Por Federico Romero
Entre movilizaciones de masas enfrentadas política y socialmente, una degradación de las instituciones de la democracia burguesa ante la que surgen fuertes llamados a un golpe y mientras el Covid, sin darnos tregua, avanza hacia una tercera ola, Perú vive estos días una grave crisis de pronóstico reservado, nada menos cuando se apresta a celebrar su 200 aniversario como república independiente.
La crisis tiene forma electoral porque habiendo ganado las elecciones por un margen estrecho el candidato de izquierda Pedro Castillo, la burguesía y sus representantes de derecha pretenden que se revise el conteo para robarle votos y favorecer la elección de su candidata Keiko Fujimori. Y aunque quien debe definir el resultado final es el tribunal electoral, la fuerte polaridad en medio de la erosión institucional llevan a que su definición se realice en las calles, a la que ya se han volcado amplios sectores de ambos lados y que, con independencia de su resultado, trae un escalamiento de la lucha de clases en la senda que ya recorre gran parte de América Latina.
En condiciones normales, el Jurado electoral ya hubiera dado como ganador oficial a Pedro Castillo (como en 2016, cuando la misma Fujimori perdió las elecciones por un margen similar). Pero estas no son elecciones normales, aunque en apariencia parecía así y hasta no despertaba interés en un inicio. Se puede decir que empezando por ser normal las elecciones en su desarrollo fue destapando la olla en la que hierven los conflictos de clase y de opresión, no solo de 30 años de neoliberalismo, sino de 200 años de república fallida y que la pandemia atizó.
El choque actual no es expresión de un cambio fundamental en la correlación de fuerzas de clases como, por ejemplo, fue la expresión de la elección de Evo Morales en Bolivia que ingresó a Palacio Quemado montado sobre un intenso y largo proceso revolucionario que empoderó a las masas que habían derrotado en las calles a dos gobiernos burgueses en 2003 y 2005, y permitió la recuperación del gas, aunque sea parcial, y otras aspiraciones. En Perú la lucha de clases aún está lejos de llegar a este nivel. El respaldo a Castillo es manifestación de búsqueda de las masas de una salida por la vía electoral; el mismo Castillo no es ni la sombra de Evo y Perú Libre es una precaria organización de la izquierda castrochavista incapaz — aun si fuera posible– de conducir un proyecto político desde el gobierno. Esto explica en gran medida por qué la maniobra dilatoria de la burguesía para robarle la elección a Castillo, o al menos para deslegitimarla, ya lleva quince días, y desata movilizaciones importantes de rechazo, pero también de apoyo al otro bando y bajo iniciativa de la burguesía.
No obstante, el potencial revolucionario que anida en las masas está ahí, puede estallar y abrir una nueva situación. Para que esto se produzca depende de cómo evolucione y se resuelva la actual crisis, es decir depende de los choques y también negociaciones que se produzcan los siguientes días. Si se impone a Fujimori estallará la lucha nacional, y si se confirma a Castillo volverá la relativa calma, al menos por un pequeño lapso. Pero hay otras opciones como que el proceso se dilate más allá del 28 de Julio colmando la paciencia de las masas, y que el mismo proceso se anule. Por ahora, desde las direcciones y desde el mismo Perú Libre se encasilla el problema en la salida legal y a la negociación con la burguesía intentando ganar su confianza y su luz verde, usando la presión de masas para este objetivo pero limitando la lucha. Pero el otro sector burgués de derecha quiere llegar hasta el final, lo que acelera y potencia el choque.
¿Cómo llegamos a esta situación?
Las elecciones fueron de crisis dado el profundo descrédito de todos los partidos y la creciente desconfianza en el régimen, lo que llevó a que el 30% no concurriera a votar y que el 17% votara en blanco o viciado, y que pasaran a la segunda vuelta dos minorías que sumados no alcanzaron ni al tercio de los votos emitidos. Que esas dos minorías fueran las dos opciones más extremas, hizo que se polarizara el proceso de segunda vuelta.
Keiko Fujimori es cuestionada por el pasivo de la dictadura corrupta que encabezó su padre, por su desempeño obstruccionista a la anterior administración y por ser procesada por corrupción dentro del engranaje del caso Lava Jato en la que también están incluidos los cuatro últimos ex presidentes e infinidad de ex autoridades. Esto la llevó a tener más de 70% de antivoto, pero 13% de los votos emitidos le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Pedro Castillo, campesino y profesor rural, con su llamado a un verdadero cambio desde el mismo campo históricamente pobre y muy golpeado por la crisis, se benefició con 15% de los votos válidos. Ambos extremos emergieron expresando también un incipiente proceso de polarización social entre sectores medios que giran a la extrema derecha, y de sectores populares que lo hacen a la extrema izquierda, ante la profunda crisis de dirección del movimiento de masas cuya primera opción (Juntos por el Perú), estaba adaptada al régimen.
Así, la segunda vuelta sería definida por esos dos tercios de los que no votaron por ninguno de ellos, donde muchos que son fanáticamente contrarios a aspectos centrales de la candidatura, se ven obligados a apoyarlo como “mal menor”, bajo la consideración del programa económico que defienden: continuidad (Fujimori) o cambio (Castillo).
Pero esta definición, si bien fundamental, no ha sido del todo claro ni ha sido única porque la campaña fue atravesada por varios problemas donde lo determinante ha sido la campaña sucia y polarizante del bando fujimorista.
El contexto general
La segunda vuelta muestra al país social y geográficamente dividido. La sierra andina eminentemente agrícola y más pobre, dio un voto macizo por Castillo, y Lima y la costa norte e Ica que son más cercanos a los negocios capitalistas modernos, un voto mayoritario por Fujimori. Esta fragmentación no hace más que reverdecer los problemas históricos del Perú instaurados por la colonia, no resueltos en 200 años de república y más bien profundizados en 30 años de neoliberalismo, reafirmando que somos una nación inconclusa con un sistema inviable.
En la tradición histórica, la clase pudiente originada en un puñado de conquistadores y devenido en una élite criolla, siempre vivió cercada en los núcleos urbanos con temor a la masa indígena a las que explotaba y esclavizaba considerándola una raza inferior; y esas masas, sabedores de su fuerza numérica, tuvieron la necesidad de construir una identidad propia luchando contra los blancos urbanos. La forzosa introducción del Perú al dominio capitalista mundial y su formación como un capitalismo de periferia, dio lugar a un país con economía deformada, atrasada y dependiente del capital exterior. Desde la colonia Perú es exportador de oro, plata y otros minerales, siempre en manos extranjeras, y a su lado desarrolló la agroexportación en la franja costera, constituyendo los dos polos en la que la clase dominante funda su riqueza y explota y marginaliza a las mayorías. La sierra andina, agreste y dura, desde la colonia también fue sometida por terratenientes, que por su baja productividad establecieron y afirmaron relaciones serviles de explotación (trabajo gratuito), las que se mantuvieron hasta bien entrada la república. Y aun cuando con una larga lucha los campesinos conquistaron su derecho a la tierra, el atraso de la pequeña propiedad y el abandono del Estado que no es capaz de asistirlos ni de proveer de servicios básicos a sus pobladores, hacen que estas regiones sigan siendo –200 años después– las más atrasadas y pobres. Esta contradicción se hace más evidente no solo por la modernidad y los hábitos de consumo que exhiben las clases altas urbanas, sino ahí mismo en la sierra, que es donde poderosas mineras siguen extrayendo inmensas riquezas de sus entrañas.
Sobre esta base histórica se alinean las fuerzas y ubicación de las clases fundamentales. Las reformas neoliberales estabilizaron la economía y, sobre todo en los últimos 20 años, la hicieron crecer incluso a tasas chinas desparramando beneficios a todas las clases, pero en forma desigual, con lo que las brechas se hicieron más profundas aún. En años recientes el agotamiento del modelo inició la crisis social en el país, y la grave pandemia del covid terminó produciendo una desestabilización general.
La pandemia del covid no solo golpeó más a los trabajadores y pobres del país sino puso al desnudo su extrema vulnerabilidad bajo el actual modelo de economía neoliberal. El covid produjo la más alta tasa de muertes por millón del mundo por la inmensa carencia de hospitales, medicinas, médicos y hasta del elemental oxígeno. En Lima que concentra la economía del país, la mitad de trabajadores perdieron su empleo y la otra mitad perdieron numerosos derechos, entre ellos el salario. Miles tuvieron que retornar de la capital a sus lugares de origen para poder sobrevivir. La gran mayoría de pequeños comerciantes de un país donde el 75% es “informal”, se arruinaron. En la sierra y selva no llega la señal de internet ni se disponen de equipos de cómputo, por lo que los extremos pobres no tienen acceso a la educación básica virtual instrumentada en tiempos de pandemia. Mientras esto ocurría y ocurre de un lado, en el otro los grandes explotadores eran “salvados” con una gigantesca inyección de dinero estatal; salvo algunos días de para obligada, tampoco dejaron de producir y ganar todo este tiempo, sacrificando y tratando a su mano de obra como auténticos esclavos, y muchos hasta se hicieron más ricos (los oligopolios mineros) o lucraron con la vida de los más pobres (oxígeno y medicinas por las nubes), mientras podían protegerse del covid. Todo esto fue producto claro y nítido de una política de clase aplicada y dirigida desde el Estado (que además luce podrido en corrupción), y que las mayorías identificaron, e identifican perfectamente aún hoy, mientras lloran a sus muertos, tratan de sobrevivir o luchan por sus derechos.
Toda esta realidad tuvo sus primeras manifestaciones sociales en la gran rebelión del 14 de noviembre que derrotó la imposición por parte del Congreso de un nuevo gobierno de la corrupción, y en la poderosa huelga del proletariado agrícola que conquistó la derogatoria de la ley que simbolizaba la esclavitud laboral en el Perú. Estas manifestaciones, sin embargo, no escalaron hasta un cambio de correlación de fuerzas entre las clases por la traición de las direcciones reformistas, las que colaboraron con la burguesía para apaciguar las movilizaciones y conducirlas hacia el terreno electoral, en apoyo a su candidata Verónika Mendoza.
Los resultados del 11 de abril y del 6 de junio se inscriben en este contexto.
Factores de la polarización
Sobre esa base general se produjo la actual polarización. Un elemento de la polaridad que favorece a Castillo es la identidad de Fujimori no solo con las clases altas sino, además, con sus sectores más prepotentes, violadores de los derechos humanos y corruptos, características que ella ha exhibido sin camuflaje en la campaña y aun estos días. Además, su identidad con el continuismo económico que solo beneficia a los de arriba, la “mano dura” que anuncia para recuperar el orden y su encarnación de la impunidad que se busca para los grandes corruptos que las mayorías odian. Todo esto, a la vez, traducido en una campaña centrada en estigmatizar a Castillo de “comunista” y “terruco”, estigma que extienden a todos los que lo apoyan, desde los diversos grupos de izquierda y movimientos sociales hasta demócratas y funcionarios del Estado que tratan de mantener un grado de imparcialidad. Con esta campaña sucia han tratado de construir la imagen de Fujimori como “única” alternativa logrando poner de su lado a casi la mitad del país.
Esta campaña, es unánime en los grandes medios y visible en inmensos carteles que iluminan las principales calles de Lima, y es sostenida por una amplia corte de voceros que van desde viejos representantes de la democracia y sus partidos como el APRA, PPC, la mitad de AP y “personalidades” como MVLL y hasta nuevos sectores de ultraderecha, todos los cuales se enfocan en movilizar a las clases medias con la falsa bandera de “defensa de la democracia”. Es un movimiento tan reaccionario que de su seno se hacen llamados a “matar” a los “comunistas” y se presiona a las FFAA para que produzca un golpe si se proclama a Castillo.
Esta actitud excluyente, agresiva y de chantaje para torcer la voluntad popular y que comprende a las clases medias acomodadas y que intimida o confunde a otro sector, no puede ocultar que encarna el interés de los poderosos, de las multinacionales que acogotan nuestra economía y de las 17 familias más ricas del país, por su miedo al cambio.
Todo esto ha indignado a la gran mayoría de obreros, campesinos y pueblo pobre, ubicándolos del lado de Castillo, y a un sector de pequeñoburgués y demócratas que ven su elección con menos miedos y prejuicios.
Perú Libre es una pequeña organización castro-chavista provinciana que ejerce el gobierno de la región Junín por dos periodos, y para las elecciones se asoció con una importante corriente magisterial que –se dice– tendría vínculos con el Movadef. En cuanto a su programa la burguesía lo ataca porque no acepta ningún cambio, menos los planteamientos de nacionalización de la minería y gas y cambio de Constitución. Sin embargo, también sabe que Perú Libre no tiene posibilidades de realizar estos ofrecimientos porque la correlación de fuerzas no le es favorable, y por el control que la clase dominante ejerce de los poderes fácticos como el Congreso, la CONFIEP, las FFAA, las leyes, que operan como un gigante candado sobre el régimen y la economía.
En cuanto al Movadef, aun cuando fuera cierto lo que se acusa a Perú Libre, hay que decir que los seguidores de Abimael Guzmán hace 30 años que renunciaron a la lucha armada y todo su programa, desde entonces, se reduce a pedir un “acuerdo de paz” para integrarse al sistema a cambio del perdón a sus presos, o al menos a un mejor trato para ellos. Sin embargo, esa burguesía es tan reaccionaría que en lugar de la “reconciliación” invocada por la Comisión de la Verdad, siembra odio y miedo con la narrativa de que todo el problema fue por la acción de un grupo de terroristas sanguinarios, descontextualizado de la crisis que le dio origen y ocultando la respuesta genocida que dio el Estado y que causó la mitad de las 80 mil víctimas inocentes. En la coyuntura electoral, se vuelve a agitar esta monserga reaccionaria atizando más el enfrentamiento.
Bajo esta gigante presión, Perú Libre y Castillo muestran todas sus inconsistencias y limitaciones de origen, lo que los está llevando a sucesivos giros y adaptaciones. Por ejemplo, además de JP que se subió a su carro, sectores de la pequeña burguesía y burguesía “democrática” (Vizcarra, Partido Morado) también intentan subirse a él para cooptarlo. Para ello ha servido lo que hicieron la Iglesia (el partido más viejo de la burguesía) y otras instituciones, al hacerle firmar a Castillo un compromiso de sujeción a la democracia, sus instituciones y el modelo económico. En forma paralela, otra campaña en la que confluyen diversos sectores, trata de distanciar a Castillo de Perú Libre y Cerrón, presentando a estos últimos como todo el problema. Por supuesto que todo esto no tiene nada de “democrático”, pues Perú Libre ganó las elecciones con su programa y tiene derecho a gobernar.
En este camino, ya antes de producirse la segunda vuelta, Perú Libre y Castillo firmaron un acuerdo con JP sobre la base de un nuevo programa, el llamado Plan del Bicentenario, lo que le ha proporcionado equipo, voceros y apoyo orgánico de la izquierda oficial. Con este acuerdo Perú Libre y Castillo se han moderado completamente, pues dicho Plan se reduce a plantear “cambios” dentro de la continuidad del modelo, para tranquilizar a la burguesía. En esta misma línea, parece que para su eventual gobierno ya conforman un gabinete de centro izquierda con Verónika Mendoza al frente, mientras sus voceros se dedican a tranquilizar al mercado diciendo claro y en alto que no afectarán los grandes intereses ni con el pétalo de una rosa. Pedro Francke, economista que todos los burgueses reconocen como “moderado”, desde su posición de vocero oficial, ha dicho: “Me parece una ley económica muy clara de que a más crecimiento, más inversión, más producción y más empleo… Para mi si es muy importante la inversión privada como generación de riqueza y de empleos.” (El Comercio 19.06). Es decir, lo mismo que el actual modelo: si el inversionista privado es la niña de nuestros ojos, hay que protegerlo y brindarle todos los beneficios, que es exactamente lo que se ha hecho desde Alberto Fujimori hasta hoy.
Sin embargo, el sector burgués que cierra filas con Fujimori, no cree en nada de esto y difunde la fábula de que Castillo es el lobo feroz disfrazado de cordero. Claro, nada asegura el derrotero que, dada sus inconsistencias y contradicciones, seguirán Pedro Castillo y Perú Libre. Pero es evidente que ya dieron el paso para conformar un gobierno pintado de izquierda pero al gusto de la burguesía.
El plan para torcer el voto
En estas condiciones, en últimas, la burguesía estaría dispuesta a aceptar un gobierno de Castillo para evitarse una mayor conflictividad que podría abrir hasta las puertas del infierno. Pero lo cierto es que estos días juegan hasta el límite mismo, calculando en qué medida le puede resultar o no imponer un gobierno de Fujimori, o por lo menos deslegitimar la elección de Castillo, de tal modo que asuma cuestionado y débil como para facilitar el camino de su domesticación, o también juegan a anular las elecciones. Estas salidas políticas se cocinan en forma empírica y en lucha abierta de las diversas facciones burguesas.
¿A estos fines, de qué manera se cocina el plan de la burguesía?
La experiencia enseña que la democracia es burguesa y que los derechos solo existen en el papel, y se los respeta solo cuando se lucha por ellos. En este marco, con los derechos que le asiste esta “democracia”, entendida a su modo y para su fin, los representantes de Fujimori han observado un conjunto de actas que favorecen a Castillo pretextando firmas falsas, muertos que habrían votado, sumas que no cuadran y ahora hasta piden auditoría sobre el sistema utilizado para el conteo.
Ante el pedido de revisión de actas todos los sectores, hasta el mismo Perú Libre que debe mostrar buena conducta con la “democracia”, respaldan y se han pronunciado a favor de dicho proceso. Pero es una farsa. Una farsa porque no existe ninguna posibilidad que las partes se pongan de acuerdo en cada uno de las revisiones que se realice y que el tribunal electoral aplique “justicia” que contente a ambos. Los “demócratas”, que cándidamente creen que es justo que se atienda bien los cuestionamientos para transparentar el resultado final y que resulte ganador quien resulte, y que mientras tanto debemos esperar tranquilos en nuestras casitas, solo expresan sus buenos deseos cuando la realidad es otra.
¿Qué es justicia? ¿Que se anule un acta porque tiene una firma “falsa” que no ha sido comprobada, y aun cuando fuera comprobada, qué tiene que ver con los votos válidamente emitidos? ¿Anular una mesa porque el resultado no cuadra con el promedio del local de votación o con la que la misma Fujimori obtuvo en primera vuelta? Se plantea estudios estadísticos en las que algunos dicen que hay múltiples irregularidades y otras que no son muchas pero son importantes; pero las estadísticas son un instrumento y no pueden determinar la autenticidad de los votos que obedecen a motivaciones subjetivas. Por eso el recurso planteado por Fujimori con el respaldo de todos los que la apoyan, es una trampa.
El dictamen, a favor o en contra, va a ser resuelto por el JNE y su decisión será política. Así, en realidad, lo entienden ambos bandos y por eso han volcado, aunque sea tibiamente en el caso de Perú Libre, a sus partidarios a las calles.
En este marco, mientras Perú Libre ha entrado en el juego, Fujimori aplica una política de tijeras: mientras por un lado trata de torcer el voto a su favor presionando a los tribunos con un equipo de operadores y la movilización callejera, por otro lado trata de desacreditar al mismo jurado y cuestiona su probidad e independencia y chantajea con un golpe, y en este marco presionan para llevar el proceso hasta el límite, hasta el 28 de Julio que es cuando se debe realizar la juramentación, o incluso más allá.
Es un hecho que Castillo ganó las elecciones aunque sea por un estrecho margen, como lo revela el conteo rápido y el conteo de la ONPE. Pero es más: ese es el sentimiento de las mayorías, sobre todo de los pueblos del interior que votaron de forma sólida por él, los que ahora ven que les quieren robar, una vez más, sus esperanzas y sus sueños. No puede haber nada más democrático que reconocer este resultado, más aún, de una elección por completo antidemocrática porque colocó todo el peso del poder burgués, sus medios y recursos en un lado de la balanza contra el otro.
La salida es preparar y realizar el paro indefinido
Sobre estas consideraciones, el tribunal electoral pudo haber resuelto los casos, poner fin a los cuestionamientos y reconocer el triunfo de Castillo, y solo habría sido cuestionado por la derecha. Esa era la demanda que debía imponerse con la acción del movimiento de masas. Pero no ocurre así porque el peso de la oposición burguesa y de clase media con la que buscan negociar Perú Libre y JP.
La movilización se ha iniciado y se desarrolla desde el primer día cuando se vio que Fujimori no aceptaba los resultados. Pero pasados 15 días lo que hay que reconocer es que la ofensiva fujimorista creció con nuevos recursos, con nuevas fuerzas y respaldada con nuevas movilizaciones, las que contrapesan las movilizaciones en favor de Castillo y hacen crecer el peligro de que Fujimori impongan cualquiera de sus planes.
Por eso, más que movilizaciones que respalden la defensa del voto en mesa, el desafío que plantea la situación es un paro nacional indefinido que en definitiva derrote el plan burgués y fujimorista y que imponga el respeto a la voluntad popular. No hay otra.
La CGTP está planteando un Paro Nacional que a todas luces no será suficiente y menos aún está garantizado, y que solo puede servir para su propósito de conciliación. Hay disposición de lucha en la base, sobre todo en los sectores populares del interior, pero la misma disposición no existe en la clase obrera y en el proletariado minero ubicados en el corazón de la economía, precisamente por la desconfianza en la central.
La lucha por el paro indefinido, su preparación y su puesta en marcha requiere la decidida intervención de la vanguardia obrera y los luchadores, que deben realizar esta exigencia y realizar un intenso trabajo de explicación y organización desde las bases, y conducir a la construcción en cada lugar de comités de lucha y coordinadoras que hagan nuestra la pelea para garantizar la victoria. Y hacer esto no solo para hacer respetar la voluntad popular, sino luchando por los verdaderos cambios que buscamos, como la nacionalización de la gran minería y el gas, la expropiación de los grandes grupos capitalistas, la convocatoria a Asamblea Constituyente, por una efectiva segunda reforma agraria y por solución a las demandas obreras y populares.
Es posible hacerlo. Al menos hay que dar los primeros pasos en ese sentido, decantando de las posturas conciliadoras hacia la construcción de una verdadera dirección revolucionaria que ponga en pie a la clase trabajadora, bajo la estrategia de luchar por una salida de fondo con un Gobierno Obrero y Popular.
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