La covid-19 desnuda la crisis del Sistema de Salud Público

La llegada del virus al Perú ha evidenciado rápidamente las nefastas consecuencias de 30 años de privatización de la salud por parte de los gobiernos de turno, tales como la insuficiente contratación de personal, la falta de implementos de bioseguridad, de infraestructura, de camas, etc. Una breve radiografía del pésimo sistema de la sanidad nos permite darnos cuenta como las medidas de Vizcarra en relación a la contención y mitigación de la pandemia han sido y son insuficientes, y sobre todo repasar el cómo llegamos a esta situación de la salud (privatización), ambas cuestiones nos plantea la necesidad de demandar un plan obrero popular para salvarnos.

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I. Una breve radiografía del sistema de salud

I.1. Déficit en infraestructura:

El gobierno inyectó S/. 100 millones el 11 de marzo al Ministerio de Salud (Minsa) para atender la emergencia sanitaria^[i], sin embargo muchos especialistas han manifestado que son insuficientes. El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Miguel Palacios, manifestó que el dinero no alcanzará para resolver las falencias en infraestructura y salubridad de los nosocomios públicos del país. Agregando que “a nivel nacional, el 80% de hospitales de los niveles II y III tienen déficit de infraestructura”^[ii]. Lo que significa que los hospitales, en lugar de ser un espacio para curarse, pueden ser, si es que ya no lo son, focos infecciosos porque en su mayoría no cuentan con agua y jabón principalmente.

Foto: La República

I.2. ¿Y los test… pa cuándo?:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó adoptar estrategias de prevención, contención y mitigación para controlar la pandemia. Una importante medida de mitigación para evitar la propagación del virus ha sido la inmovilidad social, ya que nos encontrábamos en fase 3^[iii]. Aun cuando fue una medida tardía, sin duda le ha significado elevar su aprobación al gobierno y que también muchas personas perciban que, a diferencia de otros países latinoamericanos, el gobierno de Vizcarra sea uno que “piensa en la salud de las personas antes que la economía”; pero nada más lejos que la realidad, pues la otra medida trascendental orientada a extinguir la pandemia es hacer pruebas para diagnosticar, aislar y tratar a las personas infectadas, esta medida según la OMS es la columna vertebral de la respuesta frente al covid-19^[iv].

Desde el 6 de marzo hasta el 7 de abril el gobierno aplicó 21,555 pruebas moleculares[v], lo que en promedio serian mil testeos diarios; una cifra ridícula al compararla con estrategias exitosas como la de Corea del Sur o la de Alemania con casi 20 mil y 70 mil testeos por día respectivamente^[vi]. Sin embargo el promedio de testeos diarios aumento a 10 mil desde la llegada de un lote de 150 mil pruebas serológicas (rápidas) y por tanto la falsa idea que había pocos contagiados se desplomo . El ministro Zamora en una reciente entrevista confiesa que a pesar de tener los equipos para realizar 5 mil testeos moleculares diarios, esto no se hace porque no hay insumos suficientes y garantiza que durante los próximos 2 meses tendrá la entrega de 350 mil test[vii]. Con esta declaración lo que queda claro es que el gobierno esta aplicando testeos rápidos, y aunque son importantes en esta situación, tienen un 30% de error en el diagnóstico por lo que son complementarias, no pueden ni deben sustituir a las pruebas moleculares (las que realmente dan un diagnóstico).

El escenario se agrava por el insuficiente stock de pruebas moleculares y porque se acaban los reactivos para los análisis, a ello se suma el retraso con que se han hecho las compras[viii], el retraso con el que llegan los test[ix].

Mientras ocurre esto, Vizcarra y sus ministros culpan a Trump y a las leyes del mercado (al capitalismo que defienden) por el exceso de demanda y por el retraso de los envíos[x], al mismo tiempo que condena a la población que tiene hambre y que sale a buscarse un ingreso de no acatar el aislamiento, así cuando el sistema de salud colapse y busquen culpables apuntaran al comportamiento de la población y no a su ineptitud.

I.3. ¡No hay cama pa tanta gente!

El ex presidente del Instituto Nacional de Salud (INS) Omar Trujillo y Maguiña, vicedecano del CMP, consideraban que la cifra de infectados oscilaría entre 10 a 30 mil[xi]. En función de esas predicciones y teniendo en cuenta que cerca del 20% de los infectados requieren hospitalización y que el 6% de esa cantidad necesita respirador mecánico, se necesitarían 2000 camas y 120 camas UCI con respiradores como mínimo respectivamente.

Pero ¿cuál es la capacidad hospitalaria en el Perú? un artículo de la BBC donde señala la capacidad hospitalaria de América Latina muestra que el Perú por cada 10 mil habitantes tiene 16 camas[xii]. Una cifra que se acerca los datos del MINSA (2015), donde apunta que en total hay 49,482 camas (15,9 por 10 mil habitantes)[xiii], y en relación a camas UCI, tenemos solo 2 por cada 100 mil habitantes. Cuando la recomendación de la OMS es de 80 camas por 10 mil habitantes, y 10 camas UCI por 100 mil habitantes.

Por otro lado el presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva (Sopemi), Jesús Valverde, sostiene que tienen 820 camas UCI, y que el 90% están ocupadas, solo disponen de 82 camas para tratar casos graves de covid-19[xiv]. Pero Vizcarra nos habla que a nivel nacional hay 504 camas UCI de 100 que había disponibles al inicio de la emergencia, y dice que llegara a mil para finales de abril. Sin embargo 3 personas murieron en el Loayza[xv] sin recibir la atención necesaria y otros pugnan por acceder a una cama, a un respirador, y a ser trasladados al famoso Hospital de Ate que se declaró saturado el 1 de abril[xvi], mientras Vizcarra anunciaba frente a cámaras que solo 19 personas estaban haciendo uso de las 40 camas UCI disponibles en Ate,  la realidad desmiente a Vizcarra.

I.4. ¿Y los ventiladores mecánicos?

Otro factor importante que permite establecer si se podrá atender o no la pandemia es la cantidad de ventiladores o respiradores mecánicos. Del punto anterior estimábamos que se necesitarían 120 respiradores como mínimo. Según la consultora Global Health Intelligence, a través en una encuesta que hizo a la capacidad hospitalaria tanto del sector público como privado de 12 países de América Latina en el 2019, encontraba que en promedio solo el 20% del total de respiradores que disponen los países son útiles para enfrentar al covid-19. En ese sentido indican que en teoría Perú tendría 329 equipos disponibles de un total de 1648, y una tasa de 5,1 por cada 100 mil habitantes, ocupando el penúltimo lugar[xvii].

Asimismo, el gerente central de operaciones del Seguro Social de Salud (EsSalud), el médico Óscar Ugarte, señaló el 25/03/20 que EsSalud cuenta con 657 ventiladores mecánicos, de los cuales 584 estarían en servicio, por lo que solo 113 estarían disponibles[xviii], y Jesús Valverde menciona que hay 900 ventiladores a nivel nacional y solo 10% pueden usarse.

Foto: Redacción Ojo

Al pretender corroborar con fuentes oficiales, resulta complicado por el hermetismo sobre esta información. Lo único oficial es que hay 788 personas hospitalizadas y 142 respiradores mecánicos. A estas alturas, tampoco se tiene información de cuantos respiradores tiene el sector privado, y mucho menos si están a disposición de la emergencia nacional, o si solo esta para un sector pudiente de la población. Lo que sí se sabe es que la Confiep compro en China 200 respiradores que llegaran en mayo, ¿será que la clase burguesa asegura para ellos y sus clínicas estos equipos?[xix]

La saturación de este vital equipo tiene un efecto mortal en los no puedan acceder a él, por lo que se debe utilizar todos los equipos disponibles a nivel nacional, incluso del sector privado, no hacerlo y dejar que se emplee en función de tu capacidad adquisitiva sería un crimen del gobierno.

I.5. El abandono a los trabajadores de la salud:

Decenas de médicos de distintas regiones del país se vienen quejando por falta de implementos en los hospitales. El doctor Miguel Palacios ya lo venía denunciando días atrás, que no se le estaba dando los implementos necesarios al sector salud, como gafas, mascarillas, guantes, batas especiales y todas las condiciones necesarias para trabajar. De ahí que ha habido protestas justas como la del día domingo 22/03/20 por parte de médicos y enfermeras quienes al final vergonzosamente fueron detenidos por la policía.

Uno de los casos más perturbadores ha sido el del hospital de María Auxiliadora del distrito de San Juan de Miraflores. Donde la mitad del personal, o sea más de mil trabajadores, fueron enviados a guardar reposo en sus domicilios. Según el director del hospital, Jorge Coello Vásquez, fue debido a la falta de pruebas para detectar la covid-19, ya que solo habían dispuesto de 20. Estas condiciones laborales a la que están sometidos, y que el actual gobierno es responsable, ha provocado que 50 médicos estén infectados con la covid-19.

Fuente: Canal N -Médicos de Cayetano Heredia protestan durante emergencia sanitaria

Pero si eso no fuera suficiente Jesús Valverde menciona que no hay el equipo humano suficiente para que operen los equipos que el gobierno implementa, y que ese es el recurso más importante en estos momentos, porque se necesitan 700 médicos intensivistas y 2 mil enfermeras, de que sirve 50 camas UCI con respiradores si no existen intensivistas preparados para manejar los casos[xx]. También hay que decir que el 50% de médicos que trabajan en el Estado tiene un contrato precario tipo CAS o de locación de servicio y sin seguro de vida, vacaciones, cts, etc.[xxi]

II. La privatización como causante del abandono de la salud pública

Esta breve radiografía no es más que la consecuencia de políticas para privatizar la salud. Esta medida, así como la privatización del agua, de la educación, o las permanentes políticas para flexibilizar el trabajo son las patas de un mismo plan perverso que hemos enfrentado a diario, ya sea en tiempos de la dictadura fujimorista o de “democracia”. Distintos regímenes, distintos gobiernos; el mismo plan aplicado fielmente durante 30 años. Ese es el famoso plan neoliberal.

Para entender como se ha dado la privatización de la salud, hay que saber que esto ha sido progresivo, y que es un conjunto de medidas las que han configurado el desastre que evidenciamos hoy.

Fuente: Iñaki y Frenchy

II.1. Asfixia Presupuestal:

Una de esas medidas, que es fundamental, es en relación al financiamiento del Estado peruano a la salud (2,2% PBI para el 2020)[xxii], el cual es de los más bajos en la región y es la mitad de lo que recomienda la OMS (6%). Esta decisión política de desfinanciar la salud pública y que aplicaron todos los gobiernos de los últimos 30 años han tenido dos consecuencias nefastas: primero, un terrible impacto en las condiciones de los hospitales, en la infraestructura y en la adquisición de equipos tecnológicos para análisis y tratamiento, en reducción del personal médico, etc. Para ejemplificar las consecuencias de ello bastaría con que cada uno recuerde su traumática experiencia con el seguro social (SIS o Essalud), sea porque nos dan cita para meses después, no hay disponibilidad de cuartos para operar, se malogro un equipo de evaluación, no hay medicinas, o por un mal diagnóstico, etc.

II.2. La intervención de capitales privados en la salud:

La segunda consecuencia está relacionada a la primera, el no tener condiciones óptimas de atención por la asfixia presupuestal planteo la necesidad de tomar medidas para “aliviar al saturado seguro social”, con esta excusa, usada hasta el día de hoy, crearon el marco legal para que grupos económicos puedan intervenir en la salud:

1. La primera norma que legaliza el lucro con la salud se da en el año 1997 cuando Fujimori promulga la ley de Modernización de Seguridad Social, con la que crearon las Entidades Prestadoras de Salud ­­(EPS) con el pretexto de descongestionar los hospitales del Seguro Social, y en menos de un año las aseguradoras del grupo financiero Credicorp y Breca formaron Pacifico EPS y Rímac EPS respectivamente. Con el pasar de los años otros grupos crearon más EPS pero las mencionadas han llegado a tener el 77% de un total de casi 2 millones de afiliados. El negocio resulto muy lucrativo y nunca cumplió el “objetivo” con el que se creó.

Fuente: Ojo público

2. Luego vino la segunda norma promulgada por Alan García en el 2009, la ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, con esta ley el SIS podía alquilar servicios de clínicas privadas para los asegurados pues la capacidad de atención de los hospitales estaban saturadas. Este déficit del sistema de salud fue aprovechado por 8 grupos económicos, que con fortísimas inversiones se apropiaron de todos los eslabones de la cadena de salud desde aseguradoras, clínicas, farmacias convirtiéndose así en oligopolios[xxiii]. Y tal como ocurre en otros sectores productivos, donde hay oligopolios, se puede fijar y alzar los precios, por eso cobran lo que quieren[xxiv].

3. Otra medida son las famosas Asociaciones Público Privadas (APP), aunque no aplica únicamente para el sector salud. Creada otra vez por Fujimori en el año 96, una ley que permitía la entrega en concesión al sector privado de obras y servicios públicos. En el 2008 Alan García le da una Ley Marco para agilizar su funcionabilidad y en el 2014 Humala crea el Reglamento para que entre en funcionamiento la ley de García. Desde entonces tenemos que esta forma de tercerizar los servicios de la salud tanto en Essalud como en el Minsa generan un gran interés en el sector privado por los lucrativos contratos con el Estado. Las modalidades de APP en las salud son 3: bata blanca, gris y verde, e implica que el Estado no sea quien contrate al personal sino que lo coloque la empresa licitada, lo que generado el rechazo de los gremios sindicales de la salud por la afectación a sus derechos laborales. Pero veamos algunos ejemplos para horrorizarnos:

• La tercerización de los servicios del Instituto Nacional de Salud del Niño en el 2014 a manos del Consorcio Gestora Peruana de Hospitales haciéndose cargo de la operación y mantenimiento de más de 16 mil equipos, de los servicios de limpieza, alimentación y seguridad, del equipamiento clínico y del mantenimiento de la infraestructura con la cual han sacado una jugosa ganancia.

• Otro ejemplo de esto es que el MINSA decidió que el sector privado mantenga y opere siete hospitales y cinco instituciones especializadas, con más de 50 años, bajo el esquema de “bata gris” (lavandería, vigilancia, mantenimiento de infraestructura y de equipamiento) el cual no incluye el servicio médico y administrativo[xxv]. Entre los hospitales figuran, Loayza, Dos de Mayo, Casimiro Ulloa y otros. Para Juan Herrera Chejo. La meta del Minsa es que dentro de 4 años el 70% de hospitales que administra en Lima sean operados bajo esas modalidades.

III. Necesitamos fortalecer la organización obrera y popular para garantizar nuestra salud y dignidad

Fuente: Iñaki y Frenchy

“Somos carne de cañón, se nos está obligando ir a la guerra sin armas”, expreso un médico.

Los trabajadores de la salud, de las fábricas, de la limpieza pública, etc. Obreras y obreros de todo el mundo están en la primera línea enfrentando esta pandemia, poniendo en peligro sus vidas a diario. Mientras los causantes de la degradación del sistema de salud se enriquecieron durante estos años y aseguraron sus vidas y sus negocios; y mientras Vizcarra militariza más las calles para controlar posibles disturbios y aplica medidas ineficaces para la mitigación de la pandemia. No podemos resignarnos a esperar que pase lo peor, necesitamos un plan para salvar a los trabajadores y el pueblo, pero tenemos que saber que no vendrá de las manos de Vizcarra ni de los empresarios.

Necesitamos la continuidad de la cuarentena y medidas de aislamiento social efectivo. Paralización sin excepción las actividades industriales y mineras, como de toda empresa no vinculada a los bienes y servicios esenciales, decretando sanciones drásticas y hasta la expropiación sin pago de empresas que infrinjan la prohibición.

Necesitamos un gran aumento presupuestal para el sector salud, que se refleje en la consecución de materiales de bioseguridad, en respiradores mecánicos, en camas UCI, en los test moleculares y serológicas para aplicarlos a los que están expuestos al contagio. No necesitamos que se reasigne presupuesto de otras carteras ministeriales para la cartera de Salud, un engaña muchacho del populismo de Vizcarra.

Necesitamos reconvertir empresas para la producción masiva de mascarillas, respiradores mecánicos, equipos de bioseguridad.

Necesitamos contratar a todo el personal de salud necesario, médico, técnico médico, enfermería y servicios generales (personal de limpieza, comedor, etc) con capacitación, equipamiento y protección adecuados para un servicio de salud óptimo frente a la crisis. Necesitamos que estén bien remunerados y con estabilidad laboral. No necesitamos regímenes de contratación como CAS, o las modalidades de bata gris, verde y blanca que recortan derechos laborales.

Para financiar este plan debemos cobrar un impuesto de emergencia a las grandes empresas y expropiar las clínicas privadas y la fortuna de los que vilmente se enriquecieron con la salud en estos 30 años para ponerlas al servicio de la atención de la emergencia No necesitamos que el gobierno destine recursos del Estado al bolsillo de los empresarios.

Foto: Salud con lupa

Necesitamos la respuesta organizada de los trabajadores de la salud, como la de las enfermeras del Hospital Hipólito Unanue que se pararon en la puerta con carteles, exigiendo que les brinden los implementos biomédicos necesarios (7/04/20) o las diversas denuncias del Colegio de Médicos sobre la infraestructura, instrumentos en los hospitales y centros de salud.

Necesitamos un Seguro Único de Salud, gratuito público y de calidad para todos los peruanos y extranjeros que residen en el país. No necesitamos EPS que lucran con nuestra salud.

Por último, desde una perspectiva marxista, sí existe una forma de salvar las vidas y la economía en el mundo. La verdadera discusión es cuál de las clases pagará el costo de ello. O ellos (la clase explotadora) o nosotros (la clase explotada).

Desde el punto de vista de la clase trabajadora, sí es posible salvar millones de vidas y también salvar del colapso la economía mundial. La condición para ello es luchar para imponer medidas anticapitalistas, es decir, socialistas.

Para garantizar una cuarentena total en todos los sectores no esenciales, sin pérdida de empleos ni rebajas de los salarios; un ingreso mínimo digno para los trabajadores informales y autónomos; atención médica universal y de calidad para los enfermos; etc.,  es necesario, entre otras medidas urgentes, confiscar y socializar la industria de la tecnología médica y farmacéutica; tomar el control y socializar el sistema financiero global; confiscar y socializar las grandes redes de hoteles, inmuebles abandonados y espacios de ocio para atender a los enfermos y abrigar a los indigentes…Y todo bajo control obrero y popular democráticamente autoorganizado. Con estas medidas existirán recursos de sobra para, entre otras cosas, construir nuevos hospitales o para una inversión pesada, libre del control del mercado capitalista, en la investigación científica. En pocas palabras, el momento plantea la urgencia de organizarse alrededor de un programa revolucionario.

Esto significa luchar para tomar el poder político y económico de la sociedad, que está en manos de la burguesía mundial, y disponer los ingentes recursos materiales al servicio de atender las necesidades de la mayoría de la población. Y esto solo será posible por medio de una planificación económica socialista, que acabará con la anarquía asesina del modo de producción capitalista.

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[i] https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/108694-minsa-dispondra-de-100-millones-de-soles-para-luchar-contra-coronavirus-covid-19

[ii] https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-80-de-hospitales-no-estan-preparados/

[iii] https://gestion.pe/mundo/fases-del-coronavirus-cuales-son-y-que-significa-cada-una-de-estas-nnda-nnlt-noticia/

[iv] https://www.google.com/amp/s/www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/oms-pide-incremente-numero-pruebas-covid-19-aislen-casos-leves_75932_102_amp.html

[v] https://gestion.pe/peru/coronavirus-peru-tenemos-la-capacidad-de-procesar-2300-pruebas-moleculares-al-dia-minsa-victor-zamora-covid-19-coronavirus-pruebas-rapidas-nndc-noticia/?ref=gesr

[vi] https://gestion.pe/peru/compra-de-pruebas-de-diagnostico-seran-suficientes-para-controlar-el-coronavirus-en-peru-pandemia-estado-de-emergencia-kits-de-diagnostico-de-coronavirus-noticia/

[vii] https://saludconlupa.com/entrevistas/si-queremos-regresar-a-la-normalidad-la-unica-forma-sera-convertir-la-vacuna-o-el-medicamento-en-bienes-publicos/

[viii] https://gestion.pe/peru/coronavirus-ins-recien-firmo-ayer-la-compra-de-pruebas-moleculares-en-peru-compras-noticia/?ref=gesr

[ix] https://idl-reporteros.pe/pais-a-prueba/

[x] https://idl-reporteros.pe/el-martillo-y-el-baile/

[xi] https://larepublica.pe/sociedad/2020/03/14/coronavirus-en-peru-80-de-hospitales-no-estan-preparados/

[xii] https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51916767

[xiii] http://www.minsa.gob.pe/estadisticas/estadisticas/indicadoresSalud/recursos/camas/CAMASMacros.asp?00

[xiv] https://saludconlupa.com/entrevistas/sin-respiro-unidades-de-cuidados-intensivos-necesitan-700-medicos/

[xv] https://convoca.pe/covid-19-peru-enfrenta-coronavirus

[xvi] https://conexionvida.net.pe/2020/04/06/hospital-de-ate-estaria-saturado-por-casos-de-coronavirus/

[xvii] https://interferencia.cl/articulos/exclusivo-asi-esta-preparada-america-latina-para-el-covid-19-en-cuanto-infraestructura

[xviii] https://convoca.pe/agenda-propia/essalud-destinara-200-de-sus-697-respiradores-mecanicos-para-atender-pacientes-graves

[xix] https://elcomercio.pe/lima/coronavirus-este-es-y-asi-funciona-el-ventilador-mecanico-creado-por-ingenieros-peruanos-noticia/

[xx] https://saludconlupa.com/entrevistas/sin-respiro-unidades-de-cuidados-intensivos-necesitan-700-medicos/

[xxi] https://wayka.pe/seis-hospitales-del-minsa-seran-administrados-por-el-sector-privado-al-2020/

[xxii] https://larepublica.pe/economia/2019/11/22/presupuesto-2020-se-destinara-18-mil-495-millones-para-el-sector-salud/

[xxiii] https://ojo-publico.com/93/los-duenos-de-la-salud-privada-en-el-peru

[xxiv] http://pedrofrancke.com/2018/02/02/oligopolio-farmaceutico/

Los ceses colectivos empiezan a extenderse

40 despedidos en Cogorno, 190 en Hialpesa, 71 en BSH… y amenaza extenderse más a pedido de la CONFIEP

El dirigente Máximo Gutiérrez de Hialpesa, de manera imprevista se cruzó en la calle con la gerente de la empresa y lo abordó con la pregunta que ronda en la cabeza de los trabajadores: “¿Por qué nos botan?” A la que ella respondió: “Qué quieren, la empresa ya no los necesita”. Para un trabajador, que dedica la vida a una empresa y con la que llega a identificarse pese a sus abusos, dicha respuesta representa un mazazo en la cabeza. Pero es la única verdad. Para el capitalista los obreros somos una mercancía más, que contrata cuando necesita explotarnos y, cuando no nos necesita nos echa, como dice la gerente. En los actuales ceses colectivos vemos el funcionamiento perverso del sistema capitalista.

Aunque es un problema que viene de atrás, los ceses colectivos en curso han encendido la alerta roja entre los trabajadores que, con preocupación, se preguntan si son casos aislados o son una amenaza real que está creciendo. Veamos.

Primera cuestión: ¿deben existir los ceses colectivos?

Empecemos por el principio. El primer problema que tenemos es la existencia de un marco legal (DS 003-97-TR o Texto Único Ordenado del DL 728) que facultan los ceses colectivos sustentados en las siguientes razones: a) causa fortuitas o de fuerza mayor (un terremoto, un incendio), b) motivos económicos, estructurales o cambios tecnológicos, c) quiebra de la empresa y d) reestructuración patrimonial.

Aquí se plantea un primer y grave problema: si, como dice el derecho universal y la propia Constitución vigente, el trabajo es un “derecho” y es “base del bienestar social y un medio de realización de la persona” (Art. 22), los ceses colectivos no deberían existir, o deberían prohibirse. Sin embargo existen. Dichos principios, sobre el derecho al trabajo, en realidad son letra muerta porque la ley misma los vulnera. En los ceses, los propios trabajadores son obligados a “negociar” los despidos, basados en el falso entendido de que deben garantizar la “rentabilidad” de la empresa. Cuando hay ganancias a los trabajadores nos mezquinan hasta las utilidades pero, cuando hay pérdidas, tenemos que pagar el costo, pese al enorme patrimonio que acumularon las empresas gracias a nuestro trabajo de años.

Del mismo modo debemos preguntarnos: ¿Por qué en lugar de cerrar plantas o secciones, o producir cambios tecnológicos desapareciendo puestos de trabajo, no se reduce la jornada laboral para dividirla entre todas las manos disponibles sin rebaja de salarios? ¿Por qué aceptar los cierres, como en el caso de las dos inmensas plantas de Cogorno, en las que se produce un alimento indispensable como fideos, en un país con 20% de pobreza extrema? En Argentina, producto de la crisis del año 2001 se cerraron más de cien empresas, pero los trabajadores las ocuparon para mantener sus empleos y producir bienes para la población, y el Estado tuvo que reconocerlos.

Los empresarios y autoridades jamás piensan en estas posibilidades porque, como decimos al inicio, su mentalidad es capitalista: lo que no le produce ganancia no sirve. Pero los trabajadores sí debemos plantearnos esas posibilidades, porque es la única forma de defender realmente el trabajo y el bienestar de nuestro propio pueblo.

Nada de lo dicho suena exagerado si lo vemos a la luz de lo que ocurre con la economía. Luego de un período de bonanza del 2004 al 2013 entramos a un período de estancamiento en la economía, cuyo crecimiento ronda el 3%. Este año estamos peor: en abril creció 0%, en mayo 0.63%. Además, dependemos de la economía mundial, que para muchos especialistas va hacia una nueva y grave crisis. Entonces, si hubiera una grave crisis, ya sabemos que cerrarán las fábricas y nos echarán masivamente a la calle, y para eso hay que estar preparados. Los empresarios ya se están preparando. María Isabel León, presidenta de la Confiep, visitó Palacio para solicitar que se flexibilicen más los ceses colectivos, y lo sustentó así: “Lo que no podemos hacer es mirar un enfriamiento de la economía y quedarnos en el balcón esperando que otro lo resuelva….”.

Los ceses en el actual momento

Desde el 2014, cuando se inició el llamado “enfriamiento de la economía”, todos vemos cómo las empresas, al ver reducir sus expectativas de obtener más ganancias, por el crecimiento de sus volúmenes de ventas, se enfocan en aumentar la rentabilidad reduciendo sus costos de producción. Y si las máquinas y materias primas mantienen sus precios, solo pueden reducir costos reduciendo el costo de la mano de obra, es decir los salarios. Hay dos formas de reducir los salarios: reemplazando los obreros más “costosos” por otros más baratos; esto intentan las empresas ahora despidiendo estables y tomando contratados o tercerizando. La otra es intensificando la
producción, cambiando los horarios, los lugares de trabajo, colocando cámaras, etc. Así buscan que lo que antes producían dos obreros ahora lo haga uno, con lo que la patronal se “ahorra” muchos salarios.

A esta finalidad también responden las medidas antilaborales que dicta el gobierno: el derecho de huelga es recortado con el decreto que autoriza a las empresas a declarar todo puesto de trabajo como “indispensable”; las vacaciones son pulverizadas; las inspecciones de trabajo se relajan… Y, como plato de fondo, plantean suprimir la estabilidad anulando la reposición ante el despido arbitrario (DS 345). Sin embargo, lo que en esencia buscan los empresarios es tener las manos libres para hacer lo que quieren en su interior. El obstáculo de esa libertad son los sindicatos combativos y los dirigentes que pelean y se defienden, en las calles y en los tribunales. Por eso los empresarios han encontrado en el marco legal de los ceses colectivos la herramienta perfecta para arrasar con los sindicatos y sus dirigentes. Esto es lo que viene ocurriendo.

De acuerdo con la información reunida por el dirigente Ronny Mendoza, en los últimos cuatro años se han presentado ceses colectivos en 25 empresas y se ha afectado a más de 3000 trabajadores, en su mayoría de pequeñas empresas. Todos los casos presentados a la fecha se sustentan en el punto b) de motivos económicos y estructurales, que es una definición tan genérica y laxa que sirve al propósito de las empresas para “justificar” los ceses y atacar a los sindicatos y sus dirigentes. Por ello en Hialpesa, que tiene 2300 trabajadores, la mayoría son contratados, el cese afecta casi solo a los sindicalizados y dirigentes. En Cogorno también: cesan a los sindicalizados y dirigentes, mientras en las otras plantas de la empresa se duplican y triplican funciones entre los trabajadores porque “falta de mano de obra”.

La “suspensión perfecta de labores”

Por esta razón, porque son fraudulentas, la mayoría de las solicitudes de ceses vienen siendo rechazadas total o parcialmente. ¿Por qué entonces las presentan? Como en todos los casos de atropello laboral, la empresa siempre ejerce el abuso y busca consumarlo con su poder y con la complicidad del Ministerio de Trabajo y, muchas veces, ganan por la debilidad de los trabajadores. Para hacer los juicios el trabajador debe vivir sin salario por mucho tiempo y dedicar energías y recursos para el proceso. Lo mismo ocurre en los ceses colectivos donde, además, deben soportar una presión brutal dirigida a quebrar la resistencia. En Cogorno, luego de haber fracasado el primer intento de cese, la empresa presentó una segunda solicitud involucrando a más trabajadores, y amenaza con presentar una tercera. Por ello, son pocos los que resisten y llegan al final del proceso.

A esta finalidad responde el tema de la “suspensión perfecta de labores”. Toda empresa, al mismo tiempo que solicita y tramita un cese colectivo, declara una “suspensión perfecta de labores”. Con esta “suspensión” el trabajador queda en el “aire”, no trabaja ni es “despedido”, por lo que no cobra ni salario ni puede buscar otro trabajo porque su situación es indefinida hasta que concluya el proceso.

Por este motivo, con independencia de anular el mismo concepto de cese colectivo, la FNTTP ha planteado una iniciativa de ley ante el Congreso de la República para que se suprima de la norma la parte que permite la “suspensión perfecta de labores”, de tal manera que el cese solo proceda desde el momento que resuelva la autoridad, no antes. Del mismo modo, se plantea también la derogatoria del DS 013-2014-TR, porque hace laxa la definición de causal económica.

Dos reivindicaciones precisas que desde ahora están inscritas en las banderas de la clase obrera, y que deben enriquecerse con otras propuestas para defender el trabajo, como la reducción de la jornada laboral para no reducir personal, y, ante los cierres de empresas, que las administre el Estado y controlen los trabajadores. La crisis la deben pagar los que la generan: los mismos capitalistas.

No a la represión de Vizcarra-MMG Las Bambas

El gobierno de Martín Vizcarra amenaza a los comuneros y comuneras de Fuerabamba (Apurímac) con desatar una represión de terribles consecuencias. ¿La razón? Defender los bolsillos de Minerals and Metals Group (MMG), empresa que explota “Las Bambas”, la segunda mina de cobre más importante del país.

El problema

LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA (APURÍMAC) PROTESTA por el uso, por parte de MMG-Las Bambas, de una carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi (Chumbivilcas – Cusco). Terreno, este último, entregado a la comunidad como compensación por la pérdida de territorio que significaba la concesión minera.

En consecuencia, la comunidad exige que se le repare en dinero el costo de un terreno que, habiendo sido dado para remediar el impacto de la mina en su comunidad, se ha hecho inservible para los fines que le habían deparado debido al paso de 300 camiones diarios cargados de mineral. Transporte que provoca contaminación ambiental.

Un gobierno al servicio de MMG – Las Bambas

Pero el problema no queda ahí. MMG – Las Bambas se rehúsa a pagar lo exigido por la comunidad, pretextando que la ruta es una “vía nacional”, es decir, parte de las carreteras del país y, por tanto, de uso público.

Sucede que el gobierno de Vizcarra declaró muy convenientemente, el año pasado, la carretera que atraviesa el Fundo Yavi Yavi como “vía nacional”.

Vizcarra anuncia represión

Bastaría esto para evidenciar que Vizcarra y sus ministros –los que se fueron y los que están hoy-, son  agentes del empresariado y, en particular, de los intereses mineros en el país.

Pero el tema no queda ahí. Tras 200 días de reiniciado el conflicto, y más de 50 de iniciado el bloqueo del paso de los camiones de MMG- Las Bambas por el Fundo Yavi Yavi, el gobierno ha trasladado policías y miembros del Ejército para “resguardar” el ingreso a la mina, hasta donde se había dirigido un piquete de comuneros y comuneras que participan de la protesta.

Como hemos visto tantas veces antes (Conga, Tía María, Espinar, Bagua…), dicho “resguardo” en realidad es la preparación de una acción represiva que busca liberar la carretera para que los camiones de MMG – Las bambas vuelvan a pasar.

Al mismo tiempo, con la intención de descabezar el movimiento y crear zozobra, han detenido a Gregorio Rojas, presidente de la comunidad de Fuerabamba, junto a Jorge y Franck Chávez, abogados de la comunidad, tras participar del “diálogo” establecido con el Ministerio de Energía y Minas en Lima. ¿De qué se les acusa? De ser una “organización criminal” que planificó el bloqueo de la carretera en Yavi Yavi como un medio para  “extorsionar” a MMG – Las Bambas.

Con esto, Vizcarra y compañía –que se escudan en la supuesta “independencia” del ministerio público- sientan precedente en la criminalización de la protesta social, al mismo estilo de Macri en Argentina.

Unir las luchas para derrotar la represión que Vizcarra se cierne sobre los comuneros y comuneras de Fuerabamba

Está claro que el único interés del gobierno, que en sus declaraciones se muestra partidario de “dialogar”, pero que detiene a los dirigentes de la protesta y llena de policías y efectivos del ejército la zona en conflicto, es defender los intereses de MMG – Las Bambas, contra los intereses del pueblo de Fuerabamba.

En esto, Vizcarra no es original: hace lo mismo cuando defiende los intereses del empresariado contra los de la clase obrera, al promulgar la “Política nacional de competitividad y productividad” (D.S. 345-2018-EF), base de la “reforma laboral” que pretende legalizar el despido arbitrario.

Por eso, la clase obrera sólo puede colocarse del lado de los pobladores de Fuerabamba en esta contienda que coloca al frente a los mismos enemigos que enfrentamos día a día: las empresas y al gobierno.

LO DECIMOS FUERTE Y CLARO: VIZCARRA ES EL RESPONSABLE SI, COMO TANTAS VECES, EL CONFLICTO EN YAVI YAVI SE CIERRE CON MUERTOS Y HERIDOS.

Urge que las dirigencias nacionales concreten la unidad en la lucha con la población de Fuerabamba contra la represión de Vizcarra, enemigo del pueblo pobre del campo y la ciudad. No se puede afirmar que el gobierno “actúa bien” frente a la corrupción, pero “hace mal” frente a los trabajadores y el pueblo de Fuerabamba: el gobierno es uno solo y Vizcarra es su cabeza. La jornada del 3 de abril debe ponerse al servicio de la necesidad de derrotar la política de Vizcarra para Fuerabamba, su política para la “reforma laboral” y su falsa política “anticorrupción” que solo golpea a un bando.

Desde el PST llamamos a la clase obrera, que viene sufriendo los ataques de la patronal mediante ceses colectivos abusivos, a solidarizarse y movilizarse en defensa del pueblo fuerabambino. Nadie más puede levantar las banderas de la solidaridad con la comunidad de Fuerabamba de forma más legítima que la clase obrera. Afirmamos que el derecho que asiste al pueblo fuerabambino de velar por sus intereses recurriendo a las medidas de lucha que considere conveniente, es el mismo que nos asiste como trabajadores y trabajadoras cuando vamos a la huelga y, de manera cínica, la patronal nos acusa de violentistas o “vagos”.

Respaldamos a la comunidad de Fuerabamba en sus demandas, de cese inmediato del estado de emergencia que impone el gobierno desde el año pasado, la liberación inmediata de su presidente Gregorio Rojas y sus asesores, hechos que no ha amilanado a los comuneros sino todo lo contrario, ha llevado el conflicto a un escalamiento desatando una crisis, que se extiende con la lucha de nuevos pueblos vecinos y pronunciamientos de solidaridad regionales.

Si el gobierno y la minera, y todo el aparato judicial y mediático que se ha montado para liquidar la lucha popular terminaran imponiéndose, aumentará su ambición al imponer una “reforma laboral” más explotadora. Por eso es indispensable derrotar la amenaza represiva que el gobierno cierne sobre la población del lugar; una victoria de la lucha del pueblo fuerabambino nos acercará más a la derrota del gobierno afirmando la lucha de la clase obrera contra la reforma laboral anunciada por Vizcarra.

¡NO A LA REPRESIÓN DE VIZCARRA-MMG LAS BAMBAS!

¡SOLUCIÓN INMEDIATA  LAS DEMANDAS DE LOS COMUNEROS Y COMUNERAS DE FUERABAMBA!

SITOBUR y el día internacional de las obreras

Por Laura Sánchez, en Bandera Socialista N° 116, marzo 2019

El 8 de marzo se realizaron movilizaciones en todo el mundo y, por supuesto, en Perú. En esta ocasión, además de la tradicional de feministas, colectivos y partidos que tuvo una gran concurrencia, ésta al llegar a la Plaza San Martín tuvo la presencia de las y los obreros del Sitobur de Lima Metropolitana y de Miraflores.

Despidos en Municipalidad de Miraflores

En esta ocasión, se realizó una marcha, decidida de manera independiente y autónoma, que tuvo que ver con la concurrencia de las obreras y obreros de limpieza de Miraflores y Lima Metropolitana, donde 250 fueron despedidas/os.

Al frente de esta gran movilización estaban las obreras y obreros de Sitobur del Municipio de Lima Metropolitana, en solidaridad y exigiendo la reposición de los despedidos de Miraflores.
Resulta que la municipalidad de Miraflores, decidió rescindir el contrato con la empresa Innova, una tercerizadora que abarca a varios municipios de la capital.

Hay que ver el cómo la empresa Innova se lava las manos, ya que en su comunicado del 10 de marzo publicado en Perú21, reconoce que “durante 10 años de servicios ininterrumpidos” en dicha municipalidad contó con un “equipo de colaboradores”, a los que “agradece”. Estos 250 obreras y obreros que “agradece”, simplemente quedaron en la calle, sin nada para sus hijos ante el inicio de clases.

¿De qué sirve este “lava manos” de Innova? Fundamentalmente para protestar, entre líneas, por la nueva empresa concesionada “única invitada, a las 12 horas de la convocatoria, con un sobreprecio del 84%…, con el lamentable detrimento de las arcas municipales…”. ¿Y el detrimento de las obreras y obreros que quedan en la calle, y sus familias? Y el reconocimiento de los vecinos de Miraflores del 90% no es para Innova, sino para las obreras y obreros que limpian las calles del distrito.

Con la presencia del Sitobur y otros sindicatos

En este contexto es que se realiza esta marcha de clase, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La marcha comenzó con la consigna “Aquí están, estas son, las obreras del 8 de marzo”, y otra como “Despidos de obreras también es violencia”, y muchas más, irrumpiendo el tránsito desde Larcomar hasta casi la Av. 28 de Julio, atravesando la Av. Arequipa, seguidas en el recorrido por infinidad de vecinos y vecinas de los distritos saludando la marcha, en especial de Miraflores, donde reconocieron el trabajo que realizan diariamente.

Ha sido una marcha de lucha, antecedida de muchos plantones. Una movilización de cientos de obreras y obreros, con la solidaridad presente de sindicatos como Cogorno, Celima y Molitalia conmovieron las calles de la ciudad, haciendo honor al Día Internacional de las Trabajadoras.

Solidaridad con las y los despedidos

Por su reposición y la exigencia del pase a planilla de las obreras y obreros de Lima Metropolitana del Sitobur no dejaron de vocear la corrupción de las municipalidades y los “arreglos” con tercerizadoras para la contrata de trabajadoras/os con salarios bajísimos y sin derechos laborales.

Y, asimismo, la lucha de las más 700 de obreras y obreros de Lima Metropolitana, cuya resolución suprema hasta ahora no fue cumplida ni por Castañeda ni por el actual Jorge Muñoz, que pasea al sindicato con reuniones sin solución, tomando en cuenta que el Poder Judicial emitió una conminación para que cumpla con el mandato judicial de pase a planilla.

A pesar del contingente de policías que intentaron reprimir y disipar la columna, violentando a las compañeras y agarrándolas y sacudiéndolas, no pudieron con la marcha. La gran lección de esta jornada, organizada, luchadora y decidida a llegar a la victoria, es que fortaleció a todos y señaló que las mujeres obreras están al frente de la lucha contra los ataques laborales y de género que no cesan de crecer. Y, además, que su lucha compromete a trabajadores de distintos sectores, lo cual imprime un carácter de unidad en la lucha contra los ataques antilaborales del gobierno de Vizcarra.

¡Solución ya a las demandas! 
¡Reposición de las y los despedidos de Miraflores!
¡Pase inmediato a planilla de las y los obreros 
del Sitobur de Lima Metropolitana!

¡Castillo, basta de represión y atienda ya las demandas!

El PST expresa su solidaridad y apoyo incondicional a la lucha popular desatada contra el hambre y el desastroso gobierno de Pedro Castillo. En casi todo el país se producen revueltas populares con bloqueos de carreteras, y en algunos lugares saqueos y ataques a entidades que simbolizan el abuso estatal y privado.

La explosión popular ocurre en el marco de la huelga y paro convocado por diversos gremios de transportistas, incluyendo a mototaxistas, taxistas e informales, y comprende a organizaciones de pequeños agricultores y sobre todo al pueblo pobre que espontáneamente se suma a la protesta por una razón: el hambre.
Los precios de los combustibles y de los alimentos básicos se han duplicado y nadie con un salario precario o sin trabajo puede soportarlos.

La respuesta del gobierno ante esta protesta legítima ha sido de la más vil. Castillo señaló a los manifestantes como “pagados” por la derecha y en esa línea desbocó sobre ellos una represión brutal, que en el caso de Huancayo causó la pérdida de la vista de dos jóvenes y la muerte de cuatro. Y, ahora, decreta toque de queda en Lima y Callao, con lo que enciende más los ánimos.

Es cierto que la patronal, y sobre todo sus sectores de derecha, no le dejan respirar al gobierno desde el primer día. Pero atribuirles a ellos el desborde popular no solo es un despropósito que sobreestima su verdadera fuerza, sino lleva a no entender el sufrimiento y desesperación que el pueblo vive por las alzas y el desinterés mostrado por el gobierno.

Al contrario, ahora la derecha está alarmada por el levante popular y aplaude las medidas represivas que dicta el gobierno. Pretende que se controle la situación y ponga a salvo la propiedad de los ricos, para luego volver a la carga con su plan de vacancia. De ellos no esperamos otra cosa. Quien hace el trabajo sucio es Castillo quien ha venido concediendo a sus enemigos desde el primer día, y ahora, en lugar de atender las demandas y reencontrarse con el pueblo que lo colocó en Palacio, capitula a sus acosadores y lanza la Policía Nacional y las FFAA contra el pueblo.

La explosión social no solo expresa inmenso descontento sino frustración con el gobierno. La elección de Castillo era la esperanza del pueblo pobre para recuperar lo que perdió en la pandemia producto no solo del virus sino de las políticas patronales aplicadas desde el gobierno. Pero Castillo no hizo nada: no cumplió con ninguna promesa, no atendió ninguna demanda y contribuyó a empeorar la situación. En las fábricas donde arden los problemas, el gobierno no hace nada. Y no hizo nada ante el alza brutal de los alimentos y combustibles; y ahora bajo presión popular dicta medidas tibias que no resuelven el problema.

El gobierno de Castillo no solo muestra el fracaso absoluto de la “izquierda” de JP y Perú Libre y su incapacidad total para llevar a cabo un programa de cambios desde el Estado. Más aun, ha demostrado que no es posible hacer esos cambios en acuerdo o conciliación con la burguesía como pregonan, aun estos días.

Ante esta situación lo que necesitamos es apoyar, fortalecer y extender la lucha que se ha iniciado. Unir a ella de manera decidida al conjunto de la clase obrera en la jornada del 7 de abril. Nuestras banderas son:

• Congelamiento de precios de los combustibles, gas y alimentos.
• Aumento general de salarios y pensiones al nivel de la canasta básica familiar.
• Apoyo al campesinado pobre con fertilizantes, ayuda técnica y compra de sus productos a precios justos.
• Reposición de despedidos, anulación de los ceses colectivos, administración obrera de las fábricas cerradas, fin de la intermediación laboral y del CAS en el Estado.
• Atención efectiva a la pandemia, a la educación pública y a la demanda de agua y servicios básicos, con financiamiento.

Hay recursos. Y si faltan, deben ser tomados de las grandes corporaciones, en la línea de las comunidades campesinas que reclaman lo que es suyo a las empresas mineras. Pagamos con muchas vidas y más pobreza la política gubernamental de salvar los negocios primero durante la pandemia. Ahora no más. Que la crisis y las alzas atribuidas a efectos internacionales, la paguen los grandes capitalistas y ricos.

La frustración obrera y popular contra el gobierno Castillo puesto de manifiesto en las calles, nos debe llevar a tomar en nuestras propias manos el gobierno de nuestros destinos. En los bloqueos y en los paros, en el campo y en las fábricas necesitamos poner en pie comités de lucha, hoy por las reivindicaciones planteadas y mañana para enfrentar las pretensiones de la derecha de recuperar el poder. Solo desde dichos organismos, ante el fracaso y derrumbe del gobierno de Castillo, debemos gestar una alternativa de verdadero gobierno obrero y popular. Y para llevar a cabo esta tarea, desde el PST llamamos a poner en pie un verdadero partido revolucionario, de obreras y obreros.

MAESTROS FUERON DESALOJADOS CON BOMBAS LACRIMÓGENAS Y PERDIGONES

Marie Frank – PST Iquitos

El día 05 de Enero de 2021, con bombas lacrimógenas y perdigones fueron dispersados los docentes que llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional de Loreto para exigir sus pagos del mes de Diciembre 2021. 

La protestase dio ante la falta de pago a 7 mil profesores de la provincia de Maynas, quienes hasta ahora no cobran sus sueldos quienes fueron duramente reprimidos por las fuerzas policiales.

Maestros protestando al frontis del Gobierno Regional de Loreto

“El señor Gobernador hasta ahora no ha cumplido y mentira tras mentira que el 27, que el 29, que el 30 y llegamos al 04 y no hay nuestro sueldo”, declaró el profesor Eleazar Gómez. 

El Profesor Eleazar Gómez lamentó que el Gobernador Regional Elisbán Ochoa se cierre al diálogo y no promueva mesas de diálogo con los dirigentes. Además, advirtió que la falta de pagos podría perjudicar el retorno gradual a las aulas. 

Producto de la represión dos docentes terminaron con golpes y heridas en la rodilla, que fueron provocados por los perdigones lanzados por la PNP.

Los profesores indicaron que denunciaron el hecho ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo, además pidieron la destitución de la directora regional de Educación, Linda Angulo.

EL CAMINO ES LA LUCHA: Desde la Regional Iquitos del PST apostamos a que la lucha del magisterio se mantenga contra el abuso de las autoridades y se unifique con la del pueblo trabajador para exigir no sólo soluciones a las demandas magisteriales, sino también a los problemas cotidianos de los trabajadores y trabajadoras.

Llamamos a fortalecer la organización de las bases del magisterio, a través de asambleas y que se incluyan a los padres de familia para potenciar las movilizaciones en favor de una mejor educación y mejor trato a los trabajadores de este sector.

¡Justicia ya para los caídos del 14 de Noviembre!

foto: La República

Por: Miguel Reyes

Tras la culminación de las investigaciones preliminares sobre las movilizaciones de noviembre del 2020, hace algunas semanas, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió una denuncia constitucional a la presidenta del Congreso contra los ex altos funcionarios (Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez) por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves a título de dolo eventual. Mientras la juventud sigue expectante al avance del proceso.       

Sigue impune la tragedia

Aquel episodio trágico donde murieron 2 jóvenes, Inti Sotelo y Bryan Pintado, asesinados de varios disparos de proyectiles con armas de fuego según los certificados de la necropsia, aún forma parte de los cientos de casos como el del Baguazo que todavía siguen esperando justicia debido a la dura represión que los gobiernos de estas dos últimas décadas han aplicado con el apoyo de las leyes y el estado. Siendo esta impunidad junto a la corrupción la pólvora que incendiaron las manifestaciones del año pasado donde la juventud fue la vanguardia. Ya ha transcurrido un año aproximadamente y no hay ninguna sanción ejemplar para los principales responsables de los asesinatos y de la represión. Lo peor de todo es que el ex presidente Merino continuó, después de las masivas movilizaciones de noviembre del año pasado, con su cargo de congresista como si nada hubiese sucedido.

Las limitaciones de la denuncia

Dicha denuncia aclara que aquella acusación solo es por haber permitido que continuara la dura represión policial contra los manifestantes sin tomar ninguna medida contra el uso desproporcionado de la fuerza policial pese a que tenía la suficiente información sobre el desarrollo de las marchas y así evitar la tragedia. Es decir, no se le denuncia por haber liderado la represión bajo la intención de querer aplastar la lucha, a pesar de que se sabe muy bien que es el presidente quien preside todo el sistema policial y por tanto tiene la última palabra, sino simplemente por no haber tomado las “precauciones” y “moderaciones” correspondientes. Esto es importante tenerlo claro porque esta denuncia no intenta poner en cuestión el poder que tienen las autoridades hoy para reprimir las luchas, solo pretende cuestionar y sancionar su “exceso”. Puesto que de llegarse a sancionar a los principales responsables por ordenar la represión, se cuestionaría todo el aparato represor actual y se abrirían más juicios contra los cientos de abusos hacia los DD.HH que se han cometido a muchos luchadores durante varios años. Un hecho que no les convendría indudablemente y por la que tendríamos que pelear en las calles sin duda alguna para tener una real justicia.

Luchar en las calles por justicia

Desde que asumió Sagasti, muchos partidos y grupos de izquierda abandonaron la lucha de la juventud que se estaba dando en las calles por justicia, lamentablemente su política apuntó a desmovilizar y “estabilizar” el país con los mismos que apoyaron en los primeros días al expresidente Merino. De esta forma, esto ayudó a que hasta el día de hoy siga impune la tragedia y sigan vigente leyes represivas como la Ley Nº 31012 o la Ley N° 29166 la cual faculta por ejemplo a las FF.AA. el uso de armas en el “control del orden interno”. Ni el actual presidente Pedro Castillo con sus más de 2 meses de gobierno las ha tocado convirtiéndose ahora también en cómplice de este orden legal y de esta impunidad. Por ello, frente a esto, necesitamos en primer lugar, a partir de nuestras organizaciones gremiales, promover y organizar independientemente las jornadas de luchas por sanción ejemplar para Merino, Ántero Flores, los jefes policiales y los demás autores principales de aquella tragedia, en la cual la juventud forme parte de la dirección de la mano de las organizaciones obreras y populares. Y en segundo lugar, discutir en nuestros espacios gremiales el tipo de estado que necesitamos a fin de que ya no se vuelva repetir aquella tragedia.

Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares

NACIONAL
Modelo económico es obstáculo absoluto a la solución de las demandas obreras y populares
A pesar de los compromisos asumidos por el presidente Castillo ante el empresariado nacional, los inversionistas extranjeros y la banca mundial por la continuidad del modelo económico, su gobierno atravesaba problemas de gobernabilidad no solo por los ataques de la ultraderecha, sino también por contradicciones internas que han tenido como salida el cambio de gabinete, pero conservando el mismo rumbo de conservación del modelo económico.

Pedro Castillo recibió en la campaña electoral duros ataques de las fuerzas patronales por considerarlo una amenaza al modelo económico neoliberal y el orden constitucional fujimorista. Pero lo ataques fueron más lejos todavía, pues lo estigmatizaron como la opción del terrorismo senderista, estigmatizando de pasada las ideas comunistas y socialistas en general, aun cuando no tengan que ver con el terrorismo; lo cual es un atropello a las libertades democráticas elementales como la libertad de pensamiento que es el derecho de todo individuo a no ser perseguido, sancionado o molestado por sus pensamientos, opiniones o creencias.

Es sabido que el fujimorismo y los sectores ultraderechistas del Congreso nunca aceptarán los resultados del 11 de junio; incluso han impuesto arbitrariamente una comisión investigadora del proceso electoral con la que pretenden “oficializar” una absurda versión de fraude del que no pudieron mostrar una sola prueba.

Lo que predomina, sin embargo, son los sectores patronales que respaldaron la investidura del gabinete en aras de la aplicación del modelo económico, y este respaldo ha mostrado un límite en el tema de Vladimir Cerrón y el “ala dura” de Perú Libre de los ministros cuestionados, especialmente el ex ministro Maraví cuestionado por tener un pasado vinculado a Sendero Luminoso, o a organizaciones proscritas por tener vínculos con este, como el Movadef y el Conare, a pesar de que este último tenía un carácter sindical. Por eso cerraron filas contra el gobierno presionando con la censura.

El cambio de gabinete, ahora presidido por la ex presidente del Congreso Mirtha Vásquez, ha sido la respuesta de Castillo a fin de conservar ese respaldo a su gobernabilidad.

Un obstáculo absoluto a la solución de las demandas sociales
Pero algo que coloca al gobierno definitivamente rumbo al desgaste es el haberse sometido, con el anterior y el actual gabinete, a la continuidad del modelo económico de las grandes corporaciones y dejar de lado las medidas anunciadas en la campaña como las nacionalizaciones, el aumento significativo de la tributación de las grandes empresas y hasta la constituyente, pues en esas condiciones no será posible cumplir con el cambio ofrecido en campaña y de brindar las soluciones que demandan los sectores populares.

Por ejemplo, cómo podrían fortalecerse el sistema sanitario frente a una tercera ola de la pandemia si se mantiene el mismo presupuesto austero de las últimas décadas, que se agota con subsidios insignificantes y no permite cambiar la ruinosa situación de hospitales ni implementar el nivel primario de salud a nivel nacional.

Por otro lado, la recuperación del gas y la “soberanía” sobre los recursos naturales dependerán de la negociación “en buenos términos” con el consorcio Camisea; quedó claro que nacionalizar Camisea no está en la agenda del gobierno. La llamada segunda reforma agraria quedará también supeditada a los escasos recursos públicos, y la restitución de derechos y derogación de los decretos antilaborales, dependerá del acuerdo que se logre con los empresarios, que son la prioridad del modelo económico.

Los problemas nacionales no han desaparecido y exigen solución urgente
En la actualidad, mientras la economía se recupera para algunos pocos, millones de trabajadores todavía no pueden recuperar a sus trabajos o sobreviven en condiciones de indigencia en la informalidad y el subempleo, con salarios por debajo del nivel de subsistencia, a lo que se suma la exorbitante alza de los precios de productos de primera necesidad.

El movimiento sindical sigue lidiando con patronales prepotentes que sabotean la negociación colectiva, y las empresas más grandes imponen pliegos multianuales en tiempos de alta inflación de los productos de primera necesidad.

Las banderas de lucha de los sindicatos del sector público y los CAS, también se ven postergados por las restricciones que el propio gobierno ha ratificado en el proyecto de ley de presupuesto.

En este contexto las organizaciones obreras y populares enfrentan la necesidad, ineludible y urgente, de organizar y centralizar sus demandas en una lucha independiente, y también la de forjar una verdadera alternativa de poder frente a las pretensiones reaccionarias del fujimorismo y la ultraderecha, y por un plan alternativo obrero y popular frente al modelo económico de las grandes corporaciones.

Estuvimos en el #28S

El aborto lo haremos Ley en las calles

Colaboración de L. Nayhua

Militante de la Juventud Socialista (Cusco)

Con una movilización hacia el Palacio de justicia de la Ciudad del Cusco, y luego hacia la Plaza de armas, culminó la semana de actividades relacionadas con la lucha por la legalización del aborto en esta ciudad, el pasado 28 de septiembre.

Las actividades comenzaron el jueves 23, con una serie de charlas, conversatorios y proyecciones audiovisuales que fueron preparando el camino para la acción del 28.

La energía se mantuvo constante en las diversas movilizaciones que fueron desembocando en la Plaza de Armas, a pesar de la ligera lluvia que nos acompañó toda la tarde y la constante presencia de las fuerzas represivas. 

Al grito de “¡El aborto lo haremos ley en las calles!” la columna de la Juventud Socialista, junto con Trabajadores Socialistas y Lucha Mujer-Cusco, volvió a agitar que la única estrategia que puede conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, es la de mantenernes organizades en las calles, como parte de la lucha de clase trabajadora.

Por eso no compartimos la visión de diversas agrupaciones que se reclaman feministas, que si bien salen a las calles el 28S, no denuncian a Castillo como el primer opositor a que conquistemos este derecho, y por el contrario, prometen “soluciones” desde sus carguitos como funcionarias públicas.

Por eso llamamos a las compañeras a no dejar las calles. A organizarnos en los sindicatos y organizaciones populares. Y desde ahí, continuar esta pelea.

El derecho al aborto

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

El panorama de crisis económica y de salud que atravesamos a nivel mundial, es el marco en que se desarrollan las actuales luchas por los derechos de las mujeres. Una muestra de esto son las diversas acciones, marchas y manifestaciones que se realizaron este 28 de Setiembre, Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Un derecho al que millones de mujeres en el mundo aun no tienen acceso por considerarse un delito, lo que obliga a que el aborto se realice de manera clandestina poniendo en riesgo la vida de las mujeres más pobres.

¿Por qué debe ser ley?

Por eso, la legalización del aborto pasa por reconocer las enormes desigualdades que existen. En nuestro país hay 12 millones de mujeres en edad de trabajar, de las que el 59% no cuenta con trabajo, el 62% son trabajadoras informales, los derechos por maternidad no se cumplen y del total de la población pobre 51.4% son mujeres.

A esto podemos sumarle el acceso casi nulo a la educación sexual de calidad y el poco acceso a métodos anticonceptivos que se acomoden a las necesidades de cada mujer, además del analfabetismo que en mujeres de la zona rural es el 23%. Este el panorama tan complejo al que se enfrentan la mayoría de mujeres en nuestro país y que empuja a miles de ellas a optar por la posibilidad de un aborto frente a un embarazo no deseado.

Por eso no solo hablamos de despenalizar el aborto en casos de violación, agenda entre organizaciones feministas y ONGs. Derecho que si bien es necesario, no es suficiente. Es preciso conquistar el derecho a una educación sexual integral, al acceso a anticonceptivos, y al aborto libre seguro y gratuito, para que accedan al mismo fundamentalmente las mujeres pobres y trabajadoras del país, que como ya se ha dicho antes son las principales víctimas de los abortos clandestinos.

Un gobierno en contra de las mujeres trabajadoras

Lamentablemente el presidente Pedro Castillo ha sido bastante claro respecto a su posición en contra sobre la legalización del aborto.

Esta es la posición -tan cercana al conservadurismo reaccionario- de un gobierno que se dice de izquierda, pero que es machista, y mira la problemática del aborto desde la moral o las creencias religiosas, y no desde la ciencia, ni la urgencia de atender este problema de salud pública. 

Esto es lo que como mujeres trabajadoras y pobres nos toca enfrentar hoy. Sabemos bien que todas las mujeres abortan, pero sobrevivir a un aborto es un privilegio de clase. En nuestro país las ricas abortan, las pobres se mueren.

Por eso no tenemos dudas que solo luchando podremos conquistar el derecho al aborto libre y gratuito, el derecho a una educación sexual integral laica y científica, y el acceso gratuito a los métodos anticonceptivos adecuados para cada una de nosotras. Esto, en el marco de conquistar la declaratoria de emergencia contra la violencia machista en el país. Necesidad urgente para hacer frente a la pandemia de machismo y violencia que vivimos.

El aborto en el Perú

Actualmente el aborto en el Perú es ilegal, salvo el aborto terapéutico despenalizado en 1924, que se realiza en caso de amenaza a la vida o salud de la mujer.

Se estima que en el país se practican al año aproximadamente 371 400 abortos clandestinos, de los cuales 28 652 terminan en hospitalizaciones y 58 en muerte (INEI Estado de la población peruana, 2015).

5 de cada 100 mujeres entre los 15 y 49 años se ha provocado un aborto y se reconoce como una de las principales causas de muerte materna (MINSA).

Todo esto muestra que ilegalizar el aborto no disminuye su práctica, y por el contrario, además de criminalizar a las mujeres que deciden abortar, lo convierte en un negocio que expone a las mujeres pobres a prácticas inseguras, que ponen en riesgo su vida y salud.

SITOB en primera línea

La lucha de los compañeros del SITOB, entra a una etapa decisiva ante la inminencia de la huelga. Por eso urge rodear de toda la solidaridad posible las acciones del sindicato, emitiendo pronunciamientos y asistiendo a las convocatorias que realicen en pro conquistar la solución de su pliego de reclamos.

El sol muere cada tarde tras la fábrica de BSH Electrodomésticos, en la avenida Faucett, donde el pasado miércoles 29 de septiembre los compañeros del Sindicato de Trabajadores Obreros de BSH Electrodomésticos (Ex Coldex), el combativo SITOB, realizaron un nuevo plantón demandando la solución a su pliego de reclamos 2021 – 2022.

El plantón marca, además, el resurgimiento de la lucha del Sindicato que, ahora, tiene plazo de huelga, ante la intransigencia de BSH Electrodomésticos, cuya casa matriz se encuentra en Alemania. Empresa que se precia, no sólo de ser líder en su rubro, sino en ser un buen lugar para trabajar.

La paciencia del Sindicato terminó cuando, además de ofrecer un aumento humillante del 1% de la remuneración percibida por los obreros, la empresa comenzó a contratar nuevo personal con salarios por encima del promedio de obreros que tienen más de 20 años en el trabajo.

Esto sumado a la imposición de horarios extendidos durante buena parte de la pandemia, y otros abusos, han obligado a los obreros a decir basta.

El combativo plantón del SITOB, contó con la presencia de los sindicatos de Industrias del Envase y del BCP, quienes siguiendo con una de las tradiciones más importantes de la clase trabajadora, llevaron su solidaridad activa.

No cabe duda que este es el camino que debemos seguir quienes luchamos en las trincheras de la clase trabajadora: hay que rodear de solidaridad la lucha del SITOB. Que los compañeros vean que jamás lucharán solos. Hay que pronunciarnos ante la empresa y las autoridades para demandar la pronta solución a las justas demandas del Sindicato, que como los compañeros de Leche Gloria, SINATREL, Agregados Calcarios y un largo etc. se ven en la necesidad de salir a las calles ante la intransigencia de la patronal, y la falta de una acción decidida del gobierno para poner fin a estos abusos.

SITOB se pone así, en la primera línea de la lucha de la clase obrera. Con el convencimiento de que sin luchas, no hay victorias.

DATO

Desde 2018 el SITOB lucha por la reposición plena de los compañeros despedidos abusivamente por BSH Electrodomésticos, en un cese colectivo que ha sido declarado ilegal en todas las instancias.

La Constituyente como bandera de lucha

Por Víctor Montes

Nadie puede negar que la Constitución de 1993, impuesta por la dictadura fujimorista, ha sido identificada por la vanguardia obrera y popular como uno de los pilares de la situación de abuso y explotación que vivimos en el país.

Efectivamente, dicha Constitución consagró la desaparición de la gran mayoría de conquistas sociales y económicas que la Constitución de 1979 se vio obligada a reconocer, como resultado de la poderosa movilización obrera y popular que derribó a la dictadura militar de Morales Bermúdez.

En su reemplazo, la Constitución del 93 vino a imponer el modelo económico neoliberal, bajo el cual se han saqueado nuestros recursos naturales, sobre explotado nuestra fuerza de trabajo, y languidecido la educación y la salud públicas.

Derechos como la estabilidad laboral, entre otros, fueron borrados de un solo golpe. Además, diseñó un entramado legal que desnacionalizó la economía, facilitando la entrega nuestros recursos naturales a las transnacionales, y reforzó el carácter autoritario del Estado.
De ahí que la aspiración de estos sectores, de echar abajo la constitución heredada de la dictadura, sea justa.

En este marco, sin embargo, queremos abrir un debate: ¿Qué papel juega, desde los intereses de la clase obrera, la lucha por una nueva constitución?
Para la izquierda reformista, la nueva constitución es la solución a los problemas del país.
Para nosotros, en cambio, esa constitución solo podrá adoptar medidas que terminen con la pobreza, la desigualdad, la explotación el saqueo de nuestros recursos, si en el camino de su realización, echamos abajo el poder de los empresarios y el imperialismo, y los trabajadores y trabajadoras del país tomamos el poder en nuestras manos. ¿Por qué aseguramos eso?

EL ORIGEN DE LA CONSTITUYENTE

En la historia, la Asamblea Constituyente es una institución creada por la clase burguesa para establecer su poder frente a la arbitrariedad de reyes, príncipes y demás señores feudales, quienes manejaban el Estado a su antojo, y en forma completamente arbitraria, por “derecho divino”.

En la Constituyente, la burguesía se erigió como representante de “todo el pueblo”. Aprovechando el número a su favor –los señores feudales eran una ínfima minoría de la población- utilizó la Constituyente para establecer su poder en forma de ley: creó una Constitución.
Esta intención de establecer el poder burgués, se puede ver claramente en el antecedente directo de las constituciones modernas: la “Carta de derechos”, elaborada por el Parlamento inglés en 1689.

En dicha Carta se establecieron las siguientes restricciones al poder de los monarcas:
El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
El Rey no puede cobrar dinero para su uso personal, sin la aprobación del Parlamento.
Es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz, sin aprobación del Parlamento.
Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres.
Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar.
El Parlamento debe reunirse con frecuencia.
Dicho en una frase: el Rey ya no tiene el poder, sino el parlamento, donde domina la burguesía.

Lo propio hicieron la “Convención de Filadelfia” (EE.UU., 1787) durante la guerra de independencia estadounidense, y la “Asamblea Nacional Constituyente” reunida en París (1789 – 1791) durante la revolución francesa: establecer el poder de la burguesía contra el poder feudal.

LA CONSTITUYENTE EN NUESTRA HISTORIA

En nuestro país, la historia muestra que las cosas no han sido diferentes. Desde que José de San Martín convocó a la primera Asamblea Constituyente (llamado “Congreso General Constituyente”) en 1822, todas han cumplido el mismo rol: establecer las bases del poder de la oligarquía, primero frente a la corona española, y después, del sector de la burguesía que ha controlado el Estado.

Así, mientras la primera Asamblea Constituyente (1822-1823) procuró establecer un Estado liberal, con predominio del parlamento sobre el ejecutivo, la realidad la obligó a entregar todo el poder a Bolívar, iniciando así una tradición autoritaria refrendada por las diversas Constituciones que fueron elaboradas con posterioridad.
Ninguna de las 12 Asambleas, ni de las 12 Constituciones, pudo terminar con el flagelo de la corrupción, que pululó por igual bajo regímenes militares, que bajo el poder de los civiles. Por el contrario, cada una estableció las bases sobre las cuales, un determinado sector de la clase dominante pretendió construir su propia dominación sobre la base de una clientela política, con que se repartiría el Estado como un botín en el periodo siguiente.

LA CONSTITUCIÓN DEL 79

Pero entre todas, fue la Constitución de 1979 la que más se acercó a expresar las necesidades y aspiraciones de la población pobre del país. Y no fue casual.
Nacida de la derrota de la dictadura de Morales Bermúdez por el gran paro nacional de 1977, la Asamblea Constituyente instalada en 1978 llevó en su seno una importante representación “de izquierda”, 28 curules de 100, expresión del ascenso en las luchas de las masas obreras y populares.

Sin embargo el 62% de la constituyente estuvo formada por el aprismo (37 curules) y el PPC (25 curules). Partidos que pactaron con los militares para que la Constituyente no ponga en peligro su “retorno ordenado a los cuarteles”.
Sin embargo, ese 62% de apristas y pepecistas no pudo evitar que la Constitución del 79 consagrara una serie de reivindicaciones democráticas básicas: reconoció como ciudadanos/as del país a todas las personas mayores de 18 años nacidas en el Perú. Estableció la estabilidad laboral como un derecho, etc.

Sin embargo, lo que la Constitución del 79 jamás puso en cuestión, fue la continuidad de la explotación y la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, la continuidad de la dominación burguesa sobre la sociedad.

Y es así porque, sin importar lo democrática que haya sido la Constituyente de 1978 (que haya sido elegida por voto universal, directo y secreto), los militares, en nombre de los patrones, seguían gobernando el país para único beneficio de los empresarios y el imperialismo. O dicho de otra manera, porque la clase obrera, a pesar de su enorme lucha y de haber asestado un golpe mortal a la dictadura, no logró tomar el poder.

LATINOAMÉRICA Y LA CONSTITUYENTE EN EL SIGLO XXI… NO HA SIDO DIFERENTE

Las experiencias recientes de convocatorias a Asambleas Constituyentes en otros países de la región, han seguido el mismo derrotero.
Dichas Asambleas, durante la primera década del siglo XXI, redactaron nuevas cartas para Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde partidos o movimientos de corte nacionalista (burgués), montados sobre procesos de lucha poderosos, llegaron al gobierno.

De esta forma, estos movimientos volvieron a “diseñar” los poderes del Estado, sus atribuciones, cómo se relacionan entre sí, así como sus propósitos y un largo etc. El cambio respondió a que un sector distinto de la burguesía, al que venía usufructuando el poder del Estado, tomó control del mismo. Y para mantenerse en el poder, buscaron convertir en ley esa nueva situación.

Sin embargo, por eso mismo, fueron incapaces de romper con el carácter burgués (patronal) de la economía y el propio Estado, en esos países. Mantuvieron incólumes las instituciones fundamentales que imponen el poder de la burguesía (las fuerzas armadas y policiales), así como el derecho del gobierno de reprimir y suspender las garantías democráticas cuando lo considera conveniente (a razón de pretextar una “emergencia”). Del mismo modo, mantuvieron tal cual la propiedad privada de los medios de producción, y el derecho de los patrones a colocar el precio de nuestro trabajo garantizando así la explotación.

Mantuvieron también, el carácter primario – exportador de sus economías, en línea con el rol que el imperialismo ha designado para nuestra región, aunque arrancaron una tajadita adicional de la renta proveniente de dichos recursos. Y era posible hacerlo, pues coincidió con una coyuntura económica favorable: el alza del precio de las materias primas que vivimos entre 2004 y 2013, aproximadamente.

LA EXPERIENCIA CHILENA

Más recientemente, en Chile, la movilización popular, que se hizo revolución hacia octubre de 2019, identificó a la Constitución, heredada de la dictadura de Pinochet, como la base de los más de 30 años de saqueo “en democracia” y superexplotación. Por eso, desde las calles, el pueblo trabajador impuso que se convoque a una Asamblea Constituyente.

Por eso es una Constituyente cualitativamente más democrática que otras: está compuesta en forma paritaria entre mujeres y hombres, compuesta en un 50% por independientes y tiene curules reservadas para los pueblos originarios.

Y sin embargo los límites son los mismos: convive con el gobierno asesino de Piñera, y está atada de pies y manos por el pacto de los partidos políticos tradicionales, quienes le niegan el poder de decidir sobre los problemas de fondo del país.

Como dicen nuestros camaradas del Movimiento Internacional de los Trabajadores:
“El principal problema que tiene la Convención es que no tiene el poder en sus manos. En primer lugar, la Convención no podrá escribir libremente la Constitución. Como ya dijimos en muchos artículos, Ley 21.200 (Acuerdo por la Paz) que le dio origen, somete a esta Convención a la Constitución y a las instituciones actuales. Así, no puede cambiar los Tratados de Libre Comercio ni decidir sobre su propio funcionamiento, siendo obligada a acatar las reglas impuestas por ese Acuerdo, lo que da mucho más poder a los sectores minoritarios, que representan el gran empresariado (derecha, Partido Socialista y otros).”

Por eso podemos afirmar que la experiencia chilena muestra, en primer lugar, que la convocatoria a una Asamblea Constituyente solo puede venir de una victoria en el terreno de la lucha. Una conquista que en Chile ha sido arrancada a la burguesía con miles de heridos y detenidos en las calles de todo el país. Nada que ver con campañas para recoger firmas o planteamientos de modificaciones constitucionales pactadas en las alturas del Congreso. Y en segundo lugar, que la Constituyente chilena, a pesar de su composición cualitativamente más democrática que otras experiencias, no ha podido romper los límites de la dominación burguesa e imperialista: la propiedad privada de los medios de producción, la explotación y la entrega del país a las transnacionales.

¿LA CONSTITUYENTE TIENE UN PAPEL EN EL PROGRAMA REVOLUCIONARIO?

Para el partido obrero revolucionario, marxista, como el PST, la Constituyente tiene un lugar en el programa como la más importante demanda democrática de las masas oprimidas. Su papel tiene un peso enorme en países como el nuestro, donde el imperialismo y la burguesía imponen su dominio violentando la voluntad del pueblo pobre una y otra vez, como lo demuestra la penetración de las grandes mineras y petroleras, al amparo de la Constitución vigente.

Y al mismo tiempo, la confianza que tienen las masas en su número, las lleva a pensar que es posible “cambiarlo todo”, por medio del voto universal.
Es una demanda que, en tanto es una bandera de lucha que moviliza a esos sectores, la clase obrera -y con mayor razón su vanguardia revolucionaria- debe levantar. Solo así puede disputar la conciencia de esas mismas masas frente a los sectores reformistas y de clase media, que levantan la consigna de la Asamblea Constituyente desde una perspectiva completamente diferente: la “democratización” del Estado, sin tocar las bases económicas de la dominación burguesa, que son un obstáculo absoluto a la solución de los problemas nacionales.

Desde una perspectiva de clase, la Constituyente debe ser acompañada de tareas específicas que debe cumplir, para expresar la necesidad de conquistar la soberanía del país y terminar con la explotación. Por ejemplo, demandamos una Constituyente que prohíba los despidos y asegure el derecho democrático al trabajo para todos.

Una Constituyente que recupere nuestros recursos naturales como medio para frenar su expoliación y poner esos recursos al servicio de la salud y la educación. O para entregar la tierra a los campesinos, como parte de un conjunto de medidas que aseguren el desarrollo de la producción alimentaria. Etc.

Esto fue lo que hicieron Lenin y los bolcheviques en 1917. Entonces, en medio de la revolución rusa, el gobierno de conciliación de clases conformado por el Partido Socialista Revolucionario -de amplia inserción en el campesinado-, los mencheviques -con importante presencia en los consejos obreros- dilataba la convocatoria a la Asamblea Constituyente, que era una de las principales banderas del movimiento obrero y popular, junto a las conocidas demandas de pan, paz y tierra.
Las masas entendían que, tras la caída del zarismo (que era una monarquía absoluta), correspondía la convocatoria a la Asamblea Constituyente – como en Francia en 1789 – para definir los contornos y el funcionamiento de una república democrática. Los bolcheviques supieron explicar que sólo con el poder en manos de los consejos obreros era posible hacer realidad su convocatoria, pues para el gobierno provisional, la prioridad no era la convocatoria a la Constituyente, sino cumplir con el imperialismo francés e inglés continuando con la participación rusa en la guerra mundial.

Y fue la movilización revolucionaria la que, tras entregar el poder a los consejos obreros, campesinos y de soldados de Rusia, convocó a la Constituyente.

SOLO EL PODER DE LA CLASE OBRERA PUEDE GARANTIZAR UNA CONSTITUYENTE QUE LOS “CAMBIE TODO”

Son estas experiencias las que nos llevan a las siguientes conclusiones.

En primer lugar, la bandera de la Constituyente es una demanda justa que levantan importantes sectores del pueblo pobre y trabajador para expresar sus anhelos de cambio profundo de la sociedad. En ese sentido, hace parte de nuestro programa de reivindicaciones, pero dándole tareas específicas que expresen los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre frente a los problemas del país. tareas que vayan contra la dominación imperialista y patronal.

En segundo lugar, esto es necesario para que la vanguardia revolucionaria de la clase obrera pueda disputar la conciencia de las masas, que en general siguen confiando en la democracia burguesa como medio para cambiar las cosas y dar solución a sus problemas.

En tercer lugar, que su conquista será producto de la movilización revolucionaria de las masas pobres y trabajadoras de la ciudad y el campo, y no de “pactos” o “acuerdos” con los partidos de los patrones -por más “democráticos” que digan ser-. Reivindicamos, por eso, la Constituyente, en tanto sea una bandera de lucha, de movilización objetiva de la clase obrera y el pueblo.

Por último, que la historia demuestra que, la única garantía para que se puedan imponer los cambios de fondo necesarios para resolver los problemas del país, conquistar su verdadera independencia, y terminar con la explotación y la pobreza, la clase obrera y sus organizaciones deben tomar el poder en sus manos, en alianza con el pueblo pobre y oprimido.

Esto es exactamente lo contrario a lo que plantea todo el reformismo, y la razón por la cual, en la actualidad, lejos de encabezar una verdadera movilización nacional levantando las banderas de la constituyente, los llamados “partidos de izquierda” y el propio gobierno de Castillo se han centrado en enviar proyectos de ley al Congreso, buscando que, en acuerdo con otros partidos patronales que han hecho parte de la gran corrupción de las últimas décadas, aprueben su convocatoria. Un camino muerto que solo puede traer desmoralización.

Las violaciones sexuales no son broma

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

La violación sexual, es una de las formas más crudas de violencia que puede vivir sino esta niña, mujer o adulta y que tiene un fuerte impacto en la vida de quien la sufre o la ha sufrido. Una violación sexual es una manera de atentar contra la libertad sexual y los derechos reproductivos de las mujeres, ya que es u acto que se realiza sin el consentimiento de la víctima y que a su vez tiene secuelas físicas y emocionales que comprometen la salud de las personas que son víctimas de este tipo de violencia.

Es común que las víctimas presenten lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual (incluida la infección por el VIH) y muchos otros problemas de salud. Además, se trata de un problema que afecta a la sociedad en su conjunto y conlleva unos costos enormes que repercuten en el desarrollo general y en los presupuestos de los países. 

Las violaciones sexuales no son una broma:

La denuncia de la congresista Patricia Chirinos expone lo que ya veníamos apuntando el discurso y pensamiento de carácter machista y homofóbico del primer ministro Guido Bellido. El ministro asume que decirle a una mujer “ahora solo falta que te violen” puede ser admitido como una broma.

 Según la OMS Cerca de 736 millones de mujeres (es decir, una de cada tres) sufren violencia física o sexual infligida por un compañero íntimo o agresiones sexuales perpetradas por otras personas, unas cifras que se han mantenido estables en los últimos 10 años y cada vez ocurre a edades as tempranas: una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 24 años que han mantenido alguna relación íntima habrán sido objeto de las conductas violentas de un compañero íntimo cuando cumplan 25 años. 

En nuestro país, según el centro de emergencia mujer, solo de enero a mayo de este año se han atendido 3.878 casos de violencia sexual.

De acuerdo con su último reporte, 67,1% (2.599) del total de víctimas son niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años. Asimismo, el 32,4% de casos corresponde a personas de 18 a 59 años (1.255) y el 0,5% (21) de los mismos a adultos mayores de 60 años. En todos los casos, las mujeres son las más afectadas.

A ello se suma que, en 1.938 casos, la víctima no fue agredida por sus familiares ni por su pareja. Sin embargo, en 1.431 casos, la agraviada sí fue agredida por un familiar, y en 461 situaciones fue la pareja quien realizó los ataques.

Asimismo, 145 víctimas presentan discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. En tanto, tres casos son de población LGTBI, 106 de reincidentes y 51 de personas con nacionalidad extranjera.

la violencia sexual es un problema social serio, que requiere una pronta atención como en general lo requieren todas las formas de violencia contra la mujer. Es un problema que no solo afecta a la víctima sino también a la sociedad en su conjunto y no podemos contemplar que se la siga normalizando mediante expresiones misóginas que se esconden bajo la apariencia de “chistes” o “bromas”, porque normalizan la violencia algo que es sumamente peligroso.

Nosotras nos preguntamos: ¿Cómo se puede bromear con un acto tan terrible?  ¿este es el gobierno del cambio? ¿el gobierno del pueblo? con un ministro al que le parece normal hacer bromas sobre violaciones, y con un presidente que pretende justificar esta agresión sosteniéndose en su procedencia andina.

El pertenecer al Perú profundo, no es justificante, son las mujeres de ese Perú profundo, las mujeres campesinas, las mujeres trabajadoras y las que no tiene empleo quienes son víctimas de violencia sexual día a día.

Con ese actuar, las trabajadoras no podemos asumir este gobierno como nuestro, ni defenderlo, ni permitir que se le dé un uso polito como y se viene haciendo por parte de Perú Libre y también de la oposición.

Es cierto que sobre la congresista Patricia chirinos pesan, un proceso de investigación suspendido por supuestos vínculos con la corrupción y un pasado familiar con su padre como parte de la dictadura de Fujimori, sin embargo, esto no puede ser un argumento para deslegitimas una denuncia por agresión y de tal calibre, como ha hecho Elizabeth Medina, presidenta de la comisión de la mujer y congresista de Perú Libre. Es un error tener como método echar lodo sobre el oponente político, lo correcto sería que Bellido pida que se realice una investigación pública si es que se trata de una acusación falsa, como él manifiesta.

Perú Libre no hace más que dar armas a la derecha para ser atacado, tener en sus filas personajes como Bellido se presta para estos fines, la derecha ya está haciendo uso de este suceso como medio de ataque y lo seguirá haciendo. Por otro lado, tampoco pone por delante la atención a las demandas urgentes de la clase trabajadora, ni ataca los intereses de la burguesía, que es igual de machista y homófoba, aunque ahora aparezcan hipócritamente como defensores de la mujer y finjan indignación por lo acontecido, cuando años atrás, no han hecho más que obstruir diferentes proyectos y leyes de protección a las mujeres y han tenido expresiones iguales o peores a la de Bellido.

En un mes de gobierno no ha salido de sus disputas en las esferas del congreso sin ningún avance concreto en responder a las demandas más importantes de salud, educación, trabajo, ni mucho menos para atender los casos de violencia hacia la mujer.

Como clase trabajadora es necesario tomar las banderas de la lucha contra la violencia hacia la mujer y exigir al gobierno que se declare en emergencia y una prioridad la lucha contra la violencia. Más allá de discursos, lo que necesitamos acciones concretas,  lo que significa un mayor presupuesto para empezar a ponerle fin a la violencia, desde las violaciones y feminicidios, hasta las desapariciones de mujeres y acoso callejero.

¡Emergencia nacional contra la violencia hacia la mujer!

Colaboración de Lilla R.

Miembro de Trabajadores Socialistas del Cusco

Apenas a días de la juramentación de Castillo, Feliciana Huamán fue asesinada por su esposo en Villa María del Triunfo y enterrada bajo su cama. Karim Crystal Robles, una adolescente de 14 años, desaparecía en pleno Miraflores (Lima), mientras otra mujer moría en un hostal de San Juan de Lurigancho, a causa de un aborto clandestino. La dura y violenta realidad que a diario afrontamos miles de mujeres peruanas se grafica en noticias terribles como estas.

Según datos de la defensoría del pueblo, solo en 2020 desaparecieron 5 500 mujeres, de las que 1686 eran adultas y 3835 menores de edad. Cada día son reportadas más de 15 denuncias de desaparecidas. Estas desapariciones están relacionadas a formas de violencia, trata de personas y feminicidios.

Un discurso conservador, machista y peligroso.

Lamentablemente Pedro Castillo, para muchos figura representativa como campesino, maestro y trabajador, parece «mirar a otro lado».

Ya antes de su proclamación, Castillo mostró su poco interés ante estos hechos, atribuyendo las 138 muertes por feminicidio ocurridos durante la cuarentena del 2020 a la ociosidad. Y ahora, con Guido Bellido como premier, igual de conservador y machista, evidencia una tendencia a minimizar y normalizar la violencia hacia las mujeres. Actitud absolutamente contraria a la de que asumieron, Marx, Engels o Lenin, y tantos dirigentes comunistas, hombres y mujeres, ante el mismo tema.

El problema también es la falta de trabajo

Pero no solo es la violencia física, la tasa de desempleo se ha disparado, quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres. Hoy, el 70% de trabajadores informales son mujeres. Y de cada 100 jóvenes entre los 18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”), 65 son mujeres. De estas, 30 son indígenas o afrodescendientes (Alcázar, 2019). Problemática ante la cual Castillo no hace nada.

Es por eso que, a diferencia de lo que nos proponen algunas compañeras «de izquierda», no podemos depositar ilusiones en este gobierno.

¿Por qué hay que pelear?

Ante la crisis política, económica y sanitaria, y la falta de respuesta ante la violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora, las estudiantes y campesinas, no podemos esperar más: debemos movilizarnos y organizarnos para exigir que el gobierno declare en emergencia el sector mujer, como ha anunciado que hará con el sector educación, para adoptar medidas radicales ante la problemática descrita.

Debe incrementarse el presupuesto para el ministerio de la mujer. Mientras en 2021 el rubro “reactivación económica” recibió 10 mil 224 millones de soles de parte del Estado, el rubro “reducción de la violencia contra la mujer” sólo obtuvo 690 millones de soles… ¡14.8 veces menos!

No se detendrán los feminicidios, ni las desapariciones, ni las violaciones sexuales, si no se financia al sector para que puedan ejecutarse medidas eficaces que permitan atrapar, juzgar y condenar a los feminicidas y violadores, así como desarmar las redes de trata de la que son parte instituciones del estado como la propia policía.

Hay que conquistar la legalización del derecho al aborto, libre y gratuito, para evitar más muertes a manos del mercado del aborto clandestino. Derecho que debe ser complementado con una política de educación sexual científica, laica e integral desde la escuela, y garantizando acceso a métodos anticonceptivos para la juventud.

Pero también es necesario que se tomen medidas para acabar con la pobreza en la que vivimos millones de mujeres en el país. El gobierno debe garantizar trabajo y salarios iguales a la canasta básica para las mujeres, particularmente para las que encabezan los 645 032 hogares son jefaturados por mujeres. 

Ante nuestras necesidades como mujeres de la clase trabajadora, madres, jóvenes y estudiantes, nuestro reto más grande en este momento es organizarnos para, junto a nuestros compañeros varones, trabajadores y pobres también, enfrentar a la patronal y lograr un país y una sociedad distintos, sin explotación y sin violencia.

¿Qué significa la presencia de mujeres en puestos de gobierno?

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Anahí Durand – Ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables y militante de Nuevo Perú

El tener mujeres en espacios institucionales, si bien es simbólico y, en ese sentido, tiene una determinada importancia, no es garantía de solución ante la violencia, el desempleo y la explotación laboral.

Aun así, Castillo comienza mal. Con solo dos mujeres en el gabinete, muestra un retroceso respecto de otros gobiernos. Sin embargo, debemos ser claras: las instituciones del estado no están desligadas de los intereses de la patronal, sean encabezadas por hombres o por mujeres.

De ahí el que el rol de Anahí Durand se desenvolverá en este sentido. Mientras declara que luchará contra el patriarcado, acepta un primer ministro claramente machista y homofóbico, desde el gobierno, parece que ella, tanto como Verónica Mendoza y JP, mientas hacen acuerdos con PL, han olvidado el carácter de clase del estado y que la lucha contra el patriarcado empieza cuestionando las bases de la explotación y opresión hacia la mujer, lo que significa pelear por trabajo y contra la suspensión perfecta de labores, en favor de las mujeres del país afectadas durante el 2020, además de la lucha contra la violencia machista.