MAESTROS FUERON DESALOJADOS CON BOMBAS LACRIMÓGENAS Y PERDIGONES

Marie Frank – PST Iquitos

El día 05 de Enero de 2021, con bombas lacrimógenas y perdigones fueron dispersados los docentes que llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir sus pagos del mes de Diciembre 2021. 

La protestase dio ante la falta de pago a 7 mil profesores de la provincia de Maynas, quienes hasta ahora no cobran sus sueldos quienes fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales.

“El señor Gobernador hasta ahora no ha cumplido y mentira tras mentira que el 27, que el 29, que el 30 y llegamos al 04 y no hay nuestro sueldo”, declaró el profesor Eleazar Gómez. 

El Profesor Eleazar Gómez lamentó que el Gobernador Regional Elisbán Ochoa se cierre al diálogo y no promueva mesas de diálogo con los dirigentes. Además, advirtió que la falta de pagos podría perjudicar el retorno gradual a las aulas. 

Producto de la represión dos docentes terminaron con golpes y heridas en la rodilla, que fueron provocados por los perdigones lanzados por la PNP.

Los profesores indicaron que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, además pidieron la destitución de la directora regional de Educación, Linda Angulo.

EL CAMINO ES LA LUCHA: Desde la Regional Iquitos del PST apostamos a que la lucha del magisterio se mantenga contra el abuso de las autoridades y se unifique con la del pueblo trabajador para exigir no sólo soluciones a las demandas magisteriales, sino también a los problemas cotidianos de los trabajadores y trabajadoras.

Llamamos a fortalecer la organización de las bases del magisterio, a través de asambleas y que se incluyan a los padres de familia para potenciar las movilizaciones en favor de una mejor educación y mejor trato a los trabajadores de este sector.

¡Justicia ya para los caídos del 14 de Noviembre!

foto: La República

Por: Miguel Reyes

Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.       

Sigue impune la tragedia

Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.

Las limitaciones de la denuncia

Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.

Luchar en las calles por justicia

Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.

Estuvimos en el #28S

El aborto lo haremos Ley en las calles

Colaboración de L. Nayhua

Militante de la Juventud Socialista (Cusco)

Con una movilización hacia el Palacio de justicia de la Ciudad del Cusco, y luego hacia la Plaza de armas, culminó la semana de actividades relacionadas con la lucha por la legalización del aborto en esta ciudad, el pasado 28 de septiembre.

Las actividades comenzaron el jueves 23, con una serie de charlas, conversatorios y proyecciones audiovisuales que fueron preparando el camino para la acción del 28.

La energía se mantuvo constante en las diversas movilizaciones que fueron desembocando en la Plaza de Armas, a pesar de la ligera lluvia que nos acompañó toda la tarde y la constante presencia de las fuerzas represivas. 

Al grito de “¡El aborto lo haremos ley en las calles!” la columna de la Juventud Socialista, junto con Trabajadores Socialistas y Lucha Mujer-Cusco, volvió a agitar que la única estrategia que puede conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, es la de mantenernes organizades en las calles, como parte de la lucha de clase trabajadora.

Por eso no compartimos la visión de diversas agrupaciones que se reclaman feministas, que si bien salen a las calles el 28S, no denuncian a Castillo como el primer opositor a que conquistemos este derecho, y por el contrario, prometen “soluciones” desde sus carguitos como funcionarias públicas.

Por eso llamamos a las compañeras a no dejar las calles. A organizarnos en los sindicatos y organizaciones populares. Y desde ahí, continuar esta pelea.

SITOB en primera línea

La lucha de los compañeros del SITOB, entra a una etapa decisiva ante la inminencia de la huelga. Por eso urge rodear de toda la solidaridad posible las acciones del sindicato, emitiendo pronunciamientos y asistiendo a las convocatorias que realicen en pro conquistar la solución de su pliego de reclamos.

El sol muere cada tarde tras la fábrica de BSH Electrodomésticos, en la avenida Faucett, donde el pasado miércoles 29 de septiembre los compañeros del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos (Ex Coldex), el combativo SITOB, realizaron un nuevo plantón demandando la solución a su pliego de reclamos 2021 – 2022.

El plantón marca, además, el resurgimiento de la lucha del Sindicato que, ahora, tiene plazo de huelga, ante la intransigencia de BSH Electrodomésticos, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Empresa que se precia, no sólo de ser líder en su rubro, sino en ser un buen lugar para trabajar.

La paciencia del Sindicato terminó cuando, además de ofrecer un aumento humillante del 1% de la remuneración percibida por los obreros, la empresa comenzó a contratar nuevo personal con salarios por encima del promedio de obreros que tienen más de 20 años en el trabajo.

Esto sumado a la imposición de horarios extendidos durante buena parte de la pandemia, y otros abusos, han obligado a los obreros a decir basta.

El combativo plantón del SITOB, contó con la presencia de los sindicatos de Industrias del Envase y del BCP, quienes siguiendo con una de las tradiciones más importantes de la clase trabajadora, llevaron su solidaridad activa.

No cabe duda que este es el camino que debemos seguir quienes luchamos en las trincheras de la clase trabajadora: hay que rodear de solidaridad la lucha del SITOB. Que los compañeros vean que jamás lucharán solos. Hay que pronunciarnos ante la empresa y las autoridades para demandar la pronta solución a las justas demandas del Sindicato, que como los compañeros de Leche Gloria, SINATREL, Agregados Calcarios y un largo etc. se ven en la necesidad de salir a las calles ante la intransigencia de la patronal, y la falta de una acción decidida del gobierno para poner fin a estos abusos.

SITOB se pone así, en la primera línea de la lucha de la clase obrera. Con el convencimiento de que sin luchas, no hay victorias.

DATO

Desde 2018 el SITOB lucha por la reposición plena de los compañeros despedidos abusivamente por BSH Electrodomésticos, en un cese colectivo que ha sido declarado ilegal en todas las instancias.

Trabajadores en lucha

La clase obrera está en lucha. Espoleados por la fuerte alza del costo de vida buscan soluciones satisfactorias a sus pliegos de reclamos.

600 obreros de Leche Gloria organizados en el Sinatog y con varias bases en el interior del país, iniciaron el 18 de agosto una huelga indefinida. La huelga que reclama la solución a su pliego de reclamos, arrancó con una masiva concentración en el frontis del ministerio de Trabajo y, según manifiesta Miguel Moreno, secretario general del sindicato, están preparados para resistir la paralización hasta un mes.

La empresa, pese a su inmenso poder económico, ningunea un justo aumento a los trabajadores alegando no tener plata. Sin embargo, ha más que duplicado la asignación de recursos para la alta gerencia.

El SINATREL (Sindicato de la embotelladora Coca-Cola e Inca Kola) también se encuentra abocado a la lucha por su petitorio. La empresa se corre de las negociaciones en trato directo y ofrece aumentos por debajo de los que ha otorgado a los no afiliados. La empresa alega la “pandemia”. Pero es en medio de ella en la que los obreros no pararon ni un minuto exponiéndose al contagio del covid, que la empresa ha obtenido mejores utilidades. El sindicato nacional viene realizando plantones en Arequipa, Cuso y Lima.

El Sindicato Industrias del Envase, que dirige el cro. Claudio Capa, también está en pie de lucha. A la fecha ya realizó tres plantones demandando también solución a su petitorio y reclamando volver al horario de trabajo normal, pues la empresa los mantiene bajo el régimen de la cuarentena pasada.

El sindicato de Celima viene luchando desde principios de año por la solución de su pliego y en contra de la ofensiva general desatada por el grupo Belmont en el conjunto de la corporación. 150 obreros de Trébol han sido colocados en cese colectivo. El sindicato discute la realización de un paro o el inicio de una huelga indefinida.

Lo mismo sucede en la cervecera Backus, donde los obreros también realizan plantones junto a otras bases en el interior del país.

La compañera Isabel Cortez, congresista obrera que ha sido elegida presidenta de la Comisión de Trabajo del Congreso, ha inaugurado su performance realizando diversas gestiones en apoyo a los sindicatos en lucha. Un verdadero ejemplo que los trabajadores reconocen y aplauden.

El “Estado de emergencia” solo sirve a la represión

Plantón de médicos del hospital Negreiros, son amedrentados por tanquetas del Ejército.

¿Existe justificación para que Vizcarra mantenga el Estado de emergencia nacional hasta el 31 de julio, al mismo tiempo que se ha levantado la cuarentena y se reiniciaron las actividades económicas?

Desde el punto de vista de la pandemia y las medidas necesarias para hacerle frente, la respuesta es no, no hay ninguna. ¿Entonces por qué se prolonga?

El Estado de emergencia fue decretado para darle un marco legal al “toque de queda” y otras medidas de distanciamiento social ordenadas por el gobierno.

Sin embargo, tras el discurso de “guerra contra la pandemia”, el gobierno cubrió las espaldas, sacando a los militares a las calles para la verdadera guerra que temen Vizcarra y los empresarios: las protestas o estallidos sociales que se puedan producir por la situación de miseria a la que nos arrojaron desde el inicio de la emergencia.

Fue por eso que, el 26 de marzo, el gobierno llamó a 10 mil licenciados de las últimas tres promociones del Ejército a sumarse al servicio activo, incrementando su capacidad de acción represiva.

Contrabando autoritario

Pero el gobierno ya se acostumbró a “controlar la calle”, bajo las botas del Ejército. Y la tentación de extender indefinidamente ese poder es grande. No hace mucho el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, declaró que su propuesta era mantener el “toque de queda” hasta diciembre, bajo el pretexto de que los “robos” se producen sobre todo de noche.

Más allá de lo absurdo del argumento, lo cierto es que, para que el “toque de queda” se extienda, debe extenderse también el Estado de emergencia, y con él, la suspensión de las llamadas “garantías”, “derechos” o “libertades” individuales.

Estado de emergencia contra el pueblo y los que luchan

Sin embargo, los luchadores y luchadoras de la clase obrera ya comienzan a ver el verdadero rostro del Estado de emergencia: las detenciones son pan de cada día en las marchas del Sitobur contra el cese colectivo que pretende imponer el alcalde Muñoz. Dirigentes del Sindicato Celima terminaron detenidos por participar en la jornada del 23 de junio convocada (a media caña) por la dirigencia de la CGTP. Y en esa misma jornada, los propios dirigentes de la Central, que lo que menos querían era “hacerle olas” al gobierno, denunciaron más de 60 detenidos a nivel nacional.

No podemos permitir que se dé carta de ciudadanía a la represión y el recorte de nuestros derechos más elementales. No podemos normalizar que nos puedan detener, que nos impidan marchar o realizar cualquier acción de protesta.

Vizcarra y la Confiep no quieren “cuidarnos” de los criminales. Quieren cuidar sus intereses y mantener a raya cualquier posibilidad de un estallido, plenamente justificado por el tamaño de la crisis sanitaria y económica.

A los trabajadores y trabajadoras conscientes nos interesa, por el contrario, defender todos los derechos y libertades que esta democracia tramposa y patronal nos otorga, con la finalidad de defender nuestra organización y acción contra el gobierno y los patrones. Para eso debemos echar abajo el mentiroso Estado de emergencia del gobierno
y los empresarios. Y solo lo lograremos con nuestra lucha.


Miembros del TC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (TC) RECONOCE DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PROTESTA

El pasado 6 de julio el Tribunal Constitucional – TC reconoció, en la redacción de una sentencia, el derecho a la protesta como un derecho fundamental.

La sentencia resulta histórica. Desde la dictadura fujimorista, los gobiernos sucesivos han incorporado en el Código Penal artículos tendientes a tipificar la protesta, y sus diversas manifestaciones, como la toma de locales o el bloqueo de carreteras, como delito. Es justamente, revisando el artículo 200 del Código Penal, que tipifica el delito de “extorsión”, que el TC ha reconocido expresamente, como sustento de su sentencia, que “…resulta una exigencia del orden público constitucional el reconocimiento del derecho a la protesta como derecho fundamental, derecho que asiste a toda persona que mantiene una posición crítica frente al poder, sea este último público o privado…”.

Es imperativo que las organizaciones obreras y populares defendamos y ejerzamos este derecho, ahora reconocido expresamente, y lo convirtamos en una herramienta al servicio de la solución de nuestras legítimas demandas. Sabiendo, además, que nadie debe perseguirnos por luchar, pues la protesta social es un derecho, no un delito.

Paremos los ataques a la clase trabajadora

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

A más de 106 días de la declaratoria de la Emergencia por el covid-19, queda claro que el gobierno no solo ha mostrado una gestión desastrosa para atender los problemas más elementales de la salud y vida de los trabajadores y los sectores populares, también ha generado una descomunal crisis económica que tiene la forma de despidos masivos y múltiples ataques, al mismo tiempo que nos utiliza como carne de cañón para reactivar los negocios.

Flexibilizan los protocolos

La última modificación de los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores”, de aplicación obligatoria en las empresas, señalados en la R.M. 448-2020 y modificado por Vizcarra, entre gallos y medianoche, deja claro que los centros laborales son ahora los principales centros de contagio. Se eliminó la obligatoriedad de la realización de pruebas covid-19 al personal que ingresa a laborar, y todo lo que pueda implicar gasto adicional, para tranquilidad de las empresas.

De esta forma, la “reactivación” viene con la política del “sálvense quien pueda” ante el covid-19, ya que si los trabajadores reclaman medidas de protección o se niegan a trabajar protegiendo su salud, aplicarían el despido, como el realizado a 22 trabajadores en tiendas Saga Falabella y a 2 dirigentes del SINATREL de Corporación Lindley.

Más suspensiones perfectas

Más de 30 mil empresas se acogieron a esta medida. Y a pesar que muchas salieron improcedentes, en los hechos ninguna empresa ha retrocedido en la política de echar a trabajadores señalando que acudirán hasta las últimas instancias del poder judicial, aun cuando esto solo signifique dilatar los reclamos.

Los negocios se han normalizado. Han sido beneficiados con millones del programa Reactiva Perú. Pero ahora presentan la ampliación de la suspensión perfecta hasta octubre.

Encima, imponen jornadas de 12 horas y aplican políticas discriminatorias para seleccionar trabajadores a su antojo. En las fábricas de Celima, Trebol, Vainsa, San Lorenzo, Topy Top, aplican esta modalidad como ensayo para establecer un nuevo régimen laboral más explotador y para generar nuevos despidos, principalmente de los que se organizan en sindicatos.

Ceses colectivos

También enfrentamos una avalancha de nuevos ceses colectivos, medida que avanza con los meses. En plena Emergencia Nacional la fábrica número uno en vidrios, Miyasato, anunció acogerse al cese colectivo que involucra a los afiliados al sindicato. Ahora Papelera Nacional – PANASA, principal fabricante de cuadernos, anunció también el cese colectivo de 86 trabajadores, de los cuales 63 pertenecen al sindicato, incluido los miembros de la junta directiva. La misma situación viven muchas empresas, incluido en el sector minero.

Vizcarra entregó a la Confiep la Suspensión Perfecta de Labores – SPL para que recuperen sus ganancias, ahora le permite la aplicación de nuevos ceses colectivos que apuntan a debilitar nuestras organizaciones sindicales que son nuestra herramienta de defensa.

El gobierno es nuestro principal enemigo

Aunque en el discurso parece que todos entendemos esto, la alta aprobación que goza Vizcarra muestra lo contrario. Es que, a cada balconazo, la llamada izquierda, que incluye a los principales dirigentes de las centrales, acaban saludándolo, y hasta cargándolo en hombros como sucedió cuando decidió disolver el Congreso. Y cuando convocan las llamadas “jornadas de lucha”, ni siquiera la garantizan, causando desmoralización en sus bases.

Para los trabajadores debe quedar claro que este gobierno es el autor de las diferentes normas antiobreras. La única solución posible para impedir que nosotros paguemos la crisis debe ser derrotar al gobierno y su plan. Mientras Vizcarra siga gobernando solo garantizará las ganancias empresariales a costa de nuestro pellejo, como lo demostró con la reciente “negociación” que benefició a las clínicas privadas.

De la suspensión perfecta al nuevo (y peor) régimen laboral

Por Manuel Fernandes, dirigente obrero

En primera instancia, el Estado de Emergencia Sanitaria fue decretado desde el 11 de marzo hasta el 8 de junio 2020, entiéndase como el marco de las demás normas restrictivas y excepcionales adoptadas por el gobierno ante el brote del covid -19. Una de ellas fue la cuarentena y el aislamiento social obligatorio que impedía el funcionamiento de la industria y comercio y demás actividades económicas que no estuvieran relacionadas a los servicios y bienes esenciales.

Por esa razón Vizcarra, a través del D.U. 038-2020 facultó el uso de la letal Suspensión Perfecta de Labores (SPL) como salida patronal ante las medidas restrictivas hasta entonces de aplicación obligatoria para las empresas.

Como era de esperar, desde su publicación (15 de abril) más de 28 mil empresas sin importar su tamaño, se acogieron a este procedimiento que aproximadamente deja a 250 mil trabajadores sin percibir salario.

Al mismo tiempo, el gobierno dispuso implementar de forma gradual la reactivación económica de las actividades en 4 fases. En mayo inició la fase 1 y en junio la fase 2 que permite que el 80% de los sectores productivos suspendidos vuelvan a sus operaciones.

Claramente hemos denunciado el rol genocida de este gobierno que ha demostrado defender las ganancias empresariales antes que la vida de los trabajadores y el pueblo.
Por lo que demandamos una cuarentena con salarios, alimentos y medicina para todos, nada que ver con el desastre que implementó Vizcarra dejando a los trabajadores y el pueblo pobre expuestos al contagio masivo y a la muerte.

Sin embargo, el reinicio de actividades ya es un hecho, y trae nuevamente los cuestionamientos a las normas dictadas por este gobierno, como la SPL presentada como necesaria “para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el covid-19” por las restricciones del Estado de Emergencia.

Por un lado, las restricciones que impedían el funcionamiento de las empresas ya no existen, pues con la fase 2 casi todos los sectores productivos del país vuelven a operar, vasta presentar al MINSA su plan para la vigilancia, prevención y control de covid-19 en el trabajo, y la autorización se aprueba automáticamente.

Entonces, ¿por qué se sigue permitiendo utilizar esta medida presentada para otra situación? Peor aún ¿por qué se ata su vigencia a la declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, ampliado últimamente hasta el 9 de setiembre? Sin lugar a duda, el objetivo de esta medida se encuentra más allá de la emergencia.

Un nuevo régimen más explotador

Esto se combina con otra realidad. El reinicio de actividades productivas se viene haciendo de forma gradual y la convocatoria de trabajadores se viene haciendo a gusto de los cálculos del mercado de las empresas, que, como ya sabemos, se encuentra mal.

Así, fabricas como PIONER, convocan trabajadores y vuelven a enviarlos a SPL a voluntad, canjeando las consecuencias de la crisis económica con el puesto de trabajo de millones de trabajadores que se encuentran lidiando entre morir de hambre o morir por las consecuencias del covid-19.

Más plusvalía

Además de todo esto, la reincorporación de trabajadores a la producción trae los cambios que faculta las normas, cambio de horario y pago de horas dejadas de laborar por la cuarentena, es decir un régimen de 12 horas diarias como ensayo de un nuevo régimen que permita realizar la misma producción pero con menos trabajadores, recortando gastos logísticos, de movilidad y otros, como viene sucediendo ante el reinicio de actividades en Celima y en las fábricas textiles.

Si a esto agregamos que la mayoría de industrias de alimentos (como Alicorp, Molitalia y Cogorno), ya utilizan jornadas de 12 horas para reducir la rotación y movilidad de los trabajadores durante la emergencia, solo puede significar que los trabajadores excedentes, producto de esta nueva realidad, serán sometidos a nuevos procesos de suspensión perfecta y ceses colectivos.

En la Corporación Miyasato, líder en el mercado del vidrio, ya se dio el primer paso aplicando el Cese Colectivo, a pesar de haber recibido 10 millones de soles del plan Reactiva Perú, que se supone seria para “no romper la cadena de pagos”, que incluye el de sus trabajadores.

Más despidos y ataques antisindicales

Al mismo tiempo, durante la cuarentena las empresas han desatado una feroz ofensiva antisindical. En Arca Continental (Coca-Cola) se ha producido el despido de dos dirigentes del SINATREL bajo el pretexto de no laborar en estado de emergencia. En SAGA FALABELLA han despedido a 22 trabajadores por exigir medidas de seguridad. En MOLITALIA aplicaron sanciones abusivas contra trabajadores que exigían pruebas de descarte del covid-19. En TOPY TOP se denuncia decenas de despidos so pretexto de la falta de trabajo, mientras que a los demás trabajadores se les obliga a realizar horas extras. Las obreras de limpieza pública organizadas en el SITOBUR, enfrentan la amenaza de despidos masivos. De este modo lo que se busca es debilitar las organizaciones sindicales, que son nuestros instrumentos de defensa.

Así, ante la pérdida de ganancias y utilidades de las empresas producto de la emergencia, Vizcarra alcanzó en bandeja de plata el D.U. 038-2020 sobre SPL, que es convertido en arma para recuperar ganancias estableciendo un nuevo régimen laboral más explotador.

Fuente: Telesur – Protestas

La clase trabajadora responderá si o si

Entendemos la necesidad de responder a estos nuevos ataques. Ya se sienten los primeros estruendos en las calles. Los trabajadores estibadores del puerto del Callao se atrincheraron en las entradas del Puerto paralizando 5 días las operaciones, obligando a los empleadores a respetar las normas de seguridad y salud. Las compañeras del SITOBUR batallan todos los días en las calles exigiendo protección a su salud y respeto a su trabajo. Y las innumerables denuncias por redes sociales revelan la necesidad de lucha que sienten muchas organizaciones sindicales.

Con estos ejemplos nos organizamos para salir el 23 de junio ante la convocatoria de la CGTP. La vanguardia obrera debe garantizar la presencia de las bases combativa con vistas a poner en marcha un verdadero plan de lucha que nos lleve a conquistar nuestras demandas fundamentales.

Nueva dirección
Hay que poner en pie una nueva dirección política con un programa obrero y popular orientado a salvar vidas y defender el empleo a costa de las ganancias empresariales.
En ese camino, compañero, compañera, te invito a construir nuestro partido el PST, junto a luchadores reconocidos de la clase obrera, con el único objetivo de luchar para defender nuestros intereses como trabajadores.

SITOB: Dos años de lucha consecuente por la reposición

La lucha de los compañeros del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos S.A.C. (SITOB) muestra a las claras la mezquindad y el abuso patronal, al mismo tiempo que es ejemplo de los peligros de la hoy famosa “suspensión perfecta de labores” en manos de la patronal.

El 19 de mayo de 2018, la transnacional BSH Electrodomésticos (Bosch), productora en el Perú de marcas reconocidas como Coldex, echó a la calle a 158 obreros, muchos de ellos con hasta 30 años de servicio en la empresa, aduciendo “problemas económicos”.

Sin embargo, los despidos, que iniciaron con la declaratoria de la “suspensión perfecta de labores”, se cebó con el SITOB: de los 158 despedidos, 111 pertenecían al sindicato, incluida la junta directiva.

Con esto quedó claro que la empresa utilizó la “suspensión perfecta” y el cese colectivo como un arma para destruir al sindicato.

Pero los compañeros han continuado peleando. Gracias a la acción del sindicato, ganaron dos resoluciones del Ministerio de Trabajo (MTPE). La segunda (27 de setiembre de 2018) ordenando que BSH Electrodomésticos S.A.C. abone las remuneraciones dejadas de percibir durante el periodo de suspensión perfecta de labores y proceda a reponer en sus puestos de trabajo a los trabajadores comprendidos en la nómina adjunta a la solicitud de terminación colectiva de los contratos de trabajo.

Sin embargo a la fecha, dos años después del despido, sólo ha cumplido con la reposición a sus puestos de trabajo de 39 compañeros, dejando en la calle a buena parte de la directiva. Entre ellos, al compañero Wilfredo Llanos, secretario general del SITOB, que no percibe su salario desde hace 24 meses.

“En el camino hemos encontrado grandes compañeros de lucha, como el Sindicato Celima, los dos sindicatos de Cogorno y la Federación textil, entre otros compañeros y compañeras. Estamos convencidos que tenemos
que volver. Tenemos que lograr con la lucha unificada que BSH, pero también la patronal de Hialpesa y Cogorno repongan a los trabajadores que han sido despedidos en ceses colectivos.”, afirma el compañero Llanos. “Además hoy debemos luchar contra la suspensión perfecta de labores autorizada por el gobierno, que como nosotros sabemos, es la antesala de los ceses colectivos”, puntualizó.

El SITOB ha sido uno de los puntales en la lucha contra los ceses colectivos que, ya desde antes del inicio de la pandemia de Covid 19. Y ha tomado la iniciativa en la lucha contra las medidas antiobreras del gobierno. Por eso desde estas páginas hacemos un llamado a rodear de solidaridad la lucha de los compañeros, y a pronunciarnos demandando a BSH Electrodomésticos la reposición de los compañeros que aún mantiene en la calle, más aún en este duro momento que atravesamos.

¡Viva la lucha del SITOB por la reposición!

Suspensión de salarios perfecta para la Confiep

Por Manuel Fernandes

Dirigente obrero

A casi menos de un mes de publicado el DS 011-2020 TR sobre Suspensión Perfecta de Labores, ya se registran 20 mil solicitudes que deja a más de 200 mil trabajadores sin salario durante los próximos 90 días. Y esto recién empieza.

La letalidad de esta norma fue reglamentada por Vizcarra para su aplicación en este estado de emergencia, y supera de lejos lo establecido por el dictador Fujimori en el DS.003-97 TR sobre SPL publicado en 1997.

La norma reduce la figura de afectación económica de una empresa, a la disminución de ingresos por ventas obtenidas en marzo y abril, ambos meses con cuarentena obligatoria. Un procedimiento infalible para cualquier empresa que podrá mostrar que en abril no tuvo ingresos por ventas y con ello perjudicar al trabajador. Un procedimiento que deja de lado los ejercicios contables de trimestres pasados y años anteriores junto con el incremento patrimonial, que demuestran la real capacidad económica de cualquier empresa.

Así, sin importar que sean empresas Top en su rubro como Cine Planet, Casa Andina, Cerámica Lima, Trébol, Indeco, Graña y Montero y hasta de la gran minería, son favorecidas por la norma, pese a que fue presentada como medida excepcional luego de agotar la negociación de otras opciones con los trabajadores.

Sin embargo, como todo está suscrito dentro de las facilidades que la norma otorga a las empresas que se declaran afectadas económicamente, la negociación solo sirve para entregar derechos, como recortar los salarios y beneficios laborales, como se viene imponiendo en tiendas Ripley y Cerámica San Lorenzo, y que incluso amenazan con ser permanentes.

Y mientras la ministra de Trabajo públicamente alienta expectativas en la fiscalización posterior de la SUNAFIL, el propio director de los inspectores señaló que 700 inspectores que laboran de forma remota, no podrán revisar 20 mil solicitudes en medio de tantas denuncias laborales que viene ocurriendo en la emergencia. Y que para remate cuenta con el silencio admirativo positivo ante la demora del pronunciamiento de la autoridad dentro de los 30 días calendarios.

Vizcarra, que gobierna como un patrón más en la fábrica, acabó por empoderar a los empresarios con herramientas útiles para atacar los llamados “costos laborales”, esto es: despedir al personal “excedente”.

Muchos de estos problemas ya se vienen denunciando dentro del movimiento obrero. Sin embargo, el mayor reto que tenemos es comprender que este problema recién empieza y no acabara con la cuarentena, o la falsa película que proyecta el gobierno y que muchos dirigentes han creído, que regresaremos a la normalidad en un par de meses.

La misma norma aclara que de ser necesario se ampliaría el estado de emergencia sanitaria y con ello las posibilidades de seguir ampliando la medida de suspensión perfecta. Y no nos olvidemos que por las mismas causales se podrá aplicar el Cese Colectivo, el cual ya se venía utilizando y que ahora pueden hacer masivo.

Vizcarra, que gobierna como un patrón más en la fábrica, acabó por empoderar a los empresarios con herramientas útiles para atacar los llamados “costos laborales”, esto es: despedir al personal “excedente”, a los que conquistamos derechos, a los que tienen enfermedades crónicas y, por esa vía, acabar con los sindicatos para luego iniciar una nueva etapa de crecimiento sobre la base de una mayor explotación de los trabajadores, sin convenios y sin sindicatos.

Organicemos la respuesta
Antes de la pandemia, formamos parte de la heroica lucha de los trabajadores de Cogorno, Hialpesa, BSH y otros sindicatos que enfrentaron los ceses colectivos con plantones y huelgas, y la solidaridad de bases y activistas obreros que permitió, aunque con demora, algunos triunfos y la continuidad de su lucha.

La tarea sigue siendo la misma: necesitamos organizar la respuesta de los trabajadores ante tremendo ataque de Vizcarra y la CONFIEP. Pero no servirá de mucho si lo hacemos de forma aislada. Hoy que el ataque se ha generalizado y esto debe permitirnos unificar las acciones de lucha.

Se trata de organizar la respuesta de los trabajadores para que no seamos nosotros quienes paguemos las consecuencias de la crisis. Defender nuestra vida y la de los nuestros, también significa defender nuestro sustento económico que es la fuente de trabajo.

Se trata de derrotar una norma que protege a las empresas encubriendo su real capacidad económica. Si, en últimas, verdaderamente muestran pérdidas, pediremos que nos entreguen la administración de la empresa para mostrarles que podemos garantizar más empleo y mayor salario para todos.

Para ello necesitamos que la vanguardia obrera ocupe su lugar garantizando las próximas medidas a realizar, poniendo en pie de lucha a los sindicatos bases, defendiendo su independencia y auto organización como alternativa ante el rol colaborador de las cúpulas de las centrales sindicales.

En ese camino te invitamos a construir nuestro comando mayor, una nueva dirección política de los trabajadores que milite por poner en pie la respuesta obrera. Nuestro partido PST está en este camino, junto con luchadores reconocidos con el único compromiso de defender los intereses de la clase trabajadora. Te invitamos a formar parte de él.