fujimori y su organización criminal, que hoy, además, se levanta contra la voluntad del pueblo.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos que sin luchas, no hay victorias. Poniéndose a la cabeza de la movilización democrática del pueblo, la clase obrera ganará la posibilidad de encabezar también sus futuras luchas, que no pueden esperar a 28 de julio.