¡Justicia ya para los caídos del 14 de Noviembre!

foto: La República

Por: Miguel Reyes

Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.       

Sigue impune la tragedia

Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.

Las limitaciones de la denuncia

Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.

Luchar en las calles por justicia

Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.

Por un ingreso libre a la Universidad

La situación cada vez es más difícil para la juventud. De cada diez estudiantes que salen del colegio solo tres acceden a una educación superior; los siete restantes tienen que buscar trabajo para poder solventarse. Familias que se quedan sin empleo o que fallecen a causa de la pandemia. Estudiantes que dejan la Universidad debido a la falta de recursos, internet y comida.

Durante el 2020 el 70% de la juventud trabajadora perdió su empleo. La revista American Economic revela que este año más de 1.5 millones de jóvenes entre 15 y 29 años no estudiarán ni trabajarán.  

Ingreso libre a las universidades

Una de las propuestas frente a esta situación es el Ingreso Libre a las Universidades, planteada por Castillo el 28 de julio. ¿Se hará realidad?

Pues no. En los últimos 20 años la educación pública universitaria se ha ido privatizando, el 90% de los recursos sale de lo directamente recaudado (RDR), es decir, de la existencia de una PRE, del pago de los trámites, de los diversos programas académicos. Esto hace que solo puedan costearlo los que tienen dinero y los que no se quedan fuera. La educación tiene muy poco de gratuito.

Si ya mantenerse es complicado ingresar lo es aún más. De los 373 mil postulantes anuales solo ingresan 60 mil; es decir más de la mitad queda fuera y trata de postular dos, tres hasta cuatro veces.

Según Comex-Perú, la propuesta de Ingreso Libre necesita 493,3 millones anuales adicionales al presupuesto actual, esto quiere decir el doble de lo que se destina. Para algunos empresarios, rectores, economistas esta propuesta es inviable porque quieren evitarle más gastos al Estado, y por eso proponen ingreso gradual y selectivo.  

Los que se oponen a un ingreso libre universal ya han planteado modelos y enfoques en los cuales los estudiantes que estén en el Tercio Superior, que hayan alcanzado las competencias y que sean talentos regionales puedan acceder a esta propuesta gradual. Decir esto, es dejar de lado a los 7 de cada 10 estudiantes que salen de la secundaria y no darles la oportunidad que necesitan.

Mientras se mantenga el mismo plan económico los empresarios de la educación seguirán priorizando sus ganancias anuales y dejando de lado a esta población juvenil.

¿Qué proponemos?

El Ingreso Libre a la Universidad es una medida que permitirá que los hijos de las familias pobres y trabajadoras puedan acceder a la educación superior.

El gobierno y sus aliados no garantizan este derecho. ¿Cómo creerles si incluso la comisión de Educación y Presupuesto están en manos de los sectores que han privatizado la educación?

Por eso es necesario que luchemos por ingreso libre a la universidad y por una educación pública, gratuita y de calidad.

Urge un plan desde la universidad para ayudar en la lucha contra la pandemia y los problemas sociales agudizados

Foto: NinaÑawi – Luis Javier Maguiña

Siguen pasando los días y las autoridades continúan al margen de la crisis social y la problemática estudiantil. Sin importar estos temas, aquellos se convierten en cómplices de la política general del gobierno de turno, la cual es la de volcar la crisis a las masas populares. 

Se profundizan las brechas sociales

Son cada vez más los casos de estudiantes marginados de la educación superior y técnica en el marco de una pandemia que golpea a los más vulnerables. Casos como la imposición de un examen de admisión virtual, con alrededor de 15 mil estudiantes que quedaron fuera, o la deserción de 63 mil universitarios aproximadamente, más que el 2019, muestran claramente la gran desigualdad y discriminación que existe en el ámbito universitario. Siendo una política idéntica a la del gobierno: sálvese quien pueda. En este caso, postule o estudie quien pueda.

Además, San Marcos está formando parte de las decenas de investigaciones sobre casos de corrupción en el país, a raíz del caso de la compra de decenas de lavamanos portátiles sobrevalorados. Pues según el Ministerio Público, solo a 100 días que inició el confinamiento por el covid-19, los presuntos casos de corrupción aumentaron a 700 %.  Lo cual empalma con la falta de transparencia en la gestión del gobierno universitario y por tanto con la ausencia de acciones democráticas en nuestra casa de estudio. Todo bajo el respaldo de la actual ley universitaria 30220.

Un plan estratégico para los problemas sociales

En el marco del estado de emergencia, muchos problemas sociales como la violencia hacia la mujer, los problemas psicológicos en la población, la falta de personal médico en los hospitales, los despidos masivos en las fábricas, la falta de un sistema de transporte adecuado, el inacceso a la educación básica regular por muchos niños, etc. se han desnudado y agudizado sin que haya un verdadero plan de por medio. No obstante, las universidades, una de las principales instituciones del estado, tendrían que jugar su gran rol social de cara a proponer soluciones a estos graves problemas del país.

Mientras la politica de «concientizacion» del gobierno genocida sigue siendo la de colocar multas exorbitantes a infractores, aterrorizar con mensajes que buscan culpabilizar especialmente a la población de la propagación del virus, meter bala en las protestas como en Iquitos, en síntesis una política de terror. La universidad puede por ejemplo organizar un programa de intervencion social para cumplir con la tarea de concientizar a nuestra población, un trabajo de promocion de una cultura de salud, como parte de un gran plan estratégico a fin de enfrentar la problemática nacional. Al mismo tiempo que puede demandar al gobierno central  los recursos para llevar a cabo ese plan y para garantizar las necesidades básicas de la poblacion. Ya que, fuera de los esfuerzos plausibles de algunos docentes y estudiantes, las universidades como intituciones han aportado muy poco.

Aprovechar al máximo los espacios de debate estudiantil

Ante la gran debilidad organizativa en los distintos gremios estudiantiles, las direcciones gremiales tendrían que aprovechar al máximo cualquier asamblea llevado a cabo. No se puede dejar pasar ninguna oportunidad como muchas veces suele suceder, con discusiones secundarias que no ayudan a organizar ni a movilizar. Menos aun cuando hay condiciones adversas como esta pandemia.

Asimismo, la reducción de la lucha y el debate universitario a las demandas sobre la problemática de la universidad sin tener como eje central la problemática social nacional, hace que se genere un obstáculo para la unidad en las luchas con otras organizaciones sociales, en especial con la de los trabajadores. Pues tener una lucha unitaria tanto contra las autoridades universitarias como contra el gobierno de turno, el principal causante de todo este desastre en cuanto al combate de la pandemia y la agudización de la crisis social se refiere, debe ser nuestro horizonte y una de nuestras prioridades.

Organización para la lucha

Es en ese sentido que existe la necesidad de impulsar más asambleas y coordinaciones con delegados estudiantiles de base comprometidos con la lucha contra las desigualdades que están a flote en el país y de discutir seguidamente las distintas demandas estudiantiles y sociales que hay. Hace falta crear asimismo más mecanismos virtuales de participación estudiantil  para buscar puntos de unidad y hacer cada vez más grande esta lucha emprendida por varios estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Esos espacios de debates y discusión son fundamentales para tener claridad sobre las distintas demandas y poner como eje los diversos problemas sociales que líneas atrás se han señalado. Eje que es más que una necesidad hoy en día. Debido a la gran crisis histórica que estamos viviendo. Nuestro rol como estudiantes tiene que ser, en unidad con los trabajadores, la de proponer y actuar sobre dicha crisis para ser parte de la solución.

¡Ayuda integral para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes contra los ataques del gobierno!

¡Por un eje estudiantil que se centre en las problemáticas sociales!

¡Urge un plan institucional para apoyar en la lucha contra la pandemia y para encarar los problemas sociales agudizados por la misma!

Necesitamos desde la universidad los máximos recursos para enfrentar esta pandemia

Corriente Estudiantil Obrera (CEO)

Desde que comenzó el anuncio de la emergencia sanitaria, las autoridades de San marcos, así como en muchas otras universidades públicas, no han hecho mas que priorizar, sin ningún escrúpulo, asuntos ajenos a la problemática que aquejan no solo a muchos estudiantes y trabajadores de la universidad, sino también a toda la población en general quienes hoy más que nunca necesitan recibir el aporte que puede dar San Marcos como las demás universidades en torno a la lucha contra la pandemia y sus nefastas consecuencias.

La verdadera prioridad de las autoridades

Desde el gobierno universitario y el decanato de las distintas facultades, no se ha mostrado una verdadera preocupación ni por el combate a la desigualdad en la educación superior ni por el aporte social a través de los recursos logísticos, económicos y humanos que tanta falta hace para encarar esta pandemia, y así mostrar y cumplir el gran rol social que tiene nuestra casa de estudio. Toda esa deficiencia se puede ver en la incesante lucha de los residentes externos por una ayuda en el tema de la alimentación, salud y vivienda, en la lucha de los trabajadores de San Marcos y de otras universidades por sus demandas aplazadas y, en la poca participación de las universidades en los problemas sociales agudizados por la pandemia. Y ni que hablar de la tardía e insuficiente ayuda a los estudiantes con la entrega de los modems y chips para el acceso a internet y por ende a las clases virtuales que ya comenzaron hace un mes aproximadamente, en donde muchos ya tuvieron que reservar o anular su matrícula.

No obstante, donde si ha habido un real interés por parte de las autoridades ha sido en la afectación de los Recursos Directamente Recaudados (Recursos de la privatización, causante de las disputas y corrupción dentro de las universidades) que, sin duda alguna, se ha visto afectada tal como lo expresó hace semanas una autoridad de la misma universidad. Asimismo, otra de las preocupaciones, ha sido el mantenimiento de los mandatos y la ejecución de un Reglamento disciplinario que indudablemente necesitan para consumar la criminalización de la protesta, puesto que la ley universitaria 30220 ya la sanciona. Solo basta ver su artículo 10 en la cual se condena “los actos de violencia física o moral” y “la inviolabilidad” de los locales de la universidad.

Las limitaciones de muchas direcciones gremiales

Lo que está pasando dentro de la universidad no debe ser razón para obviar lo que está sucediendo fuera de esta. Sin embargo, este es un error que cometen muchos dirigentes honestos y  luchadores. Tan es así que se puede evidenciar en sus exigencias y pronunciamientos de cara a la comunidad universitaria. Estamos viviendo tiempo de crisis en todos los ámbitos sociales. Nuestras demandas no pueden reducirse solo a la solución de los problemas internos de la universidad. Tienen que volcarse y vincularse también a las demandas externas. O sea exigir, por ejemplo, desde la universidad y desde sus posibilidades, un verdadero plan integral de cara a volcar la máxima ayuda frente a los problemas que está atravesando el país, así como poner al servicio los recursos humanos para atender a los pacientes que tienen el covid-19 y también las demás enfermedades que, en muchas ocasiones, están siendo desatendidas; habilitar y ampliar las instalaciones de la universidad para que sea un centro de atención más; volcar más recursos a la investigación; etc.

Pues, como ya se ha evidenciado, el gobierno de Vizcarra tiene la orientación de volcar la crisis hacia las masas populares, es decir,  hacia las familias de miles de estudiantes. Quienes seguramente en el transcurso de toda esta pandemia acumularán una serie de problemas que podría afectarse aún más de lo que ya han sido afectadas hoy en día. Hace falta promover esa discusión y levantar una plataforma más acorde al terrible contexto que estamos viviendo. No será nada fácil resistir los golpes de esta pandemia conforme vayan pasando los días, ni lo será después de esta. De ahí, la necesidad, por parte de las autoridades, de imponer un Reglamento de Procesos Disciplinario en la universidad y, a nivel nacional, de imponer un patrullaje policial constante para reprimir aún más las luchas que surgirán más adelante. Ellos saben muy bien que más adelante no habrá una mejor situación. Vendrán luchas como la de Espinar. Y nosotros tendremos que enfrentarlo con nuestras organizaciones.

Organización desde la virtualidad

Por eso afirmamos que el camino continúa siendo el de la organización para solucionar las demandas más concretas de los estudiantes y también los problemas sociales del país que se han agudizado más. Es en ese sentido que tenemos que promover espacios de articulación (hoy virtuales) desde las bases para hacer sentir que cada estudiante forma parte de cada medida que se impulsa. Un ejemplo de una buena muestra de esto ha sido la acción de compañeros de la base 20 de la Facultad de ciencias sociales, quienes han recopilado información de estudiantes de su base y, a su vez, han organizado un video mostrando la nula ayuda a ese sector del estudiantado. Una gran iniciativa a imitar para todos los dirigentes de base.

Así como estos compañeros, tenemos que utilizar al máximo todas las herramientas tecnológicas para difundir la situación de la educación superior y del país, a fin de concientizar sobre la necesidad de prepararnos para enfrentar los problemas no solo de la universidad sino también del país. Pues, no podemos obviar lo que está pasando fuera de la universidad. Estamos siendo testigo de una de las mayores crisis de la historia de la humanidad y tenemos que actuar como tal. No podemos permitir más abandono a los sectores más vulnerables. Tenemos que promover la organización y la unidad de los trabajadores y estudiantes por un mayor presupuesto para los servicios básicos y por ende mejores condiciones para el estudio, el trabajo y el aislamiento social y así evitar la expansión del covid-19.

¡Por un plan integral al servicio de la sociedad!

¡Por alimentación, salud y vivienda para todos los estudiantes vulnerables!

¡Por una organización desde las bases!

¡Por la unidad de los trabajadores y estudiantes!

Educación, salud, vivienda y alimentación para todos los estudiantes vulnerables

Por Corriente Estudiantil Obrera

En medio de la actual crisis sanitaria que se agudiza cada vez más en nuestro país, miles de estudiantes de San Marcos y de otras universidades públicas siguen necesitando ayuda urgente para la realización de sus clases virtuales. Asimismo, esta falta de acceso en el marco de esta pandemia, tal como lo expresan los residentes externos de San Marcos, no es el único problema que azota a muchos estudiantes, sino también la falta de sustento de las necesidades básicas como la alimentación, la vivienda e incluso el tema laboral.

Se prioriza lo económico y no lo académico

Además, las autoridades de San Marcos, ante la falta de solución para con el acceso a la educación virtual, la contratación docente, la matrícula, el horario de los cursos, entre otros procesos administrativos más, siguen mostrando a toda la comunidad universitaria otras prioridades (avaladas por la ley universitaria 30220) que no son de hecho académicas. Sino más bien preocupaciones económicas tal como el de mantener los números de la caja fiscal de la universidad en azul, lo cual vulnera directamente un fin y una función básica de toda universidad: la de priorizar el desarrollo profesional de los estudiantes. Que, a pesar de que se menciona inclusive en la ley universitaria, se pone por delante otros artículos que ponen de manifiesto el carácter privatista de esta así como el carácter autoritario de la misma, de ahí que han sido completamente legales todas las medidas arbitrarias que se han venido dando en distintas facultades y desde el rectorado. Un ejemplo claro de ello fueron los planes de adecuación para las clases no presenciales exigidos por la SUNEDU. Donde, en varias facultades, no hubo ni siquiera transparencia.

Situación crítica para miles de jóvenes y sus familias

Como se dijo líneas atrás, los problemas no solo se reducen al ámbito universitario. Hay otros ámbitos también que pueden vulnerar a más jóvenes de los que hoy existen. Pues, frente a un gobierno que tiene la gran orientación de volcar la crisis a los sectores más pobres del país, más estudiantes junto a sus familias podrían ser afectados. Solo basta ver la mínima inversión extra por parte del gobierno dado a la educación y a la salud en relación a la tremenda ayuda que ha desembolsado el gobierno a las grandes empresas del país. Donde aquellas, juntas, no llegan ni al 10% de todo el dinero que este gobierno ha soltado a estas últimas.1

Simultáneamente, cifras como el de la suspensión perfecta de labores, con más de 200,000 trabajadores afectados hasta inicios de mayo según el MTPE, como la de los cientos de trabajadores que tienen el perverso cese colectivo, como la de los infectados que sobrepasan los 200 mil, como el lucro con la salud por muchas clínicas o farmacéuticas del país, entre otros datos terribles para la población pobre, nos dan un panorama de lo que está sucediendo en nuestro país y de los posibles golpes que están recibiendo y que recibirán muchos más jóvenes universitarios y familiares suyos. Por tal razón, sin duda alguna, urge una ayuda inmediata integral para que no solo nadie trunque sus estudios ni sea excluido por no tener los medios económicos, sino también para que todos se mantengan vivos y sanos. Pues, es una realidad que muchos de ellos solventan sus propios estudios tal como lo hacen miles de estudiantes técnicos, y que ahora, debido a la actual crisis, se están quedando sin empleo. Así lo indicó, por ejemplo, Julio Cárdenas, presidente de la Asociación de Institutos y Escuelas de Educación Superior (ASISTE PERÚ), que, más de 65,000 estudiantes no se llegaron a matricular en este semestre y que además calcularon que, en los próximos meses, la cifra podría llegar hasta 170,000 estudiantes más. Una crisis en la educación.

Exigir más presupuesto para la educación y para los demás servicios básicos

Nada de lo que está pasando es casual. Todo es producto de las grandes desigualdades que este sistema y este modelo económico ha causado. Y precisamente uno de los sectores donde se está viendo eso, es la educación. Es por ello que hoy más que nunca tiene que haber un aumento presupuestal para la educación y un estudio socioeconómico integral orientado a identificar a los estudiantes más vulnerables y brindarles todo el apoyo necesario, estudio que no debe ser usado para otros fines. A su vez, para que haya éxito en estas demandas, tiene que haber una amplia unidad de los trabajadores y estudiantes para luchar juntos por una educación sin excluidos y por mejores condiciones de vida para todos. No podemos permitir que en medio de toda esta crisis sanitaria se abandone a cientos de estudiantes a su suerte, menos aún permitir que las autoridades universitarias y el gobierno nacional prioricen “problemas económicos” que las necesidades básicas de la juventud y de los trabajadores. 

¡Educación sin exclusión!

¡Evaluación socioeconómica ya!

¡Ayuda integral para todos los estudiantes que lo necesiten!

¡Más presupuesto para la educación y para los demás servicios básicos!

¡Por la unidad de los estudiantes y los trabajadores!