Ellos tratan de salvar los negocios capitalistas, aún a costa de nuestras vidas
Desde los años 90, diversos gobiernos promovieron la mercantilización de la salud pública, con recortes presupuestales y la privatización. Y peor todavía: la inversión en salud ni siquiera llegó a representar la mitad de la que realizaron los países vecinos, que aplican el mismo modelo. Por esa causa, la pandemia encontró a los establecimientos de salud sin insumos ni para el lavado de manos y con mínima infraestructura (mil camas, 250 UCI, un déficit de 17 mil especialistas). La otra cara de esta realidad, o al servicio de este fin si se quiere, fue el surgimiento de un gigantesco sistema de salud privado, con enormes clínicas, monopolios farmacéuticos y cadenas de farmacias.
Vizcarra, que echa la culpa a los anteriores gobiernos, continuó esa misma política: no cumplió ni con su promesa, de construir uno sólo de los 80 hospitales que ofreció para el 2019. Así, la salud del pueblo, que ya entonces era una calamidad (50% de los niños sufren de anemia, alto porcentaje de TBC, hipertensión, diabetes, etc.), se tornó pasto
fácil para la mortífera extensión del coronavirus, que vivimos estos días.
La pandemia es atendida con miserias…
Siendo inminente la catástrofe por el covid-19, se planteaba –y se plantea aún– la urgencia de una masiva inversión en salud pública, para salvar la vida de la población más pobre, la más vulnerable. Pero, el gobierno no lo hizo –y no lo hace– y, como un avaro, le destinó un monto ridículo: 1.5% del PBI. Peor aún, de esa miseria, al 11 de junio, sólo ha usado la quinta parte, es decir nada. Por eso, nunca hay camas suficientes, UCIs, oxígeno, medicinas, personal médico, equipos de protección y muchos mueren en sus casas por falta de una asistencia mínima.
Pese a esta situación desesperante, aún hoy, el gobierno se niega a destinar recursos al sector, como lo muestra cuando se opone a promulgar el proyecto del Congreso para nombrar, de manera automática, a todo el personal médico y asistencial que atiende en la emergencia, arriesgando sus propias vidas.
… Con absoluta ineficiencia
La emergencia también exigía el confinamiento de la población, con alimentos y salarios. Pero, Vizcarra, establece una cuarentena desconociendo que la mayoría de pobres (72%) vive al día y no les garantiza ayuda, y no lo hace porque, tampoco, sabe quiénes son ni dónde están, y los fuerza a salir a la calle. También ignora: a) que 1.2 millones en Lima viven hacinados, y que entre 7 y 8 millones de peruanos no tienen agua ni servicios básicos; b) que en la mayoría de las familias las mujeres realizan las compras, lo hacen en mercados populares y casi a diario, porque no tienen frigider; c) que la mayoría se moviliza en transporte público, que opera abarrotado; d) que un gran sector de trabajadores provincianos fuga de la capital, incluso a pie, hacia sus lugares de origen, porque quedaron sin trabajo y no tienen “bono”. Al desconocer todo esto y más, Vizcarra no solo no logra su objetivo de contener los contagios, sino
que contribuye a propagarlo.
Asimismo, la emergencia exigía el diseño de un plan de pruebas masivas y de focalización y seguimiento al virus pero, pasados tres meses, aún no hace nada de esto. Apenas realiza pruebas aleatorias y mezcla los dos tipos de pruebas, con lo que ni si quiera llega a saber la cantidad real de infectados, ni menos conoce la curva de contagios, lo que muestra que, incluso, perdió hasta el control.
…Y con corrupción e indolencia
Como si todo esto no fuera suficiente, el Estado corrupto, del que forma parte el gobierno, hace su agosto con los enormes sufrimientos que padecen los pobres.
Contraloría informa que investiga a mil funcionarios, por corrupción, durante la pandemia, los cuales van desde altos jefes de la Policía Nacional (que causó la caída del ministro Morán), hasta funcionarios de todo nivel del sector salud, como el director del Hospital Sergio Bernales (de Collique), que entregaba mascarillas sostenidas por grapas y equipos de bioseguridad reciclados. Se detectan, también, que 4.212 funcionarios del Estado recibieron la canasta de víveres.
Además, montado en sus altos niveles de aprobación y con el apoyo velado de los aparatos de la “izquierda” incluidos, la que está en el Congreso, Vizcarra muestra un comportamiento soberbio, ciego y sordo. Al inicio de la pandemia la Sociedad de Neumología planteó inyectar dinero a las regiones más vulnerables, para la compra de insumos médicos, equipos de protección, balones de oxígeno y para contratar más personal. El gobierno no le hizo caso. En realidad no escuchó a nadie. Desde fines de abril Loreto gritaba por falta de oxígeno y, ahora, lo hace Ucayali, Piura y hasta los conos de Lima y deben pasar casi dos meses cuando, cada minuto significa vidas que se van, para que Vizcarra resuelva algunas medidas, para atender el abastecimiento de oxígeno a los hospitales.
Si algo grafica mejor esta indolente vena gubernamental es el caso de Richard Swing, contratado para “animar” al personal del Ministerio de Cultura, en medio de la terrible pandemia, simplemente por ser compadre de Vizcarra.
Su prioridad es proteger los grandes negocios
En el contexto de la emergencia saltó a luz, también, el gran negocio de las clínicas privadas, que cobran altos montos por realizar pruebas y que alzan sus tarifas, para atender pacientes con covid-19, el gran negocio de las cadenas de farmacias (Interbank) y de la venta de oxígeno (en mano de dos empresas). Pero, ante ellos, el gobierno no hizo ni hace absolutamente nada para intervenirlos y/o disponer de sus recursos, y permite que sigan lucrando a costa de la vida y el sufrimiento del pueblo pobre.
Vizcarra, en realidad, se enfoca en proteger los grandes negocios más que la vida de la gente. Se ufana de tener una amplia “espalda” financiera, pero la usa no para salvar vidas sino para salvar empresarios, y ni siquiera a los micros y pequeños a quienes condena a la ruina, sino a sus amigos de la Confiep y de la Sociedad de Minería y Petróleo: a) Subsidia las planillas empresariales, b) entrega 60 mil millones de soles de crédito con prioridad a grandes empresas, c) permite despidos masivos y decreta la “suspensión perfecta”, d) obliga a trabajar a los vulnerables, e) no fiscaliza a las empresas y permite que el contagio se propague entre los trabajadores llevando a muchos de ellos a morir, f) desde el Mintra deja que los patrones se ceben contra los obreros cometiendo todo tipo de abusos y aplicando sanciones y despidos contra los que reclaman.
Por último, en esta misma línea patronal, ataca toda propuesta de establecer un impuesto a la riqueza como si fuera el fin del mundo, cuando es la única forma de tener recursos suficientes para financiar la emergencia. En un país donde solo 17 familias detentan casi toda la riqueza nacional y 9 millones son pobres, no hay otra manera de equilibrar en algo la balanza.
Ahora nos condena a la infección
El resultado del “plan” Vizcarra no solo ha sido un absoluto fracaso sino ahora nos lleva a morir por el covid-19. No tiene lógica pero es la realidad: la pandemia está en el pico y Vizcarra ordena la reapertura de las actividades, que ya comprende al 80%. Ahora él con todos sus acólitos se da la mano con los sectores más reaccionarios que cuestionaban la cuarentena, para gritar al unísono “reactivación”; pues ya no importa salvar vidas sino de sacrificarlas en nombre de la “economía”, que para ellos significa sus negocios. Para mayor claridad hasta se cambia de discurso oficial: del “quédate en casa” ahora se pasa al “Yo me cuido”, útil para señalarnos siempre a nosotros como los únicos responsables de la propagación del virus. El gobierno, por supuesto, nunca admitirá su responsabilidad, menos ahora que las consecuencias de sus decisiones nos conducen a una catástrofe humanitaria.
Ni recuperación, solo represión
Ni aun así empujándonos al contagio masivo no hay ni habrá “recuperación” como se pretende, al menos este año. El Banco Mundial estima que la economía de Perú se contraerá en 12%, lo que equivale a 3 millones de nuevos pobres. Solo en Lima ya un millón y medio perdió su empleo. La reactivación no obra por decreto sino de acuerdo a la demanda de los negocios. Y para darle “impulso” los voceros de la CONFIEP, ni cortos ni perezosos, ya claman para que se suelte toda la reforma laboral y para que se haga viable los proyectos mineros rechazados de Tía María y Conga, pedidos a los que Vizcarra estará presto a atender.
En este cuadro, el suplicio del pueblo pobre no tiene ni siquiera paliativo porque el gobierno no es capaz de garantizarle un plato de comida a los millones que pasan hambre. Empujados por la necesidad millones se lanzan a las calles como ambulantes y lo único que hace Vizcarra y el alcalde Muñoz es mandarles la policía a perseguirlos y confiscar sus mercancías.
El “Estado de Emergencia” y la suspensión de derechos civiles no se ha usado con tanta efectividad para evitar la propagación del virus como para reprimir las protestas. Los médicos y enfermeras que protestaban por falta de implementos fueron sus primeras víctimas. Ahora el ministro de Defensa, Walter Martos, asegura que evalúan mantener a las FFAA en las calles luego del “Estado de Emergencia”, y el premier Zeballos anunció en el Congreso que “están preparadas para enfrentar cualquier desborde social”.
Así, Vizcarra, no solo condena a miles de pobres a morir por el covid-19 o por hambre, sino también pretende ahogar nuestra lucha y protesta con más represión, para llevar hasta el fin lo que ha sido su consigna desde el primer día: salvar los negocios capitalistas antes que la vida de la clase trabajadora.
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