¡Castillo, basta de represión y atienda ya las demandas!

El PST expresa su solidaridad y apoyo incondicional a la lucha popular desatada contra el hambre y el desastroso gobierno de Pedro Castillo. En casi todo el país se producen revueltas populares con bloqueos de carreteras, y en algunos lugares saqueos y ataques a entidades que simbolizan el abuso estatal y privado.

La explosión popular ocurre en el marco de la huelga y paro convocado por diversos gremios de transportistas, incluyendo a mototaxistas, taxistas e informales, y comprende a organizaciones de pequeños agricultores y sobre todo al pueblo pobre que espontáneamente se suma a la protesta por una razón: el hambre.
Los precios de los combustibles y de los alimentos básicos se han duplicado y nadie con un salario precario o sin trabajo puede soportarlos.

La respuesta del gobierno ante esta protesta legítima ha sido de la más vil. Castillo señaló a los manifestantes como “pagados” por la derecha y en esa línea desbocó sobre ellos una represión brutal, que en el caso de Huancayo causó la pérdida de la vista de dos jóvenes y la muerte de cuatro. Y, ahora, decreta toque de queda en Lima y Callao, con lo que enciende más los ánimos.

Es cierto que la patronal, y sobre todo sus sectores de derecha, no le dejan respirar al gobierno desde el primer día. Pero atribuirles a ellos el desborde popular no solo es un despropósito que sobreestima su verdadera fuerza, sino lleva a no entender el sufrimiento y desesperación que el pueblo vive por las alzas y el desinterés mostrado por el gobierno.

Al contrario, ahora la derecha está alarmada por el levante popular y aplaude las medidas represivas que dicta el gobierno. Pretende que se controle la situación y ponga a salvo la propiedad de los ricos, para luego volver a la carga con su plan de vacancia. De ellos no esperamos otra cosa. Quien hace el trabajo sucio es Castillo quien ha venido concediendo a sus enemigos desde el primer día, y ahora, en lugar de atender las demandas y reencontrarse con el pueblo que lo colocó en Palacio, capitula a sus acosadores y lanza la Policía Nacional y las FFAA contra el pueblo.

La explosión social no solo expresa inmenso descontento sino frustración con el gobierno. La elección de Castillo era la esperanza del pueblo pobre para recuperar lo que perdió en la pandemia producto no solo del virus sino de las políticas patronales aplicadas desde el gobierno. Pero Castillo no hizo nada: no cumplió con ninguna promesa, no atendió ninguna demanda y contribuyó a empeorar la situación. En las fábricas donde arden los problemas, el gobierno no hace nada. Y no hizo nada ante el alza brutal de los alimentos y combustibles; y ahora bajo presión popular dicta medidas tibias que no resuelven el problema.

El gobierno de Castillo no solo muestra el fracaso absoluto de la “izquierda” de JP y Perú Libre y su incapacidad total para llevar a cabo un programa de cambios desde el Estado. Más aun, ha demostrado que no es posible hacer esos cambios en acuerdo o conciliación con la burguesía como pregonan, aun estos días.

Ante esta situación lo que necesitamos es apoyar, fortalecer y extender la lucha que se ha iniciado. Unir a ella de manera decidida al conjunto de la clase obrera en la jornada del 7 de abril. Nuestras banderas son:

  • Congelamiento de precios de los combustibles, gas y alimentos.
  • Aumento general de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica familiar.
  • Apoyo al campesinado pobre con fertilizantes, ayuda técnica y compra de sus productos a precios justos.
  • Reposición de despedidos, anulación de los ceses colectivos, administración obrera de las fábricas cerradas, fin de la intermediación laboral y del CAS en el Estado.
  • Atención efectiva a la pandemia, a la educación pública y a la demanda de agua y servicios básicos, con financiamiento.

Hay recursos. Y si faltan, deben ser tomados de las grandes corporaciones, en la línea de las comunidades campesinas que reclaman lo que es suyo a las empresas mineras. Pagamos con muchas vidas y más pobreza la política gubernamental de salvar los negocios primero durante la pandemia. Ahora no más. Que la crisis y las alzas atribuidas a efectos internacionales, la paguen los grandes capitalistas y ricos.

La frustración obrera y popular contra el gobierno Castillo puesto de manifiesto en las calles, nos debe llevar a tomar en nuestras propias manos el gobierno de nuestros destinos. En los bloqueos y en los paros, en el campo y en las fábricas necesitamos poner en pie comités de lucha, hoy por las reivindicaciones planteadas y mañana para enfrentar las pretensiones de la derecha de recuperar el poder. Solo desde dichos organismos, ante el fracaso y derrumbe del gobierno de Castillo, debemos gestar una alternativa de verdadero gobierno obrero y popular. Y para llevar a cabo esta tarea, desde el PST llamamos a poner en pie un verdadero partido revolucionario, de obreras y obreros.

MAESTROS FUERON DESALOJADOS CON BOMBAS LACRIMÓGENAS Y PERDIGONES

Marie Frank – PST Iquitos

El día 05 de Enero de 2021, con bombas lacrimógenas y perdigones fueron dispersados los docentes que llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir sus pagos del mes de Diciembre 2021. 

La protestase dio ante la falta de pago a 7 mil profesores de la provincia de Maynas, quienes hasta ahora no cobran sus sueldos quienes fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales.

“El señor Gobernador hasta ahora no ha cumplido y mentira tras mentira que el 27, que el 29, que el 30 y llegamos al 04 y no hay nuestro sueldo”, declaró el profesor Eleazar Gómez. 

El Profesor Eleazar Gómez lamentó que el Gobernador Regional Elisbán Ochoa se cierre al diálogo y no promueva mesas de diálogo con los dirigentes. Además, advirtió que la falta de pagos podría perjudicar el retorno gradual a las aulas. 

Producto de la represión dos docentes terminaron con golpes y heridas en la rodilla, que fueron provocados por los perdigones lanzados por la PNP.

Los profesores indicaron que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, además pidieron la destitución de la directora regional de Educación, Linda Angulo.

EL CAMINO ES LA LUCHA: Desde la Regional Iquitos del PST apostamos a que la lucha del magisterio se mantenga contra el abuso de las autoridades y se unifique con la del pueblo trabajador para exigir no sólo soluciones a las demandas magisteriales, sino también a los problemas cotidianos de los trabajadores y trabajadoras.

Llamamos a fortalecer la organización de las bases del magisterio, a través de asambleas y que se incluyan a los padres de familia para potenciar las movilizaciones en favor de una mejor educación y mejor trato a los trabajadores de este sector.

¡Justicia ya para los caídos del 14 de Noviembre!

foto: La República

Por: Miguel Reyes

Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.       

Sigue impune la tragedia

Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.

Las limitaciones de la denuncia

Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.

Luchar en las calles por justicia

Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.

Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares

NACIONAL
Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares
A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Castillo ante el empresariado nacional, los inversionistas extranjeros y la banca mundial por la continuidad del modelo económico, su gobierno atravesaba problemas de gobernabilidad no solo por los ataques de la ultraderecha, sino también por contradicciones internas que han tenido como salida el cambio de gabinete, pero conservando el mismo rumbo de conservación del modelo económico.

Pedro Castillo recibió en la campaña electoral duros ataques de las fuerzas patronales por considerarlo una amenaza al modelo económico neoliberal y el orden constitucional fujimorista. Pero lo ataques fueron más lejos todavía, pues lo estigmatizaron como la opción del terrorismo senderista, estigmatizando de pasada las ideas comunistas y socialistas en general, aun cuando no tengan que ver con el terrorismo; lo cual es un atropello a las libertades democráticas elementales como la libertad de pensamiento que es el derecho de todo individuo a no ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias.

Es sabido que el fujimorismo y los sectores ultraderechistas del Congreso nunca aceptarán los resultados del 11 de junio; incluso han impuesto arbitrariamente una comisión investigadora del proceso electoral con la que pretenden “oficializar” una absurda versión de fraude del que no pudieron mostrar una sola prueba.

Lo que predomina, sin embargo, son los sectores patronales que respaldaron la investidura del gabinete en aras de la aplicación del modelo económico, y este respaldo ha mostrado un límite en el tema de Vladimir Cerrón y el “ala dura” de Perú Libre de los ministros cuestionados, especialmente el ex ministro Maraví cuestionado por tener un pasado vinculado a Sendero Luminoso, o a organizaciones proscritas por tener vínculos con este, como el Movadef y el Conare, a pesar de que este último tenía un carácter sindical. Por eso cerraron filas contra el gobierno presionando con la censura.

El cambio de gabinete, ahora presidido por la ex presidente del Congreso Mirtha Vásquez, ha sido la respuesta de Castillo a fin de conservar ese respaldo a su gobernabilidad.

Un obstáculo absoluto a la solución de las demandas sociales
Pero algo que coloca al gobierno definitivamente rumbo al desgaste es el haberse sometido, con el anterior y el actual gabinete, a la continuidad del modelo económico de las grandes corporaciones y dejar de lado las medidas anunciadas en la campaña como las nacionalizaciones, el aumento significativo de la tributación de las grandes empresas y hasta la constituyente, pues en esas condiciones no será posible cumplir con el cambio ofrecido en campaña y de brindar las soluciones que demandan los sectores populares.

Por ejemplo, cómo podrían fortalecerse el sistema sanitario frente a una tercera ola de la pandemia si se mantiene el mismo presupuesto austero de las últimas décadas, que se agota con subsidios insignificantes y no permite cambiar la ruinosa situación de hospitales ni implementar el nivel primario de salud a nivel nacional.

Por otro lado, la recuperación del gas y la “soberanía” sobre los recursos naturales dependerán de la negociación “en buenos términos” con el consorcio Camisea; quedó claro que nacionalizar Camisea no está en la agenda del gobierno. La llamada segunda reforma agraria quedará también supeditada a los escasos recursos públicos, y la restitución de derechos y derogación de los decretos antilaborales, dependerá del acuerdo que se logre con los empresarios, que son la prioridad del modelo económico.

Los problemas nacionales no han desaparecido y exigen solución urgente
En la actualidad, mientras la economía se recupera para algunos pocos, millones de trabajadores todavía no pueden recuperar a sus trabajos o sobreviven en condiciones de indigencia en la informalidad y el subempleo, con salarios por debajo del nivel de subsistencia, a lo que se suma la exorbitante alza de los precios de productos de primera necesidad.

El movimiento sindical sigue lidiando con patronales prepotentes que sabotean la negociación colectiva, y las empresas más grandes imponen pliegos multianuales en tiempos de alta inflación de los productos de primera necesidad.

Las banderas de lucha de los sindicatos del sector público y los CAS, también se ven postergados por las restricciones que el propio gobierno ha ratificado en el proyecto de ley de presupuesto.

En este contexto las organizaciones obreras y populares enfrentan la necesidad, ineludible y urgente, de organizar y centralizar sus demandas en una lucha independiente, y también la de forjar una verdadera alternativa de poder frente a las pretensiones reaccionarias del fujimorismo y la ultraderecha, y por un plan alternativo obrero y popular frente al modelo económico de las grandes corporaciones.

Estuvimos en el #28S

El aborto lo haremos Ley en las calles

Colaboración de L. Nayhua

Militante de la Juventud Socialista (Cusco)

Con una movilización hacia el Palacio de justicia de la Ciudad del Cusco, y luego hacia la Plaza de armas, culminó la semana de actividades relacionadas con la lucha por la legalización del aborto en esta ciudad, el pasado 28 de septiembre.

Las actividades comenzaron el jueves 23, con una serie de charlas, conversatorios y proyecciones audiovisuales que fueron preparando el camino para la acción del 28.

La energía se mantuvo constante en las diversas movilizaciones que fueron desembocando en la Plaza de Armas, a pesar de la ligera lluvia que nos acompañó toda la tarde y la constante presencia de las fuerzas represivas. 

Al grito de “¡El aborto lo haremos ley en las calles!” la columna de la Juventud Socialista, junto con Trabajadores Socialistas y Lucha Mujer-Cusco, volvió a agitar que la única estrategia que puede conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, es la de mantenernes organizades en las calles, como parte de la lucha de clase trabajadora.

Por eso no compartimos la visión de diversas agrupaciones que se reclaman feministas, que si bien salen a las calles el 28S, no denuncian a Castillo como el primer opositor a que conquistemos este derecho, y por el contrario, prometen “soluciones” desde sus carguitos como funcionarias públicas.

Por eso llamamos a las compañeras a no dejar las calles. A organizarnos en los sindicatos y organizaciones populares. Y desde ahí, continuar esta pelea.

El derecho al aborto

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

El panorama de crisis económica y de salud que atravesamos a nivel mundial, es el marco en que se desarrollan las actuales luchas por los derechos de las mujeres. Una muestra de esto son las diversas acciones, marchas y manifestaciones que se realizaron este 28 de Setiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Un derecho al que millones de mujeres en el mundo aun no tienen acceso por considerarse un delito, lo que obliga a que el aborto se realice de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de las mujeres más pobres.

¿Por qué debe ser ley?

Por eso, la legalización del aborto pasa por reconocer las enormes desigualdades que existen. En nuestro país hay 12 millones de mujeres en edad de trabajar, de las que el 59% no cuenta con trabajo, el 62% son trabajadoras informales, los derechos por maternidad no se cumplen y del total de la población pobre 51.4% son mujeres.

A esto podemos sumarle el acceso casi nulo a la educación sexual de calidad y el poco acceso a métodos anticonceptivos que se acomoden a las necesidades de cada mujer, además del analfabetismo que en mujeres de la zona rural es el 23%. Este el panorama tan complejo al que se enfrentan la mayoría de mujeres en nuestro país y que empuja a miles de ellas a optar por la posibilidad de un aborto frente a un embarazo no deseado.

Por eso no solo hablamos de despenalizar el aborto en casos de violación, agenda entre organizaciones feministas y ONGs. Derecho que si bien es necesario, no es suficiente. Es preciso conquistar el derecho a una educación sexual integral, al acceso a anticonceptivos, y al aborto libre seguro y gratuito, para que accedan al mismo fundamentalmente las mujeres pobres y trabajadoras del país, que como ya se ha dicho antes son las principales víctimas de los abortos clandestinos.

Un gobierno en contra de las mujeres trabajadoras

Lamentablemente el presidente Pedro Castillo ha sido bastante claro respecto a su posición en contra sobre la legalización del aborto.

Esta es la posición -tan cercana al conservadurismo reaccionario- de un gobierno que se dice de izquierda, pero que es machista, y mira la problemática del aborto desde la moral o las creencias religiosas, y no desde la ciencia, ni la urgencia de atender este problema de salud pública. 

Esto es lo que como mujeres trabajadoras y pobres nos toca enfrentar hoy. Sabemos bien que todas las mujeres abortan, pero sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase. En nuestro país las ricas abortan, las pobres se mueren.

Por eso no tenemos dudas que solo luchando podremos conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, el derecho a una educación sexual integral laica y científica, y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos adecuados para cada una de nosotras. Esto, en el marco de conquistar la declaratoria de emergencia contra la violencia machista en el país. Necesidad urgente para hacer frente a la pandemia de machismo y violencia que vivimos.

El aborto en el Perú

Actualmente el aborto en el Perú es ilegal, salvo el aborto terapéutico despenalizado en 1924, que se realiza en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer.

Se estima que en el país se practican al año aproximadamente 371 400 abortos clandestinos, de los cuales 28 652 terminan en hospitalizaciones y 58 en muerte (INEI Estado de la población peruana, 2015).

5 de cada 100 mujeres entre los 15 y 49 años se ha provocado un aborto y se reconoce como una de las principales causas de muerte materna (MINSA).

Todo esto muestra que ilegalizar el aborto no disminuye su práctica, y por el contrario, además de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, lo convierte en un negocio que expone a las mujeres pobres a prácticas inseguras, que ponen en riesgo su vida y salud.

SITOB en primera línea

La lucha de los compañeros del SITOB, entra a una etapa decisiva ante la inminencia de la huelga. Por eso urge rodear de toda la solidaridad posible las acciones del sindicato, emitiendo pronunciamientos y asistiendo a las convocatorias que realicen en pro conquistar la solución de su pliego de reclamos.

El sol muere cada tarde tras la fábrica de BSH Electrodomésticos, en la avenida Faucett, donde el pasado miércoles 29 de septiembre los compañeros del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos (Ex Coldex), el combativo SITOB, realizaron un nuevo plantón demandando la solución a su pliego de reclamos 2021 – 2022.

El plantón marca, además, el resurgimiento de la lucha del Sindicato que, ahora, tiene plazo de huelga, ante la intransigencia de BSH Electrodomésticos, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Empresa que se precia, no sólo de ser líder en su rubro, sino en ser un buen lugar para trabajar.

La paciencia del Sindicato terminó cuando, además de ofrecer un aumento humillante del 1% de la remuneración percibida por los obreros, la empresa comenzó a contratar nuevo personal con salarios por encima del promedio de obreros que tienen más de 20 años en el trabajo.

Esto sumado a la imposición de horarios extendidos durante buena parte de la pandemia, y otros abusos, han obligado a los obreros a decir basta.

El combativo plantón del SITOB, contó con la presencia de los sindicatos de Industrias del Envase y del BCP, quienes siguiendo con una de las tradiciones más importantes de la clase trabajadora, llevaron su solidaridad activa.

No cabe duda que este es el camino que debemos seguir quienes luchamos en las trincheras de la clase trabajadora: hay que rodear de solidaridad la lucha del SITOB. Que los compañeros vean que jamás lucharán solos. Hay que pronunciarnos ante la empresa y las autoridades para demandar la pronta solución a las justas demandas del Sindicato, que como los compañeros de Leche Gloria, SINATREL, Agregados Calcarios y un largo etc. se ven en la necesidad de salir a las calles ante la intransigencia de la patronal, y la falta de una acción decidida del gobierno para poner fin a estos abusos.

SITOB se pone así, en la primera línea de la lucha de la clase obrera. Con el convencimiento de que sin luchas, no hay victorias.

DATO

Desde 2018 el SITOB lucha por la reposición plena de los compañeros despedidos abusivamente por BSH Electrodomésticos, en un cese colectivo que ha sido declarado ilegal en todas las instancias.

La Constituyente como bandera de lucha

Por Víctor Montes

Nadie puede negar que la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura fujimorista, ha sido identificada por la vanguardia obrera y popular como uno de los pilares de la situación de abuso y explotación que vivimos en el país.

Efectivamente, dicha Constitución consagró la desaparición de la gran mayoría de conquistas sociales y económicas que la Constitución de 1979 se vio obligada a reconocer, como resultado de la poderosa movilización obrera y popular que derribó a la dictadura militar de Morales Bermúdez.

En su reemplazo, la Constitución del 93 vino a imponer el modelo económico neoliberal, bajo el cual se han saqueado nuestros recursos naturales, sobre explotado nuestra fuerza de trabajo, y languidecido la educación y la salud públicas.

Derechos como la estabilidad laboral, entre otros, fueron borrados de un solo golpe. Además, diseñó un entramado legal que desnacionalizó la economía, facilitando la entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales, y reforzó el carácter autoritario del Estado.
De ahí que la aspiración de estos sectores, de echar abajo la constitución heredada de la dictadura, sea justa.

En este marco, sin embargo, queremos abrir un debate: ¿Qué papel juega, desde los intereses de la clase obrera, la lucha por una nueva constitución?
Para la izquierda reformista, la nueva constitución es la solución a los problemas del país.
Para nosotros, en cambio, esa constitución solo podrá adoptar medidas que terminen con la pobreza, la desigualdad, la explotación el saqueo de nuestros recursos, si en el camino de su realización, echamos abajo el poder de los empresarios y el imperialismo, y los trabajadores y trabajadoras del país tomamos el poder en nuestras manos. ¿Por qué aseguramos eso?

EL ORIGEN DE LA CONSTITUYENTE

En la historia, la Asamblea Constituyente es una institución creada por la clase burguesa para establecer su poder frente a la arbitrariedad de reyes, príncipes y demás señores feudales, quienes manejaban el Estado a su antojo, y en forma completamente arbitraria, por “derecho divino”.

En la Constituyente, la burguesía se erigió como representante de “todo el pueblo”. Aprovechando el número a su favor –los señores feudales eran una ínfima minoría de la población- utilizó la Constituyente para establecer su poder en forma de ley: creó una Constitución.
Esta intención de establecer el poder burgués, se puede ver claramente en el antecedente directo de las constituciones modernas: la “Carta de derechos”, elaborada por el Parlamento inglés en 1689.

En dicha Carta se establecieron las siguientes restricciones al poder de los monarcas:
El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.
El Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Dicho en una frase: el Rey ya no tiene el poder, sino el parlamento, donde domina la burguesía.

Lo propio hicieron la “Convención de Filadelfia” (EE.UU., 1787) durante la guerra de independencia estadounidense, y la “Asamblea Nacional Constituyente” reunida en París (1789 – 1791) durante la revolución francesa: establecer el poder de la burguesía contra el poder feudal.

LA CONSTITUYENTE EN NUESTRA HISTORIA

En nuestro país, la historia muestra que las cosas no han sido diferentes. Desde que José de San Martín convocó a la primera Asamblea Constituyente (llamado “Congreso General Constituyente”) en 1822, todas han cumplido el mismo rol: establecer las bases del poder de la oligarquía, primero frente a la corona española, y después, del sector de la burguesía que ha controlado el Estado.

Así, mientras la primera Asamblea Constituyente (1822-1823) procuró establecer un Estado liberal, con predominio del parlamento sobre el ejecutivo, la realidad la obligó a entregar todo el poder a Bolívar, iniciando así una tradición autoritaria refrendada por las diversas Constituciones que fueron elaboradas con posterioridad.
Ninguna de las 12 Asambleas, ni de las 12 Constituciones, pudo terminar con el flagelo de la corrupción, que pululó por igual bajo regímenes militares, que bajo el poder de los civiles. Por el contrario, cada una estableció las bases sobre las cuales, un determinado sector de la clase dominante pretendió construir su propia dominación sobre la base de una clientela política, con que se repartiría el Estado como un botín en el periodo siguiente.

LA CONSTITUCIÓN DEL 79

Pero entre todas, fue la Constitución de 1979 la que más se acercó a expresar las necesidades y aspiraciones de la población pobre del país. Y no fue casual.
Nacida de la derrota de la dictadura de Morales Bermúdez por el gran paro nacional de 1977, la Asamblea Constituyente instalada en 1978 llevó en su seno una importante representación “de izquierda”, 28 curules de 100, expresión del ascenso en las luchas de las masas obreras y populares.

Sin embargo el 62% de la constituyente estuvo formada por el aprismo (37 curules) y el PPC (25 curules). Partidos que pactaron con los militares para que la Constituyente no ponga en peligro su “retorno ordenado a los cuarteles”.
Sin embargo, ese 62% de apristas y pepecistas no pudo evitar que la Constitución del 79 consagrara una serie de reivindicaciones democráticas básicas: reconoció como ciudadanos/as del país a todas las personas mayores de 18 años nacidas en el Perú. Estableció la estabilidad laboral como un derecho, etc.

Sin embargo, lo que la Constitución del 79 jamás puso en cuestión, fue la continuidad de la explotación y la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la continuidad de la dominación burguesa sobre la sociedad.

Y es así porque, sin importar lo democrática que haya sido la Constituyente de 1978 (que haya sido elegida por voto universal, directo y secreto), los militares, en nombre de los patrones, seguían gobernando el país para único beneficio de los empresarios y el imperialismo. O dicho de otra manera, porque la clase obrera, a pesar de su enorme lucha y de haber asestado un golpe mortal a la dictadura, no logró tomar el poder.

LATINOAMÉRICA Y LA CONSTITUYENTE EN EL SIGLO XXI… NO HA SIDO DIFERENTE

Las experiencias recientes de convocatorias a Asambleas Constituyentes en otros países de la región, han seguido el mismo derrotero.
Dichas Asambleas, durante la primera década del siglo XXI, redactaron nuevas cartas para Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde partidos o movimientos de corte nacionalista (burgués), montados sobre procesos de lucha poderosos, llegaron al gobierno.

De esta forma, estos movimientos volvieron a “diseñar” los poderes del Estado, sus atribuciones, cómo se relacionan entre sí, así como sus propósitos y un largo etc. El cambio respondió a que un sector distinto de la burguesía, al que venía usufructuando el poder del Estado, tomó control del mismo. Y para mantenerse en el poder, buscaron convertir en ley esa nueva situación.

Sin embargo, por eso mismo, fueron incapaces de romper con el carácter burgués (patronal) de la economía y el propio Estado, en esos países. Mantuvieron incólumes las instituciones fundamentales que imponen el poder de la burguesía (las fuerzas armadas y policiales), así como el derecho del gobierno de reprimir y suspender las garantías democráticas cuando lo considera conveniente (a razón de pretextar una “emergencia”). Del mismo modo, mantuvieron tal cual la propiedad privada de los medios de producción, y el derecho de los patrones a colocar el precio de nuestro trabajo garantizando así la explotación.

Mantuvieron también, el carácter primario – exportador de sus economías, en línea con el rol que el imperialismo ha designado para nuestra región, aunque arrancaron una tajadita adicional de la renta proveniente de dichos recursos. Y era posible hacerlo, pues coincidió con una coyuntura económica favorable: el alza del precio de las materias primas que vivimos entre 2004 y 2013, aproximadamente.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Más recientemente, en Chile, la movilización popular, que se hizo revolución hacia octubre de 2019, identificó a la Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet, como la base de los más de 30 años de saqueo “en democracia” y superexplotación. Por eso, desde las calles, el pueblo trabajador impuso que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Por eso es una Constituyente cualitativamente más democrática que otras: está compuesta en forma paritaria entre mujeres y hombres, compuesta en un 50% por independientes y tiene curules reservadas para los pueblos originarios.

Y sin embargo los límites son los mismos: convive con el gobierno asesino de Piñera, y está atada de pies y manos por el pacto de los partidos políticos tradicionales, quienes le niegan el poder de decidir sobre los problemas de fondo del país.

Como dicen nuestros camaradas del Movimiento Internacional de los Trabajadores:
“El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros).”

Por eso podemos afirmar que la experiencia chilena muestra, en primer lugar, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede venir de una victoria en el terreno de la lucha. Una conquista que en Chile ha sido arrancada a la burguesía con miles de heridos y detenidos en las calles de todo el país. Nada que ver con campañas para recoger firmas o planteamientos de modificaciones constitucionales pactadas en las alturas del Congreso. Y en segundo lugar, que la Constituyente chilena, a pesar de su composición cualitativamente más democrática que otras experiencias, no ha podido romper los límites de la dominación burguesa e imperialista: la propiedad privada de los medios de producción, la explotación y la entrega del país a las transnacionales.

¿LA CONSTITUYENTE TIENE UN PAPEL EN EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO?

Para el partido obrero revolucionario, marxista, como el PST, la Constituyente tiene un lugar en el programa como la más importante demanda democrática de las masas oprimidas. Su papel tiene un peso enorme en países como el nuestro, donde el imperialismo y la burguesía imponen su dominio violentando la voluntad del pueblo pobre una y otra vez, como lo demuestra la penetración de las grandes mineras y petroleras, al amparo de la Constitución vigente.

Y al mismo tiempo, la confianza que tienen las masas en su número, las lleva a pensar que es posible “cambiarlo todo”, por medio del voto universal.
Es una demanda que, en tanto es una bandera de lucha que moviliza a esos sectores, la clase obrera -y con mayor razón su vanguardia revolucionaria- debe levantar. Solo así puede disputar la conciencia de esas mismas masas frente a los sectores reformistas y de clase media, que levantan la consigna de la Asamblea Constituyente desde una perspectiva completamente diferente: la “democratización” del Estado, sin tocar las bases económicas de la dominación burguesa, que son un obstáculo absoluto a la solución de los problemas nacionales.

Desde una perspectiva de clase, la Constituyente debe ser acompañada de tareas específicas que debe cumplir, para expresar la necesidad de conquistar la soberanía del país y terminar con la explotación. Por ejemplo, demandamos una Constituyente que prohíba los despidos y asegure el derecho democrático al trabajo para todos.

Una Constituyente que recupere nuestros recursos naturales como medio para frenar su expoliación y poner esos recursos al servicio de la salud y la educación. O para entregar la tierra a los campesinos, como parte de un conjunto de medidas que aseguren el desarrollo de la producción alimentaria. Etc.

Esto fue lo que hicieron Lenin y los bolcheviques en 1917. Entonces, en medio de la revolución rusa, el gobierno de conciliación de clases conformado por el Partido Socialista Revolucionario -de amplia inserción en el campesinado-, los mencheviques -con importante presencia en los consejos obreros- dilataba la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era una de las principales banderas del movimiento obrero y popular, junto a las conocidas demandas de pan, paz y tierra.
Las masas entendían que, tras la caída del zarismo (que era una monarquía absoluta), correspondía la convocatoria a la Asamblea Constituyente – como en Francia en 1789 – para definir los contornos y el funcionamiento de una república democrática. Los bolcheviques supieron explicar que sólo con el poder en manos de los consejos obreros era posible hacer realidad su convocatoria, pues para el gobierno provisional, la prioridad no era la convocatoria a la Constituyente, sino cumplir con el imperialismo francés e inglés continuando con la participación rusa en la guerra mundial.

Y fue la movilización revolucionaria la que, tras entregar el poder a los consejos obreros, campesinos y de soldados de Rusia, convocó a la Constituyente.

SOLO EL PODER DE LA CLASE OBRERA PUEDE GARANTIZAR UNA CONSTITUYENTE QUE LOS “CAMBIE TODO”

Son estas experiencias las que nos llevan a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la bandera de la Constituyente es una demanda justa que levantan importantes sectores del pueblo pobre y trabajador para expresar sus anhelos de cambio profundo de la sociedad. En ese sentido, hace parte de nuestro programa de reivindicaciones, pero dándole tareas específicas que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre frente a los problemas del país. tareas que vayan contra la dominación imperialista y patronal.

En segundo lugar, esto es necesario para que la vanguardia revolucionaria de la clase obrera pueda disputar la conciencia de las masas, que en general siguen confiando en la democracia burguesa como medio para cambiar las cosas y dar solución a sus problemas.

En tercer lugar, que su conquista será producto de la movilización revolucionaria de las masas pobres y trabajadoras de la ciudad y el campo, y no de “pactos” o “acuerdos” con los partidos de los patrones -por más “democráticos” que digan ser-. Reivindicamos, por eso, la Constituyente, en tanto sea una bandera de lucha, de movilización objetiva de la clase obrera y el pueblo.

Por último, que la historia demuestra que, la única garantía para que se puedan imponer los cambios de fondo necesarios para resolver los problemas del país, conquistar su verdadera independencia, y terminar con la explotación y la pobreza, la clase obrera y sus organizaciones deben tomar el poder en sus manos, en alianza con el pueblo pobre y oprimido.

Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea todo el reformismo, y la razón por la cual, en la actualidad, lejos de encabezar una verdadera movilización nacional levantando las banderas de la constituyente, los llamados “partidos de izquierda” y el propio gobierno de Castillo se han centrado en enviar proyectos de ley al Congreso, buscando que, en acuerdo con otros partidos patronales que han hecho parte de la gran corrupción de las últimas décadas, aprueben su convocatoria. Un camino muerto que solo puede traer desmoralización.

Las violaciones sexuales no son broma

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La violación sexual, es una de las formas más crudas de violencia que puede vivir sino esta niña, mujer o adulta y que tiene un fuerte impacto en la vida de quien la sufre o la ha sufrido. Una violación sexual es una manera de atentar contra la libertad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ya que es u acto que se realiza sin el consentimiento de la víctima y que a su vez tiene secuelas físicas y emocionales que comprometen la salud de las personas que son víctimas de este tipo de violencia.

Es común que las víctimas presenten lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países. 

Las violaciones sexuales no son una broma:

La denuncia de la congresista Patricia Chirinos expone lo que ya veníamos apuntando el discurso y pensamiento de carácter machista y homofóbico del primer ministro Guido Bellido. El ministro asume que decirle a una mujer “ahora solo falta que te violen” puede ser admitido como una broma.

 Según la OMS Cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables en los últimos 10 años y cada vez ocurre a edades as tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años. 

En nuestro país, según el centro de emergencia mujer, solo de enero a mayo de este año se han atendido 3.878 casos de violencia sexual.

De acuerdo con su último reporte, 67,1% (2.599) del total de víctimas son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Asimismo, el 32,4% de casos corresponde a personas de 18 a 59 años (1.255) y el 0,5% (21) de los mismos a adultos mayores de 60 años. En todos los casos, las mujeres son las más afectadas.

A ello se suma que, en 1.938 casos, la víctima no fue agredida por sus familiares ni por su pareja. Sin embargo, en 1.431 casos, la agraviada sí fue agredida por un familiar, y en 461 situaciones fue la pareja quien realizó los ataques.

Asimismo, 145 víctimas presentan discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. En tanto, tres casos son de población LGTBI, 106 de reincidentes y 51 de personas con nacionalidad extranjera.

la violencia sexual es un problema social serio, que requiere una pronta atención como en general lo requieren todas las formas de violencia contra la mujer. Es un problema que no solo afecta a la víctima sino también a la sociedad en su conjunto y no podemos contemplar que se la siga normalizando mediante expresiones misóginas que se esconden bajo la apariencia de “chistes” o “bromas”, porque normalizan la violencia algo que es sumamente peligroso.

Nosotras nos preguntamos: ¿Cómo se puede bromear con un acto tan terrible?  ¿este es el gobierno del cambio? ¿el gobierno del pueblo? con un ministro al que le parece normal hacer bromas sobre violaciones, y con un presidente que pretende justificar esta agresión sosteniéndose en su procedencia andina.

El pertenecer al Perú profundo, no es justificante, son las mujeres de ese Perú profundo, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras y las que no tiene empleo quienes son víctimas de violencia sexual día a día.

Con ese actuar, las trabajadoras no podemos asumir este gobierno como nuestro, ni defenderlo, ni permitir que se le dé un uso polito como y se viene haciendo por parte de Perú Libre y también de la oposición.

Es cierto que sobre la congresista Patricia chirinos pesan, un proceso de investigación suspendido por supuestos vínculos con la corrupción y un pasado familiar con su padre como parte de la dictadura de Fujimori, sin embargo, esto no puede ser un argumento para deslegitimas una denuncia por agresión y de tal calibre, como ha hecho Elizabeth Medina, presidenta de la comisión de la mujer y congresista de Perú Libre. Es un error tener como método echar lodo sobre el oponente político, lo correcto sería que Bellido pida que se realice una investigación pública si es que se trata de una acusación falsa, como él manifiesta.

Perú Libre no hace más que dar armas a la derecha para ser atacado, tener en sus filas personajes como Bellido se presta para estos fines, la derecha ya está haciendo uso de este suceso como medio de ataque y lo seguirá haciendo. Por otro lado, tampoco pone por delante la atención a las demandas urgentes de la clase trabajadora, ni ataca los intereses de la burguesía, que es igual de machista y homófoba, aunque ahora aparezcan hipócritamente como defensores de la mujer y finjan indignación por lo acontecido, cuando años atrás, no han hecho más que obstruir diferentes proyectos y leyes de protección a las mujeres y han tenido expresiones iguales o peores a la de Bellido.

En un mes de gobierno no ha salido de sus disputas en las esferas del congreso sin ningún avance concreto en responder a las demandas más importantes de salud, educación, trabajo, ni mucho menos para atender los casos de violencia hacia la mujer.

Como clase trabajadora es necesario tomar las banderas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y exigir al gobierno que se declare en emergencia y una prioridad la lucha contra la violencia. Más allá de discursos, lo que necesitamos acciones concretas,  lo que significa un mayor presupuesto para empezar a ponerle fin a la violencia, desde las violaciones y feminicidios, hasta las desapariciones de mujeres y acoso callejero.

¡Emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer!

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

Apenas a días de la juramentación de Castillo, Feliciana Huamán fue asesinada por su esposo en Villa María del Triunfo y enterrada bajo su cama. Karim Crystal Robles, una adolescente de 14 años, desaparecía en pleno Miraflores (Lima), mientras otra mujer moría en un hostal de San Juan de Lurigancho, a causa de un aborto clandestino. La dura y violenta realidad que a diario afrontamos miles de mujeres peruanas se grafica en noticias terribles como estas.

Según datos de la defensoría del pueblo, solo en 2020 desaparecieron 5 500 mujeres, de las que 1686 eran adultas y 3835 menores de edad. Cada día son reportadas más de 15 denuncias de desaparecidas. Estas desapariciones están relacionadas a formas de violencia, trata de personas y feminicidios.

Un discurso conservador, machista y peligroso.

Lamentablemente Pedro Castillo, para muchos figura representativa como campesino, maestro y trabajador, parece «mirar a otro lado».

Ya antes de su proclamación, Castillo mostró su poco interés ante estos hechos, atribuyendo las 138 muertes por feminicidio ocurridos durante la cuarentena del 2020 a la ociosidad. Y ahora, con Guido Bellido como premier, igual de conservador y machista, evidencia una tendencia a minimizar y normalizar la violencia hacia las mujeres. Actitud absolutamente contraria a la de que asumieron, Marx, Engels o Lenin, y tantos dirigentes comunistas, hombres y mujeres, ante el mismo tema.

El problema también es la falta de trabajo

Pero no solo es la violencia física, la tasa de desempleo se ha disparado, quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres. Hoy, el 70% de trabajadores informales son mujeres. Y de cada 100 jóvenes entre los 18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”), 65 son mujeres. De estas, 30 son indígenas o afrodescendientes (Alcázar, 2019). Problemática ante la cual Castillo no hace nada.

Es por eso que, a diferencia de lo que nos proponen algunas compañeras «de izquierda», no podemos depositar ilusiones en este gobierno.

¿Por qué hay que pelear?

Ante la crisis política, económica y sanitaria, y la falta de respuesta ante la violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora, las estudiantes y campesinas, no podemos esperar más: debemos movilizarnos y organizarnos para exigir que el gobierno declare en emergencia el sector mujer, como ha anunciado que hará con el sector educación, para adoptar medidas radicales ante la problemática descrita.

Debe incrementarse el presupuesto para el ministerio de la mujer. Mientras en 2021 el rubro “reactivación económica” recibió 10 mil 224 millones de soles de parte del Estado, el rubro “reducción de la violencia contra la mujer” sólo obtuvo 690 millones de soles… ¡14.8 veces menos!

No se detendrán los feminicidios, ni las desapariciones, ni las violaciones sexuales, si no se financia al sector para que puedan ejecutarse medidas eficaces que permitan atrapar, juzgar y condenar a los feminicidas y violadores, así como desarmar las redes de trata de la que son parte instituciones del estado como la propia policía.

Hay que conquistar la legalización del derecho al aborto, libre y gratuito, para evitar más muertes a manos del mercado del aborto clandestino. Derecho que debe ser complementado con una política de educación sexual científica, laica e integral desde la escuela, y garantizando acceso a métodos anticonceptivos para la juventud.

Pero también es necesario que se tomen medidas para acabar con la pobreza en la que vivimos millones de mujeres en el país. El gobierno debe garantizar trabajo y salarios iguales a la canasta básica para las mujeres, particularmente para las que encabezan los 645 032 hogares son jefaturados por mujeres. 

Ante nuestras necesidades como mujeres de la clase trabajadora, madres, jóvenes y estudiantes, nuestro reto más grande en este momento es organizarnos para, junto a nuestros compañeros varones, trabajadores y pobres también, enfrentar a la patronal y lograr un país y una sociedad distintos, sin explotación y sin violencia.

¿Qué significa la presencia de mujeres en puestos de gobierno?

El tener mujeres en espacios institucionales, si bien es simbólico y, en ese sentido, tiene una determinada importancia, no es garantía de solución ante la violencia, el desempleo y la explotación laboral.

Aun así, Castillo comienza mal. Con solo dos mujeres en el gabinete, muestra un retroceso respecto de otros gobiernos. Sin embargo, debemos ser claras: las instituciones del estado no están desligadas de los intereses de la patronal, sean encabezadas por hombres o por mujeres.

De ahí el que el rol de Anahí Durand se desenvolverá en este sentido. Mientras declara que luchará contra el patriarcado, acepta un primer ministro claramente machista y homofóbico, desde el gobierno, parece que ella, tanto como Verónica Mendoza y JP, mientas hacen acuerdos con PL, han olvidado el carácter de clase del estado y que la lucha contra el patriarcado empieza cuestionando las bases de la explotación y opresión hacia la mujer, lo que significa pelear por trabajo y contra la suspensión perfecta de labores, en favor de las mujeres del país afectadas durante el 2020, además de la lucha contra la violencia machista.