PERÚ: ¿A DÓNDE VAMOS?

Por Federico Romero

Entre movilizaciones de masas enfrentadas política y socialmente, una degradación de las instituciones de la democracia burguesa ante la que surgen fuertes llamados a un golpe y mientras el Covid, sin darnos tregua, avanza hacia una tercera ola, Perú vive estos días una grave crisis de pronóstico reservado, nada menos cuando se apresta a celebrar su 200 aniversario como república independiente.

La crisis tiene forma electoral porque habiendo ganado las elecciones por un margen estrecho el candidato de izquierda Pedro Castillo, la burguesía y sus representantes de derecha pretenden que se revise el conteo para robarle votos y favorecer la elección de su candidata Keiko Fujimori. Y aunque quien debe definir el resultado final es el tribunal electoral, la fuerte polaridad en medio de la erosión institucional llevan a que su definición se realice en las calles, a la que ya se han volcado amplios sectores de ambos lados y que, con independencia de su resultado, trae un escalamiento de la lucha de clases en la senda que ya recorre gran parte de América Latina.

En condiciones normales, el Jurado electoral ya hubiera dado como ganador oficial a Pedro Castillo (como en 2016, cuando la misma Fujimori perdió las elecciones por un margen similar). Pero estas no son elecciones normales, aunque en apariencia parecía así y hasta no despertaba interés en un inicio. Se puede decir que empezando por ser normal las elecciones en su desarrollo fue destapando la olla en la que hierven los conflictos de clase y de opresión, no solo de 30 años de neoliberalismo, sino de 200 años de república fallida y que la pandemia atizó.

El choque actual no es expresión de un cambio fundamental en la correlación de fuerzas de clases como, por ejemplo, fue la expresión de la elección de Evo Morales en Bolivia que ingresó a Palacio Quemado montado sobre un intenso y largo proceso revolucionario que empoderó a las masas que habían derrotado en las calles a dos gobiernos burgueses en 2003 y 2005, y permitió la recuperación del gas, aunque sea parcial, y otras aspiraciones. En Perú la lucha de clases aún está lejos de llegar a este nivel. El respaldo a Castillo es manifestación de búsqueda de las masas de una salida por la vía electoral; el mismo Castillo no es ni la sombra de Evo y Perú Libre es una precaria organización de la izquierda castrochavista incapaz — aun si fuera posible– de conducir un proyecto político desde el gobierno. Esto explica en gran medida por qué la maniobra dilatoria de la burguesía para robarle la elección a Castillo, o al menos para deslegitimarla, ya lleva quince días, y desata movilizaciones importantes de rechazo, pero también de apoyo al otro bando y bajo iniciativa de la burguesía.

No obstante, el potencial revolucionario que anida en las masas está ahí, puede estallar y abrir una nueva situación. Para que esto se produzca depende de cómo evolucione y se resuelva la actual crisis, es decir depende de los choques y también negociaciones que se produzcan los siguientes días. Si se impone a Fujimori estallará la lucha nacional, y si se confirma a Castillo volverá la relativa calma, al menos por un pequeño lapso. Pero hay otras opciones como que el proceso se dilate más allá del 28 de Julio colmando la paciencia de las masas, y que el mismo proceso se anule. Por ahora, desde las direcciones y desde el mismo Perú Libre se encasilla el problema en la salida legal y a la negociación con la burguesía intentando ganar su confianza y su luz verde, usando la presión de masas para este objetivo pero limitando la lucha. Pero el otro sector burgués de derecha quiere llegar hasta el final, lo que acelera y potencia el choque.

¿Cómo llegamos a esta situación?

Las elecciones fueron de crisis dado el profundo descrédito de todos los partidos y la creciente desconfianza en el régimen, lo que llevó a que el 30% no concurriera a votar y que el 17% votara en blanco o viciado, y que pasaran a la segunda vuelta dos minorías que sumados no alcanzaron ni al tercio de los votos emitidos. Que esas dos minorías fueran las dos opciones más extremas, hizo que se polarizara el proceso de segunda vuelta.

Keiko Fujimori es cuestionada por el pasivo de la dictadura corrupta que encabezó su padre, por su desempeño obstruccionista a la anterior administración y por ser procesada por corrupción dentro del engranaje del caso Lava Jato en la que también están incluidos los cuatro últimos ex presidentes e infinidad de ex autoridades. Esto la llevó a tener más de 70% de antivoto, pero 13% de los votos emitidos le alcanzó para pasar a la segunda ronda. Pedro Castillo, campesino y profesor rural, con su llamado a un verdadero cambio desde el mismo campo históricamente pobre y muy golpeado por la crisis, se benefició con 15% de los votos válidos. Ambos extremos emergieron expresando también un incipiente proceso de polarización social entre sectores medios que giran a la extrema derecha, y de sectores populares que lo hacen a la extrema izquierda, ante la profunda crisis de dirección del movimiento de masas cuya primera opción (Juntos por el Perú), estaba adaptada al régimen.

Así, la segunda vuelta sería definida por esos dos tercios de los que no votaron por ninguno de ellos, donde muchos que son fanáticamente contrarios a aspectos centrales de la candidatura, se ven obligados a apoyarlo como “mal menor”, bajo la consideración del programa económico que defienden: continuidad (Fujimori) o cambio (Castillo).

Pero esta definición, si bien fundamental, no ha sido del todo claro ni ha sido única porque la campaña fue atravesada por varios problemas donde lo determinante ha sido la campaña sucia y polarizante del bando fujimorista.

El contexto general

La segunda vuelta muestra al país social y geográficamente dividido. La sierra andina eminentemente agrícola y más pobre, dio un voto macizo por Castillo, y Lima y la costa norte e Ica que son más cercanos a los negocios capitalistas modernos, un voto mayoritario por Fujimori. Esta fragmentación no hace más que reverdecer los problemas históricos del Perú instaurados por la colonia, no resueltos en 200 años de república y más bien profundizados en 30 años de neoliberalismo, reafirmando que somos una nación inconclusa con un sistema inviable.

En la tradición histórica, la clase pudiente originada en un puñado de conquistadores y devenido en una élite criolla, siempre vivió cercada en los núcleos urbanos con temor a la masa indígena a las que explotaba y esclavizaba considerándola una raza inferior; y esas masas, sabedores de su fuerza numérica, tuvieron la necesidad de construir una identidad propia luchando contra los blancos urbanos. La forzosa introducción del Perú al dominio capitalista mundial y su formación como un capitalismo de periferia, dio lugar a un país con economía deformada, atrasada y dependiente del capital exterior. Desde la colonia Perú es exportador de oro, plata y otros minerales, siempre en manos extranjeras, y a su lado desarrolló la agroexportación en la franja costera, constituyendo los dos polos en la que la clase dominante funda su riqueza y explota y marginaliza a las mayorías. La sierra andina, agreste y dura, desde la colonia también fue sometida por terratenientes, que por su baja productividad establecieron y afirmaron relaciones serviles de explotación (trabajo gratuito), las que se mantuvieron hasta bien entrada la república. Y aun cuando con una larga lucha los campesinos conquistaron su derecho a la tierra, el atraso de la pequeña propiedad y el abandono del Estado que no es capaz de asistirlos ni de proveer de servicios básicos a sus pobladores, hacen que estas regiones sigan siendo –200 años después– las más atrasadas y pobres. Esta contradicción se hace más evidente no solo por la modernidad y los hábitos de consumo que exhiben las clases altas urbanas, sino ahí mismo en la sierra, que es donde poderosas mineras siguen extrayendo inmensas riquezas de sus entrañas.

Sobre esta base histórica se alinean las fuerzas y ubicación de las clases fundamentales. Las reformas neoliberales estabilizaron la economía y, sobre todo en los últimos 20 años, la hicieron crecer incluso a tasas chinas desparramando beneficios a todas las clases, pero en forma desigual, con lo que las brechas se hicieron más profundas aún. En años recientes el agotamiento del modelo inició la crisis social en el país, y la grave pandemia del covid terminó produciendo una desestabilización general.

La pandemia del covid no solo golpeó más a los trabajadores y pobres del país sino puso al desnudo su extrema vulnerabilidad bajo el actual modelo de economía neoliberal. El covid produjo la más alta tasa de muertes por millón del mundo por la inmensa carencia de hospitales, medicinas, médicos y hasta del elemental oxígeno. En Lima que concentra la economía del país, la mitad de trabajadores perdieron su empleo y la otra mitad perdieron numerosos derechos, entre ellos el salario. Miles tuvieron que retornar de la capital a sus lugares de origen para poder sobrevivir. La gran mayoría de pequeños comerciantes de un país donde el 75% es “informal”, se arruinaron. En la sierra y selva no llega la señal de internet ni se disponen de equipos de cómputo, por lo que los extremos pobres no tienen acceso a la educación básica virtual instrumentada en tiempos de pandemia. Mientras esto ocurría y ocurre de un lado, en el otro los grandes explotadores eran “salvados” con una gigantesca inyección de dinero estatal; salvo algunos días de para obligada, tampoco dejaron de producir y ganar todo este tiempo, sacrificando y tratando a su mano de obra como auténticos esclavos, y muchos hasta se hicieron más ricos (los oligopolios mineros) o lucraron con la vida de los más pobres (oxígeno y medicinas por las nubes), mientras podían protegerse del covid. Todo esto fue producto claro y nítido de una política de clase aplicada y dirigida desde el Estado (que además luce podrido en corrupción), y que las mayorías identificaron, e identifican perfectamente aún hoy, mientras lloran a sus muertos, tratan de sobrevivir o luchan por sus derechos.

Toda esta realidad tuvo sus primeras manifestaciones sociales en la gran rebelión del 14 de noviembre que derrotó la imposición por parte del Congreso de un nuevo gobierno de la corrupción, y en la poderosa huelga del proletariado agrícola que conquistó la derogatoria de la ley que simbolizaba la esclavitud laboral en el Perú. Estas manifestaciones, sin embargo, no escalaron hasta un cambio de correlación de fuerzas entre las clases por la traición de las direcciones reformistas, las que colaboraron con la burguesía para apaciguar las movilizaciones y conducirlas hacia el terreno electoral, en apoyo a su candidata Verónika Mendoza.

Los resultados del 11 de abril y del 6 de junio se inscriben en este contexto.

Factores de la polarización

Sobre esa base general se produjo la actual polarización. Un elemento de la polaridad que favorece a Castillo es la identidad de Fujimori no solo con las clases altas sino, además, con sus sectores más prepotentes, violadores de los derechos humanos y corruptos, características que ella ha exhibido sin camuflaje en la campaña y aun estos días. Además, su identidad con el continuismo económico que solo beneficia a los de arriba, la “mano dura” que anuncia para recuperar el orden y su encarnación de la impunidad que se busca para los grandes corruptos que las mayorías odian. Todo esto, a la vez, traducido en una campaña centrada en estigmatizar a Castillo de “comunista” y “terruco”, estigma que extienden a todos los que lo apoyan, desde los diversos grupos de izquierda y movimientos sociales hasta demócratas y funcionarios del Estado que tratan de mantener un grado de imparcialidad. Con esta campaña sucia han tratado de construir la imagen de Fujimori como “única” alternativa logrando poner de su lado a casi la mitad del país.

Esta campaña, es unánime en los grandes medios y visible en inmensos carteles que iluminan las principales calles de Lima, y es sostenida por una amplia corte de voceros que van desde viejos representantes de la democracia y sus partidos como el APRA, PPC, la mitad de AP y “personalidades” como MVLL y hasta nuevos sectores de ultraderecha, todos los cuales se enfocan en movilizar a las clases medias con la falsa bandera de “defensa de la democracia”. Es un movimiento tan reaccionario que de su seno se hacen llamados a “matar” a los “comunistas” y se presiona a las FFAA para que produzca un golpe si se proclama a Castillo.

Esta actitud excluyente, agresiva y de chantaje para torcer la voluntad popular y que comprende a las clases medias acomodadas y que intimida o confunde a otro sector, no puede ocultar que encarna el interés de los poderosos, de las multinacionales que acogotan nuestra economía y de las 17 familias más ricas del país, por su miedo al cambio.

Todo esto ha indignado a la gran mayoría de obreros, campesinos y pueblo pobre, ubicándolos del lado de Castillo, y a un sector de pequeñoburgués y demócratas que ven su elección con menos miedos y prejuicios.

Perú Libre es una pequeña organización castro-chavista provinciana que ejerce el gobierno de la región Junín por dos periodos, y para las elecciones se asoció con una importante corriente magisterial que –se dice– tendría vínculos con el Movadef. En cuanto a su programa la burguesía lo ataca porque no acepta ningún cambio, menos los planteamientos de nacionalización de la minería y gas y cambio de Constitución. Sin embargo, también sabe que Perú Libre no tiene posibilidades de realizar estos ofrecimientos porque la correlación de fuerzas no le es favorable, y por el control que la clase dominante ejerce de los poderes fácticos como el Congreso, la CONFIEP, las FFAA, las leyes, que operan como un gigante candado sobre el régimen y la economía.

En cuanto al Movadef, aun cuando fuera cierto lo que se acusa a Perú Libre, hay que decir que los seguidores de Abimael Guzmán hace 30 años que renunciaron a la lucha armada y todo su programa, desde entonces, se reduce a pedir un “acuerdo de paz” para integrarse al sistema a cambio del perdón a sus presos, o al menos a un mejor trato para ellos. Sin embargo, esa burguesía es tan reaccionaría que en lugar de la “reconciliación” invocada por la Comisión de la Verdad, siembra odio y miedo con la narrativa de que todo el problema fue por la acción de un grupo de terroristas sanguinarios, descontextualizado de la crisis que le dio origen y ocultando la respuesta genocida que dio el Estado y que causó la mitad de las 80 mil víctimas inocentes. En la coyuntura electoral, se vuelve a agitar esta monserga reaccionaria atizando más el enfrentamiento.

Bajo esta gigante presión, Perú Libre y Castillo muestran todas sus inconsistencias y limitaciones de origen, lo que los está llevando a sucesivos giros y adaptaciones. Por ejemplo, además de JP que se subió a su carro, sectores de la pequeña burguesía y burguesía “democrática” (Vizcarra, Partido Morado) también intentan subirse a él para cooptarlo. Para ello ha servido lo que hicieron la Iglesia (el partido más viejo de la burguesía) y otras instituciones, al hacerle firmar a Castillo un compromiso de sujeción a la democracia, sus instituciones y el modelo económico. En forma paralela, otra campaña en la que confluyen diversos sectores, trata de distanciar a Castillo de Perú Libre y Cerrón, presentando a estos últimos como todo el problema. Por supuesto que todo esto no tiene nada de “democrático”, pues Perú Libre ganó las elecciones con su programa y tiene derecho a gobernar.

En este camino, ya antes de producirse la segunda vuelta, Perú Libre y Castillo firmaron un acuerdo con JP sobre la base de un nuevo programa, el llamado Plan del Bicentenario, lo que le ha proporcionado equipo, voceros y apoyo orgánico de la izquierda oficial. Con este acuerdo Perú Libre y Castillo se han moderado completamente, pues dicho Plan se reduce a plantear “cambios” dentro de la continuidad del modelo, para tranquilizar a la burguesía. En esta misma línea, parece que para su eventual gobierno ya conforman un gabinete de centro izquierda con Verónika Mendoza al frente, mientras sus voceros se dedican a tranquilizar al mercado diciendo claro y en alto que no afectarán los grandes intereses ni con el pétalo de una rosa. Pedro Francke, economista que todos los burgueses reconocen como “moderado”, desde su posición de vocero oficial, ha dicho: “Me parece una ley económica muy clara de que a más crecimiento, más inversión, más producción y más empleo… Para mi si es muy importante la inversión privada como generación de riqueza y de empleos.” (El Comercio 19.06). Es decir, lo mismo que el actual modelo: si el inversionista privado es la niña de nuestros ojos, hay que protegerlo y brindarle todos los beneficios, que es exactamente lo que se ha hecho desde Alberto Fujimori hasta hoy.

Sin embargo, el sector burgués que cierra filas con Fujimori, no cree en nada de esto y difunde la fábula de que Castillo es el lobo feroz disfrazado de cordero. Claro, nada asegura el derrotero que, dada sus inconsistencias y contradicciones, seguirán Pedro Castillo y Perú Libre. Pero es evidente que ya dieron el paso para conformar un gobierno pintado de izquierda pero al gusto de la burguesía.

El plan para torcer el voto

En estas condiciones, en últimas, la burguesía estaría dispuesta a aceptar un gobierno de Castillo para evitarse una mayor conflictividad que podría abrir hasta las puertas del infierno. Pero lo cierto es que estos días juegan hasta el límite mismo, calculando en qué medida le puede resultar o no imponer un gobierno de Fujimori, o por lo menos deslegitimar la elección de Castillo, de tal modo que asuma cuestionado y débil como para facilitar el camino de su domesticación, o también juegan a anular las elecciones. Estas salidas políticas se cocinan en forma empírica y en lucha abierta de las diversas facciones burguesas.   

¿A estos fines, de qué manera se cocina el plan de la burguesía?

La experiencia enseña que la democracia es burguesa y que los derechos solo existen en el papel, y se los respeta solo cuando se lucha por ellos. En este marco, con los derechos que le asiste esta “democracia”, entendida a su modo y para su fin, los representantes de Fujimori han observado un conjunto de actas que favorecen a Castillo pretextando firmas falsas, muertos que habrían votado, sumas que no cuadran y ahora hasta piden auditoría sobre el sistema utilizado para el conteo.

Ante el pedido de revisión de actas todos los sectores, hasta el mismo Perú Libre que debe mostrar buena conducta con la “democracia”, respaldan y se han pronunciado a favor de dicho proceso. Pero es una farsa. Una farsa porque no existe ninguna posibilidad que las partes se pongan de acuerdo en cada uno de las revisiones que se realice y que el tribunal electoral aplique “justicia” que contente a ambos. Los “demócratas”, que cándidamente creen que es justo que se atienda bien los cuestionamientos para transparentar el resultado final y que resulte ganador quien resulte, y que mientras tanto debemos esperar tranquilos en nuestras casitas, solo expresan sus buenos deseos cuando la realidad es otra.

¿Qué es justicia? ¿Que se anule un acta porque tiene una firma “falsa” que no ha sido comprobada, y aun cuando fuera comprobada, qué tiene que ver con los votos válidamente emitidos? ¿Anular una mesa porque el resultado no cuadra con el promedio del local de votación o con la que la misma Fujimori obtuvo en primera vuelta? Se plantea estudios estadísticos en las que algunos dicen que hay múltiples irregularidades y otras que no son muchas pero son importantes; pero las estadísticas son un instrumento y no pueden determinar la autenticidad de los votos que obedecen a motivaciones subjetivas. Por eso el recurso planteado por Fujimori con el respaldo de todos los que la apoyan, es una trampa.   

El dictamen, a favor o en contra, va a ser resuelto por el JNE y su decisión será política. Así, en realidad, lo entienden ambos bandos y por eso han volcado, aunque sea tibiamente en el caso de Perú Libre, a sus partidarios a las calles.

En este marco, mientras Perú Libre ha entrado en el juego, Fujimori aplica una política de tijeras: mientras por un lado trata de torcer el voto a su favor presionando a los tribunos con un equipo de operadores y la movilización callejera, por otro lado trata de desacreditar al mismo jurado y cuestiona su probidad e independencia y chantajea con un golpe, y en este marco presionan para llevar el proceso hasta el límite, hasta el 28 de Julio que es cuando se debe realizar la juramentación, o incluso más allá.

Es un hecho que Castillo ganó las elecciones aunque sea por un estrecho margen, como lo revela el conteo rápido y el conteo de la ONPE. Pero es más: ese es el sentimiento de las mayorías, sobre todo de los pueblos del interior que votaron de forma sólida por él, los que ahora ven que les quieren robar, una vez más, sus esperanzas y sus sueños. No puede haber nada más democrático que reconocer este resultado, más aún, de una elección por completo antidemocrática porque colocó todo el peso del poder burgués, sus medios y recursos en un lado de la balanza contra el otro.

La salida es preparar y realizar el paro indefinido

Sobre estas consideraciones, el tribunal electoral pudo haber resuelto los casos, poner fin a los cuestionamientos y reconocer el triunfo de Castillo, y solo habría sido cuestionado por la derecha. Esa era la demanda que debía imponerse con la acción del movimiento de masas. Pero no ocurre así porque el peso de la oposición burguesa y de clase media con la que buscan negociar Perú Libre y JP.

La movilización se ha iniciado y se desarrolla desde el primer día cuando se vio que Fujimori no aceptaba los resultados. Pero pasados 15 días lo que hay que reconocer es que la ofensiva fujimorista creció con nuevos recursos, con nuevas fuerzas y respaldada con nuevas movilizaciones, las que contrapesan las movilizaciones en favor de Castillo y hacen crecer el peligro de que Fujimori impongan cualquiera de sus planes.

Por eso, más que movilizaciones que respalden la defensa del voto en mesa, el desafío que plantea la situación es un paro nacional indefinido que en definitiva derrote el plan burgués y fujimorista y que imponga el respeto a la voluntad popular. No hay otra.

La CGTP está planteando un Paro Nacional que a todas luces no será suficiente y menos aún está garantizado, y que solo puede servir para su propósito de conciliación. Hay disposición de lucha en la base, sobre todo en los sectores populares del interior, pero la misma disposición no existe en la clase obrera y en el proletariado minero ubicados en el corazón de la economía, precisamente por la desconfianza en la central.

La lucha por el paro indefinido, su preparación y su puesta en marcha requiere la decidida intervención de la vanguardia obrera y los luchadores, que deben realizar esta exigencia y realizar un intenso trabajo de explicación y organización desde las bases, y conducir a la construcción en cada lugar de comités de lucha y coordinadoras que hagan nuestra la pelea para garantizar la victoria. Y hacer esto no solo para hacer respetar la voluntad popular, sino luchando por los verdaderos cambios que buscamos, como la nacionalización de la gran minería y el gas, la expropiación de los grandes grupos capitalistas, la convocatoria a Asamblea Constituyente, por una efectiva segunda reforma agraria y por solución a las demandas obreras y populares.

Es posible hacerlo. Al menos hay que dar los primeros pasos en ese sentido, decantando de las posturas conciliadoras hacia la construcción de una verdadera dirección revolucionaria que ponga en pie a la clase trabajadora, bajo la estrategia de luchar por una salida de fondo con un Gobierno Obrero y Popular.

EN DEFENSA DE LA VOLUNTAD POPULAR EXPRESADA EN LAS URNAS

¡RESPONDER CON LA MÁS AMPLIA MOVILIZACIÓN DEL PUEBLO TRABAJADOR CONTRA LOS ATAQUES DEL FUJIMORISMO Y LA ULTRADERECHA Y SUS INTENTOS DE USURPAR LA VOLUNTAD POPULAR!

A estas alturas, una semana después de realizadas las votaciones para la segunda vuelta de las elecciones generales 2021, el Jurado Nacional de Elecciones sigue sin proclamar un ganador, a pesar de que el conteo de votos ha mostrado que la voluntad de la mayor parte de votantes ha sido colocar a Pedro Castillo en Palacio de gobierno.

Esto debido a las tinterilladas implementadas por el equipo legal de Fuerza Popular y Keiko Fujimori, que busca anular arbitrariamente 802 actas (200 mil votos) a pesar de que solo 155 de ellas fueron ingresadas a los Jurados Especiales dentro del plazo establecido. La mayoría de esas actas son del interior del país que le son desfavorables, y su denuncia es una ofensa no solo a la voluntad popular, sino a la dignidad de las personas discriminadas por su apellido, sus habilidades grafotécnicas, etc.

El plan de la ultraderecha y el fujimorismo consiste en convertir en conflicto lo que ha sido una clara expresión del electorado nacional a favor del candidato Pedro Castillo. Hoy desconoce el escrutinio realizado por la ONPE que otorga a Castillo cerca de 50 mil votos de ventaja, después desconocerá cualquier fallo de los Jurados Especiales que no le favorecen. Ha buscado manipular al JNE extendiendo ilegalmente los plazos, no tuvo éxito, y finalmente desconocerá los fallos del JNE si este no se aviene a darles la razón. La apuesta de la ultraderecha es dilatar la figura de un conflicto presionando para un desenlace por fuera del cauce electoral, para lo cual vienen impulsando movilizaciones reaccionarias y ataques a todo aquél que no favorezca el rodo de las elecciones.

¿Qué debemos hacer los trabajadores y trabajadoras del país ante este ataque?

Es un imperativo defender por medio de la movilización, de la acción directa de las organizaciones obreras y populares, la voluntad popular expresada en las urnas, ante el ataque reaccionario de Fujimori y compañía.

No podemos seguir «esperando los resultados en forma vigilante», cómo piden Castillo, la dirigencia de la CGTP y sus aliados políticos. Urge que la población pobre y trabajadora que votó por Castillo se levante en todas partes del país, tome las carreteras y ciudades, y exija su inmediata proclamación. Más cuando los medios de comunicación empresariales ya hablan de que el Jurado Nacional de Elecciones tardaría hasta tres semanas en proclamar un ganador.

Es esto lo que debemos poner a discusión, por medio de asambleas, en las fábricas, minas, centros de trabajo y estudio en todo el país. Hay que organizar la lucha en defensa de la voluntad popular desde las bases, levantando además todas aquellas necesidades urgentes que nos agobian: vacunación masiva casa por casa, más plantas de oxígeno y camas UCI, contratación y nombramiento de personal especializado en emergencias, derogatoria de la suspensión perfecta y prohibición de ceses colectivos, aumento general de sueldos, salarios y pensiones, solución a los pliegos de reclamo, comida y medicinas para el pueblo, y un largo etc.

Y más: demandar la expropiación y cárcel de los bienes y cuentas de Keiko Fujimori y su organización criminal, que hoy, además, se levanta contra la voluntad del pueblo.

Los trabajadores y trabajadoras sabemos que sin luchas, no hay victorias. Poniéndose a la cabeza de la movilización democrática del pueblo, la clase obrera ganará la posibilidad de encabezar también sus futuras luchas, que no pueden esperar a 28 de julio.

VOTAR POR PEDRO CASTILLO, MANTENER NUESTRA INDEPENDENCIA POLÍTICA

En estas horas, entre los trabajadores casi no se discute el voto por Pedro Castillo, pero lo que sí debemos discutir es la necesidad de mantener nuestra independencia política y organizativa.

Muchos dirigentes y activistas se incorporaron a la campaña de Castillo de diversas maneras, tratando de contribuir activamente a su victoria, como esperanza de cambio y ante el cargamontón y los infames ataques del fujimorismo, los empresarios y grandes medios que ven amenazados sus intereses.

Pero grandes gremios como la CGTP, la Federación Minera y Construcción Civil, van más lejos: suscriben acuerdos y compromisos que hipotecan la independencia política de los trabajadores y sus organismos, y, por esa vía, en la práctica renuncian a la lucha en defensa de los intereses obreros.

Con dichos acuerdos, estos gremios pretenden comprometer a Castillo a respetar, en su eventual gobierno, los derechos laborales y que reconozca otros.

Pero llamamos la atención sobre la forma mediada como plantean la defensa de estos derechos. Piden que la suspensión perfecta y los ceses colectivos sean “regulados” o que no sean “indiscriminados”; es decir no plantean su nulidad. Para los trabajadores toda suspensión perfecta y cese colectivo que roba el salario y el derecho elemental al trabajo es injusto y debe prohibirse. Más aún ahora que dichas medidas se extienden y llegan al cierre de empresas. Los trabajadores no tenemos por qué pagar la crisis y deben hacerlo los patrones, y si no aceptan debemos demandar la nacionalización de sus empresas bajo control de los trabajadores, como única forma de resguardar la fuente de nuestra existencia y de nuestras familias. Los derechos no se retacean, se defienden.

Respeto a la “propiedad” empresarial

Además de esta postura se reconoce a los capitalistas su “derecho” a realizar negocios y a explotar y generar riqueza con el trabajo obrero.

El documento que suscribe la Federación Minera (punto 5) dice, por ejemplo, que la contribución y fiscalización tributaria del Estado a las empresas debe hacerse “respetando siempre la propiedad”. La “propiedad” de las grandes minas es fuente del gigantesco saqueo del país, de la sobreexplotación obrera en el sector y de la extrema pobreza de las comunidades aledañas, y por eso un gran sector votó por Castillo porque planteó la nacionalización de la gran minería, energía y el gas; y por eso mismo los empresarios lo atacan con furia.

La Federación, ¿en lugar de defender la “propiedad” de las grandes mineras no debería estar a favor de esta propuesta nacionalista? La historia de la clase obrera ha sido colocarse siempre del lado de las causas nacionales, incluso como vía para proteger sus propios derechos, pero la Federación se bandea para el otro lado en esta aspiración fundamental.

Lo mismo sucede en el acuerdo suscrito por la Federación de Construcción Civil. Pronunciándose a favor de la reactivación del sector, la Federación les dice a los empresarios: “El Estado será su aliado”: aliado para promover inversiones, contrataciones y para reducir los trámites. Pero, son esos mismos empresarios los que poseen inmensas inmobiliarias y terrenos con los que lucran, mientras millones no tienen un techo donde vivir, entre ellos muchos obreros de construcción civil, y como lo vemos en las ocupaciones de tierra que se producen en Chorrillos. Pero el gremio de Construcción, en lugar de hablar de estas necesidades demanda más beneficios para los empresarios.

“Defensa de la democracia y gobernabilidad”

En esta misma línea, estos dirigentes van más lejos cuando llaman a luchar por la “defensa de la democracia y la gobernabilidad”, como el llamado que hace la central para la marcha del jueves 20 de mayo.

Es cierto: hay que luchar y movilizarnos contra los ataques a Castillo, contra las mentiras, calumnias y amenazas que nos alcanzan a todos los luchadores, y, por supuesto, rechazar cualquier intento de golpe, contra el cual los socialistas seremos los primeros en salirle al paso. Esto significa que luchamos por defender los derechos y las libertades. Pero la CGTP plantea “defender la democracia y la gobernabilidad”, es decir defender al régimen que odiamos.

Hoy, la “democracia y gobernabilidad” es de los patrones y está al servicio de su corrupción, de los abusos y sobreexplotación de los trabajadores. Por eso defienden su continuidad con Fujimori, mientras los sectores populares la cuestionan y piden cambios. Además, defender la “gobernabilidad” hoy es defender a Sagasti, al responsable de las políticas que nos afectan, y por eso no es casual que la central guarde total silencio sobre el Gobierno.

De este modo, la central en realidad le hace seguidismo a toda la proclama burguesa en favor de la “democracia y las instituciones, con lo que se ata las manos al igual que Castillo para luchar por los cambios que reclaman los trabajadores y las mayorías. 

¿Patrones democráticos?

En el fondo de todo esto hay el intento de estos dirigentes –y de Castillo– de establecer una alianza con la burguesía que llaman democrática y patriótica para que apoye su gobierno bajo la forma de un frente de obreros y empresarios, o frente popular, con el pretexto de enfrentar a los fascistas. De aquí se desprenden las políticas antes mencionadas: no hay que tocar sus “propiedades” sino promover sus negocios, y hay que “regular” los derechos laborales y no defenderlos plenamente.

Pero esos llamados empresarios democráticos y patriotas no existen y hoy todos aparecen al lado de Fujimori y contra Castillo, y estarán más firme con Fujimori si gana y contra Castillo si pierde. Pero es un cuento que sirve para maniatar a los trabajadores mientras dejan las manos libres a la burguesía para que siga atacando.

Independencia política

Aún no ha sido elegido Castillo y ya vemos cómo la reacción empresarial afecta la economía produciendo devaluación, alzas de precios y más desempleo, y después de la elección de Castillo esa reacción será peor.

Con esas políticas colaboracionistas es absolutamente claro que no hay ni habrá forma de defendernos de estos ataques empresariales, de los despidos, ceses, suspensiones y otros que van a continuar, gane quien gane las elecciones.

De aquí se deduce la imprescindible necesidad de defender nuestra independencia política y organizativa como clase. Votar por Castillo sí, pero no firmar acuerdos que hipotecan nuestra independencia y nuestras aspiraciones y prepararnos para salir a luchar. No es casual que la larga experiencia histórica de la clase obrera haya legado esta enseñanza como la única garantía para la defensa de sus intereses de clase.

Sagasti defiende el mismo modelo que el fujimorismo y la patronal buscan continuar

En el Perú el descontento social no se ha volcado aún a las calles en una protesta nacional como ocurre en Chile o Colombia, aunque la coyuntura electoral revela que estamos en un proceso similar que tiene en común el estrepitoso fracaso de ese plan económico y el reclamo masivo de cambios radicales y urgentes.

Lo que evidenció la votación del 11 de abril es el profundo descontento que existe en la clase trabajadora y sectores populares por las condiciones de desastre a las que el modelo neoliberal ha llevado al país.

El mensaje es que las cosas no pueden seguir como hasta ahora; es decir no puede continuar la política de gobierno que causa una matanza que asemeja un genocidio, el modelo económico que profundiza la desigualdad, la corrupción, el abandono de las regiones, el enriquecimiento de las multinacionales a costa de los intereses nacionales, así como también desempleo, despidos y abusos patronales, etc.

Las nuevas encuestas revelan que el descontento expresado en la intención de voto crece en el camino hacia la segunda vuelta, incluso a pesar de las tendencias conciliadoras del candidato Pedro Castillo, y que la campaña del miedo desatada por la patronal y la derecha solo consiguió exacerbar el odio de clase de los ricos y de los sectores sociales más acomodados, además de desnudar su falsa concepción democrática.

La primera opción que han tomado la derecha y la patronal es ir al choque. Keiko Fujimori representa la continuidad del plan patronal. Además, la hija del ex dictador es la amenaza de un poder reaccionario y autoritario que busca la impunidad a los crímenes de la dictadura fujimorista, la mafia de los “cuellos blancos” y la corrupción del caso Odebrecht y Club de la Construcción.

Por eso, junto con el rechazo al plan de parte de los sectores empobrecidos, se ha reavivado en los sectores sociales medios el repudio al fujimorismo y sus nuevos aliados tal como se ha visto en la multitudinaria movilización nacional del 22 de mayo.

Necesidades obreras y populares demandan un plan de lucha nacional

Es muy importante remarcar que el problema no es solo la amenaza del fujimorismo sino también, y principalmente, la continuidad del plan económico, que es el mismo que actualmente viene siendo ejecutado por gobierno Sagasti con los desastrosos resultados que vivimos.

Sin embargo, por obra de las direcciones de las centrales, actualmente no existen movilizaciones ni plan de lucha de los trabajadores y el pueblo contra el modelo actualmente en ejecución. Evidencias que su interés es solo explotar el descontento para convertirlos en votos, a pesar de que el actual gobierno es el que aplica el plan económico que el fujimorismo quiere continuar y que todavía seguirá hasta el 28 de julio. Y eso es mucho tiempo cuando la pandemia mata por cientos cada día, cuando el hambre y el desempleo golpea a la mayoría de la población nacional, y cuando no paran los despidos, ceses colectivos y suspensión perfecta de labores que las empresas imponen abusivamente sin control.

Un plan de lucha nacional con una plataforma obrera y popular es también algo indispensable que se necesita para mantener la independencia política de clase y para no depender de las promesas de campaña de candidatos que ganan con un discurso y gobiernan con otro muy diferente.

Hoy para la clase trabajadora está planteado derrotar a la candidata que representa la continuidad de un plan económico que tiene efectos de genocidio, pero sin perder la independencia política de clase, aquella que necesita para fortalecer su propia organización para la lucha por sus demandas cualquiera sea el desenlace de las elecciones.

Votamos por Castillo sin apoyo ni ilusiones

La candidatura de Pedro Castillo concentra el voto mayoritario –con más o menos ilusiones– de los sectores populares, del interior del país, y de la vanguardia obrera, ante el alineamiento de toda la patronal, sus partidos y organizaciones, tras Keiko Fujimori.

Obreros y obreras, el campesinado, el magisterio y otros tantos millones de pobres del campo y la ciudad, se encaminan a las urnas con la intención de imponer con su número, vía el voto, un cambio en los destinos del país.

Nada se les puede reprochar. En 200 años de vida republicana, uno tras otro, los gobiernos que se han sucedido han garantizado las ganancias patronales y la entrega de nuestras riquezas a las potencias imperialistas, antes que atender las necesidades de nuestro pueblo. Y hoy parece posible “cambiarlo todo”, pues un candidato de origen campesino, rondero, y maestro de escuela pública, es quien se encuentra en segunda vuelta.

Desde el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) acompañamos este proceso y hemos definido que también votaremos por Castillo, pues es la única herramienta electoral concreta con la que nuestra clase está haciendo frente a la “santa alianza” que todos los partidos patronales, gremios empresariales y medios de comunicación han creado tras Keiko Fujimori.

Sin embargo, alertamos sobre la necesidad de mantener no apoyar políticamente a Castillo, ni sembrar ilusiones en su posible gobierno, para así mantener la independencia política y organizativa de las organizaciones obreras y populares,

Esto es más necesario aún en tanto Castillo ha comenzado a abandonar aspectos importantes de su propuesta política, al estilo de la “hoja de ruta” de Humala, con la única finalidad de ganar los votos de la misma “izquierda moderada” y sectores liberales que fueron derrotados en la primera vuelta (ver recuadro).

[Recuadro]

¡ABAJO EL TERRUQUEO!

Desde el comienzo del camino a la segunda vuelta, los medios de comunicación iniciaron una despreciable campaña de calumnias motejando a Pedro Castillo, y prácticamente a todas las personas que simpaticen o expresen su apoyo hacia él, de “comunistas” y, más aún, de “terroristas”. Desde entonces, el “terruqueo” es moneda corriente en radio, televisión y redes sociales.

Desde el PST rechazamos categóricamente esa campaña despreciable de calumnias que solo busca sembrar confusión entre la población para llevar votos a Keiko Fujimori. Nos solidarizamos, en este tema, con Pedro Castillo, y reivindicamos la bronca que sienten los sectores obreros y populares ante ella, debido a que es la misma campaña de mentiras que empresas y autoridades realizan cuando salimos a luchar por nuestras reivindicaciones.

[Recuadro]

Lo que calla Castillo

Para muchos compañeros y compañeras, resulta normal que Castillo abandone partes de su programa. Esto porque, se piensa, es una actitud táctica, que se justifica por la intención de ganar votos y evitar ataques de la patronal.

Sin embargo, como prueba la asquerosa campaña de terruqueo en curso contra Castillo, de nada sirve esconder o abandonar partes de su programa: la patronal no mengua en su odio.

Por eso el abandono gratuito de propuestas como la estatización (nacionalización) de las mineras, o la creación de impuestos a las riquezas y ganancias patronales, solo muestran un ánimo oportunista.

Lo mismo pasa con su postura frente al régimen democrático burgués corrupto que impera en el país. De haberlo puesto en cuestión, hoy Castillo se ha comprometido a defender la “gobernabilidad y la democracia”.

No cuestiona los ceses colectivos o la suspensión perfecta de labores con la que la patronal golpea a la clase obrera. Como mucho se ha “comprometido” a fiscalizarlas.

Y, por último, y no por eso menos importante, desde la primera vuelta mantiene el silencio frente al gobierno de Sagasti, responsable actual del genocidio provocado por la pandemia de covid 19 y por los ataques contra la clase trabajadora y el pueblo, a quien no llama a enfrentar desde las calles. Tarea que es la más urgente que tiene planteada la clase trabajadora y el pueblo pobre de nuestro país.

[Recuadro]

La candidatura de María Rivera: un ejemplo de utilización revolucionaria de las elecciones

En paralelo al proceso electoral de nuestro país, se han realizado las elecciones a la Convención constituyente que la poderosa lucha del pueblo chileno arrancó al gobierno asesino de Piñera. Nuestra organización hermana en Chile, el Movimiento Internacional de los Trabajadores, logró tener una candidatura en una de las listas de candidatos y candidatas independientes de los partidos tradicionales que se inscribieron de forma extraordinaria para esta elección.

La compañera María Rivera, de larga trayectoria militante, realizó una campaña ejemplar, llamando a retomar la movilización por la libertad de los compañeros y compañeras detenidas durante las jornadas de lucha libradas por el pueblo trabajador, así como por la caída inmediata del gobierno Piñera.

Asimismo, su campaña levantó, sin temores, la necesidad de expropiar los negocios de las familias más ricas de Chile, para financiar la salud y la educación. Y hoy que ha sido elegida, no duda en declarar ante El Mercurio (diario de la gran patronal chilena, análogo a El Comercio), que se debe estatizar las AFP, las minas y las grandes empresas, y ponerlas bajo control de sus trabajadores y trabajadoras.

¡Cuánta diferencia con Castillo, que ahora huye como de la peste a la palabra expropiación!

[Recuadro]

La ilusión de la democracia burguesa

El campesinado y los sectores populares, separados de una conciencia de clase, conciben que su poder político radica en su número.

Esta es una ilusión que la democracia burguesa utiliza a su favor para recrear su propia dominación elección tras elección, pues aunque es cierto que “el pueblo es mayoría”, en la actual democracia esa mayoría está sujeta a una oferta político-electoral dominada por los partidos patronales. Además esa mayoría, convertida en voto individual, secreto y directo, pierde su contenido de clase, se dispersa, perdiendo, de paso, su poder de número.

Termina siendo el mecanismo perfecto para que la burguesía, la clase social de los dueños y dueñas de fábricas, bancos, minas, pozos petroleros y grandes comercios, imponga su control, mientras la enorme masa popular piensa que es ella quien los eligió.

Necesitamos una dirección obrera y revolucionaria

Por Manuel Fernandez, dirigente obrero del PST

La situación de calamidad que hay en el país producto de varias décadas de plan neoliberal, con un sistema de salud inservible cuando más se lo necesita, con la mayoría de la población en desempleo y, encima de eso, una patronal que ataca con despidos, ceses colectivos, suspensión perfecta, y hostilización sindical, plantea con urgencia una salida con un plan alternativo y una dirección obrera revolucionaria al frente.

La clase obrera enfrenta una verdadera tragedia sanitaria que ya cobró más de 190 mil vidas. Somos principalmente los trabajadores y el pueblo pobre quienes seguimos sufriendo por conseguir medicinas, oxígeno y atención médica oportuna, para salvar la vida de nuestros seres queridos, en medio del alza del costo de los alimentos básicos como el pan y el pollo, que constituye un nuevo ataque a nuestras condiciones de vida. Ataque que se suma al desempleo y los ceses colectivos impuestos antes y durante la pandemia en diversos centros laborales como Miyasato, Faber Castell, Unique, Trébol y Telefónica.

Tamaño ataque solo puede ser respondido con la lucha unificada de toda la clase trabajadora y el pueblo pobre, contra este gobierno, las patronales y su plan genocida de imponer las ganancias antes que la vida, la salud y el empleo. Una situación que empeora cada día más y exige respuesta ahora.

El camino nos lo enseña la lucha del pueblo hermano de Colombia, que han echado abajo el paquetazo del gobierno Duque con la fuerza de su movilización en las calles, y hoy continúa luchando por echar a un gobierno responsable de la brutal represión que enluta al pueblo colombiano en su justa lucha por mejores condiciones de vida.

Sin embargo, aquí los llamados a organizar dicha respuesta, lo que conocemos como dirección del movimiento obrero y popular, se encuentran de espaldas a esta necesidad. Y mientras seguimos padeciendo muertes y despidos, los dirigentes de las centrales sindicales en conjunto con la izquierda reformista nos llenan la cabeza de falsas ilusiones, planteándonos que, dentro del capitalismo, y votando por cual o tal candidato, es posible “cambiarlo todo”. Justamente en momentos cuando más necesitábamos luchar para enfrentar el genocidio al cual nos llevaba este gobierno y el sistema capitalista al cual representa.

Como si esto fuera poco asistimos a un proceso electoral en donde se deja en segundo plano la solución a los problemas urgentes. Ni si quiera se denuncia el genocidio en el que nos encontramos, mucho menos se levanta un programa de clase independiente y revolucionario con el objetivo de organizar la movilización y la lucha de los trabajadores contra los flagelos a la que nos han sometido.

Por el contrario, por un lado, encontramos a KF por quien se ha unido toda la patronal negrera y corrupta quienes para continuar con sus privilegios buscan poner orden y continuar con el modelo capitalista explotador, desplegando en los medios de comunicación visuales y escritos una feroz campaña contra el otro candidato PC basada en el terruqueo y miedo al comunismo y todo lo que sirva para que las familias obreras que son bombardeados a diario con esta millonaria campaña, acaben favoreciendo a KF y el poder patronal que representa.

En ese contexto, el voto por Castillo termina siendo la única herramienta electoral para rechazar a esa patronal corrupta y explotadora agrupada tras el Fujimorismo. Sin embargo, nadie puede garantizarnos, como clase obrera, que Castillo cumplirá con las medidas anunciadas. Más cuando semana a semana “blanquea” su programa para ser aceptado por un sector de la patronal.

Por ello la lucha estará planteada también luego de las elecciones, con independencia de quien gane. Porque lamentablemente el poder económico seguirá en manos de la clase patronal, y será imposible tener justicia social dentro de un sistema basado en la explotación y en el saqueo de nuestros recursos naturales.

Nuestro destino depende únicamente de nuestra lucha y de los propios trabajadores

A tremendo flagelo al que nos ha conducido este gobierno, sus partidos y el sistema capitalista corrupto que defienden, es preciso responder con una enorme lucha, en la perspectiva de una revolución socialista que expropie las riquezas de los que amasaron gigantescas ganancias a costa de la explotación de los trabajadores, así como nuestros recursos naturales, hoy en manos de enormes trasnacionales imperialistas, y que  instaure una economía organizada de manera colectiva, controlada democráticamente por los trabajadores y volcada a satisfacer la salud, con medicinas y oxígeno gratuito para todos, con atención por igual en clínicas privadas, con  empleo, educación y pensiones para todos. Una lucha necesaria para salvar la vida de nuestros hermanos ante la angurria patronal.

Solo la clase obrera al frente de toda la clase trabajadora podrá conducir a los explotados y los oprimidos a esta lucha y así resolver los grandes problemas que cargamos en medio de esta pandemia y construir un nuevo sistema social.  Es el papel que tenemos como clase que produce toda la riqueza que existe.

Para esta tarea necesitamos empezar construyendo nuestra dirección, nuestro partido obrero y revolucionario que tiene como objetivo principal el fortalecimiento y la organización de la lucha de los trabajadores. Algo que como vemos está ausente en este contexto.

Un partido revolucionario que, de ser necesario, participe en los procesos electorales, pero que sea para difundir denunciar y señalar a los responsables del genocidio y de la catástrofe sanitaria en la que nos encontramos: el gobierno y la patronal. Que denuncie los abusos que se cometen a los trabajadores como despidos y recortes de derechos, y al mismo tiempo llame a organizar la lucha de la clase trabajadora. Es decir, subordinar los procesos electorales al fortalecimiento de las luchas y no al revés.

Así lo ha hecho en Chile nuestra compañera María Rivera, quien postuló y fue elegida en la “Lista del pueblo” en las elecciones para la Convención constituyente ganada en las calles por el hermano pueblo chileno.

Lo primero que hizo fue llamar a la movilización callejera y a organizar al paro nacional para exigir la libertad a los presos políticos sin condiciones, fuera Piñera y todos los corruptos, expropiación de las 10 familias más ricas de Chile para atender la emergencia sanitaria y denunciando los acuerdos de paz y el mismo proceso electoral como antidemocráticos porque no representan la voluntad del pueblo que luchó en las calles.

En ese camino ganar la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas y sus luchas para gobernar. Para ello es vital mantener nuestra total independencia política frente a sectores burgueses y reformistas que solo se acuerdan de los trabajadores cuando necesitan votos.

Necesitamos un partido que luche para unir a la clase y acabar con el capitalismo.  El PST lucha para construir este tipo de partido obrero revolucionario. Te invitamos a ser parte de él.

Una Constituyente nacida de la lucha, para recuperar nuestra soberanía y prohibir los despidos

Castillo ha mantenido entre sus propuestas la de convocar a un referéndum para poner a consulta la posterior convocatoria a una asamblea constituyente.

La necesidad de echar por tierra la Constitución de la dictadura, que borró de un plumazo derechos fundamentales como el derecho a la estabilidad laboral, no puede estar en discusión.

El ejemplo de Chile, que a partir del poderoso levantamiento obrero y popular de octubre de 2019 impuso la necesidad de tener una nueva Carta Magna, ha dado nuevos bríos a este tema.

Sin embargo, dos grandes problemas se evidencian en la propuesta de Castillo.

El primero es que el propio Castillo se ha comprometido a “respetar la Constitución” de la dictadura, y utilizar sus propios mecanismos para convocar a la Constituyente.

Con esta postura, Castillo se somete a los mandatos de la patronal, defensora a capa y espada de la actual Constitución, y a su mayoría parlamentaria.

Así Castillo renunció a convertir su propia elección en un referendo en sí mismo, levantando la propuesta de que, de salir elegido, se convocaría inmediatamente a una Asamblea Constituyente.

El segundo problema, y mucho más importante, es para qué se debe imponer una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución.

Desde el punto de vista de la izquierda moderada, reformista, la Constituyente debe servir para “democratizar” el Estado. Esto es, reconocer nuevos derechos democráticos a las poblaciones originarias, a las mujeres, a los sectores LGTBIQ, y otorgar al Estado un carácter regulador de la economía.

Nada de esto es cuestionable. Pero como demuestran estos 200 años de vida republicana, el que la Constitución reconozca más derechos, no ha cambiado la situación de desigualdad y miseria en la que millones de peruanos y peruanas del campo y la ciudad vivimos.

Nosotros planteamos, por eso, que democratizar la sociedad comienza por transformar las bases económicas sobre las que se asienta el país, comenzando por conquistar nuestra segunda y verdadera independencia del dominio imperialista. Esto es, una Constitución que dictamine:

1.    Recuperar nuestros recursos naturales para recuperar nuestra soberanía: nacionalización (expropiación) sin indemnización de las mineras, petroleras, gasíferas, pesqueras y forestales, bajo control de sus trabajadores. Desconocimiento de la deuda pública.

2.    Garantizar el trabajo: prohibición de los despidos, ceses colectivos y la suspensión perfecta de labores. Expropiación de las empresas que despidan. Fin a los contratos modales, tercerización, services y contratas ¡Estabilidad laboral!

3.    Jubilación universal: sistema de pensiones único, público financiado con impuestos a las grandes empresas.

4.    Revolución agraria: expropiación de las agroindustrias y distribución de las tierras entre quienes la trabajan. Tecnificación de la producción del campo. Crédito garantizado por el Estado.

5.    Fin a la violencia contra la mujer: derecho a la autodefensa de las mujeres contra la violencia machista. Igualdad salarial, educación sexual científica y laica desde las escuelas, financiamiento con impuestos a las grandes empresas de un plan de entrega de métodos anticonceptivos gratuitos a toda persona en edad reproductiva. Derecho al aborto seguro, libre y gratuito.

6.    Expansión de los derechos democráticos: Consulta previa vinculante y reconocimiento del derecho a la autodeterminación para los pueblos originarios. Derecho a la

7.    Democratización del Estado: elección popular de todos los cargos públicos, incluidos jueces y magistrados. Derecho a revocar a todos los funcionarios elegidos en cualquier momento. Salario igual al de los maestros y maestras de escuela pública para todos los funcionarios. Reconocimiento del derecho a la autodefensa de las organizaciones obreras y populares.

8.    Pleno financiamiento de la salud y la educación: impuestos a las riquezas y las ganancias de las grandes empresas. Nacionalización de la banca.

Estas, y muchas otras nacidas de las necesidades urgentes del pueblo trabajador y pobre, deben ser las banderas de una constituyente por la cual salir a luchar. Y son las banderas que ni Castillo, ni la izquierda reformista, levantan.

Por eso, una nueva Constitución solo puede venir de la mano de la lucha, de la movilización general del pueblo trabajador. Debe nacer de un gran paro nacional combativo, en la perspectiva de la huelga general de todo el pueblo, como demostró el poderoso paro del 19 de julio de 1977, que derrotó a la dictadura militar y la obligó a convocar a la Asamblea Constituyente, o como ahora ha hecho el pueblo chileno, que en base a su movilización ha arrancado esa misma convocatoria, abriendo paso a que participen de la Constituyente nuevas organizaciones, distintas a los partidos tradicionales del régimen democrático corrupto. Lo mismo ocurrió aquí con el FOCEP, por ejemplo, en el 1978.

Segunda ola acelera el genocidio

Por Mauricio Meka

La vida de los trabajadores y de los más pobres en este país sigue valiendo nada para este gobierno. La segunda ola alcanzó un nuevo récord, más de mil fallecidos por día, según Sinadef. Día a día cada quien enfrenta la pandemia como puede, jugando la vida como quien lanza una moneda al aire, mientras Sagasti se sigue escudando en ser un gobierno transitorio y los presidenciables no garantizan un cambio sustancial en la política genocida que se viene aplicando.

Impacto de la segunda ola

La cifra de muertos sobrepaso cualquier pronóstico catastrófico. Según Sinadef abril ha sido el mes con más fallecidos hasta el momento (25 mil decesos) superando el mes de marzo (22 mil). Hasta diciembre del 2020 se calculaban 94 mil fallecidos entre confirmados y con síntomas compatibles con el coronavirus; sin embargo 5 meses después la cifra se ha elevado a 172 mil muertos según los registros del Sinadef, es decir más 70 mil decesos solo en 5 meses, ese es el impacto real de la segunda ola. En tanto la cifra del Ministerio de Salud de fallecidos por covid es de 67 mil.

Frente a esto los expertos apuntan a que las variantes del virus (brasileña e inglesa) ha sido un factor importante en el aumento de muertes, al que hay que agregar la pésima gestión estatal y las campañas electorales. Por otro lado, el desfase entre los reportes del Minsa y el Sinadef, nos indica que muchas personas han fallecido en sus casas, sin recibir atención médica oportuna, o simplemente porque no encuentran una cama para hospitalizarse.

¿Solo falló el Estado?

Marzo había sido el peor mes desde que inicio la pandemia, ante eso Sagasti dijo en abril que: “la pandemia ha demostrado que como Estado hemos fallado”, debido a que no se aprovechó la bonanza económica para invertir en el sistema de salud y que ahora se ve los fatídicos resultados.

Lo que Sagasti no dirá, es que el fracaso del Estado para atender la pandemia es principalmente por el modelo económico y las políticas en beneficio de los grandes capitales. La privatización de la salud, que permitió la creación de grandes monopolios y por lo cual se elevaron los precios de las medicinas y de la atención médica, sumado al abandono de los diferentes gobiernos que desfinanciaron el sistema nacional de salud, y a la precarización del trabajo que nos lleva a tener cerca del 80% de la PEA en una situación de informalidad, son las verdaderas razones de esta catástrofe que estamos padeciendo hoy y por tanto el fracaso de este modelo económico.

¿Cuáles son las prioridades?

A lo dicho en el anterior párrafo hay que añadir que otra razón importante es que tanto para Vizcarra como Sagasti la prioridad no ha sido atender salud sino reactivación los negocios empresariales. Eso ha significado que la estrategia para enfrentar la pandemia fue y sigue siendo errónea como señalan los expertos. En ese sentido, las declaraciones del médico intensivista Jesús Valverde son contundentes: “No tenemos un sistema de atención primario que se enfoque en la detección temprana para grupos de riesgo o con comorbilidades o en el suministro oportuno de oxígeno. En un segundo nivel tampoco existe. A pesar de que ha pasado más de un año de pandemia, el sistema de salud aún no se ha reorganizado. No se ha creado ni reforzado una gestión piramidal, con una base ancha en un primer nivel de atención. No tenemos ninguna contención y eso genera que el tercer nivel colapse. Lo otro es que no tenemos suficiente recurso humano especializado en medicina intensiva”.

Tomar como prioridad la reactivación económica también ha significado relajar las restricciones de movilidad social, que permitían tener un mejor control y rastreo del virus. El mismo gobierno y la presión empresarial han bombardeado con su ideología “pro reactivación” la conciencia de los trabajadores y de los pobres. Aprovechándose de la necesidad de millones peruanos en situación de informalidad, que sobreviven solo trabajando el día a día, dinamitaron la cuarentena. Y con ello nos han hecho renunciar a la exigencia de bonos para poder quedarnos en casa y acabar con los contagios y muertes, y también nos han hecho normalizar la pandemia al permitir la reapertura de centros comerciales, gimnasios, restaurantes, etc., creando una falsa sensación de que la situación mejoraba y estaba controlada. En tanto no volvamos a una cuarentena estricta con bonos de acorde a la canasta básica familiar seguiremos enterrando y llorando a nuestros seres queridos.

Vacunación a paso de tortuga

Frente a la pésima gestión del gobierno, la única medida que podría inmunizarnos frente al virus sigue siendo la vacuna. El gobierno de Sagasti saca pecho frente al proceso de vacunación, y si bien ha disminuido la tasa de decesos en personas mayores de 70 años, lo cual sin dudas significa un alivio en relación a nuestros abuelos, el ritmo de vacunación sigue siendo deficiente. 

Según Rodrigo Parra, ingeniero y analista de datos, para poder alcanzar a inmunizar a toda la población mayor de 18 años tendría que aplicarse 100 mil vacunas diarias, y aunque el ritmo de vacunación aumentó, sigue siendo poco, muy por debajo de ese promedio. La vacunación depende de la llegada de los lotes de vacunas.

Un plan alternativo a la masacre

En síntesis, hemos visto que el virus no afecta a todos por igual y que es necesario un plan alternativo que coloque como prioridad la vida de los trabajadores y los más pobres y no los intereses de los grandes capitales.

La necesidad de que esta terrible realidad cambie es urgente y no puede postergarse para 28 de julio con un nuevo gobierno, es ahora que necesitamos movilizarnos para conquistar nuestras demandas más urgentes.

RECUADRO

Promesas de Castillo y Fujimori

Las luces de los reflectores apuntan hacia un proceso electoral polarizado, dejando en segundo plano a la segunda ola de la pandemia que ha sido más terrible que la primera.

Durante la 1ra vuelta los presidenciables compartían dos cosas; su oposición a establecer cuarentenas y la necesidad de trabajar de la mano del sector empresarial para enfrentar la pandemia. Para esta segunda vuelta han desarrollado más sus propuestas en relación a este tema, no obstante, ambos planteamientos no garantizan un cambio sustancial de la masacre que vivimos.

¿Por qué?

En esta edición como en anteriores hemos procurado explicar las consecuencias de la aplicación del modelo económico neoliberal, tanto en el ámbito de la salud como en lo socio-laboral, así también hemos señalado a los gobiernos que lo aplicaron sin miramientos y con violencia ejercida desde el Estado. Y que la llegada del covid-19 ha desnudado las brechas sociales y estructurales que hay en el país producidas por estos elementos, generando hasta el momento el mayor registro de muertos en 200 años de vida republicana.

Entonces cuando Castillo nos dice en su “Plan Bicentenario” que no va a nacionalizar nada o que el impuesto a las sobreganancias está condicionado a un diálogo con los empresarios, debemos entender que realmente no cambiara el modelo económico y que sus propuestas de atención de la emergencia caerán en saco roto pues no hay forma de financiar cualquier medida de atención de la pandemia sin expropiarle a los empresarios las minas, las clínicas, las farmacéuticas, las plantas de oxígeno.

Y ni que hablar de Keiko, ella representa la garantía empresarial de la continuidad del modelo económico. Y es que Keiko es la heredera de quien iniciara el neoliberalismo en el Perú con métodos de terrorismo de Estado.

Gobierno y empresas imponen genocidio y el «sálvese quien pueda» ($)

Es un verdadero genocidio lo que está ocurriendo en el país producto de la política del gobierno, con casi 110 mil fallecidos atribuibles al covid y picos de 1,000 muertes por día en medio de las más terribles condiciones sanitarias; en ningún lugar del mundo el coronavirus es tan letal como en el Perú que tiene la cifra récord de 3,300 muertes por millón de habitantes. El gobierno y el empresariado crearon las condiciones para este cuadro de horror, sufrimiento y muerte, y están imponiendo la ley del sálvese quien pueda.

La segunda ola de la pandemia no ha sido un hecho impredecible. Desde octubre 2020 los técnicos del Minsa mostraron los escenarios esperables, señalando que habría como mínimo 811,363 contagiados, 4,925 enfermos en UCI y el número de fallecimientos llegaría a 743 por día, cifra ya largamente superada.

Medidas del gobierno y las empresas causaron genocidio

Pese a esa advertencia, desde el gobierno de Vizcarra se comenzó a desmontar el precario sistema sanitario y Sagasti continuó haciéndolo desde noviembre, con la falsa e interesada idea alentada desde la Confiep de que en Perú no iba a haber segunda ola.

Es principalmente debido a ese consenso entre gobierno y empresariado que se redujo la capacidad hospitalaria, se despidió personal médico, se enfriaron los proyectos de abastecimiento de oxígeno, se des priorizó la adquisición de vacunas mientras al mismo tiempo relajaban las medidas de aislamiento social, creando la “tormenta perfecta” que comenzó a desatarse desde finales de diciembre.

Solo cuando el número de muertos por covid alcanzó los 500 por día y la demanda de oxígeno generó un déficit de más de 110 toneladas por día, el gobierno volvió a las restricciones con cuarentenas focalizadas que en realidad fueron una coladera para los contagios y con un bono más irrisorio que comenzó a repartirse recién pasadas tres semanas.

Finalmente, ya ni la farsa de cuarentena queda, pues el gobierno ha relajado más las restricciones en las provincias de riesgo extremo justo en los momentos en que la segunda ola se encuentra en plena fase de escalamiento.

La política del gobierno es de una criminal inoperancia a pesar de que la emergencia nacional justifica tomar medidas que permitan volcar todos los recursos nacionales, públicos y privados (clínicas, hoteles, plantas de oxígeno, etc.) al combate a la pandemia. Desde Vizcarra hasta Sagasti el gobierno ha hecho todo lo contrario; para las grandes empresas todo ha sido concesiones, relajamiento de protocolos, crédito barato con el aval del estado, libre especulación en el negocio de las clínicas, las medicinas, en especial en el oxígeno. Ningún impuesto especial a la riqueza ha sido creado, ningún interés privado ha sido tocado.

Por eso los altos funcionarios del gobierno y empresarios, conocedores del desastre que estaban creando, usaron en secreto su influencia para salvarse a sí mismos con las vacunas VIP, lo que ahora es otro repugnante escándalo de corrupción. Pero ojo, es la incapacidad y la corrupción de un gobierno de la clase capitalista, que pone sus intereses (el de los gobernantes y de los empresarios) por encima de la vida de la población nacional.

En ese mismo tiempo, sin miramientos, se llevó a la pobreza a millones de trabajadores informales sin derechos sociales, y también del sector formal a través de la suspensión perfecta y los ceses colectivos, y los trabajadores de sectores no prioritarios como el turismo sin ningún tipo de compensación. Estos trabajadores hoy pelean por sobrevivir desafiando y enfrentando las restricciones.

A eso se suma la crisis del oxígeno, que está empobreciendo a muchas familias que tienen que pagar por un oxígeno diez veces más caro, o llevar a sus enfermos a establecimientos privados, o atenderlos en sus casas pagando médicos con su peculio.

Desde todo punto de vista es un brutal ataque del gobierno y la patronal a la economía y a la vida de población nacional, en particular a los que menos tienen. Y esto no tiene cuándo parar.

Gobierno rumbo a otro desastre: demora de la vacunación

El gobierno no fue capaz de conseguir las vacunas con la urgencia del caso y ahora el país se encuentra en una larga lista de espera en el marco de grandes problemas de abastecimiento mundial; hasta el momento solo se cuenta con 1 millón de dosis. Pero además de eso, el gobierno no está preparando las condiciones para hacer posible que las dosis se apliquen en el tiempo más corto.

Valga la comparación: mientras el país vecino Chile ha aplicado más de 3 millones de dosis de vacuna desde el primer día del año a ritmo de 55,500 por día, en el Perú la vacunación empezó el 10 de febrero y solo llega a poco más de 200 mil dosis, en promedio 15,000 por día; a ese paso pasarán siete años para vacunar a 25 millones de personas. Los expertos en este tema que son los enfermeros reclaman como decisión estratégica la contratación y formación de personal especializado pero el gobierno se niega hacerlo.

La fábula del empresario “solidario” y “generoso”

Después de un año pandemia y 110 mil muertos el empresariado quiere vender una imagen de “solidario” y “generoso”, que dona oxígeno y hasta ofrece una vacunación masiva. Si el empresariado realmente estuviera interesado en salvar a los peruanos del covid, no habría expuesto al contagio a tantos trabajadores en minas, plantaciones, fábricas causando un número elevado de enfermos graves y muertos; y no hubieran esperado un año para donar oxígenos. 

Por otro lado, alentar la privatización de la vacuna es, sobre todo, aceptar que no habrá plan de vacunación pública, gratuita y acelerada para todos los peruanos, con prioridades que sigan criterios epidemiológicos. Los trabajadores y la mayoría nacional son los que pierden con esa inaceptable capitulación que es parte del “sálvense quien pueda”.

Cómo creer que los empresarios buscarán vacunar gratuitamente a todos los trabajadores, a sus familias e incluso a otros trabajadores del sector informal. ¿Lo harán con la misma “generosidad” de Telefónica que le roba al país con impuestos que no pagan, y después con la complicidad del Tribunal Constitucional consigue disolver millonarias deudas tributarias?

Sin embargo, a juzgar por las declaraciones del ministro de salud que se suma a las de varios candidatos en campaña electoral, a eso pareciera dirigirse el consenso entre los de arriba. Pero eso, al final de cuentas, solo consumaría otra catástrofe nacional.

Las elecciones y la crisis

La llegada de la segunda ola de la pandemia y las medidas de restricción han tenido impacto en los conflictos sociales, pero el descontento social sigue y crece ante el pésimo manejo de la pandemia, el empobrecimiento por pérdida de trabajos, la falta de apoyo del Estado y los incesantes casos de corrupción, y ese clima social comienza a manifestarse indirectamente a través del proceso electoral con tendencias muy cambiantes.

Existe una desconfianza generalizadas frente a las elecciones porque los candidatos forman parte del mismo sistema de partidos que ha llevado al país donde se encuentra actualmente. La farsa de nuevas gestas (Vizcarra, por ejemplo) terminó develándose como parte de la misma podredumbre.

Si el 14 de noviembre la gran movilización nacional contra el gobierno Merino fortaleció a los sectores burgueses de derecha y de izquierda que alientan una democratización solo de nombre, en contra de la derecha más reaccionaria, ahora el destape de la corrupción de Vizcarra y el desastroso gobierno que viene haciendo Sagasti han debilitado a los primeros, y los sectores de ultraderecha ve alguna oportunidad de fortalecerse.

El Partido Morado y el Frente Amplio, gestores de la formación del actual gobierno, aparecen como castigados muy abajo en las encuestas electorales. Juntos por el Perú, cercano a este grupo, hasta ahora no despega como sí lo ha hecho Acción Popular, el partido de Merino.

Una vez más los partidos en carrera electoral que se reclaman de izquierda, y que cuentan con el respaldo de la burocracia sindical, terminan empujando el coche de partidos patronales con la falsa lógica del mal menor, la lucha antikeyko y contra el golpismo. En el 2011 fue Humala, en el 2016 fue PPK, en el 2018 Vizcarra y en el 2020 Sagasti.

La política desmovilizadora de las luchas del 14N y de la huelga general del campo no solo priva a la clase trabajadora de una gran oportunidad de lucha nacional por demandas que incluyen el derecho a la vida, sino que termina favoreciendo el avance de posiciones más reaccionarias. La clase trabajadora solo pierde con ese destino, sus posibilidades siguen estando en el camino de la lucha con una política de independencia de clase.

Por vacunas para todos, ¡ya!

En momentos que miles sufren y mueren por la pandemia del covid, estalla el escándalo de la vacunación clandestina de medio millar de funcionarios del Estado encabezados por Vizcarra y Mazzetti, mostrando que la corrupción de los gobernantes es ilimitada y no tienen cuando acabar. En tanto, nuestro martirio se convierte en una larga agonía y nos demanda luchar por una verdadera salida que salve nuestras vidas, entre las cuales la clave es conseguir la pronta adquisición de dosis suficientes de vacunas y su suministro gratuito a toda la población.

Días terribles son los que vivimos en esta segunda ola del covid. Desde que empezó a fines de diciembre, en pocas semanas superó todos los records de contagios y muertes de la primera ola, y desde hace mucho que no contamos con implementos básicos para atender la enfermedad, como camas UCI, y aún peor ni siquiera hay oxígeno medicinal, y tenemos que ver el drama diario de familiares, amigos y gente desesperada buscando este insumo esencial para atender a sus enfermos.

La segunda ola era inevitable. El MINSA había anunciado que vendría y mostró los escenarios donde –en el caso más benigno– preveía la situación que estamos viviendo. Sin embargo, nada hizo para contenerla. Al contrario –bajo Vizcarra y Sagasti– desmontó lo poco que había construido durante la brutal pandemia del año pasado, y encima aplicó un tijerazo sobre el 50% del presupuesto del sector (echaron al personal contratado, dejaron de adquirir equipos), dejándonos inermes ante el retorno agresivo del virus.

Pero más escandaloso es la parálisis e ineptitud del Gobierno de Sagasti para responder a las urgencias de la hora. No ha decretado un confinamiento estricto que es la única forma de parar la propagación de los contagios. No compra camas UCI ni contrata personal especializado. En fin, no pone en pie ningún plan de contención de la pandemia, y ahora levanta las restricciones que estableció en febrero porque no evitan la propagación y solo mata de hambre al pueblo pobre.

Lo peor es que no resuelve la dramática escasez de oxígeno medicinal por la que miles están muriendo. Para obtener oxígeno medicinal solo se debe intervenir y direccionar la actividad de un grupo de empresas con capacidad de producirlo, pero no se hace porque prioriza la actividad privada sobre la vida.

Antes que la vida, las ganancias

Este es el concepto que guía la política del gobierno y la que produce el actual genocidio. Sagasti inauguró su Gobierno con un gabinete cuyo ministro de Economía, Waldo Mendoza, tenía el mérito haber “demostrado” que no habría segunda ola, y que negaba su existencia incluso cuando era ya una realidad. Un negacionismo que no es casual porque es fabricado por los voceros empresariales por miserables intereses económicos, y que aun defienden cuando la pandemia desata toda su ferocidad. Ese mismo ministro hoy, en nombre del Gobierno, se ufana de que la economía apenas sufra un “bachecito” y no cuenta la montaña de muertos que tenemos que pagar por ello.

El campamento minero de Marcona es una muestra de los escenarios de tragedia que produce esta política oficial. Shougang no detuvo un solo minuto su producción, en tanto el contagio se expande en toda la población que desesperada enferma y muere por el covid, entre ellos muchos trabajadores mineros. Y el Gobierno y la empresa no hacen nada porque eso les está permitiendo ganancias, ahora favorecido por el alza de sus precios en el mundo.

Es falso que todos seamos afectados por igual. Los que tienen dinero pueden pagar 4 mil soles por un cilindro de oxígeno y conseguir una cama UCI en una clínica privada. Pero el 50% que han sido empujado por debajo del nivel de pobreza y en la que figuran los millones de despedidos y arruinados por la política económica, es condenado a enfermar y morir en su casa como sucede estos días, incluso a morir de hambre. Es el caso de Loreto. Luego de haber sufrido la peor embestida en la primera ola cuando la gente desbordaba los hospitales y muchos morían en las calles clamando por oxígeno, y cuando se dijo que por el efecto “rebaño” ya se había “inmunizado” al 70% de la población, estos días vuelve a sufrir la misma pesadilla por la letalidad del virus.

La segunda ola en Europa fue controlada en pocas semanas con cuarentenas rígidas, y desde principios de febrero con el inicio de la vacunación ya vuelve a la normalidad. En cambio en Perú el Gobierno resolvió no hacer nada, y lo peor, sin vacuna, oxígeno ni ayuda económica. Por eso vivimos una catástrofe.

Vacunas VIP

Es por esta situación que el escándalo de las vacunas VIP cayó como una bomba desatando enorme indignación, sobre todo en los que más sufren.

Vizcarra y cerca de medio millar de su entorno inmediato tuvieron el privilegio de inmunizarse a escondidas gracias mientras morían médicos, enfermeras y personal de la primera línea. En el affaire figuran exministros y funcionarios que han seguido en el Gobierno de Sagasti, empresarios, familiares y hasta el representante del Papa en el país. Figura la que se supone era la heroína de una inexistente lucha contra la pandemia, la ministra de salud Pilar Mazzetti, que hoy se muestra mentirosa.

Nadie puede dudar hoy de que estamos como estamos debido a una política centrada en privilegiar los grandes negocios sobre la salud de la población, agravada por ineptitud y corrupción.

Sagasti ha intentado desmarcarse del escándalo apartando a los implicados y abriendo una investigación. Pero este acto es como el de las vacunas: más show que realidad. Él no puede mostrar toda la verdad y colocar en la cárcel a los culpables porque se caería su propio Gobierno y el mismo régimen. Lo mismo sucede con el Congreso, que solo apunta a castigar a Vizcarra, Mazzetti y algunos más, en un juego dirigido a obtener réditos políticos y electorales.

Ninguno de ellos va a investigar ni castigar hasta el final a los responsables del “vacunagate” como no lo han hecho en seis años desde que estalló el caso Odebrecht.

Estado podrido

El tema de las vacunas VIP es un caso más de corrupción capitalista y de sus agentes colocados en el Estado y Gobierno. Sicopharm entregó un paquete de dosis con una mascarada de “investigación” para que los miembros del Gobierno protegieran sus vidas a cambio de beneficiarla en la compra de sus vacunas. Por esa razón Vizcarra ni Sagasti compraron las vacunas a tiempo y hasta se dieron el lujo de rechazar otras ofertas de Pfizer y Sputnik. Por eso mismo el contrato con Sicopharm es secreto. Es así que el Perú es uno de los últimos que empezó a recibir vacunas y a aplicarlas, mientras países vecinos –como Chile– avanzan rápido en la inmunización de su población.

El héroe de ayer Vizcarra es un “lagarto”, sí. La Mazzetti es la hipocresía en persona, sí. Todos los inmunizados VIP son “inmorales”, sí. En plena y terrible pandemia se ha producido más de mil casos de corrupción. Todo esto ocurre porque el Estado está podrido.

El Estado es de la clase capitalista que la usa para proteger sus negocios y enriquecerse más. Con el modelo neoliberal desmantelaron y fragilizaron más al Estado para empoderar y permitir más corrupción a los capitalistas. Por eso los mayores corruptos y corruptores son los grandes grupos empresariales. Por ello los gobiernos serviles de los últimos veinte años también robaron, incluido los autoproclamados de “izquierda”.

Por eso mismo todos los que nos ofrecen “limpiar” al Estado nos venden humo porque no hay forma de arreglar lo que está podrido. La única salida es enterrar ese Estado y a la clase capitalista y reemplazarlo por uno nuevo, un Estado de los trabajadores.

Vacunas, ya

Solo ante el estallido de la indignación nacional el gobierno apura la compra de vacunas, aunque esta ahora no se presenta fácil por las condiciones leoninas de los monopolios y el acaparamiento de los países ricos. Lo que debemos demandar ahora es la pronta adquisición de suficientes dosis, y la publicación y fiscalización de los contratos. Debemos exigir también la liberación de las patentes (y que se financie la investigación y producción nacional de vacunas), oxígeno y otros equipamientos médicos, para no depender de los monopolios.

Ahora la CONFIEP quiere meter mano en las vacunas. Ella, que solo tiene ojos para sus ganancias, tiene la mayor responsabilidad en la crisis. Pero se lavan las manos y le atribuyen toda la responsabilidad al Gobierno y el Estado. Lo hacen mientras tratan de mostrarse generosos regalando oxígeno, mientras con la actividad empresarial promueven los contagios y muertes. Ahora ofrecen traer la vacuna. Pero la verdad es que están desesperados por inmunizar ya a todos los que le garantizan la producción de sus ganancias, al mismo tiempo que pretenden abrir las puertas de otro suculento negocio con la vacunación privada.

Es cierto que, además de la compra, hay un grave problema con la organización de la vacunación. El gobierno ofrece vacunar entre 10 y 11 millones hasta julio e inmunizar al 70% hacia fines de año. Pero está vacunando a un promedio de 15 mil diarios, lo que significa que la inmunización de toda la población se terminará en diez años, y eso que se necesitan dos dosis y que es una inmunización que deberá renovarse al menos cada año. Así es imposible que la haga.

La ineptitud del Gobierno no puede llevarlo a renunciar a su responsabilidad entregando dicha labor al negocio de privados. En su debilidad, Sagasti suelta su tarea. Lo que debe hacer es convocar a todos los recursos humanos y a disponer de todos los recursos de los privados para resolverlo, y en ella la clase trabajadora debe comprometer sus activos para poner manos a la obra. No aceptemos seguir muriendo por la corrupción e incapacidad de la élite gobernante. ¡Basta de genocidio!

Y hay que actuar para poner en pie a la clase trabajadora y a las organizaciones populares para luchar ahora por un programa de solución a los inmensos déficits del sistema sanitario y por las demandas sociales. Nuestras vidas importan, más que las ganancias capitalistas.